En el tema de la formalización de la minería el Estado parece no haberse percatado que enfrenta un problema social de dimensiones.
En el tema de la formalización de la minería el Estado parece no haberse percatado que enfrenta un problema social de dimensiones colosales. No se explica de otra manera cómo el gobierno pretende “erradicar” con métodos tan burdos la minería informal que ocupa a más de 300 mil mineros artesanales.
Veamos el problema que el Estado quiere resolver:
Hay dos tipos totalmente distintos de informales y/o ilegales. Están primero, unos 90 mil que se dedican a la minería aluvial en zonas de selva, asentados principalmente en los departamentos de Madre de Dios, Puno y Cusco. La gran mayoría de ellos tiene concesiones otorgadas por el Estado. Ocasionan un daño ambiental enorme: deforestan y utilizan grandes cantidades de mercurio que terminan venteados en el ambiente, ya que no se utilizan en un circuito cerrado.
Segundo, existen unos 250 mil mineros artesanales filonianos o de socavón que explotan pequeñas vetas en operaciones minúsculas, rara vez de interés para una empresa mediana o grande. Se encuentran en todo el territorio de sierra y costa. Su producción individual es sumamente chica; se trata de material escogido a mano que luego venden a plantas formales o informales. En muchos casos procesan directamente con mercurio, cianuro o ambos, ya que con mercurio se logra extraer sólo una parte del mineral. El daño ambiental ocasionado por aquellos que llevan su producción a plantas es insignificante en la medida que el mineral se extrae de socavones cuyas bocas se encuentran mayormente en zonas desérticas. Las plantas informales sin embargo carecen de control ambiental.
El Perú es y ha sido históricamente un país minero. Erradicar esa actividad sería una decisión torpe además de socialmente injusta y excluyente, frente a compatriotas que se procuran un medio de subsistencia para ellos y sus familias. De otro lado el cuidado del medio ambiente es una tarea fundamental del Estado.
La solución de este delicado problema requiere de un plan integral y realista. A mi juicio los elementos básicos de este plan deben ser:
1. Simplificar drásticamente las reglas de formalización para los artesanales de minería filoniana que operan en zonas desérticas. Se equivoca el Estado si cree que algún artesanal va a formalizarse solicitándoles: Declaración de Impacto Ambiental (estudio de unas 600 páginas), Certificado de Operación Minera (contratos, planos con coordenadas U.T.M firmados por ingenieros de minas o geólogos colegiados), Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos, Aprobaciones de Inicio de Operaciones, y Autorización Global para el uso de Explosivos. Es decir un año de trámites y gastos de 100 mil soles. No sorprende entonces que sólo existan 4 operaciones artesanales de socavón formales.
2. Prohibir el uso de mercurio y cianuro fuera de plantas formales.
3. Promover la construcción de plantas de procesamiento ambientalmente apropiadas (si es necesario con participación estatal), y formalizar las existentes, y ahí ejercer el grueso de los controles.
Miles de trabajadores tendrán así la posibilidad de ganarse la vida honestamente y el Estado habrá cesado de implantar en ellos un profundo sentimiento antisistema.
Publicado en Perú 21, 30 de marzo de 2014.
