ADVIERTEN ESPECIALISTAS
La República, 26 de setiembre del 2024
César Romero
Les preocupa que el Estado traslade al ciudadano probar que actuó de buena fe y que se pueda rematar un bien antes de terminar el proceso penal.
Conversatorio. Especialistas discutieron sobre los problemas que está generando la aplicación de la ley de extinción de dominio en busca de resultados y no brindar justicia y paz social.
La aplicación de la ley de extinción de dominio, aprobada por el Decreto Legislativo nº 1373 en agosto del 2018, estaría afectando el derecho de propiedad, la presunción de inocencia y el principio de buena fe, coincidieron en señalar diversos especialistas durante una mesa redonda organizada por la Cámara de Comercio de Lima.
Dicha norma establece que el propietario de un determinado inmueble pierde la propiedad si el bien proviene de actividades ilícitas, sin necesidad de una sentencia previa. En la práctica diaria, es suficiente que la autoridad sospeche de la probable procedencia ilícita del bien, para que pase al poder del Estado y sea rematado casi de inmediato. La extinción de dominio también afecta al tercero, aunque no tenga participación en el presunto delito.
La Defensoría del Pueblo ha planteado una demanda de inconstitucionalidad ante el TC al considerar que la ley afecta derechos protegidos por la Constitución. Una demanda que tiene muchos detractores, pues considera que se busca destruirla.
Para un mejor análisis del tema, la Cámara de Comercio de Lima reunió a diversos especialistas como el exfiscal y especialista Internacional de extinción de dominio Gilmar Santander, de Colombia; el decano del Colegio de Abogados de Lima, Raúl Canelo; y los abogados Javier de Belaunde, Carlos Caro Coria, Enrique Ghersi, Samuel Abad, Luis Yshi y Martín Ojeda.
Ajustes y no desajustes
El exfiscal de Colombia Gilmar Santander recordó que el Perú copió la legislación colombiana anterior al 2014, pero no los capítulos referidos a las buenas prácticas en la aplicación de la norma.
Indicó que la ley de extinción de dominio existe en 11 países y que, en el 2014, Colombia introdujo reformas constitucionales y legales para evitar el abuso y que se sancione directamente al delincuente y no al ciudadano de buena fe.
Remarcó que es un fiel creyente en la ley y de su buena práctica como un mecanismo idóneo para proteger el orden social afectado por la delincuencia y el crimen organizado, En este contexto, indicó que le preocupa que en el Perú se persiga al bien y no al delincuente, con lo cual se sanciona al último propietario, que puede ser un ciudadano de buena fe.
Carlos Caro anotó que hay la necesidad de realizar una re forma legislativa o interpretativa en el TC, pues, por ejemplo, permite investigaciones secretas por seis años, para luego darle al afectado solo 30 días para que pruebe la leal posesión del inmueble.
«Se puede tener una norma muy dura que vaya contra los criminales, pero dotándola de garantías que protejan los derechos del adquirente de buena fe», precisó. Anotó su preocupación por que ante las fallas del sistema penal se busquen sistemas menos garantistas, lo que terminará afectando los derechos de los ciudadanos.
El decano del Colegio de Abogados, Raúl Canelo, precisó que la norma viola el principio de presunción de inocencia. «El Estado presume la culpa y el ciudadano se ve obligado a demostrar que obró bien y, en medio del proceso, con una medida cautelar se incauta el bien, el Pronabilo remata y si luego se demuestra que se equivocaron, te devuelven el dinero, pero perdiste el bien», anotó.
Samuel Abad coincidió en que la norma necesita correctivos, pero que la demanda de inconstitucionalidad de la Defensoría del Pueblo no es el camino correcto, pues podría desajustar todo.
Enrique Ghersi remarcó que la ley no toma en cuenta los procesos sociales, como la alta informalidad en que vive el país, con lo cual un informal puede perder las propiedades que adquirió con su trabajo.
Luis Yshi criticó la concentración de los procesos en Lima y los candados que tiene el fiscal para apartarse de la ley. Martín Ojeda, de la Federación de Transportistas, informó que fomenta el abuso y la corrupción: «Por transportar una caja de cigarrillos, te pueden quitar un bus interprovincial».
