Por: José Antonio Torres Iriarte
El Reporte, 14 de Noviembre del 2022
El gobierno de Martín Vizcarra será recordado como una etapa sombría de la vida nacional, sin olvidar que de una manera obsecuente los grupos El Comercio y La República apoyaron sus iniciativas y hasta el cierre inconstitucional del Congreso que aplicó un 30 de septiembre del 2019. Martín Vizcarra impulsó reformas políticas que sólo han consumado la vigencia de partidos políticos convertidos en «vientres de alquiler» sin militancia, ni lealtad partidaria. También invocó un concepto constitucional inexistente, como la llamada «denegación fáctica» de la confianza para disolver el Parlamento. Martín Vizcarra fue finalmente vacado por 105 votos un 9 de noviembre del 2020, generándose una reacción política de todos sus aliados, temerosos de perder su cuota de poder y las generosas transferencias del erario nacional, bajo las formas de contratos de publicidad estatal.
El Perú no puede olvidar que líderes de la catadura moral de Julio Guzmán, Ollanta Humala, Verónika Mendoza, entre otros, se sumaron a la protesta callejera, apenas unas horas después de haber asumido Manuel Merino la presidencia de la República. No debemos olvidar cómo virtualmente en cadena nacional y sin interrupciones, las movilizaciones fueron transmitidas durante largas horas. Si comparamos (en número) las movilizaciones de los días 13 y 14 de noviembre del 2020 con las protestas del pasado sábado 5 de noviembre en Lima, no cabe duda que la marcha contra Pedro Castillo fue varias veces mayor.
Los comunistas de ayer y los caviares de hoy estuvieron unidos en el 2020, con el claro propósito de poner fin a un gobierno de transición que debió conducir al país hacía un proceso electoral y a la posterior transferencia de gobierno.
La vacancia presidencial de Martín Vizcarra se enmarcó dentro de los procedimientos parlamentarios y el orden constitucional, siendo apenas 19 los parlamentarios que votaron en contra. En momentos aciagos para la vida nacional se puso fin a un gobierno signado por la corrupción y la mala gestión ante los embates de la pandemia derivados de la COVID-19; que se expresaron en la muerte de decenas de miles de peruanos; ubicándose el Perú en el primer lugar a nivel global (en función de la densidad poblacional).
El Perú no debe olvidar cómo el Partido Morado se pronunció planteando la reposición de Martín Vizcarra en el cargo de presidente de la República; tampoco debemos olvidar que Mario Vargas Llosa se sumó a la iniciativa de la abogada Rosa María Palacios, planteando que ante la renuncia de Manuel Merino, el presidente del Congreso fuera elegido por la representación nacional entre uno de los 19 congresistas que no respaldaron la moción de vacancia presidencial. Contra toda norma o procedimiento constitucional, los partidos políticos que habían votado por la vacancia cedieron ante la presión mediática, consumando la elección de Francisco Sagasti. El Partido Morado, con apenas nueve congresistas, en un contexto de crisis política, tomó el poder sin marcar distancia con el nefasto gobierno de Martín Vizcarra.
En mi concepto, el gobierno de Sagasti se convirtió en la segunda fase del vizcarrismo, ocultando los graves actos de corrupción y no denunciando cómo el gobierno de Martín Vizcarra se negó a comprar «pruebas moleculares» y decidió tratar exclusivamente con el gobierno de la República Popular China, la compra de vacunas, desdeñando otras opciones disponibles en el mercado internacional. El Perú no puede olvidar que Francisco Sagasti se negó a solicitar la realización de una Auditoría Internacional por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), lo que hubiera convalidado o puesto en evidencia la comisión de irregularidades o ilícitos penales en los comicios generales del 2021.
Martín Vizcarra, sin militancia partidaria, sería acogido como candidato al Congreso por Somos Perú, siendo habilitada su candidatura de manera irregular por un Jurado Nacional de Elecciones (JNE) carente de independencia. Hoy, Martín Vizcarra pretende ser un líder político y potencial candidato presidencial, sin importarle que el Congreso lo haya inhabilitado por diez años. El Perú no puede olvidar que las investigaciones y procesos penales en curso contra Martín Vizcarra están vigentes y deben ser impulsados con celeridad. El vizcarrismo en su momento logró controlar virtualmente el Ministerio Público, el Poder Judicial, los grandes medios de comunicación, decidiendo cerrar arbitrariamente el Congreso.
En ese período crucial, la participación del Instituto de Defensa Legal (IDL) y Gustavo Gorriti fue significativa, convirtiéndose el señor Gorriti en el «censor de la vida nacional». El poder del Instituto de Defensa Legal no tenía límites, gozaban de cierta credibilidad apoyados por los grandes medios, teniendo en los fiscales Vela Barba y José Domingo Pérez, figuras que alcanzaron notoriedad nacional.
Hoy, el Perú no debe olvidar cómo estos falsos valores fueron capaces de suscribir un «acuerdo de colaboración eficaz» con la empresa Odebrecht en términos tan lesivos para el interés nacional. Hoy, es necesario que el Perú se movilice frente a la amenaza totalitaria que se cierne sobre nuestro país. La lucha por la libertad no tiene fin.
