Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 24 de febrero de 2017
Para Lampadia
Reitero lo dicho. En la presente gestión del Gobierno Regional, sólo serán destituidos o sancionados los servidores que cometan faltas graves. Es decir, aquellos funcionarios probadamente corruptos, o que no cumplan con los objetivos y metas de la institución, o aquellos malos servidores que maltraten a la ciudadanía.
Además, tal como me comprometí cuando asumí el cargo en enero del 2015, en el Gobierno Regional no hay, ni habrá cabida al “clientelismo político”. Es decir, no hacemos caso a ninguna persona – ya sea Congresista de la República, Consejero Regional, u otra, cualquiera sea su cargo – que pretenda favorecer indebidamente a algún familiar o allegado con algún trabajo, obra o adquisición de cualquier bien o servicio, sin el correspondiente concurso de méritos. O – lo que es lo mismo – que pretenda la destitución de cualquier funcionario – simplemente – porque no sea de su agrado.
En lo que a malos funcionarios o trabajadores se refiere, me estoy refiriendo a un universo muy acotado que – lamentablemente – está enquistado en la organización regional; tal como sucede en la mayoría de instituciones públicas de nuestro país. No obstante, llama la atención que en los últimos 10 años o más, no haya habido ninguna destitución de ningún servidor del Gobierno Regional por ninguna falta grave. ¡Como si no hubiera habido ninguna corruptela, incapacidad o maltrato a la ciudadanía! Eso no se lo cree ni Santa Inocencia.
Pues bien, es tiempo de acabar con tamaña impunidad. La legislación laboral peruana es muy clara – y justa – en materia de sanciones a los servidores que cometen faltas en el trabajo. En efecto – de acuerdo a ley – son faltas graves (1) el incumplimiento de las obligaciones de trabajo, (2) la apropiación indebida de bienes y servicios del Gobierno Regional, (3) la sustracción o utilización no autorizada de documentos de la institución, (4) la concurrencia al trabajo en estado de embriaguez, (5) los actos de violencia, injuria y faltamiento de palabra en agravio de otros funcionarios de la institución, (6) el daño intencional de los bienes del Gobierno Regional, (7) el abandono de trabajo y / o impuntualidad reiterada; entre otras.
Para que se entienda mejor; quien – a sabiendas – rinda cuentas con vales o facturas falsas; quien falsifique un certificado médico para sustentar un permiso para no asistir al trabajo; quien marque una tarjeta de asistencia y abandone subrepticiamente su centro de labor; quien agreda o injurie a un compañero de trabajo; etc. comete una falta grave. Por lo tanto, de ser detectado – tal como ha ocurrido ocasionalmente durante la presente gestión – dicho servidor será sancionado como corresponda.
En ese sentido, en atención a las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo – y por respeto a la población iqueña, a quien nos debemos por entero – todas nuestras gerencias y direcciones regionales están siendo muy rigurosas en el cumplimiento de las leyes y reglamentos en materia laboral.
¿Qué esperamos de esta política laboral? Disciplina. ¿Y qué viene detrás de la disciplina en el trabajo? Mejores servicios a la ciudadanía. ¡Ese es el punto! Aunque los funcionarios sancionados pongan el grito en el cielo, y jamás reconozcan sus faltas graves, vamos a imponer – en buena lid – la disciplina laboral en el Gobierno Regional.
¿Porqué? Porque gracias a la disciplina laboral – poco a poco – estamos mejorando la calidad de nuestros servicios a la ciudadanía. Efectivamente, preguntados por la cordialidad, celeridad y honestidad con que fueron atendidos los ciudadanos que recurrieron al Gobierno Regional el mes pasado; 70 % respondieron bueno y 27 % excelente. ¡Eso es progreso!
¿Qué nos preocupa? La atención en nuestros hospitales y en el Programa Regional de Titulación de Tierras (PRETT). Ahí tenemos que mejorar la atención a nuestros usuarios. Pero lo vamos a lograr… con el aporte generoso y sacrificado de los trabajadores del Gobierno Regional ¡lo vamos a lograr!
