Jaime de Althaus, Periodista y antropólogo
El Comercio, 3 de octubre de 2017
Siempre he tenido la impresión de que Walter Albán, director ejecutivo de Proética, es un hombre inteligente y justo. Debo suponer entonces que no conoce bien o no ha leído todo lo actuado en relación al auto del Tribunal Constitucional que de manera completamente contraria a la ética y eventualmente punible según el Código Penal, le cambia el sentido al voto del ex magistrado Vergara Gotelli, que ya no se puede defender, para restarle un voto y con ello anular un hábeas corpus que se dio en el sentido de no abrir proceso por lesa humanidad en el Caso El Frontón.
Albán, en una entrevista en “La República”, no entra en el fondo del asunto, pero indirectamente avala la posición de los cuatro magistrados que incurrieron en un acto inaceptable en el más alto tribunal del país. Si magistrados constitucionales son capaces de despojar del sentido del voto a un magistrado anterior para anular un hábeas corpus violentando incluso la cosa juzgada, es que la descomposición institucional ha llegado al más alto nivel poniendo en peligro al sistema mismo.
Por eso, para que no haya impunidad y erradicar de cuajo esa clase de engendros, es indispensable, a mi juicio, que el Congreso procese la acusación constitucional que se ha presentado contra los cuatro magistrados responsables. Acusación que precisamente no ha prosperado hasta ahora debido al chantaje moral que se ejerce contra la mayoría parlamentaria, al argumentar, como lo hace Albán, que los fujimoristas no pueden repetir “lo que pasó cuando fueron separados tres magistrados del Tribunal Constitucional, que fue un escándalo internacional… Repetir eso le haría daño al país y más bien necesitamos fortalecer nuestras instituciones”.
Argumento que contiene una gruesa falacia: pretender que los dos casos son similares, cuando son exactamente contrarios. La destitución de tres magistrados del TC en 1997 fue una decisión arbitraria de un Congreso que estaba embarcado en el proyecto autoritario de procurar la re-reelección de Fujimori. En esta ocasión, la arbitrariedad –mayúscula– ha sido cometida por cuatro magistrados del TC. Precisamente porque necesitamos “fortalecer nuestras instituciones”, no podemos dejar que esto prospere. La culpa política de haber actuado de manera impropia en el pasado no puede inhibir al Congreso actual de hacer lo que tiene que hacer.
Porque entonces nuestra democracia queda atada de manos. Si la mayoría parlamentaria no quiere aprobar ninguna reforma importante y tampoco puede actuar como debe actuar para no arriesgar en lo más mínimo un esperado triunfo en el 2021, estamos en un callejón sin salida. Peor aun, si ni siquiera se ven las reformas políticas que prevengan que en el futuro se produzca un ‘impasse’ político como el que tiene paralizado al país.
Lo que aquí se requiere, de parte de Walter Albán y del Congreso, es un acto de profunda honestidad intelectual: examinar a conciencia la actuación de estos magistrados, y pronunciarse con la verdad.
