Jaime de Althaus
Para Lampadia
En el gobierno hay un plan para acabar con SERVIR y despedir a su presidenta ejecutiva, Janeyri Boyer. ¿Por qué? Por cumplir con defender al Estado peruano de la embestida gubernamental. En el mes de julio SERVIR puso en marcha el “Operativo Idoneidad” para supervisar el cumplimiento de la Ley 31419 y sus reglamentos, ley que establece los requisitos mínimos para ocupar cargos de funcionarios (viceministros, secretarios generales, titulares de algunos organismos públicos) y de directivos en los tres niveles de gobierno.
Es decir, un operativo para retirar a todos aquellos funcionarios de esos niveles colocados por razones de cuoteo político, amistad o retribución de favores de campaña y que no reunían los requisitos de competencia para el cargo -sino, en muchos casos, para ir a la cárcel-, una ley que aprobó este congreso en febrero de este año para contener el asalto al Estado por parte de los allegados al poder no solo en el gobierno central sino también en regiones y gobiernos locales.
Para tal efecto personal de SERVIR requirió información a todos los ministerios y organismos públicos y desplazó personal a todas las regiones del país en julio y setiembre, y el resultado hasta la fecha ha sido la desvinculación de aproximadamente 220 funcionarios y directivos (entre ellos, 6 viceministros y 3 secretarios generales), de un total de 1,500 puestos revisados aproximadamente. El operativo va hasta diciembre de este año.
Por eso no es casualidad que apenas empezaron a salir los resultados de esas evaluaciones, la PCM publica una Resolución Ministerial conformado una comisión multisectorial para revisar la composición del consejo directivo de SERVIR, la elección de su titular (es decir, para ver la manera de remover a la actual presidente ejecutiva, que por ley es nombrada por cuatro años), ver si las funciones o los subsistemas de recursos humanos deben permanecer en SERVIR o ser repartidos a otros ministerios, y para presentar una propuesta de ajustes a la reforma del servicio civil.
Es decir, un acto de represalia. Se quiere descuartizar y descabezar SERVIR que, por supuesto, no forma parte de la Comisión. Ha pedido ser incluida, pero se le ha respondido que será llamada cuando se crea conveniente. En suma, un verdadero golpe mortal contra una institución clave para lograr y defender la meritocracia en el Estado peruano, castigada por desbaratar parte del abordaje al botín gubernamental organizado por la organización delictiva tan bien descrita por la Fiscal de la Nación en su denuncia constitucional.
La sociedad civil debería demandar al gobierno el cese inmediato de esa comisión desestructuradora, y más bien pedir al Congreso una reforma constitucional que le reconozca a SERVIR el estatus de Organismo Constitucionalmente Autónomo, como ocurre, por ejemplo, en Colombia.
Pasar del patrimonialismo a la meritocracia en el Estado peruano es un objetivo nacional.
Es la única manera de asegurar un Estado eficiente para brindar servicios e infraestructura que nivelen el piso para todos los peruanos y propicien la igualdad de oportunidades.
SERVIR y la Fiscalía son los bastiones que están defendiendo ese ideal. No podemos dejarlos a merced de una organización que se ha propuesto dilapidar los avances institucionales del Estado peruano para apropiarse de lo que puede. Lampadia
