Jaime de Althaus
Para Lampadia
En medio del páramo político en el que vivimos, ha despertado cierta esperanza la reacción que ha tenido el sector empresarial frente a la decisión del presidente Castillo de despedir al exministro Mariano Gonzales debido a la decisiones que este había tomado: retirar a algunos generales adictos al presidente y colocar a oficiales capaces y comprometidos con la búsqueda de los prófugos en puestos claves de la DIGIMIN y la DIRIN, y haber conformado con esos y otros policías de primer nivel el equipo solicitado por la fiscal Marita Barreto para apoyarla en las investigaciones relativas al entorno del poder.
Lo que hemos tenido frente a esa decisión presidencial de flagrante y desvergonzada obstrucción a la justicia y encubrimiento personal, ha sido una reacción unánime de la sociedad civil, comenzando por lo empresarios. Ha sido especialmente sugestivo el pronunciamiento de “Empresarios Unidos por el Perú”, una novísima organización sin precedentes que agrupa a todos los gremios empresariales del país, de todos los sectores y todos los tamaños. Incluye a más de 200 gremios de todo el territorio nacional. Están desde la Sociedad Nacional de Industrias, la Cámara de Comercio de Lima y Adex, hasta la CONFIEP, pasando por todas las organizaciones de transportistas y de micro y pequeños empresarios de todo el país.
Es la segunda vez que esta asociación se manifiesta de manera clara y categórica. La primera vez fue hace unos tres meses en Gamarra para rechazar el lanzamiento gubernamental de la asamblea constituyente para una nueva constitución, y para reclamar estabilidad política y económica para rescatar al Perú del estancamiento económico en medio de los mejores precios internacionales de la historia. Luego tuvo una actuación en Trujillo y poco más, y cuando creíamos que había dejado de existir, he aquí que se ha expresado de manera contundente exigiendo que, de corroborarse la obstrucción a la justicia, el presidente Castillo “debe dar un paso al costado o de lo contrario el Congreso debe asumir su responsabilidad frente a la historia y demostrar que no se encuentra coludido con las más altas esferas de este gobierno”.
De la misma manera se han pronunciado muchas instituciones vinculadas al sector privado (IPAE, Consejo Privado Anticorrupción, Empresarios por la Integridad, Capitalismo Consciente, etc.) y otras vinculadas a la sociedad civil más amplia tales como Transparencia, Proética, Integridad y diversos colectivos.
Es muy importante porque el Perú va a tener que encontrar en sus reservas civiles las fuerzas y el liderazgo necesarios para salir de la profunda crisis política, económica y existencial en la que ha caído y que no parece tener salidas. Se va a requerir una convocatoria amplia y una presión consistente para lograr que el Congreso reúna los 87 votos necesarios para la vacancia. No es posible que haya sectores “coludidos”, como dice el comunicado de todos los empresarios del Perú, con un poder claramente comprometido no solo en actos de corrupción, sino con la desintegración del aparato público y la anulación del futuro del país.
No hay expectativa alguna para el 28 de julio. El presidente Castillo no tiene opciones. No puede convocar a un Premier capaz de convocar buenos ministros, porque nadie le aceptaría. Tiene que buscarlo en los círculos internos del gobierno y practicar el juego de las sillas.
Podría lanzar alguna iniciativa radical, como una cuestión de confianza en busca de disolver el congreso, pero carece de fuerza y tampoco puede hacerlo para reformas constitucionales. Además de que sería tremendamente destructivo.
Podría aprovechar la asonada que se está preparando para el 25 y 26 en Lima para cerrar el congreso por la fuerza, pero carece del apoyo de las fuerzas armadas.
Podría plantear el adelanto de elecciones, como hizo Vizcarra para agudizar las contradicciones con el congreso de entonces, pero le dirán que mejor renuncie para abreviar el trámite, y claramente no querrá renunciar por temor a terminar con sus huesos en la cárcel.
Es decir, Castillo no tiene salida, está atrapado. Pero el problema es que el país está atrapado, porque ante una situación como esa es el Congreso quien debe actuar, pero ya sabemos que, por lo menos por el momento, no hay los votos.
Solo queda la presión y movilización de la sociedad civil, de la ciudadanía. Y para ese efecto pronunciamientos como los que hemos comentado abren una esperanza y pueden convertirse en el punto de partida. Pero se necesita darles continuidad y contenido en acciones que lleven al congreso a tomar la decisión que debe tomar. Lampadia
