Sobre las administradoras privadas de fondos de pensiones (AFP) se escribe mucho. Y es que, como resulta usual en América Latina, cualquier caso de relativo éxito despierta una tácita envidia y hasta iras santas con poses de desprecio. Resulta, por ejemplo, algo popular y hasta catalogable como una señal de progresismo izquierdistoide criticar cualquier defecto del sistema previsional privado (por ejemplo, el paralelismo o lo abultado de sus comisiones o el hecho de que quienes no aportan casi nada al sistema reciben una magra pensión). Por otro lado, señalar cuanto modela estos comportamientos la poca lucidez del esquema regulatorio vigente o siquiera recordar la confiscatoria historia previsional peruana resulta algo de lo más raro.
Nunca lo olvidemos, la izquierda latinoamericana tiene una severa dificultad para superar dos tentaciones. No pueden dejar de ser atraídos por acompañar regímenes golpistas (Velasco, por ejemplo) ni, cuando les es posible, por la confiscación de los ahorros y las propiedades de otros.
¿Pero cuál sería el pecado mayor de las AFP peruanas? ¿Acaso el éxito? Hoy las AFP administran inversiones equivalentes al 17% del PBI (US$35.000 millones redondeados), su liquidez equivale a un tercio de la del total del sistema financiero local y su rentabilidad real acumulada a diez años es casi el 8% anualizado. Algo imperdonable. Para ellos algo debe estar mal.
El que exista una regulación estatal (el límite a las inversiones en el exterior) que bloquea la plena diversificación global del riesgo de los ahorros de los trabajadores no les llama la atención. Parecen convencidos de que el nuevo sol nunca tendrá que devaluarse significativamente.
Tampoco parece quitarles el sueño que este bloqueo a la diversificación haga factible que en el futuro cercano el resurgimiento del activismo monetario (léase de maquinazos de billetes) del BCR vuelvan a licuar el valor real de los ahorros previsionales, como sucedió en los días del IPSS.
En cambio, nos hablan hoy de baja rentabilidad –a pesar de que esta es actualmente anormalmente alta bajo un horizonte a diez años–. Y, para ello, desde el actual gobierno han llegado hasta a subastar la afiliación de los nuevos incorporados al sistema, como si no fueran personas sino camadas. Una práctica inconstitucional.
Luego –también desde el gobierno– han querido entibiar la intangibilidad de los depósitos planteando el públicamente repudiado esquema de comisión mixta o comisión por saldo. Accidentada iniciativa sobre la cual aún hoy la SBS gasta recursos públicos en su pintoresca propaganda.
El último capítulo de esta historieta protagonizada por la SBS implica su preocupación por
que los recursos de las AFP no se involucren en el desarrollo de las regiones. Parecen creer que los ahorros de los trabajadores son plata fácil. No les basta que el sistema privado –por la irracionalidad de la regulación vigente– esté absorbiendo casi S/.14 mil millones en papeles de este aparato estatal no reformado. Ahora quieren que financie proyectos públicos en áreas de riesgo mayor.
No, señores. Esta plata no es de todos, no es plata fácil. Ni está para financiar al gobierno ni a las regiones. Esta plata debe asignarse con la mayor responsabilidad y diversificación. Ya vimos esta película con autoridades que se escondieron debajo del escritorio en lugar de defender el valor patrimonial de las jubilaciones.
Publicado en El Comercio, 13 de noviembre de 2013
