Fernando Rospigliosi
CONTROVERSIAS
Para Lampadia
Uno de los mitos más difundidos en el Perú es el que cuenta que la delincuencia avanza porque las penas son muy blandas. La solución, entonces, sería endurecer las penas. Eso es falso, por supuesto, pero los políticos se montan en esa creencia popular para practicar entusiastamente el populismo penal, aumentando constantemente las condenas para tratar de conquistar algunos puntos en las encuestas. En realidad, solo empeoran las cosas.
Parte de ese mito es que si el objeto robado no es muy valioso, el delincuente queda libre. Eso, en la práctica, no es cierto, porque hay tal cantidad de circunstancias agravantes, que hacen que independientemente del monto el malhechor puede ser sentenciado.
Recientemente el congresista Alejandro Muñante publicó un tuit (30/4/23) donde se enorgullece de un proyecto de ley que rebaja de 1,025 soles a 300 soles la cantidad por la que un hurto se convierte en robo –según dice- y puede ser sancionado con prisión efectiva.
Para justificar su despropósito, Muñante tuiteó que “arranchar un celular en un bus” es hurto y no robo si no supera los mil soles y por tanto el delincuente no iría a la cárcel. Según el diccionario de la RAE, arranchar significa “quitar violentamente algo a alguien”. Es decir, si hay violencia, es un agravante y la pena es prisión efectiva, sin importar el monto de lo robado.
Hay muchos casos que demuestran la falsedad de los argumentos de Muñante.
Un ejemplo: Fredy Garay Villanueva fue condenado a cinco años de prisión efectiva por intentar robarle un sol a un niño en Junín, acción que no pudo concretar. El sujeto tomó de la mano al niño y lo jaloneó (el informe médico habla de “excoriaciones y equimosis en la cara anterior de la muñeca izquierda”), el niño se zafó y siguió caminando, una señora lo ayudó y capturaron al individuo. El caso llegó hasta la Corte Suprema que el 19 de marzo de 2018 confirmó la sentencia por “tentativa inacabada”, “delito frustrado”, porque no llegó a robar el sol que le exigía al menor.
Lo cierto es que muchas veces los operadores de justicia intentan justificar el hecho de que los delincuentes salgan libres, aduciendo que el monto de lo robado es menor a lo que establece la ley, pero la verdad es que eso les sirve de pretexto ante los indignados ciudadanos para disculpar su pasividad.
Otro ejemplo de la dureza de las penas es el de Lordan Ivanoff Zafra Huarcaya que robó un celular en noviembre de 2019, en Puente Piedra, amenazando con un cuchillo a su víctima (no la hirió ni golpeó). Varios transeúntes lo atraparon. Fue sentenciado a 12 años de prisión. En el período en que sucedió ese delito se robaban, en promedio, 5,175 celulares al día, según Osiptel. Lo característico del caso es que el suceso fue publicado en “El Comercio” el 23/10/20, porque no es usual que se atrape y sentencie a un ladrón de celulares.
Esas penas durísimas no disuaden el delito, porque la proporción de delincuentes que son capturados y condenados es ínfima en relación a la cantidad de robos.
Como demuestran los estudios sobre el tema, las penas altas no son disuasivas. Lo que disuade a los delincuentes es la probabilidad de ser atrapados, no la dureza de las condenas. Si fuera así, el Perú sería uno de los países más seguros del mundo, porque lo único que sobran son leyes draconianas.
Antes, el monto del hurto no debería sobrepasar cuatro remuneraciones mínimas (RMV). Luego se rebajó a una RMV. Como es obvio, eso no sirvió para reducir la delincuencia. Ahora Muñante pretende seguirla disminuyendo a 300 soles. Si se aprueba, no hay duda que muy pronto otro congresista tendrá la genial idea de bajarla a 100 soles. Y así hasta el infinito.
Dicho sea de paso, nadie se preocupa por construir más cárceles para albergar a los delincuentes sentenciados con penas cada vez más largas y con menos beneficios penitenciarios.
En lugar de promover proyectos inconducentes, el congresista Muñante –que jugó un papel destacado en la lucha contra el anterior gobierno- podría hacer algo necesario para mejorar la lucha contra la delincuencia y promover el proyecto que devuelve la investigación preliminar a la Policía. Lampadia
