Por: Iván Arenas
Perú21, 17 de noviembre del 2023
“Al día de hoy hay varios conflictos que si bien tienen un cariz ‘socioambiental’ esconden pretensiones rentistas”.
El proyecto de ley propuesto por el Ejecutivo denominado Ley de Ordenamiento Territorial y creación del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial (5723/2023-PE) ha generado una discusión sobre todo en el sector minero (vale recordar que es el motor de la economía nacional) no solo por su impertinencia en un momento de recesión económica sino porque de convertirse en ley sería una fuente de riesgos tanto sociales, político e ideológicos contra el desarrollo de la minería moderna. Aquí lo detallo.
No obstante, antes vale hacer una digresión porque en el país hay un sector político e ideológico que —desde hace tiempo atrás— ha convertido el concepto de “ordenamiento territorial” en una nueva ideología que —según dicen— de aplicarse solucionaría de una buena vez “el uso, la gestión y la ocupación del territorio” porque definiría qué actividades económicas y productivas se deben hacer y qué no. No es un secreto que este sector ideológico pretende penalizar a la minería moderna.
Ahora bien, ¿qué ordenamos? ¿Las actividades del hombre sobre el territorio o el propio territorio? Si es el territorio entonces vale observar que no se puede tener una visión rígida sobre su uso o su ocupación. De hecho, la innovación tecnológica cambia a veces por completo el uso de un territorio determinado.
Otro tema es que en la práctica ya los gobiernos locales (provinciales y distritales) hacen de alguna manera su propio ordenamiento territorial utilizando herramientas como la planificación, las zonificaciones o catastros. Y lo hacen muy mal, a tal punto que es el propio Estado la fuente principal de informalidad y desorden. Asimismo, el Estado siempre planifica. Es un sinsentido decir que no lo hace.
Se nos dice que el ordenamiento territorial es un proceso técnico-político y eso es abrir la caja de Pandora. Si el ordenamiento territorial se basa principalmente en herramientas técnicas para qué someterlo a una discusión “política”. ¿Quién garantiza que algún alcalde o gobernador no pretenda vetar a la minería moderna? En Ayacucho, el Consejo Regional pasado decidió que no se debía hacer minería en 12 “cabeceras de cuenca” a pesar de que no hay concepto definido y la metodología no está completa. Uno de los argumentos era que debía “ordenarse territorialmente” a la minería.
En la propuesta del Ejecutivo se menciona que el ordenamiento territorial “reduciría los conflictos sociales” y para ello utilizan datos de la Defensoría del Pueblo, cuya metodología para definir la naturaleza de un conflicto es bastante limitada, pues no van a la raíz misma. Al día de hoy hay varios conflictos que si bien tienen un cariz “socioambiental” esconden pretensiones rentistas de grupos, asesores y abogados.
Además, una propuesta de ordenamiento territorial no puede soslayar la colaboración entre el agro y la ganadería con la minería moderna. Hoy, en un mismo territorio conviven el agro y la minería moderna dejando atrás el sambenito de “agua sí, mina no”
