Jaime de Althaus
Para Lampadia
Una de las críticas al proyecto de reforma que establece la bicameralidad es que se votó sin avisar, sin debate previo y sin que se conozca el texto, sorprendiendo a la opinión pública.
Pero esto no es exacto.
Este proyecto, con cambios mínimos, se aprobó en el Pleno hace menos de un año, el 15 de julio del 2022, con 71 votos a favor, luego de debatirse en la comisión de Constitución durante meses. No alcanzó los 87 necesarios para que haya luego una segunda votación, y por eso se planteó una reconsideración. Este proyecto no es, entonces, ninguna sorpresa.
En realidad, se viene debatiendo hace más de dos décadas. En efecto, este proyecto sigue a grandes rasgos los lineamientos establecidos en el proyecto de reforma total de la Constitución que elaboró la Comisión Pease en el Congreso 2001-2006, que también planteó el retorno a la bicameralidad con las siguientes características, que se recogen en el proyecto actual:
- Las iniciativas legislativas se tramitan exclusivamente ante la Cámara de Diputados, lo cual convierte al Senado en una Cámara revisora.
- Los proyectos de ley son sometidos a ratificación en el plazo improrrogable de diez días. Vencido este plazo se da por aprobado el proyecto remitido por la Cámara de Diputados. (El proyecto actual deja al Reglamento la fijación del plazo)
- Se propone que cuando el Presidente del Consejo de Ministros concurra al Congreso, en compañía de los demás Ministros, al asumir sus funciones, para exponer sobre la política general del Gobierno, dicha presentación no dé lugar a plantear una cuestión de confianza.
Este proyecto se viene discutiendo, pues, por más de 20 años.
Existe un consenso entre los entendidos en torno a la necesidad de retornar a la bicameralidad y también en torno a sus características básicas. El propio Natale Amprimo, que formula la crítica arriba mencionada, formó parte del equipo central de la Comisión Pease que elaboró ese proyecto hace 20 años.
Amprimo argumenta, además, que “una reforma tiene que responder a un sentimiento constitucional de la población, y aquí es claro que la población no quiere la bicameralidad”. Pero esto es una falacia. La población no quiere al Congreso en general. En el fondo, quisiera que no hubiera Congreso. ¿Vamos a suprimirlo por eso? Según el Barómetro de las Américas 2018/19, el 58.9% de los peruanos respondió que sí se justifica el cierre del congreso cuando el país enfrenta momentos muy difíciles. Ese porcentaje bajó a 45% el 2021, cuando ya Vizcarra había disuelto en congreso el setiembre del 2019.
Según la encuesta del Barómetro de las Américas (2021), más de la mitad de los peruanos aprobaría un golpe militar ante mucha corrupción. ¿Vamos a fomentar eso?
Y según el Latinobarómetro (2020), la mayoría de la población peruana (54%) no es democrática, es decir no apoya la democracia, y sólo el 11% está satisfecho con ella.
La gente preferiría la unicameralidad porque le parece que la bicameralidad es algo así como un doble congreso. Las personas identifican dos cámaras con mayor costo. Pero si se les propone un congreso bicameral que no cueste más, podrían aprobarlo. Es lo que registró una encuesta de IPSOS el 2019:
Además, el común de la población no conoce las ventajas de una cámara revisora. Aquí hace falta, es cierto, más difusión, más explicación.
Explicar cómo así una cámara revisora ayuda a tener mejores leyes y a contener los impulsos populistas de los diputados.
Ayuda a encapsular la confrontación política dentro del Congreso, y no con el Ejecutivo.
Además, así como el Congreso sirve para limitar el poder del Ejecutivo -para que no se convierta en una dictadura-, la bicameralidad sirve para limitar el poder del propio congreso, para que tampoco se convierta en una dictadura si está compuesto por una mayoría opositora.
La democracia liberal y representativa, finalmente, no es algo natural. Hay que aprenderla, cultivarla. Pedagogía política en lugar de demagogia anticongresal es lo que necesitamos. Lampadia
También pueden ver ¡Aprobar la bicameralidad! (1)
