Por: Elmer Cuba
El Comercio, 4 de febrero del 2024
“El actual gobierno debe considerar una propuesta para combatir la informalidad con regímenes generales y progresivos”.
La economía peruana presenta un mercado laboral que opera con elevadas tasas de informalidad. Una parte está explicada por el nivel de desarrollo económico, y la otra, por un diseño de normas laborales, tributarias y de seguridad social que generan incentivos para permanecer en la informalidad laboral.
El problema de la informalidad laboral es común alrededor del mundo. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el promedio mundial es alrededor del 45%. En el Perú, a pesar del elevado crecimiento económico de los últimos años, la informalidad laboral no ha descendido significativamente. Entre el 2008 y el 2019, la economía nacional creció un 56,7%. Sin embargo, la tasa de informalidad laboral pasó de 71,6% a 60,8%; es decir, se redujo a un ritmo de cerca de un 1% por año (según la Enaho del INEI). No podemos esperar que solo el crecimiento económico haga su trabajo en –digamos– 50 años más.
Entre las causas de la elevada informalidad laboral tenemos que la fijación de la remuneración mínima no ha hecho posible que muchos trabajadores puedan entrar a la formalidad, pues mientras sus salarios aumentaban, eran ‘alcanzados’ por las nuevas regulaciones. De igual manera, la legislación peruana contempla el reparto de utilidades para los trabajadores en empresas de más de 20 miembros, lo cual genera, en esos casos, un incentivo perverso para tener trabajadores fuera de la planilla y/o escindirse en varias empresas. También existe una preferencia de los trabajadores informales por el SIS (Seguro Integral de Salud) sobre Essalud que le quita atractivo a la formalidad, pues todo trabajador formal debe estar afiliado a este último. El SIS resulta muy valorado, tanto por su mayor cercanía a la población como por los plazos de atención y mejor calidad percibida del servicio. Asimismo, los regímenes tributarios son diversos y ciegos a la formalidad laboral, y tampoco facilitan el crecimiento del negocio, pues, si superan los umbrales legales, pasan al régimen general, que exige más requisitos contables y una tasa de 29,5% de Impuesto a la Renta. Puede verse, entonces, que la legislación laboral crea incentivos para informalizarse.
Según el tamaño de empresa, la informalidad laboral en las grandes y medianas se encuentra en tasas similares a los países de altos ingresos (20%); en las medianas en 50% –comparable al promedio de la región–; mientras que en las microempresas la tasa alcanza el 95%, cifra muy superior al 75% de los países de bajos ingresos.
Es posible mejorar y adaptar las legislaciones tributarias y laborales a la elevada heterogeneidad de las empresas y de la productividad de los trabajadores. La propuesta IPAE “Una propuesta de formalización laboral”, que elaboramos en Macroconsult sobre la base de un trabajo previo con la Cámara de Comercio de Lima, plantea un “combo formalizador”, con regímenes generales y progresivos de tributación empresarial y prestaciones laborales que amplían los caminos para una mayor formalización, tanto empresarial como laboral. La propuesta incluye cuatro puntos. Primero una regulación basada en principios económicos: en el caso de la tributación, se plantea un régimen de Impuesto a la Renta con tasas marginales crecientes, donde la idea es pasar a un régimen no basado en ventas, sino en utilidades. En el caso de los diversos regímenes laborales, se propone que las cargas y beneficios se calculen en función del salario.
En segundo lugar, se propone una ley de trabajo general y progresiva con un único régimen general laboral progresivo en función del salario y no agentes ajenos al trabajador (ventas o número de empleados). Aquí, las diversas cargas laborales son progresivas y no se restan los llamados derechos laborales. Los trabajadores que tienen acceso al SIS lo mantienen, y no pasan automáticamente a aportar a Essalud, salvo para tramos de mayores salarios, donde es progresivo. Por otro lado, en el caso de los aportes pensionarios y dada la elevada heterogeneidad de las productividades laborales, planteamos tasas de aporte inferiores al 10% para trabajadores de muy bajos ingresos (apenas superiores al salario mínimo). Si bien esta tasa menor puede no llevar a pensiones altas, ello puede ser compensado con una mayor densidad del aporte.
En tercer lugar, se plantea una ley de impuesto a la renta general y progresiva que tenga un esquema superior de tributación empresarial basado en un impuesto a la renta. Sin embargo, como ese cálculo puede resultar oneroso para la pequeña empresa, la autoridad tributaria puede diseñar un esquema basado en el flujo de caja. Solo debe persistir el régimen RUS para pequeñas bodegas y establecimientos de esa naturaleza, y deben desaparecer el RER y el RMP.
Finalmente, se propone un nuevo esquema de reparto de utilidades. Si bien es cierto que políticamente estos derechos laborales no pueden revertirse, sí es posible un nuevo diseño para nuevas empresas. Se propone repartir el costo marginal del trabajador 21 entre el trabajador 15 y 25, para evitar que el reparto pase abruptamente a entre 5% y 10%. De este modo, se reduce el incentivo a contratar fuera de planilla.
Hacer una reforma por partes resta el potencial formalizador del paquete tributario y laboral. El actual gobierno debe considerar una propuesta para combatir la informalidad con regímenes generales y progresivos con los que podemos ampliar los caminos a una mayor formalización. Así, un relanzamiento del crecimiento económico puede ser acompañado con una menor informalidad laboral, factor clave para alcanzar los objetivos país.
