Tras poco más de tres años de ser creada, la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y el Perú) empieza a perfilarse también como un bloque de países mineros. Es lógico que así sea, pues todos sus integrantes son fuente de abundantes recursos naturales y se ubican entre los primeros productores de diversos minerales a escala mundial.
Pero eso no es todo. En la actualidad, en conjunto, cuentan con más de US$221.000 millones de inversión en cartera de proyectos mineros, lo que demuestra el alto interés que han generado en inversionistas de todo el mundo, no solo por su enorme riqueza geológica, sino por la estabilidad jurídica y económica de la que hoy gozan.
Siendo lo anterior de suma importancia, no olvidemos que otro de los factores que contribuyen a generar un ambiente favorable para inversión es contar con un marco tributario equilibrado y estable.
No por nada el índice de percepción de políticas mineras del prestigiado Instituto Fraser considera que la regulación tributaria es uno de los aspectos fundamentales para medir el atractivo de diferentes países para la inversión en exploración minera. Teniendo en cuenta lo anterior, uno esperaría que este sea uno de los rubros que concentre los mayores esfuerzos para promover las inversiones en el sector.
Pero no. Ninguno de los gobiernos del bloque en los últimos años ha podido –o querido– tomar acciones en ese sentido. Por el contrario, la carga tributaria que imponen a las empresas mineras es cada vez más pesada. Es decir, siguen actuando como si los inversores mineros no tuviesen más opciones.
No es casualidad que los cuatro países hayan venido cayendo sostenidamente en los últimos años en el ránking que publica el Instituto Fraser sobre las políticas públicas para la inversión minera. Este año, Colombia se ubica en el puesto 71 (entre 112 jurisdicciones estudiadas), por debajo del Perú, que ocupa el puesto 56, México el 48 y Chile el 30. Pero para contextualizar este retroceso debe considerarse que desde la encuesta del 2009, Colombia y Chile perdieron 23 posiciones, México 20 y Perú 17. Esto significa que estamos peor si nos comparamos con el resto del mundo.
Este resultado pone en evidencia el creciente deterioro del atractivo de la región y que sus políticas mineras han pasado a ser uno de los principales disuasivos para la inversión en el sector. Si no se logra revertir esa tendencia, existe el riesgo de que sigan perdiendo competitividad. A fin de cuentas, el capital siempre busca los mejores lugares donde asentarse.
En el caso del Perú, se percibe voluntad de hacer mejor las cosas, pero no es suficiente. Ninguno de los paquetes reactivadores lanzados por el Gobierno ha tenido el impacto necesario como para marcar la diferencia. La reciente reestructuración del Impuesto a la Renta, en el fondo, no sirve de mucho, pues se baja la carga para las empresas pero se sube para los dividendos, con lo que la tasa efectiva de 33% permanece casi inalterable. Eso sin contar los gravámenes mineros.
Todo indica que nuestras autoridades aún no han internalizado que competimos directamente por las mismas inversiones con otros países que también cuentan con yacimientos y que, crecientemente, resultan bastante más favorables para el inversor minero. Para alcanzar nuestro potencial, hacen falta más que buenas intenciones. La tarea exige acciones concretas orientadas a mejorar el perfil del Perú para atraer más capitales de largo plazo, teniendo en cuenta que son estos los que fomentan el crecimiento económico.
