Por: Ian Vásquez, Instituto Cato
El Comercio, 24 de julio de 2018
En momentos optimistas, la disidencia cubana define al comunismo como la etapa que existe entre dos períodos de capitalismo. Es debatible si lo que vino antes de la revolución de los Castro fue capitalismo, pero el domingo la aprobación parlamentaria cubana de una Constitución nueva (a ser aprobada por referéndum) pareciera confirmar la perspicacia del refrán.
La Constitución propuesta reconoce el papel del mercado y la propiedad privada, reorganiza el Estado para dispersar poderes y elimina la referencia al comunismo como fin de la sociedad. Los titulares alrededor del mundo así también reportaron el “histórico” cambio. La oposición cubana no se encuentra muy optimista al respecto, sin embargo, y con mucha razón.
¿Por qué creer que a un régimen estalinista que ha estado en el poder durante casi seis décadas le importan las leyes supremas cuando nunca respetó ni su propia Constitución? La Constitución vigente, después de todo, promete un amplio rango de libertades como las de expresión o de asociación que la tiranía castrista viola de manera continua y sistemática.
Según el diario oficial “Granma”, la nueva Carta Magna promete establecer un “Estado socialista de derecho, democrático, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos, como república unitaria e indivisible, fundada en el trabajo, la dignidad y la ética de sus ciudadanos, que tiene como objetivos esenciales el disfrute de la libertad política, la equidad, la justicia e igualdad social, la solidaridad, el humanismo, el bienestar, y la prosperidad individual y colectiva”. La única parte que no es mentira es la de ser un Estado socialista. No mucha gente podría dejarse engañar por esta retórica.
No puede ser más que un engaño, pues la nueva Constitución reafirma “el papel rector del Partido Comunista de Cuba como fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado”. De ninguna manera se abandona el modelo. Lo que importa es la política del régimen y eso no ha cambiado. Siempre ha hecho lo menos posible en términos de reforma para poder mantener el control. Mientras que dice asegurar un papel al mercado, por ejemplo, el régimen ha restringido todavía más al ya pequeño sector privado. Recientemente, anunció más impuestos y regulaciones, la reducción de actividades en las que puede participar el sector privado y la limitación a solo un negocio por empresario.
¿Por qué tanta farsa? Porque al régimen le conviene dar la impresión al mundo de que está llevando a cabo reformas, pues alivia un poco la presión que podría recibir desde afuera; y no sería descabellado pensar que una transición desde el comunismo cubano podría ocurrir como ha ocurrido en casi todos los demás comunismos que han fracasado. Pero Cuba no es China, país que implementó reformas radicales de mercado tras la muerte de Mao.
En Cuba, Fidel Castro ha muerto, pero Raúl –líder de las Fuerzas Armadas y del Partido Comunista– es quien todavía manda, algo explícitamente reconocido por el nuevo presidente Miguel Díaz-Canel. El grupo de investigación disidente cubano Estado de Sats sostiene que los cambios políticos en realidad se están dando para consolidar la dinastía de los Castro. El hijo de Raúl, Alejandro Castro Espín, por ejemplo, está a cargo de la contrainteligencia cubana, mientras que el ex yerno maneja una enorme empresa militar.
La creación de nuevos puestos y reglas políticos como la de primer ministro son para remover redes de poder que dificultan el control de los Castro. Observa Carlos Alberto Montaner que la nueva Constitución incorpora un Consejo de Defensa Nacional, “un órgano superior del Estado que dirige al país durante las situaciones excepcionales y de desastre”. Este órgano lo maneja Castro Espín.
La reforma constitucional cubana sirve en verdad para lavarle la cara al régimen, no para cambiar su esencia.
