Por: Jorge del Castillo
La Noticia, 23 de junio de 2021
La controversia electoral del Perú, que ha llevado a una polarización política sin precedentes, puede resolverse con un instrumento que nos brinde veracidad y transparencia que nos garantizaría que el próximo gobierno tenga legitimidad y confianza en su origen. Los demócratas acataremos los resultados electorales, pero para ello es indispensable descartar los indicios de alteración de los resultados hechos en forma tramposa en las mesas de votación.
Para ello, es indispensable realizar una auditoría electoral, que podría ejecutar la Organización de Estados Americanos OEA u otra entidad internacional independiente, que debería revisar los padrones, las actas, hacer pericias caligráficas, etc.
En Bolivia se hizo ese control, gracias a que las grandes movilizaciones sociales que denunciaban fraude, presionaron al gobierno boliviano hasta obligarlo a solicitar a la OEA la realización de una auditoría.
Tengamos en cuenta que las elecciones en Bolivia se hicieron el 20 de octubre de 2019, diez días después, el gobierno solicitó a la OEA su participación, iniciándose el trabajo de campo el 1 de noviembre, el cual concluyó el 9 de noviembre. El informe final se emitió el 4 de diciembre de 2019. Como vemos en un mes concluyó la investigación con los resultados que se hicieron públicos y que motivó que Evo Morales Ayma, renunciara a la presidencia de la República, al haber quedado develado el fraude.
El informe final menciona con nitidez los siguientes eventos:
Parcialización de la autoridad electoral.
Detección de irregularidades graves.
Manipulación dolosa.
Alteraciones de actas.
Falsificación de firmas de miembros de mesa.
Serie de operaciones dolosas encaminadas a alterar la voluntad popular.
Falta de resguardo de actas.
Pérdida de material sensible.
Redireccionamiento del flujo de datos a dos servidores ocultos y no controlados.
Como hemos señalado, el Presidente Sagasti es el indicado para solicitar a través de la Cancillería a la OEA la auditoría electoral, para ello la ciudadanía debe solicitar por diversos canales democráticos y pacíficos que el Ejecutivo adopte esta decisión y formalice la solicitud al secretario general, Luis Almagro, que estamos seguros procederá con la misma diligencia que tuvo en Bolivia.
Lo que está claro, sin necesidad de auditoría, es la parcialización de algunos miembros del JNE, que vienen demostrando en las audiencias públicas un comportamiento reñido con la búsqueda de la verdad; por ejemplo, negarse a acceder al padrón de votantes es una necesidad con la finalidad de bloquear el acceso a la realidad.
La ciudadanía tiene derecho a exigir que el JNE actúe como un Jurado, el art. 181° de la Constitución “aprecia los hechos con criterio de conciencia” y eso es exactamente lo que deben hacer.
(*) La empresa no se responsabiliza por los artículos firmados.
