Hugo Perea, Economista jefe para Perú de BBVA Research
El Comercio, 09 de agosto de 2016
Las políticas económicas son las estrategias y acciones que implementan los gobiernos para inducir un resultado sobre la economía. Para que estas políticas operen adecuadamente deben establecer objetivos claros, y definir los instrumentos y variables bajo el control de las autoridades que se usarán para alcanzar las metas. También, es importante que cuenten con aceptación social, por lo que se deben establecer responsabilidades, así como mecanismos de rendición de cuentas y comunicación sobre los beneficios y costos de las medidas implementadas.
Una de las limitaciones que enfrenta el diseño de las políticas económicas es la incertidumbre o el conocimiento imperfecto que tienen las autoridades sobre la estructura de la economía. Esta restricción implica que las autoridades deben ser cautelosas frente a las decisiones que toman para minimizar los impactos de errores que pueden ser muy costosos.
La propuesta del nuevo gobierno de reducir la informalidad proporciona un ejemplo de las dificultades que se enfrenta al hacer política económica en un entorno de incertidumbre. Por un lado, el objetivo está claramente definido e incluso se ha anunciado una meta cuantitativa para el empleo formal.
Pero, de otro, hay menos acuerdo en el “cómo”. Las autoridades han adelantado que, al menos, usarán tres instrumentos para formalizar la economía: acceso más barato al crédito formal para las pequeñas empresas, un tratamiento tributario especial para la pequeña y mediana empresa que se formalice y el recorte el Impuesto General a las Ventas (IGV).
La reducción del IGV es la propuesta que ha generado un mayor debate, debido a que no queda claro cómo ayudará a la formalización de la economía. ¿Por qué una empresa o un trabajador informal decidirán formalizarse si se reduce el IGV en un punto? ¿Cuál es el incentivo que los motivaría?
Más importante aún, el recorte del IGV acarrea un riesgo significativo: podría debilitar aun más las finanzas públicas, las que se han deteriorado en los tres últimos años por la caída de la recaudación (pero también por el aumento del gasto público). Cabe recordar que el déficit fiscal se ubica actualmente por encima del 3,0% del PBI, un nivel relativamente elevado que no veíamos desde inicios de la década pasada. Hacia adelante, de acuerdo con nuestras estimaciones que asumen que el gasto público (como porcentaje del PBI) se mantendrá constante y que no se recorta el IGV, el ratio de la deuda pública se ubicará por encima de 29% hacia el 2020 (actualmente está en 23% del PBI). Si bien este ratio seguirá siendo uno de los más bajos con respecto a otras economías emergentes, preocupa su tendencia creciente que sugiere que es necesario ir más despacio con políticas expansivas por el lado fiscal.
Por lo tanto, resulta positivo que el gobierno haya aclarado que, luego de una reducción inicial, recortes adicionales en el IGV estarán condicionados a mejoras en la recaudación. La cautela es una virtud de las buenas políticas económicas.
Lampadia
