Jaime de Althaus
Para Lampadia
El caprichoso pase al retiro del comandante general de la PNP Luis Vera sin razón valedera alguna, solo para que el general chotano Segundo Mejía Montenegro pudiera seguir ascendiendo y alcanzara el puesto de Inspector General de la PNP, desde el cual poder procesar la denuncia del presidente Pedro Castillo contra el coronel Harvey Colchado, es un acto de arbitrariedad dictatorial que supera todo lo que habíamos visto antes.
Castillo está destruyendo la institucionalidad policial solo para armar una guardia pretoriana que lo defienda de las acusaciones de corrupción que pesan sobre él, su familia, sus paisanos y amigos. Esto es demasiado visible y burdo como para que el Congreso y la ciudadanía no reaccionen.
No se puede pasar al retiro a cinco comandantes generales y a cerca de diez generales, sin importar sus méritos y trayectorias, como ha precisado Rodrigo Cruz en El Comercio, solo para encumbrar a los favoritos del presidente. Es la destrucción de la meritocracia en una institución tan importante como la Policía Nacional, echando por tierra las aspiraciones de los oficiales que se esfuerzan por tener una carrera limpia en un entorno que no lo favorece.
Esta sí es una razón para que la ciudadanía se movilice. Si el presidente alcanza un control absoluto de la PNP para sus propios fines, corren peligro las libertades y derechos de los ciudadanos y la democracia misma porque puede enfilar la fuerza y la inteligencia policiales contra sus adversarios políticos, contra la prensa que lo fiscaliza y contra la fiscalía y los jueces que procesan sus casos.
Como de hecho está ocurriendo ya en el plano político. Hemos sido testigos de las invectivas del Presidente y del Premier contra la Fiscal de la Nación y contra los fiscales que investigan y descubren actos presuntamente delictivos, y de la manera como se arma un ejército de troles para disparar mentiras contra los fiscales. Aníbal Torres ha llegado al extremo difamatorio de afirmar que “el narcotráfico ha tomado a un sector de la justicia que investiga a la familia del presidente”. Está en marcha un operativo destinado a deslegitimar las investigaciones fiscales contra el presidente y su entorno, al que se han sumado abogados y ONG que en su momento impulsaron la justicia plebiscitaria contra los Humala y Keiko Fujimori.
Pero el ataque a la fiscalía rebasa el plano político porque la denuncia al jefe del equipo policial encargado de dar soporte a los fiscales es un ataque a la capacidad operativa misma de la justicia, que se complementa con el control político de la PNP para conseguir impunidad. Es perverso usar a la PNP para defender y proteger a los presuntos delincuentes de las denuncias que pesan sobre ellos. Peor aún, para disponer de un poder de intimidación contra fiscales, jueces, políticos y periodistas, contra la democracia como sistema de pesos y contrapesos.
Se está usando (y destruyendo) la Policía para el mal y se quiere desprestigiar a la justicia solo por cumplir su deber. Si esto no constituye incapacidad moral permanente, ya no imaginamos qué podría serlo. La democracia y los valores republicanos tienen que defenderse. La declaración de vacancia de la presidencia de la República no debería esperar. Lampadia
