Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia
Desde hace algunos años, los peruanos que queremos recuperar nuestra patria del desastre al que nos están llevando los últimos gobiernos, reclamamos que nuestra democracia no puede ser boba. Un país tiene una ciudadanía que lo ama, que tiene valores, principios éticos y morales, y que vive y trabaja dando lo mejor de sí, por su desarrollo.
En el Perú nos está sucediendo que, cual el tango “Cambalache”, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor… Y así va discurriendo la vida, sin que nada se aprecie y todo se desvalorice.
Cuando era chico, recibía cursos de Educación Cívica, desde niños nos enseñaban los conceptos básicos de nuestra Constitución: Los poderes del Estado y sus roles, los derechos y deberes de los ciudadanos y, además, a todos nos quedaba claro que ser presidente, congresista o ministro, era un reconocimiento a las calidades humanas, morales, profesionales y cívicas de algunos ciudadanos. En consecuencia, era un honor alcanzar esas posiciones.
Han pasado los años y, con el tiempo, dejó de enseñarse Educación Cívica en los colegios, hoy la mayoría de profesionales NO ha leído siquiera la Constitución y, en consecuencia, no sabe cuáles son los pros y contras de la misma, no conoce sus deberes y derechos y, finalmente, no es consciente de su responsabilidad de formar en valores a las siguientes generaciones y, en consecuencia, no defiende su derecho a impedir que cualquier delincuente nos pueda llegar a gobernar.
El Tribunal Constitucional (TC), supongo que, tras largas discusiones jurídicas, emitió el 1 de diciembre del año pasado, una sentencia votada por unanimidad, que en esencia y de forma discriminatoria, permite que los sentenciados por terrorismo y algunos delitos muy graves, luego de cumplida su sentencia y pagada la reparación civil, puedan: (i) Formar partidos políticos. (ii) Ser elegidos gobernantes o congresistas y (iii) Ser contratados en la administración pública, incluso como docentes.
No sólo eso, sino que, ante la lógica reacción de ciudadanos de bien, algunos miembros del TC han salido en defensa de su sentencia, con los siguientes argumentos:
- Que la Constitución proclama la igualdad ante la ley.
- Que “la Constitución permite que se den leyes especiales en razón de la distinta naturaleza de las cosas, pero no por la diferencia de las personas”.
Y se resalta que, si una persona ha sido rehabilitada de su pasado violento, bien puede regir al país, una región o municipio. Las sociedades de países desarrollados inculcan desde niños, que el historial de su vida: conducta, rendimiento académico, récord de manejo, sentencias judiciales, comportamiento crediticio, constituyen su “hoja de vida” y que los acompañará para siempre. Eso hace que sean muy cuidadosos. ¿Por qué en el Perú se cancelan los antecedentes policiales, judiciales y crediticios?
Craso error, puesto que el hecho que una persona haya cumplido una sentencia penal (que en muchos casos pasó de ser cadena perpetua, a unos cuantos años) y pagado una suma de soles, no significa en absoluto que haya sido rehabilitada. La gran pregunta es, ¿los terroristas sentenciados que han salido de las cárceles, están rehabilitados? Alguien me puede asegurar que los terroristas sentenciados, hoy en libertad y agitando todo el sur del Perú, que está usando armamento, hechizo o de fábrica, y que, en muchos de los casos, ha sido arrebatado a policías asesinados o mal heridos por esos delincuentes, ¿están rehabilitados?
Más aún, si la construcción de la sociedad a la que aspiramos se cimenta en principios y valores, tales como educación, respeto, trabajo, humildad, perseverancia y en general, hombría de bien. ¿Cómo podremos identificar el perfil del prohombre de nuestra sociedad, si ellos están siendo (de) formados y liderados por delincuentes terroristas, asesinos o simples ladrones como los que hemos tenido en el gobierno reciente?
Por otro lado, es perfectamente claro que no se puede ni debe legislar en razón de las personas, sino en razón de la naturaleza de los hechos. Y eso es exactamente lo que exigimos. Un ciudadano de bien, tiene una base moral, un comportamiento y una historia que lo distingue de un terrorista, un asesino, un traficante de drogas o un tratante de personas. No se califica ni sanciona porque sea Juan, Pedro o Piminchumo. No. Se les califica y sanciona por ser terroristas, asesinos, traficantes de drogas o tratantes de personas y, esos, no son ciudadanos iguales a los que queremos en nuestra sociedad.
¡No quieran los jurisconsultos pasarnos gato por liebre!
El Tribunal Constitucional en su conjunto, se ha equivocado en su sentencia. No quieran venir hoy con la mojigatería de que “les resultó una decisión muy difícil”, porque conocían el terrorismo. Menos, venir a decirnos que el camino es sencillo, y que, si vuelven a delinquir, que se les vuelva a juzgar.
Estos miembros del TC, ¿no se han dado cuenta que la guerra de hoy es cultural? ¿No comprenden que, salvo las manifestaciones recientes en el sur peruano, tan cargadas de odio y violencia terrorista, el daño a nuestra sociedad lo están causando diariamente, mediante el adoctrinamiento a nuestros niños y jóvenes? ¿Que hay “Anibales Torres” capaces de promover ríos de sangre, si les impiden destruir la democracia en el Perú?
La Ley 30794 impedía a los sentenciados por: Terrorismo, apología del terrorismo, trata de personas, proxenetismo, violación de la libertad sexual y tráfico ilícito de drogas, prestar servicios en el sector público al término de su sentencia.
Si el argumento del TC, es que no se puede discriminar a las personas. ¿Por qué aplican este criterio sólo a los sentenciados por terrorismo? La lógica diría que los tratantes de personas, traficantes de drogas y proxenetas, debieran de ser amparados por esta sentencia. Pero claro, estos últimos no tienen un MOVADEF poniendo demandas ante el TC y los ablande.
¿Quién, cómo y cuándo va a poner freno a esa labor de zapa a las estructuras de nuestra sociedad y a ese carcomer las mentes de nuestros jóvenes y niños? ¿Vamos a esperar que, al igual que en México, Bolivia, Venezuela y Cuba, se esté adoctrinando a la niñez con personajillos que endiosan a delincuentes, narcotraficantes, terroristas o simples dictadores comunistas, para reaccionar?
Creo que debieran rectificar su sentencia de inmediato, o bien merecieran que sus hijos y nietos sean “educados” por proxenetas, tratantes de personas y traficantes de drogas rehabilitados, ya que los terroristas no les incomoda. A igual razón, igual derecho.
Me disculparán los jurisconsultos, pero conmigo no cuenten.
¡Ni un paso atrás! Lampadia
