Fernando Rospigliosi
CONTROVERSIAS
Para Lampadia
Según una investigación del diario El Comercio, 1,403 candidatos a gobiernos regionales y municipales tienen sentencias (627 sentencias penales, 972 sentencias civiles, 196 sentencias penales y civiles). (Ariana Lira, ECData, 7/8/22).
Otros 89 tienen investigaciones o están procesados. Un candidato del partido de César Acuña en San Martín está en prisión preventiva por tráfico de drogas.
Obviamente esto es solo una muestra. Muchos otros no han sido investigados ni procesados todavía, por la ineficacia y corrupción del sistema judicial, Y muchos más, que no han tenido aun la oportunidad de acceder a cargos públicos, no han podido cometer todavía ninguna fechoría punible. Solo están esperando su oportunidad.
Según la Contraloría el año pasado hubo un perjuicio por la corrupción en el ámbito regional y municipal por más de trece mil doscientos millones de soles (S/. 13,200 millones), con Piura y Arequipa a la cabeza. (Jorge Falen, ECData, 7/8/22). Eso sin contar, por ejemplo, las obras innecesarias realizadas tanto por la incompetencia como por la corrupción.
En suma, los gobiernos regionales y municipales son un barril sin fondo, un hueco negro donde cada año se hunden miles de millones que van a engrosar las arcas de las nuevas oligarquías regionales que, fortalecidas con ese dinero, se perpetúan indefinidamente y, peor aún, han adquirido un poder nacional que las hace prácticamente invulnerables. (Ver: Nuevas oligarquías regionales Lampadia, 16/6/22).
El citado informe de ECData muestra que los “partidos” con más sentenciados son APP, Somos Perú, Perú Libre, Podemos, Juntos por el Perú. En realidad, difícilmente se puede calificar de partidos políticos a lo que son redes u organizaciones criminales dedicadas al saqueo de los recursos públicos y a proteger negocios privados de dudosa honestidad.
Un ejemplo de cómo funciona este entramado es el que denunció Panorama el domingo 7.
Trabajadores de la congresista de APP Rosío Torres, que preside la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales, se dedican a hacer campaña para su esposo Fernando Meléndez, que postula al gobierno regional de Loreto por APP. Meléndez fue gobernador regional entre 2015 y 2018 por el Movimiento de Integración Loretana y fue denunciado en varios casos de corrupción. En 2020 fue electo congresista por APP.
Su hermano, Jorge Meléndez, fue congresista en 2016 por Peruanos Por el Cambio (PPK), ministro en el Midis con Pedro Pablo Kuczynski y luego con Martín Vizcarra. Tuvo que renunciar en octubre de 2019 cuando se difundieron audios que lo vinculaban al tráfico ilegal de madera en Loreto, ilícito negocio en el que presuntamente participaba junto con su hermano, el actual candidato.
Un resumen de algunas andanzas de esta linda familia, según Wikipedia:
“En marzo de 2017 la fiscalía intervino la sede oficial del Gobierno Regional de Loreto en Iquitos por las constantes acusaciones de varios sectores internos del gobierno regional que acusaban un acto de corrupción durante una licitación de útiles escolares para el periodo 2017-2018 en las cuales Meléndez Celis y toda su junta de regidores supuestamente habían sido coimeados por una de las empresas competidoras para que recibieran la buena pro de la licitación.
En abril de 2017 el diario nacional El Comercio mostró que Meléndez Celis era investigado por el presunto delito de lavado de activos. La fuente del diario se basaba en un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), según el informe Meléndez movilizó grandes cantidades de dinero mal habido.
A finales de octubre de 2019, se destapó que durante la gestión de Meléndez, junto a su hermano Jorge Meléndez Celis formaban parte de una red de tala ilegal de madera en la provincia de Loreto. En el momento del escándalo, su hermano ocupaba el cargo de titular de Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, del cual tuvo que renunciar por las fuertes críticas.” (9/8/22).
La congresista Rosío Torres ha sido descubierta en falta porque sus trabajadores del Congreso eran usados ilegalmente en la campaña electoral de su esposo Fernando Meléndez. ¿Cómo evitará una sanción? Negociando con otros congresistas en su misma situación. Protección mutua. Y da la casualidad que ella preside la sub comisión que tiene a su cargo las acusaciones contra Pedro Castillo y Dina Boluarte, entre otros.
Este es solo uno de los muchos ejemplos de los intrincados entramados de corrupción que se han tejido en las últimas dos décadas y que han convertido el sistema político en una democracia fallida, que no puede arreglarse en su propio marco institucional.
¿O alguien cree que el Congreso, donde dominan los mismos “partidos” que albergan esa cantidad de indeseables que postulan en las próximas elecciones corregirá esas gravísimas lacras?
Se necesitan soluciones radicales. Lampadia
