Jaime de Althaus
Para Lampadia
Clara Elvira Ospina ha publicado un artículo tratando de defender su decisión de propalar el informe de Cuarto Poder que contenía una información no comprobada de gran impacto político que la DEA, siete años después, ante requerimiento de la fiscalía peruana, ha desmentido. Sostiene, en esencia, que hicieron periodismo y no política. Pero es exactamente al revés: publicar una denuncia gravísima, una bomba nuclear -que sin duda podía afectar el resultado electoral-, sin prueba alguna, es hacer política, no periodismo.
Los principios rectores del Grupo El Comercio dicen: “Los periodistas del Grupo El Comercio solo difunden informaciones que estén debidamente comprobadas. Constituyen una excepción aquellos casos en los que, luego de una profunda evaluación ética y atendiendo la necesidad de cumplir con la Cultura Informativa, los niveles de mando autorizados por el Director llegan a la conclusión de que, a pesar de la falta de confirmación, no difundir la noticia ocasionará un eventual perjuicio a la ciudadanía o sus lectores. Se publicará en condicional. La falta de comprobación debe ser señalada en la propia información”.
La única manera de comprobar que fuera cierto lo que el informante Jesús Vásquez señalaba, era escuchar el audio en el que había grabado su conversación con Joaquín Ramírez. Y ese audio simplemente no se mostró ni se escuchó, porque supuestamente lo tenía la DEA. Por supuesto, el informe no dijo ni aclaró que esa afirmación no está comprobada porque no se ha accedido al audio, sino, más bien, apeló a la declaración de una vocera de la DEA proporcionada en la vía pública, al paso, diciendo que hay una investigación en curso sobre el tema que había sido consultado. ¿Cómo eso puede interpretarse como una confirmación de que hay un audio que contiene la conversación denunciada? Cuando la DEA sí responde explícitamente ante requerimiento de la fiscalía peruana para que se entregue el audio o su transcripción con la conversación referida, resulta que el mencionado audio no contiene referencia a los quince millones de dólares entregados por Keiko Fujimori para ser lavados. Según la respuesta oficial de la DEA, entonces, el dicho de Vásquez era falso.
Se cita al periodista Gerardo Reyes como una fuente de autoridad (falacia ad verecundiam, según Aristóteles), pero lo que dice Reyes en el informe es que ha verificado que agentes de la DEA referidos por Vásquez existen, lo que le daría “cierta credibilidad” a su versión. ¡Cierta credibilidad! ¿Eso es suficiente para lanzar una bomba de esos megatones? Lo único cierto del informe es que este señor Vásquez era un informante de la DEA. Lo demás es puro acto de fe.
El informe quiere creer la versión de Vásquez. Eso es lo que lo hace un informe político, no periodístico. Ospina argumenta que “La discusión periodística se centra en si aquella era una información que la opinión pública debía conocer. El deber de los periodistas es brindar información sobre todo lo que represente un interés que afecte el bien común”. Claro, para quienes tenían una posición tomada, era importante que la opinión pública conociera esa denuncia gravísima, pese a no estar confirmada. Habría que preguntarse cómo se interpretaba “el bien común” en esa circunstancia.
Evidentemente si la denuncia era cierta y comprobada, había que darla a conocer por “el bien común”. Pero si no lo era, lo que se estaba buscando era un determinado “bien común”, no tan común: el percibido desde una inclinación política dada.
Andrés Calderón, jefe del Departamento Académico de Derecho de la Universidad del Pacífico, escribe en su excelente libro “Polítika vs. prensa: Una relación tóxica en tiempos convulsionados”: “Con la información que manejo hoy, creo que el reportaje no debió incluir los testimonios de Jesús Vázquez respecto de Keiko Fujimori, ya que no había ninguna información que se pudiera compartir al público que respaldara afirmaciones tan graves como las que él hacía” (p. 39). Y esto lo escribió antes de conocerse la respuesta de la DEA a la fiscalía peruana.
Dice Ospina que “El buen periodismo debe ceñirse a los hechos sin hacer cálculos políticos”. Justamente, si los hechos no están comprobados, y se los presenta como veraces, no se está haciendo periodismo, sino política.
Termina preguntándose: “¿Qué habrían pensado los ciudadanos si no hubiéramos publicado la versión de Vásquez completa y después él hubiera hecho saber que Cuarto Poder tenía una denuncia de esa magnitud y la había ocultado? La respuesta no admite dudas: habrían entendido que nos reservamos la información haciendo un cálculo político.”
No, si se explicaba que la versión no estaba confirmada. La pregunta pertinente es la contraria: ¿Qué pueden pensar los ciudadanos cuando se publica una denuncia de esa magnitud sin prueba alguna? La respuesta no admite dudas: se trata de un operativo político. Lampadia
