Una de las más implacables disquisiciones de subdesarrollo es atribuida al difunto escritor mexicano Octavio Paz. Según esta, el subdesarrollo implica el incumplimiento de la ley. Para quienes, de cuando en cuando, nos preguntamos por qué razones nuestros estándares promedio de vida están tan -pero tan- lejos de los de un norteamericano, un alemán o un canadiense, esta enunciación presenta particular utilidad. ¿Pero qué tiene la legislación peruana que nos subdesarrolla?
La legislación peruana (y sus incontables leyes, decretos, resoluciones, circulares y normas de todo cuño y ámbito) tiene mucho de incumplible. No es solo que abunden normas absurdas, inaplicables, redundantes, superpuestas o contradictorias. Es simple y llanamente que… abundan. Y que abundan más allá de toda proporción razonable. Si usted se pegase el trabajo de revisar las cifras de producción legislativa publicadas mensualmente desde enero del 2010 por el Ministerio de Justicia, encontrará que el ritmo de inyección de nuevas reglas, derogaciones y modificaciones a algunas de las existentes es simplemente febril.
Solo a lo largo del 2013, el Poder Ejecutivo –el encargado de facto de legislar en la mayoría de los casos, en una inelegante contraposición con lo que señala la Constitución– nos inundó con 22.132 disposiciones nuevas. Los congresistas, por su lado, se dieron un descanso en medio de su vorágine de escandaletes y acusaciones mutuas para inundarnos con 368 nuevas piezas legales. Pero esto para nada fue todo. Los llamados organismos constitucionalmente autónomos, los órganos administradores de justicia, así como los gobiernos locales y regionales se lucieron suministrando 7.702 nuevos instrumentos legales adicionales. Solamente el año pasado. En buen español, inyectaron –para deleite abogadil y desgracia del resto– 38.845 nuevas piezas legales.
Para graficar las cosas basta con reconocer que en el último quinquenio (entre enero del 2010 y febrero de este año) la burocracia peruana añadió –netas de derogaciones– 136.840 nuevas piezas. Instrumentos a agregar sobre los ya existentes y también vigentes, y también superpuestos y contradictorios desde hace muchos años. Aunque compararnos con otras naciones en subdesarrollo da pie para sostener que esto sería normal, lo cierto es que demasiadas leyes pueden implicar muy poca ley, en los hechos.
Y es que esta avalancha ininterrumpida de cambios de reglas hace que muchas leyes y normas sean incumplidas. Tanto por desconocimiento o por la arbitrariedad del iluminado de turno que cree que tiene el derecho de explotar la discrecionalidad de las leyes peruanas, así como la propia para aplicar la ley que le dé la gana. Para aclarar esto basta con recordar los pináculos de buen juicio legal ofertados por ministros, congresistas y magistrados en los últimos tiempos. Estimado lector, la diferencia entre el crecimiento a ritmo alto (mantenido por décadas) y el desarrollo no existe.
Cuando una nación presenta un entorno legal inteligente y transparente –que no traba el desarrollo de mercados competitivos, el cumplimiento de contratos, la apertura al comercio e inversiones y mantiene un régimen monetario que no roba con inflación– no deja de crecer. Y si este marco se mantiene predecible por décadas, se desarrolla.
Un entorno legal como el actual no solo nos confunde, nos traba. ¿O por qué cree usted que la economía peruana hoy se está enfriando? Los precios externos no han caído tanto. Hoy nos gobierna una administración de alma socialista y discurso confuso, repleta de ese viejo oxímoron (tecnócratas de izquierda), y lo está parando todo… con mucho mayores presupuestos para acometer y demasiadas leyes.
