En el Perú acceden a las posiciones de gobierno central, el parlamento y las regiones, fundamentalmente, individuos, pero no los miembros o representantes de partidos políticos o de líneas de pensamiento y esquemas programáticos que, lamentablemente, no existen.
En la mayoría de países democráticos quienes llegan a las posiciones de poder son parte de colectivos políticos representados por los candidatos o líderes, que se van turnando en el tiempo para ejercer las posiciones de gobierno, en función de las visiones y programas de los respectivos partidos políticos que los auspician. Estos países tienen organizaciones políticas con trayectoria y proyección, ya sea en el gobierno o en la oposición, que actúan en función de una escuela de pensamiento que se expresa en sus conductas más allá de los procesos electorales.
Este proceso de la política expresada a través de partidos con compromisos de largo plazo, muchas veces a través del bipartidismo, conlleva grandes beneficios para sus sociedades, ofertas políticas con expedientes de acción conocidos, con esquemas de gobierno predecibles dentro de rangos razonables, y ejercicios del poder en todos los estamentos del gobierno. Todo esto forma parte del desarrollo de los programas partidarios, que no se inician y terminan con cada período de gobierno, pues, una y otra vez, los representantes de los partidos se irán sucediendo en las posiciones de gobierno y de la oposición.
Lamentablemente, nuestra realidad está muy lejos de este proceso. No tenemos partidos políticos y, cuando los hemos tenido, han sido, frecuentemente, agrupaciones caudillistas que más que representar una escuela de pensamiento, se expresan como la adhesión a líderes carismáticos u oportunistas.
¿Cuál es el comportamiento de alguien que, de pronto, accede a posiciones de gobierno sin representar un compromiso partidario orientado al desarrollo de políticas y programas de largo plazo, tal como sucede en el Perú? Pues, improvisar equipos de gobierno, armar un conjunto de ideas y planteamientos y acciones de gobierno que puedan generar resultados y réditos políticos durante los respectivos períodos de sus mandatos.
Estos administradores del bien público elegidos, ya sea para el gobierno central, el Congreso, o las regiones, detentan, de pronto, la “propiedad” de puestos de comando a los que tienen que sacar el jugo en el cortísimo plazo, ya sea buscando el aplauso popular, acicate de un populismo desbocado que hemos sufrido una y otra vez, o promoviendo beneficios personales para sí mismos o para los amigotes de turno, cuando no se las ingenian para permanecer en el poder más allá de los plazos constitucionales.
Esta situación se configura como una trampa que nos condena a una política orientada al corto plazo, con altísimos grados de incertidumbre sobre el devenir de la acción de los gobiernos, y al borrón y cuenta nueva que impide el desarrollo de políticas de Estado.
No podemos permitir la continuación de esta tragedia que nos condena, por lo menos, a la mediocridad. Debemos promover un gran debate nacional sobre cómo superar esta trampa. L
