Por Michel Hoffmann Ibáñez – Instituto de Cultura Política
El Instituto Nacional Penitenciario – INPE, viene buscando cumplir con sus principales objetivos, dentro de los cuales destacan la eficiente administración y operación de los establecimientos penitenciarios, así como la rehabilitación y reinserción social de los internos. No obstante, y a pesar de las reformas y avances logrados en los últimos años, diversos factores vienen dificultando esta tarea. La concesión de nuevos establecimientos penitenciarios al sector privado se presenta como una alternativa para rehabilitar y resocializar al interno así como a favorecer el restablecimiento de la seguridad ciudadana.
Por un lado hay un grave déficit de infraestructura penitenciaria que debe ser superado a la brevedad. La población penitenciaria intramuros aumento de marzo 2014 a marzo 2015 en 7% (4.736 reclusos), llegado a superar en su totalidad los 73.000 internos. Si dicho incremento fuera sostenido, habría que construir dos establecimientos penitenciarios por año, con una capacidad similar al EP de Lurigancho, para poder albergar a los nuevos internos. El nivel de sobrepoblación en las cárceles queda evidenciado al comprobar las estadísticas oficiales del INPE, donde la capacidad de albergue ofrecida por los 67 establecimientos penitenciarios a nivel nacional cubre solo a 32.250 internos. En estas condiciones, es muy complicado cumplir con las normas de orden establecidas, como se ha podido apreciar en múltiples reportajes periodísticos.
Del mismo modo, el accionar de organizaciones criminales operando dentro de los establecimientos penitenciarios y generado temor en la ciudadanía, debe ser controlado con celeridad. Esta alternativa privada, colaboraría con equipos de seguridad modernos a reducir el accionar de extorsionadores y sicarios que operan y dirigen desde los penales. Además, con instalaciones en manos del sector privado especializado, el Estado Peruano como órgano supervisor del contrato de concesión, asegura el cumplimiento de las normas y estándares acordados. Caso contrario, el consorcio ganador de la licitación, sería sancionado por incumplimiento del vínculo contractual.
Por otro lado, las condiciones de vida de los internos deben ser mejoradas sustancialmente para poder por intermedio de talleres prácticos, capacitaciones y programas de rehabilitación garantizar la resocialización de las personas. Dichos talleres aumentan la empleabilidad y productividad de los internos, facilitando su reincorporación provechosa a la sociedad y disminuyendo la tasa de reincidencia. La rehabilitación efectiva es de vital importancia debido a que la gran mayoría de los sentenciados serán puestos en libertad al cumplir su pena, siendo indispensable para la seguridad ciudadana, que salgan rehabilitados y no graduados de una universidad del delito.
Invertir en infraestructura penitenciaria, asegurar el cumplimiento del orden y las normas, brindar capacitaciones y programas de rehabilitación, le significan al Estado Peruano y a la sociedad peruana un ahorro de recursos en comparación con el gasto adicional debido a la inseguridad. No solo a nivel macro-económico la inseguridad afecta negativamente a las inversiones nacionales y extranjeras, sino también a la ciudadanía. Esta se ve aquejada, debiendo incurrir en gastos como alarmas, cerraduras especiales, enrejados, servicios de video-vigilancia, personal de seguridad, serenazgo etc. A esto se suma el invaluable costo de la pérdida de vidas humanas a causa de la crisis en seguridad ciudadana.
Finalmente el Instituto de Cultura Política, desde su posición de organización de la sociedad civil, busca apoyar a restablecer la seguridad ciudadana y contribuir con propuestas a la reforma penitenciara. Si bien esta medida pretende en un primer paso concesionar y modernizar el sistema penitenciario, es importante revertir la situación crítica en la cual se encuentra la seguridad ciudadana nacional. Para esto debe haber una reforma estructural en las diferentes instituciones públicas como en la Policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial y en el largo plazo, en el sistema educativo.
