Alejandro Deustua
6 de agosto de 2024
Para Lampadia
Si, desde hace tiempo, es claro que la dictadura de Maduro debe terminar, también es evidente que todo esfuerzo racional para lograrlo ha fracasado. Hoy existen adicionales razones de seguridad y económicas que requieren apurar ese proceso aunque sus posibilidades no son auspiciosas.
Luego de las masivas protestas contra el régimen venezolano del 2014, los emprendimientos institucionales para revocar la autoridad de Maduro naufragaron.
En 2016 la Mesa de la Unidad Democrática (que ganó la mayoría parlamentaria y que el chavista neutralizó creando mecanismos paralelos) llamó a un referéndum revocatorio del gobierno de Maduro que la “autoridad” electoral frustró.
Entre ese año y el 2018 cuando el dictador perpetró un determinante fraude electoral, la Secretaría General de la OEA y un número de Estados americanos intentaron la aplicación de la Carta Democrática para procurar una solución pacífica. Por insuficiencia de votos el intento también fracasó.
En ese marco, los doce países fundadores del Grupo de Lima procuraron, en 2017, articular una salida pacífica mientras apoyaban a la oposición. El proceso se desgastó y empezó a desgranarse en 2021 cuando Argentina abandonó el Grupo.
En ese transcurso la exasperación del Congreso venezolano lo llevó a designar, en 2019, a un presidente interior (Juan Guaidó). Éste fue reconocido por más de medio centenar de países con resultados nulos aunque se logró mantener vivos los espacios para devolver la democracia a Venezuela. Ese ciclo acabó en 2023.
Al cabo, otro esfuerzo internacional logró el acuerdo de Barbados entre la Plataforma Única (la oposición unificada) y el gobierno para procurar elecciones libres y transparentes en Venezuela. Ese acuerdo fue intermediado por Noruega con la desigual participación de Estados Unidos, Países Bajos, Brasil, México, Colombia, México y hasta Rusia. El dictador no dudó en incumplirlo al impedir la participación de la candidata opositora, desconocer hoy el triunfo del nuevo candidato opositor y sustituirse en el cargo mediante un fraude de evidencia universal.
En ese marco, quizás no sea realista pensar que la mediación de Brasil, Colombia y México hoy pueda ser exitosa ni que el tirano pueda dar cabida a alguna a alguna solución democrática a la enorme crisis de su país y a la inseguridad que genera internacionalmente.
Salvo que la Fuerza Armada, siendo el principal pilar del edificio de la tiranía, le retire el apoyo, el mercado petrolero deje de proveer divisas a la economía venezolana o el oficialismo pase a la oposición. De momento ello es dudoso.
De otro lado, si la economía venezolana da muestras de reactivación, ello ocurre sólo si la referencia es la de los términos de la extrema pauperización en que se encuentra.
En efecto, su punto de partida es la pérdida de 75% de su PBI desde 2013, la caída de la producción petrolera de 3.4 millones de barriles diarios (1999) a 700 mil y de dos tercios de la producción eléctrica (Hausmann).
El 82% ciudadano vive en pobreza y 53% en pobreza extrema (Relatoría sobre derecho a la alimentación, ONU) mientras el salario promedio es de US$ 20.
Ello se expresa en 7.7 millones de refugiados, 7.6 millones necesitados de ayuda humanitaria (USAID) mientras la hiperinflación proyectada en 2018 a más de 1 millón % (la mayor inflación en América y similar a la alemana de 1923, Reuters) es hoy 100% (FMI).
Sin embargo, la dictadura que gobierna el país con una de las mayores reservas petroleras mundiales sobrevive.
Con mayor fuerza en 2019, Estados Unidos impuso sanciones económicas a funcionarios del gobierno de Maduro, a sectores (prohibición de transacciones con PDVSA, mineras estatales y hasta con el banco central) y a individuos vinculados con el narcotráfico, a la masiva corrupción o con violaciones de derechos humanos. Éstas fueron flexibilizadas por el presidente Biden durante seis meses renovables teniendo en cuenta las negociaciones para la salida democrática (pero, ésta – Barbados- fracasó). Salvando la participación de Chevron, el monto de ese alivio potencial fue de entre US$ 6 y US$ 10 mil millones según un reporte CSIS al Congreso norteamericano.
¿Cómo pudo arraigarse el tirano en ese contexto y volver a hacerlo hoy habiendo perdido toda legitimidad interna según los resultados electorales oficiosos?
La “recuperación” económica venezolana y el resurgimiento de los ingresos petroleros en el último año (cuya caída general reciente intenta ser contrarrestada por la OPEP) es parte de la respuesta.
Préstamos chinos estimados entre US$ 40/60 mil millones que, a falta de dólares, implican pagos en especie, lo es también.
La asistencia militar rusa y la inteligencia cubana concurren al respecto.
A ese alineamiento estratégico -que el Perú prefiere ignorar- se agrega la lealtad de los países del ALBA y la de los caribeños beneficiados por la asistencia de Petrocaribe expresada en la OEA.
Es evidente que Venezuela está en el centro del problema de fractura regional. El agujero negro económico en el norte suramericano no es su única muestra. También coadyuva grandemente el fracaso de la integración en el área eventualmente influida por el chavismo, la distorsión de una predisposición regional anti sistémica, la eventualidad bélica (Guyana) y el riesgo de una nueva ola migratoria (en la que también se camufla el crimen organizado trasnacional) que los países vecinos no podrán absorber.
Maduro no debe triunfar. Lampadia
