Expreso, 24 de febrero de 2016
El 81 % de los peruanos, según la última encuesta de Ipsos, respondió que si un partido político incumple las normas establecidas para su inscripción debe eliminarse su candidatura. Y esta encuesta es importante porque se ha señalado que si el JNE termina aplicando la ley, enviando a Julio Guzmán a su casa, estaría vulnerando el proceso porque él representa –según las encuestas- un porcentaje importante de la opción electoral.
Sin embargo, si el JNE decide, en su resolución, no tratar con igual rigor a todos los partidos políticos y hace una excepción con Todos por el Perú estará cometiendo un grave error no sólo con el proceso electoral sino con el futuro de todos los peruanos. Si la resolución salva a Guzmán merecerá el rechazo y el oprobio de 8 de cada 10 peruanos.
El criterio de darle más valor al derecho de votar que al derecho de reglamentar ese derecho a votar es, simplemente, una barbaridad. Un país manejado sobre la base de la exigencia de derechos fundamentales como participar en política pero también de derechos como a la vida, a la salud, a la educación o al libre tránsito que no regula la manera como los ciudadanos pueden ejercer estos derechos no es un Estado de derecho; es una jungla, un muladar o un espacio donde la inequidad se va a convertir en la constante.
O respetamos la ley y sentamos jurisprudencia para todos o abriremos una caja de Pandora no solo para este proceso sino para el próximo gobierno. Si se valida la candidatura de Julio Guzmán, pasando por encima de los procesos y requisitos que todos tuvieron, se le hace un daño al país.
Mañana invocando cualquier derecho “fundamental” el Estado tendrá que dejarse doblegar, concediendo lo que se le pida, precisamente en aras de ese derecho superior, y se usará el mismo argumento que ahora se expone.
Hoy es el derecho a “participar en política”, mañana será el derecho al agua, al medio ambiente, al trabajo, al libre tránsito o a lo que sea. Somos una sociedad suficientemente compleja, fracturada, desordenada y, en muchas cosas y casos, caótica, como para que además alentemos el “respeto” a derechos “superiores” que deben sobreponerse a la regulación y la estructuración de esos derechos.
Necesitamos orden y un país previsible. Es indispensable por ello una sociedad que tenga autoridades que respeten las leyes y reglamentos; porque de ese respeto emana la legitimidad de su poder y la autoridad que no debe ni puede ser discutida. Si la mayoría exige orden de los partidos políticos, ¿quién y bajo qué interés pretende desconocer esa mayoritaria voluntad popular?
