Días atrás, como ha contado en su columna, Enrique Pasquel que entrevistó en Rumbo Económico (Canal N) a Alejandra Alayza, coordinadora de políticas y campañas de la ONG ambientalista Oxfam (ver en Lampadia: Oxfam y el “paquetazo ambiental”). Dicha organización está liderando la oposición contra las modificaciones de regulaciones ambientales que promulgó recientemente el Gobierno para promover la inversión.
Pasquel señala: “Cuando le pregunté sobre las normas concretas, sin embargo, descubrí algo sorprendente: no conocía el contenido de la ley a la que se opone. Justificó su desconocimiento en que no era una experta en el asunto –cosa que la habría excusado de intervenir en el tema, mas no de intervenir sin conocimiento de causa–. Es preocupante que quienes lideran una organización que actúa con tanta indignación y activismo no se tomen la molestia de informarse con detalle sobre aquello que [supuestamente] los indigna. Parece que no tienen reparo en socavar sin fundamento una reforma que podría hacerle bien a los peruanos”.
Es inaceptableque el representante de una organización internacional lidere una campaña de oposición a la legislación de un Gobierno democrático sin conocer las normas a las que se opone. Alejandra Alayza y Oxfam carecen de toda autoridad moral para seguir interviniendo en asuntos de los peruanos.
Antes incluso que se aprueben estas Leyes, Oxfam y otras instituciones ambientalistas hicieron circular una carta, supuestamente firmada por 107 organizaciones ambientalistas dirigida al Presidente Ollanta Humala. La misiva solicitó que no se promulgara este paquete legislativo, porque supuestamente “dichas medidas constituyen un grave retroceso para el Perú en el campo ambiental, e instamos al Gobierno Peruano a reconsiderar y retirar esta iniciativa. (…) esta propuesta constituye una muy mala señal, que es aún más grave considerando el rol de la Presidencia Peruana de la COP20”.
¿Cómo puede ser un atentado contra el ambiente, que ciertas normas de nivel ministerial, pasen a la instancia del gabinete de ministros? Una degradación de capacidades, hubiera sido, quién sabe, que se transfieran a la municipalidad de Lima.
Lo cierto es que estas normas no ponen en peligro el medio ambiente, ni reducen los estándares ambientales. Están en sintonía con lo que se viene haciendo en países como India, México y Colombia que buscan atraer inversiones responsables para impulsar su desarrollo integral sin descuidar estándares ambientales y sociales, los cuales son factores de higiene (ver en Lampadia: La visión de país y reformas que el Perú necesita).
¿No es acaso razonable fijar un plazo de 45 días para que los funcionarios emitan las opiniones necesarias para los EIA? Y de esta manera, evitar que se alarguen los procesos de inversión.
Es, además, absolutamente coherente que se exija que los estándares de calidad ambiental se sustenten técnicamente y que consideren todos los criterios necesarios. Y, no como ocurrió cuando se fijaron y mantuvieron los límites de emisiones (ver en Lampadia:Radicalismo ambiental en el Ministerio). Además, parece increíble que se reclame porque las zonas reservadas ahora serán demarcadas por el Consejo de Ministros.
Ha quedado, pues claramente demostrado que Oxfam y sus aliados ambientalistas, no actúan por principios o bajo criterios técnicos. Lo hacen movidos por mera y pura ideología y como asalariados de estas cadres internacionales. Están en contra de nuestro modelo de desarrollo, de las actividades extractivas y del crecimiento, sin conocer el Perú y nuestras particularidades y necesidades.
Algunos quisieran que sigamos siendo pobres y dependientes de su supuesta “preocupación”. Estas posturasson inmorales y no debemos tolerarlas.
El Perú tiene todo lo necesario para salir de la pobreza y ser un líder internacional sin que nadie venga a mentir, cooptar, ni manipular a los peruanos, dificultando nuestros procesos de convergencia interna. Lampadia
