Por: Elena Conterno
Correo, 17 de octubre de 2020
Lamentable estar tan lejos de un Congreso que respete la Constitución, delibere con rigurosidad, desarrolle la segunda votación, escuche a los especialistas, base sus propuestas en información y evidencia, y difunda con anticipación los proyectos a discutir.
Necesario y oportuno reflexionar sobre el proceso legislativo, para lo cual hace unos días tuvimos un CADEx, cuyas principales conclusiones comparto a continuación.
En primer lugar, necesitamos retomar buenas prácticas de transparencia y deliberación, lo cual incluye pre publicar los proyectos de ley, pre dictámenes y textos sustitutorios con la anticipación suficiente, votación personal de los congresistas (y no por portavoces o representantes de bancadas), así como respetar el desarrollo de la segunda votación. Lamentablemente, hoy la exoneración de la segunda votación se ha vuelto la regla en vez de la excepción.
En segundo lugar -y relacionado con el tema anterior-, el proceso legislativo debe permitir la vigilancia de ciudadanos y medios de comunicación. Ello implica discutir y aprobar normas en horarios que faciliten seguir la discusión, dar acceso a las reuniones de comisiones y respetar los tiempos para que ciudadanos y medios puedan expresar su opinión. Los congresistas deben recordar que democracia no es elegir cada 4/5 años autoridades, sino también la forma en que estas autoridades toman decisiones en beneficio de los ciudadanos mientras ejercen el cargo que se les confió.
Finalmente, los proyectos de ley deben estar debidamente sustentados en términos técnicos, económicos y legales. Según ha revelado el periodista Miguel Hidalgo, 3 de cada 4 proyectos discutidos en el pleno del Congreso actual carecieron de estudio técnico previo en comisiones. La legislación debe basarse en evidencia, en el impacto que tendría la norma, en la experiencia de normas similares en otros países y en una real evaluación de costo-beneficio. Se requiere una oficina de Estudios Económicos independiente que valide el costo-beneficio de los proyectos que vayan al pleno. Y otra de Control Constitucional que alerte cuando los proyectos colisionan con la Constitución y tratados internacionales.
La falta de transparencia, deliberación, vigilancia y sustento del proceso legislativo del Congreso actual es un insulto a los ciudadanos peruanos. El proceso debe cambiar.
