Jaime de Althaus
Para Lampadia
Parte de la sociedad civil peruana se pronunció con firmeza contra la resolución del Consejo Permanente de la OEA que le daba su respaldo al gobierno del Perú en su demanda de aplicar la carta democrática con el argumento inconcebible y cínico de que las investigaciones de la Fiscalía y el Congreso son una nueva modalidad de golpe de Estado.
Por supuesto, la misión que ha venido ya se habrá percatado de la realidad a estas alturas, pero el punto que me interesa relevar es que gremios empresariales tales como la Cámara de Comercio, ADEX, la Sociedad Nacional de Industrias, la Asociación Automotriz y finalmente la Unión de Gremios, que incluye a 151 organizaciones empresariales, se pronunciaron señalando claramente que no se puede confundir las tareas constitucionales de los poderes del Estado con una nueva modalidad de golpe de Estado. La CONFIEP y Transparencia, sin embargo, nunca se pronunciaron. Y Proética emitió un lamentable comunicado avalando en buena cuenta la estratagema del gobierno de ganar tiempo o abonar a su estrategia de victimización. Por lo demás, resulta penoso que un país como el Perú acepte una injerencia de esta naturaleza.
Si los comisionados han oído bien lo que les han explicado, deberían recomendarle al presidente Castillo que responda públicamente al país sobre las denuncias de las que es objeto, y que aclare las imputaciones. Eso es lo primero. Y, si no lo quiere o lo puede hacer, debería recomendarle que renuncie. Eso sería lo lógico.
Lo más probable, sin embargo, es que recomienden la instalación de una mesa de diálogo para encontrar formas de convivencia. Pero eso sería equivalente a no recomendar nada. Esa mesa tendría que tener objetivos definidos, como los tuvo la que se formó en los últimos meses del tercer gobierno de Alberto Fujimori. Uno posible sería negociar la salida del presidente Castillo y el adelanto de elecciones generales, pero eso sería una forma de perpetuar la agonía porque no existe en el Congreso voluntad de renuncia. Finalmente, el gran problema acá -sin exculpar al Congreso de sus yerros- es el presidente Castillo.
Se pretende poner al Congreso en el mismo nivel de responsabilidad que el gobierno de Castillo.
Una prueba, se dice, de la voluntad golpista del Congreso, serían las dos fallidas mociones de vacancia que se presentaron, que carecerían de fundamentos. Pero no es que carecieran de fundamentos. Fueron apresuradas, no se trabajaron bien, pero razones para una moción de vacancia ya existían desde la primera que planteó la congresista Chirinos: los dineros de los “dinámicos del Centro” en la campaña, las designaciones de Bellido, Maravi y Béjar, vinculados a o con acusaciones de pertenecer a movimientos subversivos, los intentos de intervenir en los ascensos en las FF.AA., las presiones de Pacheco a la SUNAT, las reuniones secretas en la casa de Sarratea, etc. Y debe resaltarse que esas mociones de vacancia fueron rechazadas en parte por prematuras, pero también debido a la “compra” de congresistas por parte del Gobierno. Esa intervención corruptora en el Congreso para controlarlo constituye, ella sí, una forma sutil de golpe de Estado.
En todo caso, la moción de vacancia actual, que tiene ya más de 100 páginas, es muy seria y muy bien fundamentada.
Varios argumentan que el Congreso ha desequilibrado la relación de poderes al aprobar la ley la cuestión de confianza. Pero lo que hace esa ley es desarrollar lo obvio: que el Ejecutivo puede hacer cuestión de confianza por asuntos relativos a su gestión, a sus funciones, pero no sobre temas que son de competencia exclusiva y excluyente de otros Poderes. Eso fue lo que el propio Tribunal Constitucional había establecido en su sentencia 0006-2018-PI/TC:
“La cuestión de confianza que pueden plantear los ministros ha sido regulada en la Constitución de manera abierta, … para llevar a cabo las políticas que su gestión requiera”.
No es verdad que ya no podría hacer cuestión de confianza sobre nada: podría hacerla sobre los decretos supremos de tercerización o de la derrama magisterial o de relaciones colectivas si el congreso los derogara, o sobre poner límites a la extensión de las tierras o nacionalizar el gas, por ejemplo, entre muchos otros temas.
Se olvida que esa ley se dio, además, para defender al Congreso de los planes de cierre del parlamento y su reemplazo por una asamblea constituyente, plan abiertamente mencionado por el presidente, su premier Guido Bellido en su momento, y por Vladimir Cerrón y Guillermo Bermejo. Por eso ahora insisten -y hasta hacen cuestión de confianza- en un referéndum para convocar a una asamblea constituyente, que sí sería abiertamente un golpe a la democracia para instalar una dictadura bolivariana sin controles constitucionales.
En lo que sí tienen razón los voceros gubernamentales, es en criticar las desautorizaciones a algunos de los viajes presidenciales. Si no se le da permiso al presidente para viajar al exterior, entonces mejor vacarlo. No tiene sentido tener un presidente, y que no pueda representar al país.
La misión de la OEA podría recomendarle también al presidente Castillo que nombre a un primer ministro independiente con capacidad de convocatoria para que instale un gabinete empoderado capaz de empezar la recuperación nacional.
Un acuerdo político sobre esto pondría obviamente en suspenso la acusación a Castillo hasta el 2026. Esta sería una salida práctica si realmente fuera posible que Castillo cediera el poder a un Premier de peso y que alguien así aceptara, pero el problema es que supone que el país se hace de la vista gorda durante cuatro años respecto de las denuncias existentes.
Lo cierto es que alguna solución tendrá que encontrarse, porque el Perú no puede seguir así cuatro años más. Lampadia
