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Roberto Abusada

Fobias saludables

Por: Roberto Abusada

Lima-Perú, 26/06/2018 a las 10:06am. Por Roberto Abusada

Por: Roberto Abusada, presidente del Instituto Peruano de Economía (IPE)
El Comercio, 26 de junio de 2018
 
La hiperinflación que sufrió el Perú a fines de la década de 1980 ha dejado una huella indeleble en la mente de todos los peruanos que la vivieron. Tal y como ocurrió en Alemania después de la feroz inflación de los años 20, en el Perú hemos adquirido una fobia persistente a la inflación. La corrupción y la inseguridad ciudadana podrán ser hoy nuestras principales preocupaciones, pero no cabe duda de que la intolerancia ante una subida persistente de precios es ya parte del ADN ciudadano. Miremos si no lo sucedido durante el segundo gobierno del presidente Alan García. Habían transcurrido 18 años desde que se registró el récord inflacionario anual de más de 7.600% en 1990. Pero bastó que la inflación trepara del 1,14% en el 2006 al 6,7% en el 2008 para que la popularidad presidencial se desplomara al 15% en Lima, y a menos del 11% en el interior del país.
 
Otra preocupación que agobiaba a los peruanos hacia fines de los 80 era la falta de divisas. La escasez de dólares era aguda, a tal punto que el gobierno recurrió al control de cambios, el racionamiento de dólares, el establecimiento de cambios múltiples y hasta al trueque de mercancías. En el Banco Central las reservas de dólares eran inexistentes.
 
Tanto la inflación como la falta de divisas han dejado de ser parte de la preocupación ciudadana. Pero ahora un indicador de la fortaleza macroeconómica del Perú empieza a flaquear, y de pronto es tema de discusión (y preocupación): el déficit fiscal. ¿Qué ha sucedido para que un país que ha podido mostrar sus cuentas literalmente equilibradas desde que se inició este siglo hasta el 2014 tenga hoy que angustiarse por no poder cubrir sus gastos con sus ingresos? ¿Por qué los crecientes déficits representan hoy una amenaza? ¿Acaso el subconsciente colectivo relaciona el déficit con males mayores como la inflación, la escasez de divisas, la falta de empleo, los intereses altos y un crecimiento bajo?
 
Financiar el déficit con deuda no representa en la actualidad problema alguno. A diferencia de lo que sucedía en la última parte del siglo pasado, el Perú no necesita imprimir billetes para enjugar su falta de dinero. El país tiene un acceso privilegiado a los mercados de capital domésticos e internacionales. Se puede endeudar con facilidad a tasas de interés comparativamente bajas porque la deuda de la nación no es alta. El problema radica en que, desde fines del 2013, la deuda no cesa de aumentar, y los ahorros que el tesoro mantenía guardados producto de las épocas de vacas gordas han estado disminuyendo a tal punto que la deuda neta peruana se ha incrementado en unos US$24 mil millones. Peor aun, se espera que los déficits fiscales se mantengan altos los próximos cuatro años, con lo que probablemente los costos para endeudarse se incrementarán.
 
Si bien el déficit fiscal programado para este año equivale al 3,5% del PBI (personalmente creo que será inferior, probablemente de 2,9%), se trata de cuatro años consecutivos de déficits, y se calcula que para llegar al déficit objetivo del 1% pasarán otros cuatro años. Esto elevará el nivel de la deuda, lo que presionará al alza las tasas de interés que pagarán el Estado, las empresas y las personas. Estamos, por lo tanto, en inminente peligro de añadir un lastre adicional a nuestro crecimiento.
 
El superintendente de la Sunat ha declarado con razón su pesimismo para aumentar la presión tributaria con el sistema y administración de impuestos actuales. De otro lado están las necesidades de tener un Estado para atender problemas urgentes de toda índole, además de confrontar las presiones de una burocracia que ha crecido de manera descontrolada y que ha causado un aumento descomunal de los gastos corrientes del Gobierno.
 
Las soluciones a este problema no son fáciles, pero es imprescindible empezar a atacar el problema en tres frentes. Primero, enfrentar seriamente la informalidad laboral. Segundo, hacer participar a la población en la tarea de la fiscalización tributaria; en este sentido, la propuesta de rebajar el umbral para el pago de impuestos, permitiendo a la vez que una amplia categoría de gastos se pueda deducir de impuestos, es correcta. ¡Imaginemos a más de un millón de personas pidiendo facturas y boletas! Finalmente, tenemos que conseguir que el inmenso potencial de recaudación (y crecimiento) que pueden proveer los proyectos mineros paralizados y otros por desarrollar se convierta en una exigencia ciudadana al Gobierno. Quizá la comprensión de este último hecho por parte de la población haga que esta desarrolle una saludable fobia a las insensatas fuerzas antimineras.
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