Por Jaime de Althaus, Periodista y antropólogo
El Comercio, 26 de enero de 2018
La resistencia de Jorge Barata –narrada por Marcelo Odebrecht (MO)– a entregar US$3 millones a Ollanta Humala es un indicativo de las dos líneas de penetración del Estado brasileño en Sur y Centro América: la económica y la política.
MO explica que la única orden directa que él dio de entrega de dinero a algún candidato fue aquella de los US$3 millones a Humala, y a pedido de Lula, del PT. Y que Barata estaba disconforme, porque si alguien se enterase, podía tener problemas con sus socios locales. Entonces MO deduce que le habría indicado a Barata que le aumentase a Keiko si tenía algún problema, pero no sabe si Barata lo hizo.
Las empresas brasileñas eran instrumentos del Estado de ese país, incluso para el control político de otros estados. El propio MO especula acerca de la posibilidad de que el pedido de Lula haya sido “por una cuestión geopolítica”, y explica que su relación con Humala no era corruptora, sino de “influencias”: “Nosotros no le pedimos nada a Humala por cuenta de ese apoyo. Humala sabía que… nosotros éramos emisarios del gobierno brasileño…, personas de confianza del gobierno brasileño. Eso en cierto modo abre las puertas y permite que tengamos más acceso a él para influenciar. Vea bien. Eso no quiere decir influenciar en un modo específicamente ilícito… [sino] para conversar de nuestros proyectos, nuestras prioridades, las prioridades de ellos…”.
Lula quería el control político ideológico de la región apoyando a candidatos afines al PT. Las empresas, por su lado, se aseguraban apoyando a todos (Barata veía más el interés directo de la empresa). Pero apoyando a todos las empresas también aseguraban, vía la influencia y la penetración económica, el objetivo geopolítico imperialista del Estado brasileño. De esto no cabe duda: las empresas brasileñas recibían la financiación concesional del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social del Brasil (BNDES) para los proyectos que ganaban en otros países pagando sobornos. Y recibían el apoyo político de su gobierno. Lula, ya ex presidente, vino como embajador de Odebrecht al Perú, y el embajador brasileño me explicó que eso no era una forma de corrupción sino, que la expansión internacional del Brasil a través de sus empresas era una política de Estado.
Lula quiso aprovechar ese objetivo geopolítico estatal a favor de su propia ideología. Y ese apetito particularista lo llevó a la perdición –y, de paso, al propio proyecto geopolítico corruptor brasileño–, porque para buscar la perpetuación del PT en el poder estableció una alianza mercantilista con las empresas constructoras y proveedoras, de modo que al mismo tiempo que estas pagaban un 3% de cada compra u obra contratada por Petrobras –presidida por Dilma Rousseff– al PT y sus aliados (el PP y el PMDB) para sus campañas electorales, las empresas obtenían contratos sobrevalorados y apoyo internacional.
Como escribimos hace un año en esta misma columna (20/1/17), el daño económico, político y moral ocasionado al Perú por esta política de Estado ha sido inconmensurable, y hasta ahora la cancillería peruana no ha exigido al Estado brasileño una reparación económica por ese daño. Tiene que hacerlo.
