Por: David Ricardo Reyes Zamora, Director periodístico
Gestión, 8 de Agosto del 2022
“La severidad de la legislación laboral ahoga más a las empresas chicas, que no pueden darse el lujo de elevar sus costos por decreto”.
La Asamblea Constituyente fue al 2021 lo que la legislación laboral es al 2022. La amenaza latente a la actividad empresarial en el Perú tuvo incluso un nombre propio: Betssy Chávez, la censurada exministra de Trabajo que la semana pasada se recicló como ministra de Cultura, dejándonos a un inexperto escudero en su antigua cartera, casi como una señal de su desprecio. Ya no tememos por un cambio del modelo económico –que se preserva, por la fuerza de la costumbre o la ineficacia de sus opositores, hoy en el Gobierno–, pero sí por el ahorcamiento de una normativa cada vez más draconiana, que nos acerca sin respiro a la estabilidad absoluta del trabajador.
Son 197 proyectos de ley relacionados con asuntos laborales los que han sido presentados por el Congreso en lo que va de este gobierno. Treinta de ellos ya son leyes, como destacó Gestión en su edición del viernes. Listos para llegar al pleno están –entre otros exabruptos– la eliminación de la tercerización laboral, el incremento de los límites de despido para los sindicalistas –que ahora requeriría de una aprobación judicial–, la incorporación del horario de refrigerio del trabajador como parte de la jornada laboral y el otorgamiento de una CTS a los trabajadores CAS. A los trabajadores –así, y a este paso– nadie los podrá tocar: ni cambiar sus condiciones de trabajo ni despedir.
No hay CEO que sueñe con botar a mansalva. Ese es el mito de una izquierda radical que ignora el funcionamiento de la empresa. No hay rentabilidad ni futuro sin un talento que lo haga posible, pero se requiere del mejor. Y aquello –tan simple– no es posible sin una selección natural y permanente, y un alineamiento de la productividad y sus costos.
La severidad de la legislación laboral ahoga más a las empresas chicas de nuestro lánguido sector formal, que no pueden darse el lujo de elevar sus costos por decreto ni de pagar montos imposibles para despedir a aquellos que ya no le aportan valor, sea por falta de capacidades o simple negligencia. Es un sinsentido –y desaliento– en un país donde solo uno de cada cuatro trabajadores es formal.
El presidente le pide confianza a los empresarios y los llama a invertir, y dice, y repite, que les da las condiciones para hacerlo. Cómo así, si no respeta mínimamente las reglas de juego. Sus ministros de Trabajo no concertan y, cada vez que pueden, intentan saltarse al Consejo Nacional de Trabajo e imponer una agenda que se resume en un incremento de la burocracia, el proteccionismo y la sanción, los costos laborales y de despido, y en un conjunto de amenazas cada vez más duras de reposición. La consecuencia será la precarización de un mercado laboral ya precario: un golpe para los decisores de negocios, sí, pero sobre todo para el desarrollo del país.
