Entrevista a Enrique Ghersi
Expreso, 28 de setiembre del 2023
Por: Aaron Salomón
Jurista considera que presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, simplemente está dando una versión tranquilizadora sobre presuntas presiones a jueces supremos.
El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, negó que algún miembro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) lo haya presionado para que la Sala Plena de la Corte Suprema se manifieste a favor de Zoraida Ávalos. Dijo que el Congreso no podía abrir una investigación por chismes. ¿A usted le parece un chisme una revelación periodística?
Una investigación periodística no es un chisme. En una investigación periodística hay fuentes, que pueden ser confidenciales o no confidenciales. Lo que me da la impresión es que el presidente del Poder Judicial, quien tuvo que dirimir una votación para que no se publique un pronunciamiento respecto a la inhabilitación de la señora Ávalos, no quiere que esto pase a mayores. El doctor Arévalo fue prudente y dirimió el empate para que no se publique el pronunciamiento. Conociendo al doctor Arévalo, simplemente está dando una versión tranquilizadora.
Los miembros de la JNJ pretendieron tener una defensa conjunta, a cargo de Samuel Abad, pero al final la Comisión de Justicia del Congreso rechazó esta posibilidad. Y hoy vemos que muchos de los magistrados están renuentes a hablar.
Creo que es un error porque no están entendiendo que este es un tema político. Ellos no pueden guardar silencio como un reo en una comisaría. Además, fue un error táctico de su defensa plantear una defensa conjunta, porque quedó evidenciado que están coordinados y no pretenden esclarecer la verdad de los hechos, sino mantener un frente único en torno al silencio. Este tipo de actitudes demuestra que tienen miedo a que se conozca la verdad. He visto, por el contrario, al doctor César San Martín que ha hablado sin ningún inconveniente, y yo creo que los miembros de la JNJ deberían hacer lo mismo.
¿Ha hecho bien el Congreso en individualizar cada caso, como varios reconocidos juristas plantearon?
Tiene que ser individualizado, por supuesto. Además, esta es una investigación y, como resultado de esta, pueden aparecer nuevos hechos o descartar otros. Al final, no todos los magistrados pueden haber incurrido en irresponsabilidad. Hay un hecho objetivo que es el de la edad de Inés Tello, que ya está establecido que es una falta gravísima, y hay que establecer el nivel de responsabilidad de los demás miembros de la JNJ.
Se tiene que conocer cómo se llegó en la JNJ a esta interpretación.
Sí, porque es absolutamente ilegal. Con esta interpretación, nadie se iría nunca del sector público. Estamos volviendo al virreinato, donde los funcionarios eran propietarios de su cargo. Los integrantes de la JNJ tienen que obedecer las normas, aunque no les guste.
¿Usted no cree que también hay responsabilidad en la comisión que nombró a Inés Tello como parte de la JNJ?
Yo escuché muy claramente al doctor José Luis Lecaros hacer una objeción: dijo que ella solo iba a ser elegida por ocho meses. No creo que haya fallado la comisión, porque la señora tuvo que dejar el cargo a los ocho meses.
Para ir terminando, le planteo argumentos que ha esgrimido Samuel Abad ante la Comisión de Justicia. Él ha dicho que el pronunciamiento de la JNJ a favor de Zoraida Ávalos es un derecho a la libertad de expresión.
Eso no es libertad de expresión. La JNJ no es una persona ni natural ni jurídica que expresa su punto de vista. Es una autoridad y, cuando una autoridad se pronuncia, no es en ejercicio de la libertad de expresión, sino en ejercicio de sus atribuciones y en este caso no tenía atribuciones para hacerlo. Los funcionarios públicos están limitados en su libertad de expresión.
Juicio de confianza democrática
Abad también sostuvo que ni la Constitución ni la ley orgánica de la JNJ especifican cuáles son las causas graves, pero no podría ser así porque habría una lista interminable.
Esta norma de textura abierta se parece a la vacancia por incapacidad moral. Uno no puede establecer un catálogo infinito de conductas porque no se está tipificando un delito. Es un juicio de confianza democrática. Si el Congreso aprecia que la JNJ está violando el Estado de derecho, puede sancionar por falta grave.
Entonces, estamos ante pura gimnasia jurídica…
Solamente son argumentos de defensa, lo que hay que discutir es el fondo del tema: la JNJ no ha presentado sus informes anuales, ha burlado la ley en el caso de la señora Tello y ha pretendido favorecer a la señora Ávalos. Esta predilección por una persona es una falta grave.
