Jaime de Althaus, Periodista y antropologo
El Comercio, 11 de agosto de 2017
Al momento de escribir esta columna aún no se había producido la reunión del presidente Kuczynski con dirigentes del magisterio, un grave error político por donde se le mire, no solo porque empodera a las facciones más radicales y filosenderistas, sino que deja sin piso a la ministra y convierte a Palacio de Gobierno en el centro de gravedad inevitable de futuras protestas, desvalorando el papel que puedan jugar los ministerios y las autoridades subnacionales y animando a todos los movimientos a la aventura del reclamo violento con la expectativa cierta, ahora sí, de ser recibidos en Palacio.
En última instancia es el presidente atizando la protesta, casi como Mao con la revolución permanente. Lo único que habría justificado esa reunión sería haber comprometido en un acta a los maestros a apoyar con acciones verificables la inversión minera y otras a fin de financiar un aumento sostenido de los sueldos, que efectivamente son muy bajos. La ministra de Educación se comprometió anteayer con cuatro dirigencias regionales a “elaborar un estudio técnico sobre incrementos graduales de la remuneración docente para alcanzar una UIT al 2021”. Es decir, alrededor de S/4.200 para esa fecha, pero nada acerca de cómo se financiarán. En el acta debió haber un compromiso recíproco de los maestros a apoyar las inversiones para tener los recursos.
Pero es iluso pensar que las dirigencias se comprometan a eso. En el estatuto del Sutep se postula la lucha de clases. Los del Sendero-Conare son más anticapitalistas aun. Entonces acá se requiere un acuerdo político para una estrategia mayor que recupere la educación para los peruanos y el desarrollo del país.
Pues lo que estamos viendo es, de paso, una ofensiva general contra la idea misma de meritocracia en todos los sectores. Uno de los puntos del petitorio médico era “el ascenso automático en la carrera médica”, es decir, sin evaluaciones ni productividad, algo que ya habían conseguido en la reciente ley que pasa los CAS de Essalud a la 728 (para que no pueda exigírseles nada) en lugar del régimen de servicio civil. Batalla perdida.
El Sutep y el Conare piden la derogatoria de la ley de reforma magisterial, porque rechazan las evaluaciones de desempeño y el retiro de la carrera luego de tres evaluaciones desaprobadas (las dos últimas con capacitación previa). Esa ley se aprobó en el 2012 y hasta ahora no se ha realizado ninguna, debido a la resistencia del Sutep. Y ahora la ministra se ha comprometido a llevar a cabo una evaluación de desempeño “formativa y no punitiva”. En el lenguaje sutepista “no punitiva” significa anular el retiro del maestro a la tercera desaprobación. ¿La ministra ha derogado la ley? Es inconcebible.
Ante la debilidad manifiesta del gobierno, no queda sino invocar nuevamente a un acuerdo político para rescatar la educación peruana del secuestro que ha sido objeto por fuerzas profundamente negativas para el país.
