Por Luis Carlos Rodrigo Prado
(El Comercio, 17 de Abril de 2015)
La desaceleración económica es evidente y, lamentablemente, quienes más sufren sus efectos son quienes, víctimas de manipulación y desinformación, contribuyen con sus acciones a que ello ocurra. Por un lado, pobladores de las zonas más pobres y con pocas oportunidades de desarrollo son atemorizados para llevarlos a oponerse, sin base, a inversiones que contribuirían a mejorar su situación. Por otro, muchos jóvenes que debieran estar interesados en nuevas oportunidades de capacitación, trabajo y mejores perspectivas para el futuro, no actúan en contra de esa manipulación ni exigen el respeto de la ley, para así evitar la suspensión o definitiva cancelación de esas inversiones.
Un claro ejemplo son las grandes inversiones mineras. A pesar de que el desarrollo de la humanidad ha estado siempre ligado a la extracción de minerales y al progreso en su manejo (de la edad de piedra a la de cobre, bronce o hierro y actualmente a su uso para tecnología), hay quienes absurdamente siguen planteando un mundo sin minería. Eso, sencillamente, no es posible ni deseable. Lo que el Perú necesita es más minería social y ambientalmente responsable. Tenemos muchos ejemplos de ella pero no difundimos adecuadamente sus impactos positivos: las más reputadas empresas mineras del mundo han invertido o están por invertir en nuestro país, ciñéndose a los más altos estándares laborales y socioambientales y contribuyendo significativamente al crecimiento que hemos experimentado en los últimos veinte años. Querer descarrilar esta locomotora del crecimiento y desarrollo descentralizado solo puede obedecer a intereses políticos o dogmáticos.
En efecto, en un estudio del Instituto Peruano de Economía (2012), se demuestra que concretar la inversión minera prevista en ese momento (alrededor de US$50.000 millones) habría supuesto que el PBI peruano creciera en US$44.000 millones (es decir, actualmente 25%) en muy pocos años, generando, además, 2,37 millones de nuevos puestos de trabajo (equivalentes al 75% de todos los creados en la década pasada). Hoy, parte importante de esa inversión está suspendida o a punto de ser dejada de lado con las graves consecuencias que eso traería para el país. En gran medida, ello se debe a la violencia organizada e irracional de movimientos que buscan impedir el acceso de más peruanos al desarrollo y bienestar. Esto es irracional porque, además de las cifras mencionadas, los argumentos ambientales que emplean, carecen de validez técnica. En Conga quedó demostrado por especialistas internacionales que los cuestionamientos eran falaces, pero ahora en Tía María se vuelve a atemorizar y manipular a la población con el agua de la zona, cuando la requerida para el proyecto vendría del mar sin afectar en nada la requerida para la agricultura o la población. Por el contrario, se construirá una presa para que se cuente con mayor recurso hídrico todo el año para esas necesidades, como ya ocurrió en la propia Arequipa con la presa Pillones, financiada básicamente por una empresa minera (igual que la nueva planta de tratamiento de agua para la ciudad).
La respuesta de las autoridades ha tardado, pero parece estar empezando a producirse. Es el momento de defender el modelo económico que ha sustentado el crecimiento de las últimas décadas. Así, se continuaría generando beneficios para la población, para lo cual es indispensable que todos apoyemos la justa aplicación de la ley por las autoridades y el respeto al orden público. Respaldemos las inversiones mineras que han obtenido los permisos y autorizaciones requeridos (muchas veces, más de 400), demostrando que cumplen con estándares que dan absoluta tranquilidad ambiental. Por el bien de toda la nación, estas inversiones no deben detenerse.
