Jaime de Althaus
Para Lampadia
Según Gestión y El Comercio, la presidenta de la Comisión de Economía del Congreso, Silvia Monteza de Acción Popular ha informado que en su comisión están revisando “el capítulo económico de la Constitución para mejorarlo”.
Esto sería un grave error. El capítulo económico de la Constitución de 1993 es la envidia de otros países de América Latina. Las normas y garantías que establece permitieron que el Perú fuera el país que más creció y mas redujo la pobreza en Sudamérica en los últimos 25 años. Sería absurdo cambiar lo que funciona bien.
Menos aun lo que la congresista sugiere que se cambiaría: “Esta Constitución tiene más de 25 años. En su momento fue buena por motivos de que atravesamos una situación bastante crítica con el terrorismo, el narcotráfico, y cuando sacaron esa Constitución, le dieron todas las facilidades a la empresa privada para que venga a invertir en el Perú; ahora son otros tiempos y tenemos que hacer algunos ajustes”.
Es absurdo. Siempre hay que darle facilidades a la empresa privada para que venga a invertir en el Perú. ¿Qué sentido tiene cambiar la Constitución para ponerle dificultades? El Perú compite con otros países para atraer inversión extranjera, y por eso la Constitución actual no le da ni más ni menos facilidades que las que tiene la inversión nacional. En efecto, el artículo 63° establece que “La inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas condiciones”.
Por lo demás, ahora estamos en una situación no tan diferente a los 90: la economía nacional tiene que reconstruirse luego de la pandemia y de los efectos destructivos del gobierno de Pedro Castillo, que justamente está inhibiendo todo tipo de inversión de modo que las mayorías populares ni siquiera han logrado recuperar los niveles de empleo e ingresos anteriores a la pandemia. La situación es muy grave. Cambiar el capítulo económico sería el puntillazo final.
Mas bien lo que necesitamos es restablecer la libertad económica consagrada en la Constitución -que ha sido ahogada en sobrerregulaciones-, para que los emprendimientos puedan crecer y prosperar. Sería necesario reforzar el precepto del artículo 58° que establece que “La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado…”, y el del artículo 59°: “El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria”.
Esa libertad es la que han perdido los peruanos que quieren salir adelante, debido al exceso de normas y obligaciones que se convierten en un arma de chantaje y abuso por parte de funcionarios estatales y municipales y que mantienen excluidas en la informalidad a las mayorías populares. En ese sentido, más bien sí se requeriría hacer un “ajuste” a la Carta Magna estableciendo el derecho a la formalidad, a una formalidad inclusiva. Ese sería un gran aporte, pero en el capítulo de los derechos.
La congresista se siente influida por la izquierda. Dice: “…se escucha a la izquierda que dice que el capítulo económico no nos permite avanzar, que los monopolios se llevan todo, entonces hay que revisar para mejorar”. Repetimos: el capítulo económico es precisamente lo que nos ha permitido tener el mayor crecimiento económico y la mayor reducción de la pobreza de Sudamérica, que bajó de más del 60% a inicios de los noventa al 20% el 2019. Incluso tuvimos una importante reducción de la desigualdad, medida como el coeficiente de Gini, que pasó de 0,57 a inicios de los noventa para llegar a 0,41 en el 2019.
La congresista se compra la narrativa de Perú Libre y la izquierda de que la Constitución consagra los monopolios que se llevan todo. Lea bien por favor el artículo 61° de la carta magna que establece que:
“El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios”.
Más claro que eso, ni el agua. En el Perú hay algunos oligopolios en algunos sectores, lo que es inevitable considerando el tamaño reducido del mercado. Lo importante es que no haya barreras de entrada a esos sectores para que haya competencia, y, además, prevenir, impedir y eventualmente castigar el abuso de posiciones dominantes, y por eso, gracias a la Constitución, se creó Indecopi, que no existía antes, y que ya ha castigado con millones de soles un par de decenas de casos de concertación de precios entre empresas. O sea que el sistema está funcionando.
Si se suprimen monopolios y oligopolios como plantea un proyecto de modificación constitucional enviado por el Poder Ejecutivo, habría que comenzar por cerrar Petroperú, Sedapal y otras empresas públicas.
En realidad, a la izquierda no le interesa el carácter monopólico de una empresa, sino que sea privada. Lo que quiere es estatizar o “nacionalizar” los llamados sectores estratégicos. Regresar al estatismo, que fue el causante de la hiperinflación generada por los déficits enormes que tuvieron las empresas estatales establecidas en los 70. Fuera de la gran corrupción que en ellas había. Allí tenemos hoy como remanente y prueba actual PetroPerú, llena de escándalos y a la que el Estado ha tenido que “prestarle” 750 millones de dólares de nuestros impuestos para que pueda operar.
Para evitar desastres como en de PetroPerú es que la Constitución establece el carácter subsidiario de la actividad empresarial del Estado en el artículo 60°:
“Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional”.
Que, por supuesto, la izquierda quiere derogar, para regresar a la marmaja. Más bien habría que reformar la Constitución para añadir una disposición transitoria que establezca un plazo para cumplir con dicho artículo 60º. PetroPerú es un hueco negro en la economía nacional.
Finalmente, lo que sí hace falta cambiar en la Constitución son aspectos de régimen político, para buscar una democracia funcional. Esto sí es urgente y fundamental. Lampadia
