Alonso Rey Bustamante
Perú21, 21 de febrero del 2025
«Las normas laborales no solo no han reducido la informalidad, sino que la han incentivado».
Hace unos días, el ministro de Trabajo nos invitó a una reunión para informarnos sobre los proyectos de su despacho, como Activa-T, MiCarrera y Capacita-T, iniciativas que buscan promover la contratación formal y capacitar jóvenes para mejorar su productividad y competitividad. Es un esfuerzo loable.
Sin embargo, en el Perú solo el 28% de la PEA es formal (5 millones de personas), mientras que los informales suman 12.3 millones. Es decir, el Ministerio de Trabajo regula para una minoría y genera barreras para la gran mayoría.
Las normas laborales no solo no han reducido la informalidad, sino que la han incentivado. El problema no se limita a la legislación: las normas municipales y tributarias complican la vida de los pequeños empresarios, quienes, ante la maraña burocrática y los costos, optan por la informalidad.
De los 3.37 millones de empresas en el país, el 99.5% son micro, pequeñas y medianas, generando empleo para 8.3 millones de personas. Sin embargo, la formalización no es viable para ellas: solo obtener un RUC o una licencia de funcionamiento puede tomar entre 3 y 6 días completos. No es casualidad que el 86.3% de las mypes no tenga RUC y que el 75.3% no registre compras ni ventas.
Contratar un trabajador formal le cuesta al empleador, además del sueldo, el 37.55% más y si le añadimos seguro de riesgo de trabajo, el 39.55% más. Así, la informalidad no es una opción, sino una necesidad para la supervivencia del negocio.
Las normas laborales son rígidas y castigan a los emprendedores en lugar de ayudarlos a crecer. Sunafil los fiscaliza y sanciona casi de inmediato, cuando lo que deberían hacer es permitirles un periodo de adaptación sin multas. Un sistema de amonestaciones preventivas en los primeros años de operación de mypes y pymes ayudaría a corregir errores sin afectar su crecimiento.
El problema es aún mayor para los jóvenes. Un estudio de Arcos Dorados (agosto 2024) sobre empleo juvenil revela cifras alarmantes: 11% de desempleo en jóvenes de 18 a 25 años, 78.2% de informalidad y 89.2% sin acceso a un empleo formal. Según la encuesta, el 54.9% señala que los bajos sueldos, la falta de oportunidades y la escasez de ofertas de trabajo formal son los principales obstáculos.
Pese a esta realidad, el Ministerio de Trabajo sigue regulando para unos pocos y desincentivando la formalización. Mientras tanto, 3.8 millones de peruanos en pobreza necesitan empleo urgente, no dentro de 10 años. Este ministerio no es el único que debería desaparecer. Hay al menos diez más que deberían seguir el mismo camino con la misma urgencia.
