Por: Fundación Konrad Adenauer Stiftung
Gestión, 5 de Enero del 2023
“A aquellos que incurren en actividades ilegales les interesa que la situación esté descontrolada, sobre todo los grandes rubros como el narcotráfico o minería ilegal»
Mayor parte del “dinero negro” es generado por la minería ilegal, trata de personas y tráfico ilícito de drogas. Expertos señalan que actividades ilegales se despliegan en algunas de las zonas que hoy son focos de la convulsión social.
La economía ilegal en el Perú involucra cifras considerables.
Según el libro “Las economías criminales y su impacto en el Perú”, publicado en diciembre del 2022 y elaborado por Capital Humano y Social en cooperación con Fundación Konrad Adenauer Stiftung (KAS), las economías ilegales mueven al menos US$ 6,657 millones al año en el país.
La mayor parte es generada por la minería ilegal de oro (US$ 1,777 millones), trata de personas (US$ 1,300 millones) y el tráfico ilícito de drogas (US$ 1,134 millones).
Dentro de la medición están también contempladas la tala ilegal (US$ 880 millones), extorsión (US$ 530 millones), pesca ilegal (US$ 300 millones), contrabando (US$ 234 millones), piratería de software (US$ 209 millones) y tráfico de terrenos (US$ 143 millones).
Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas, indicó que la actividad económica ilegal es cada vez más relevante en el Perú, en donde resalta la minería ilegal, no solo por el impacto monetario, sino también, ambiental y en seguridad.
Señaló a Madre de Dios como foco de estas operaciones de extracción, principalmente de oro; y Chala (Arequipa), como uno de los centros donde se comercializa el mineral.
Estas últimas zonas son focos de la convulsión social actual en el país, enfatizó castilla.
“No es fácil de cuantificar. La minería ilegal, en particular de oro, que es más fácil de encontrar, es la actividad más fuerte, e incluso se equipara con la minería legal de ese metal. Entre US$ 8,000 millones y US$ 10,000 millones corresponden a las exportaciones de oro, y, por la falta de fiscalización y descontrol, un monto similar debe ser la ilegal”, expresó.
Relación con convulsión
Actividades ilegales, como la vinculada a minería, tienen relación directa con la convulsión social, pues encuentran en esta una fuente de financiamiento, consideró.
Ello, según su análisis, podría estar relacionado con los ataques directos en contra de oficinas de la Fiscalía, en algunas zonas donde se concentraron las protestas violentas.
“Hay información de inteligencia que indica que mucha de la minería ilegal ha estado financiando las protestas en el país, y un punto de mucha violencia ha sido Chala, que está vinculada a esta actividad. Hay un claro afán de desestabilizar el país y obstruir el funcionamiento de la justicia, lo que se relaciona con que se vulnere, por ejemplo, a la Fiscalía. Esta figura podría repetirse en las protestas de este mes”, advirtió.
El excontralor Fuad Khoury coincidió en ello y señaló los incentivos detrás de esa figura.
“A aquellos que incurren en actividades ilegales les interesa que la situación esté descontrolada, sobre todo los grandes rubros como el narcotráfico o minería ilegal. Hay un interés de que se distraigan las autoridades en otros temas. Esto se mezcla con aquel financiamiento para esparcir ideología “, dijo.
El exministro de Economía y Finanzas indicó que, bajo la administración de Pedro Castillo, el despliegue de las actividades económicas ilegales se dio con mayor facilidad.
“Desde los transportistas informales hasta minería ilegal uno ve una proliferación de estas actividades. La falta de control y azuzar a las turbas, pasa por la administración anterior. Con Castillo afuera, se genera convulsión social, quizá en parte por el temor de que estas actividades pierdan fuerza”, opinó.
Contrabando
Fernando Gonzáles, economista del IPE, señaló que, con base en cifras de Sunat, el contrabando implicó un movimiento económico de US$ 596 millones en el 2021, cifra que podría ser conservadora.
Las fronteras son propensas a desarrollar estas actividades, como Puno, Tacna, Tumbes y Piura, así como Callao, debido a la actividad comercial en ese puerto, dijo.
“Las empresas ilegales desplazan a las legales reduciendo incentivos a que se operen en ciertos rubros. La cifra (de la economía ilegal) podría haber aumentado si se toma en cuenta el ritmo de crecimiento de la economía (legal)”, refirió.
En cuanto a corrupción, Khoury indicó que, con base en datos de la Contraloría General de República, el perjuicio vinculado a corrupción es de S/ 24,000 millones por año, aunque no es un cálculo definitivo.
“Los cálculos que se hacen arrojan cifras altas, como las de la Contraloria. Está a todo nivel de gobierno, pero los volúmenes mayores están en el Ejecutivo, donde destacan ministerios como Transportes, Vivienda, Educación y Salud”, aseveró.
