Expreso, 25 de Mayo de 2017
La población no comprende la falta de capacidad de sus gobernantes para asumir sus responsabilidades, reconociendo sus errores, para poder superar los obstáculos en el ejercicio del poder convocando a las demás fuerzas políticas y desarrollar políticas de Estado en beneficio de todo el país, porque no se gobierna para los amigos ni en interés propio sino para toda la nación.
El proyecto del aeropuerto de Chinchero es una clara muestra del desconcierto general que afecta a los gobernantes de turno pues ahora nadie es responsable de nada porque la culpa la tendrían los otros, llámense gobierno anterior u oposición actual en el Congreso, a pesar de que al asumir el poder, este gobierno conocía las deficiencias del proyecto y del contrato respectivo, no obstante lo cual, sin un análisis integral e integrado, sin escuchar a todas las entidades públicas involucradas ni a los expertos, se precipitó en suscribir una adenda altamente cuestionable y, obviamente, cuestionada por casi todo el país.
La Contraloría, cuyo titular fue designado por el Congreso de entonces a propuesta del gobierno anterior, venía haciendo un estudio del proyecto, del contrato y de la adenda para establecer si contenían vicios administrativos, defectos de valoración económica y financiera y si se habrían cometido delitos por los funcionarios que intervinieron en todas esas etapas.
En ese escenario, el Congreso, a instancia de Acción Popular, acordó la interpelación al ministro de Transportes y Comunicaciones, porque era más que evidente que existían muchos temas por aclarar, de modo que el ministro asistió de buen talante y expuso durante muchas horas defendiendo la validez del contrato y la adenda, pero antes que el Congreso emita pronunciamiento alguno, el ministro comunicó que el proyecto Chinchero no iba más y que la adenda quedaba sin efecto, renunciando a su cargo como ministro de Transportes y Comunicaciones.
Todo apunta a que la decisión del ministro tuvo su origen en el inminente dictamen de la Contraloría, mediante el cual no solo se encontraba responsabilidad funcional sino penal en la firma del contrato y la adenda, de modo que seguir hablando del impulso de la mayoría del Congreso para afectar la gobernabilidad contando como aliado estratégico al contralor, nos parece una discusión inútil y estéril.
Las asociaciones público privadas no se improvisan y deben provenir de un ente planificador central que a base de interconsultas entre los sectores públicos pertinentes garanticen viabilidad, utilidad y razonable relación de costo beneficio.
