Por: Gianfranco Castagnola, presidente ejecutivo de apoyo consultoría
El Comercio, 03 de agosto de 2018
El mensaje del 28 de julio representa un punto de inflexión en el gobierno del presidente Martín Vizcarra. Hasta entonces, parecía actuar como si se tratara de un régimen de transición, esperando llegar al 2021 sano y salvo, sin asumir una agenda propia ni riesgos políticos. Sintonizando con la indignación ciudadana, sin embargo, el presidente Vizcarra ha tomado el liderazgo en la lucha contra la corrupción y ha planteado una serie de propuestas para reformar nuestras instituciones políticas y judiciales. Podemos estar de acuerdo o discrepar con tales propuestas, pero no puede negarse el valor de esta iniciativa. Se trata ahora de aprovechar la oportunidad, debatir propuestas y lograr consensos.
En agosto del 2016, la Universidad del Pacífico publicaba con orgullo que cuatro de los siete profesionales elegidos como miembros del directorio del Banco Central de Reserva habían sido formados en esa casa de estudios. Un amigo cercano me hacía notar que no recordaba haber leído una celebración similar de ninguna Facultad de Derecho por la elección de sus ex alumnos como vocales de la Corte Suprema. Esta reflexión muestra el camino divergente que han seguido dos de las entidades más importantes en materia económica e institucional del país. A diferencia del sistema judicial, nuestra economía ha tenido un desempeño favorable en este siglo porque las reglas de juego y las instituciones que la gobiernan han funcionado razonablemente bien –al menos, en comparación con otros ámbitos y con otros países de la región–.
No se trata solo del BCR. El Ministerio de Economía y Finanzas, la SBS, los organismos reguladores, el Indecopi, la Sunat, en fin, todas son instituciones técnicas, conformadas por profesionales de muy buen nivel, donde los casos de corrupción son la excepción y no la regla. Cada una de ellas ha tenido una historia distinta. El BCR pronto cumplirá 100 años y, desde hace muchas décadas, sus funcionarios desarrollan una ejemplar carrera de servicio civil que empieza desde su reclutamiento en las “divisiones inferiores”. La octogenaria SBS se ha fortalecido significativamente en los últimos 25 años y es, hoy, una entidad modelo en la región. La Sunat nació hace casi 30 años, desde cero, cuando se decidió cerrar la entonces Dirección General de Contribuciones, donde campeaba la corrupción. Los organismos reguladores y el Indecopi se crearon en la década de 1990 y han ido creciendo y profesionalizándose cada vez más.
¿Qué experiencias se pueden sacar de estos casos de éxito? Todos tienen en común, en mayor o menor medida, y por supuesto que sufriendo ‘baches’ en el camino, algunos factores que parecen ser claves para la fortaleza institucional y estabilidad frente a los vaivenes políticos: autonomía técnica, capacidad para atraer talento profesional gracias a su prestigio y a su política remunerativa, algún grado de flexibilidad en materia laboral, un presupuesto razonable para sus fines y escala, y autoridades que han ejercido un liderazgo para construir de arriba hacia abajo una cultura institucional positiva.
Replicar estos factores en el sistema judicial sería mucho más complejo. En primer lugar, porque involucra varias entidades, donde el funcionamiento de una impacta en la otra: Poder Judicial, Ministerio Público, Consejo Nacional de la Magistratura, los órganos de control de cada uno de ellos, etc. En segundo lugar, porque se trata de un esfuerzo que tomará muchísimos años y requerirá persistencia y consenso político para convertir la reforma en política de Estado. Al final, se trata de personas, y una renovación como la que requiere el sistema puede tomar décadas. Finalmente, porque el mayor desafío lo constituye la autonomía de las instituciones que conforman el sistema: el espacio para reformarlo desde fuera es ciertamente limitado. El jurista Javier de Belaunde, en una excelente entrevista publicada en este Diario el lunes pasado, hizo una recopilación de todos los intentos de reforma de los últimos 30 años y sostiene que, si bien es muy difícil que el Poder Judicial se autorreforme, también es cierto que los intentos de reformarlo desde afuera han fracasado.
Es muy posible, entonces, que la ventana de oportunidad abierta por los “CNM-audios” permita avances parciales en algunos ámbitos de la administración de justicia, pero dada la conformación de todos estos poderes, difícilmente podamos presenciar una reforma integral. Habrá que examinar y debatir las propuestas presidenciales y otras que se recojan de la experiencia institucional aquí y en el extranjero. Permitirnos, incluso, pensar fuera de la caja: por ejemplo, ¿pueden crearse algunos espacios especiales, desde cero, como se hizo con la Sunat? Hay que buscar y construir intensamente consensos dentro y fuera del sistema judicial, y será imprescindible lograr y mostrar progresos, aunque sean modestos, para que el proceso gane credibilidad y así podamos sostener un esfuerzo de largo aliento.
