La economía norteamericana necesita invertir 1 trillón de dólares al 2020 para cerrar su brecha en infraestructura de transportes, agua, electricidad. Según reportó el secretario del Tesoro en setiembre, dos tercios de las carreteras en EE.UU. están en condición menor que buena, uno de cada nueve puentes tiene estructura deficiente y muchos puertos no tienen suficiente calado para recibir la siguiente generación de buques supertanques. Se asume que la economía norteamericana crecería solo 2% a 3% en los siguientes 5 años, por falta de inversión masiva en infraestructura.
Los chinos, por su lado, anuncian la creación del nuevo Banco Asiático para Inversión en Infraestructura (AIIB por sus siglas en inglés), con un capital inicial de 50 trillones de dólares, están dispuestos a poner la mitad del capital, e incluso elevarlo a 100 trillones en caso necesario si encuentra acogida en otros países de la región. Para complementar el esquema del AIIB, APEC está considerando lanzar un fondo mutuo con aportes de capital de sus países miembros para impulsar un nuevo modelo de asociación público privada (APP), que levantaría recursos de los grandes inversionistas institucionales para canalizarlos a proyectos de interés.
El Banco Mundial acaba de anunciar la creación de su Global Infrastructure Facility (GIF) que facilitará la estructuración de proyectos de APP complejos, con participación del sector privado y de inversionistas institucionales. Al alcanzar su pleno funcionamiento contaría con 15 trillones de dólares para financiar APP, e iniciaría pronto su fase piloto que abarcará unos tres años, financiando pequeños proyectos mientras transfiere conocimientos a países donde las APP no se conocen. Un esfuerzo tímido al lado del que anuncian los chinos con el nuevo AIIB y el fondo mutuo para desarrollar APP.
OECD ha estimado que el mundo necesita invertir 70 trillones de dólares al 2030 en infraestructura para sostener un moderado ritmo de crecimiento global y que los países ricos salgan de su estancamiento actual. McKinsey estimó que se necesitaba invertir 57 trillones para el mismo fin en el mismo periodo.
Ha quedado evidenciado que sin inversión en infraestructura a escala masiva la economía mundial no podrá salir de sus problemas y retornar a un crecimiento sostenible.
Todos recordamos al FMI por su estricta e impopular labor en los años 80 y 90 exigiendo austeridad a los países pobres para sacarlos de sus problemas estructurales con deudas públicas impagables e hiperinflación. Esto se tradujo en estrictas reglas de control del gasto público y, como suele suceder siempre, resulta más fácil controlar o eliminar el gasto de capital y el gasto en mantenimiento de obras que reducir el gasto corriente improductivo. Se establecieron también en esa época estrictas reglas contables que hasta ahora exigen contabilizar la totalidad del endeudamiento y cualquier garantía o contingencia asumida por el Estado. El FMI se concentró en vigilar la contabilización de pasivos sin interesarse por la contabilización de activos, después de todo los países estaban atravesando graves crisis fiscales.
Ironías de la vida, el FMI acaba de publicar su reporte WEO de octubre sobre perspectivas de la economía mundial, y señala que la eficacia de la imprescindible inversión en infraestructura será mayor si se hace en momentos de desaceleración, se maneja con eficiencia en proyectos económica y socialmente rentables, y –esto es impactante- se financia con deuda antes que elevando impuestos o recortando otros gastos. Añade el FMI en su reporte que invertir en infraestructura con deuda a largo plazo impacta más sobre el crecimiento del producto, mientras la relación deuda pública sobre PBI declina.
Esto se debe a que las APP en infraestructura de uso público tienen impacto directo sobre la demanda mientras se construyen, e impactos indirectos e inducidos que perduran a lo largo de la vida de la concesión, y superan largamente el monto de la inversión y sus intereses.
Para apoyar esta política de inversiones, el FMI estaría considerando afinar las reglas contables públicas, de manera que el Estado pueda registrar en el pasivo el endeudamiento o las garantías otorgadas a los proyectos de APP que autorice y en el lado del activo pueda registrar el valor de los beneficios directos, indirectos e inducidos, generados por cada proyecto.
Esa es la foto completa, y se necesita completarla pronto porque sin valorizar los efectos benéficos (que son superiores al endeudamiento), no hay forma de llevar un registro contable apropiado del esfuerzo fiscal de desarrollar infraestructura en programas de APP de 5 o de 10 años, que permitirían cerrar la brecha actual de infraestructura en el caso peruano. AFIN ha puesto a consideración del Gobierno un programa de APP 2014-2018 por cerca de 80,000 millones de dólares en proyectos descentralizados.
