Víctor Shiguiyama, Exjefe de la Sunat
Gestión, 3 de abril de 2019
La calidad del servicio dista de lo mínimo que esperaría un ciudadano; los choferes son agresivos, y las rutas y frecuencias son impredecibles.
El trágico saldo de 17 muertes en un bus que ni siquiera se movía, demuestra la precariedad y el riesgo de la informalidad para la vida humana. El costo de la informalidad, la ilegalidad y la debilidad institucional en la que nuestra sociedad convive, rara vez se calibra en su real dimensión, salvo penosos eventos como este trágico incendio del bus en Fiori.
En su libro “Tránsito Humano”, Jarrett Walker identifica siete expectativas claves que tiene un usuario de transporte: me lleva a donde quiero y cuando quiero, es un buen uso de mi tiempo y mi dinero, soy respetado, le tengo confianza y me brinda libertad y flexibilidad.
No hay duda alguna de que el sistema de transporte público en nuestro país está lejos de cumplir estas características. No solo es evidente en Lima, sino que también es un problema en las ciudades más grandes del Perú. Tal vez sea el reflejo de políticas públicas que no han logrado el objetivo deseado.
La infraestructura es deficiente, las empresas o los prestadores del servicio son, en gran medida, informales; los niveles de evasión tributaria son muy altos; la calidad del servicio dista de lo mínimo que esperaría un ciudadano; los choferes son agresivos; las rutas y frecuencias son impredecibles, y la espera en los paraderos es hasta peligrosa.
Estamos acostumbrados a dar respuestas reactivas a los problemas que nos agobian. El corto plazo suele dominar el escenario y, como consecuencia de ello, terminamos aplicando parches que responden a una urgencia, pero agravan la situación en el largo plazo (como ajustes del ISC por una huelga, o cierres y pronunciamientos grandilocuentes como consecuencia de las recientes muertes). Las pérdidas de vida, y la merma de horas por la ineficiencia de nuestro sistema son incalculables, y pueden esfumar la vida de una persona en un segundo, o hacerlo en partes, consumiendo hasta cuatro horas diarias a un ser humano, en viajes estresantes y agotadores cuando suben a combis o micros.
Una idea para la discusión es conectar los problemas y buscar una solución integral con los siguientes objetivos en mente: el ciudadano quiere un mejor sistema de transporte (económico, rápido, seguro y predecible), el transportista desea reducir sus costos (una reducción del ISC y peajes), el Gobierno busca un mayor nivel de formalidad y recaudación para mejorar la infraestructura.
Con la transformación digital en marcha podríamos reinventar el ecosistema para encaminarnos hacia una solución óptima. Un ciudadano podría recibir una devolución (cash-back) por los boletos pagados, siempre que lo haga por medio electrónico (ya hay varios mecanismos en acción, lo ideal sería uno integrado o que interopere); los transportistas recibirían una devolución del ISC pero no solo en base a sus compras, sino en relación a sus ventas (las facturas de combustible no siempre son bien utilizadas) y un registro de movimiento con GPS para el control de rutas y velocidad (que a su vez incrementa la seguridad de los usuarios) y el Gobierno incrementaría la recaudación (transporte es un sector con altos niveles de informalidad).
Este mecanismo, en el tiempo, debería mejorar el servicio de transporte público, encarecer el servicio no autorizado (ni usuario ni transportista recibirían el beneficio de las devoluciones si conviven en la informalidad) y, por lo tanto, reduce la presencia de piratas que ocupan las vías y reducen la velocidad promedio de traslado; al formalizar el sector, se incrementan los ingresos fiscales que pueden invertirse en mejorar la infraestructura; y al aumentar la rentabilidad de las empresas formales podrán renovar y mantener mejor sus unidades.
Si bien el cash-back, que reduce el costo de uso de transporte público al usuario, podría considerarse un subsidio (que podría financiarse del mismo ISC), debemos recordar que per se no es malo otorgar uno, siempre que el beneficio sea claro y el incentivo de recibirlo genere el cambio de comportamiento que todos esperamos. En el extremo, a mayor ISC, mayores los incentivos para emplear e impulsar el transporte público de calidad.
Una característica de una sociedad desarrollada es que la gran mayoría de ciudadanos prefiere usar el sistema público de transporte porque resulta más rápido, seguro y económico. En el Perú estamos aún muy lejos de esa característica, porque el sistema, aunque muy barato, es lento e inseguro. Es hora de cambiar comportamientos.
