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Dejémonos de cuentos

Rafael Rey Rey
Para Lampadia

Llaman “Ley Mordaza”, con intención descalificadora, al proyecto que modifica las sanciones contra la injuria, la difamación y la calumnia. Sostienen que impedirá el libre ejercicio periodístico y las eventuales denuncias de corrupción a través de la prensa. Que atenta contra la libertad de prensa. Yo no pienso así. Creo que el proyecto puede mejorarse, pero de ninguna manera archivarse como pretenden muchos periodistas.

A ver. El derecho humano que engloba al de la libertad de prensa es el “derecho a la información”. Y éste tiene dos aspectos.

El activo, es decir, el derecho “a informar” que tiene toda persona natural o jurídica de opinar y publicar lo que quiera, al que normalmente se hace referencia cuando se habla de libertad de expresión o de prensa.

Pero está también el aspecto pasivo, que es el derecho de “ser informado”. Informado “correctamente” como es obvio. Es decir, con la verdad objetiva cuando se refiere a hechos o a asuntos referidos a otros. Este último derecho, propio de los ciudadanos es, con frecuencia, olvidado y atropellado cuando se miente sobre hechos, o cuando se, difama o calumnia a alguien.

Y las normas que sancionan la difamación y la calumnia tienen la finalidad de hacer respetar este aspecto del derecho a la información, el de ser informado correctamente, que, en nada atenta contra el primer aspecto, el de informar o de opinar.

Analicemos las “mordazas” que dicen que el proyecto introduce a la ley vigente que sanciona la difamación y la calumnia.

La mayoría de los periodistas y medios de comunicación han centrado sus críticas al proyecto casi exclusivamente en el hecho de que, para el caso de difamación o calumnia por medios masivos, eleva en un año tanto el límite inferior como el superior de la pena de prisión. De 1 año a 2 y de 3 a 4 respectivamente. Sin embargo, considerando que quien es sancionado con penas de 4 años o menos no cumple cárcel efectiva, ese cambio, aunque sea lo más llamativo para ser criticado de forma efectista y pintado como un atropello a la libertad, no es eso ni lo principal, ni lo novedoso ni lo positivo del proyecto.

Por eso, en mi opinión, para quitarle ese “argumento” a quienes se oponen al proyecto, éste debería de eliminar la pena de prisión o por lo menos disminuirla, pero mantener la principal novedad que el mismo introduce.

Porque la principal novedad positiva del proyecto es que, a la multa establecida en la ley vigente, añade la aplicación de una reparación civil en favor de la víctima de una difamación o calumnia. Me parece muy justo. La multa es por definición una sanción pecuniaria en favor del Estado. Pero resulta que el difamado o calumniado no es el Estado, sino una persona. La reparación civil, en cambio, es una forma de compensar en algo el daño que se ha hecho al honor de la persona difamada o calumniada. Pero claro, el bolsillo duele. Y, en realidad eso es lo que más genera preocupación y malestar en muchos periodistas. Por eso, para evitar que la reparación sea ridículamente baja, el proyecto debería establecer que se defina en fusión a la unidad impositiva tributaria o a valores equivalentes a los de días multa. Cualquiera que resulte mayor.

Haciendo periodismo me he sentido siempre libre y cómodo para decir lo que pienso y para denunciar irregularidades y delitos sin temor a las normas que sancionan la calumnia y la difamación. Y esto, posiblemente, por una sencilla razón: estoy siempre dispuesto a disculparme y a rectificar cuando cometo un error.

Como ciudadano y como político, en cambio, muchas veces he sido víctima de difamaciones y calumnias y no he conseguido que los autores se rectificaran como era su deber. Es que algunos parecen querer ser intocables, tener patente de corso para difamar sin consecuencias y seguir haciendo del periodismo “el más vil de los oficios”.

Bien haría el Congreso entonces en no asustarse con la oposición al proyecto. Sería mejor anular o reducir las vigentes penas de prisión, y así quitar a los detractores del proyecto el principal argumento para oponerse, pero mantener la inclusión de la reparación civil y añadir la obligación expresa del difamador de rectificar en forma gratuita, inmediata y proporcional, como señala la Constitución.

Sea como fuere, visto el cargamontón contra el proyecto de ley que nos ocupa, es evidente que la frase “otorongo no come otorongo” no solo es aplicable a los congresistas. También lo es a los periodistas. Dicho, por supuesto con todo respeto. El proyecto en cuestión no amenaza la libertad de expresión. Dejémonos de cuentos. Lampadia




La mugre de la ideología llega a The Economist

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

The Economist titula muy bien su artículo sobre el desarrollo político de América Latina, pero desbarra en su análisis y sus calificaciones.

“El experimento de izquierda de América Latina es una advertencia para el mundo. La región tiene algunos de los políticos más izquierdistas del planeta. Y están asustando a los inversores”.

Veamos el comentario de The Economist sobre el Perú:

“En Perú, Pedro Castillo, un izquierdista elegido como presidente en 2021, fue expulsado de su cargo por su gabinete después de que intentó cerrar el Congreso antes de que pudiera ser destituido. (Varios líderes de izquierda, como López Obrador y Petro, simpatizaron con Castillo y argumentan que es víctima de un golpe de estado). Desde entonces, se ha producido el caos, con la mayoría de los peruanos clamando por una nueva constitución.

Un comentario de The Economist que es una vergüenza para su tradición de rigurosidad. Castillo dio un golpe de estado, posteriormente el Congreso lo vacó y solo una minoría de peruanos ‘clama’ por una nueva constitución. Y después de unas semanas de desorden, donde la mayoría de los peruanos no quisieron sumar sus frustraciones a alimentar el caos, el país está bastante tranquilo y preocupado sobre como recuperar el camino de la prosperidad. Algo que, por supuesto, no menciona The Economist.

“Si estos políticos de izquierda fracasan, podría avivar aún más la desigualdad y el descontento. En Chile, Boric llegó al poder después de protestas enormes, y en ocasiones [¿en ocasiones???] violentas, en 2019. Estas fueron alimentadas en parte por la consternación ante la percepción de que, aunque el PIB había crecido en las últimas décadas, había beneficiado a las élites en lugar de a la gente común. [Claramente demostrado como una narrativa falsa]. En realidad, la proporción de quienes vivían con menos de $3,25 al día (a precios de paridad del poder adquisitivo de 2017) había caído del 36 % en 2000 al 11 % en 2020, y el coeficiente de Gini de 55 a 44.

(…)

Y si son eliminados, sus reemplazos podrían ser peores. Las recientes elecciones constitucionales en Chile fueron ganadas por el partido de José Antonio Kast, un político ultraconservador que se postuló contra Boric en 2021. Kast es admirador de Augusto Pinochet, el ex dictador de Chile. Apela al creciente temor de los chilenos a la delincuencia. De manera similar, en Argentina, Javier Milei, un ultraderechista libertario, está ganando popularidad por sus puntos de vista extremos. Si los nuevos izquierdistas pierden apoyo, hay muchos populistas de diferentes tendencias políticas esperando para llevarse sus votos.

Un sesgo ‘ultraizquierdista’ extremo de The Economist para referirse a América Latina. Una vergüenza. ¿Debemos desconfiar de todas las publicaciones de esta, un día, muy seria revista?

Un péndulo polarizador
El experimento de izquierda de América Latina es una advertencia para el mundo

La región tiene algunos de los políticos más izquierdistas del planeta. Y están asustando a los inversores.

The Economist
18 de mayo de 2023
SANTIAGO Y SÃO PAULO
TRADUCIDO Y GLOSADO POR LAMPADIA

Durante el año pasado, más o menos, la mayoría de los latinoamericanos acudieron a una cabina de votación y pusieron su marca junto a los candidatos que más representan el cambio.

Como resultado, los presidentes de izquierda han llegado al poder en Brasil, Chile y Colombia. Se unen a una franja de izquierdistas establecidos en Argentina, Bolivia, México y Perú, y a la izquierda autocrática en Cuba, Nicaragua y Venezuela.

En América Latina, 12 de 19 países ahora están dirigidos por gobiernos de izquierda. Representan el 92% de la población de la región y el 90% de su pib. Este grupo es un grupo diverso. Y, sin embargo, todos prometen grandes resultados. ¿Pueden entregar?

A medida que el mundo avanza hacia una mayor intervención estatal, el experimento de América Latina ofrece varias lecciones de advertencia.

La región ha tendido a inclinarse hacia la izquierda en las últimas décadas. Bajo la llamada marea rosa de alrededor de 1998 a 2015, gran parte fue liderada por una mezcla de demócratas y demagogos de izquierda.

Las generosas dádivas sociales y las políticas redistribucionistas fueron respaldadas por un auge de las materias primas. Hugo Chávez, el presidente autocrático de izquierda de Venezuela de 1999 a 2013, tuvo la bravuconería —impulsado por los abundantes ingresos del petróleo— de darle a Barack Obama, entonces presidente de los Estados Unidos, una copia de “Las venas abiertas de América Latina” de Eduardo Galeano. en 2009. El libro de Galeano, publicado por primera vez en 1973, critica la intervención en la región por parte de Estados Unidos e instituciones como el fmi, junto con “comerciantes, banqueros, infantes de marina, tecnócratas, boinas verdes, embajadores y capitanes de la industria”. Se convirtió en un éxito de ventas.

Ahora el giro a la izquierda está impulsado por la sensación de que la región se ha quedado atrás. El auge de las materias primas se ha desvanecido y el crecimiento económico se ha estancado.

Según el banco Goldman Sachs, el crecimiento anual del pib en al 7 (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú) promedió 3,4% entre 2011 y 2013 y solo 0,9% entre 2013 y 2019. Este año Goldman Sachs calcula que será del 1%. En comparación, el fmi prevé que Asia oriental crecerá un 4,3 % este año. Durante la última década, el pib per cápita en América Latina se ha mantenido estable en términos reales.

La desigualdad sigue siendo obstinadamente alta. “Esto es lo que caracteriza a América Latina”, dice Carolina Tohá, ministra del Interior de Chile. “Ha logrado democracias con niveles de desigualdad que nunca hubieran sido posibles en Europa”.

Al ser encuestados, muchos en la región dicen que les sigue gustando la globalización. En Brasil, Colombia, Perú y México, la mayoría de los encuestados en una encuesta reciente realizada por Ipsos Mori, una encuestadora, dice que ha beneficiado a su país. Aun así, los votantes se están volviendo menos partidarios de la democracia. Este es particularmente el caso entre los jóvenes. Los que tienen entre 16 y 40 años son más propensos que sus mayores a pensar que no hay diferencia entre un sistema democrático y uno autoritario, según Latinobarómetro, una encuesta regional. En 2021, Colombia, Perú, Brasil y Chile obtuvieron los puntajes más altos en el índice “System is Broken” de Ipsos, que se basa en declaraciones de los encuestados como “necesitamos un líder fuerte que esté dispuesto a romper las reglas”. México y Argentina también estuvieron por encima del promedio mundial.

Un resultado de esta desilusión del bajo crecimiento con las normas democráticas es un giro hacia la derecha. En El Salvador Nayib Bukele, un caudillo moderno quién ha encerrado al 2% de la población adulta en el último año para acabar con el crimen, es inmensamente popular. Antes del reciente giro a la izquierda de Brasil, Jair Bolsonaro, un populista de derecha, fue presidente de 2019 a 2022. Bolsonaro perdió las elecciones ante Luiz Inácio Lula da Silva, un izquierdista que anteriormente estuvo en el cargo de 2003 a 2010, con solo 1,8 puntos porcentuales entre ellos. Todavía tiene muchos partidarios que piensan que Lula (como se le conoce) robó las elecciones. En Chile, una elección reciente de un organismo para reescribir la constitución, una idea apoyada por Gabriel Boric, el socialdemócrata de 37 años que llegó al poder el año pasado, estuvo dominada por un partido de extrema derecha. Pero, aunque el péndulo político oscile de un lado a otro, por ahora parece que la izquierda está ganando.

¿Qué quieren hacer estos gobiernos de izquierda?

En términos generales, quieren un gobierno más grande, con más empresas estatales, mayor gasto y un mayor grado de intervención en el mercado. Todos quieren reducir la desigualdad a través de impuestos más altos para los ricos, sistemas de bienestar más grandes y más atención médica financiada por el estado. A diferencia de la marea rosa anterior, la protección del medio ambiente es un área en la que estos izquierdistas recientemente elegidos tienden a estar de acuerdo en que se necesita hacer mucho más. El consenso de izquierda también se está volviendo más proteccionista y más decidido a detener la explotación extranjera de recursos verdes, como el litio.

(…)

Para financiar un mayor gasto social, América Latina necesita un mayor crecimiento. Hay pocas señales de que se levante. La inversión, uno de los motores del aumento de los niveles de vida, es tibia. Durante las últimas tres décadas, la participación de la región en los flujos mundiales de inversión extranjera directa ha disminuido (ver gráfico 1). La burocracia, las políticas inconsistentes y la política volátil desaniman a los inversores, aunque no a todos: en 2021, las empresas chinas invirtieron $ 6 mil millones en Brasil, la mayor cantidad desde 2017, según el consejo empresarial China-Brasil.

A los flujos de cartera les ha ido un poco mejor recientemente, ya que los inversores buscan otras oportunidades fuera de Europa del Este o China. Pero, aun así, no es el caso “que América Latina esté brillando intensamente”, dice Alberto Ramos de Goldman Sachs. “Más bien: la oscuridad que lo rodea lo convierte en una oportunidad más interesante”. Según el Instituto de Finanzas Internacionales (iif), una asociación comercial estadounidense, la inversión de cartera de no residentes en la región aumentó del 20% al 25% de todos los flujos de cartera totales a los mercados emergentes en 2020-23, del 15% al 20 % en 2016-19. Eso puede explicarse en parte por un alejamiento de China junto con un repunte en los precios de las materias primas debido a la guerra en Ucrania, dice Martín Castellano del iif… Pero aún está por debajo de la proporción entre 2010 y 2015, del 30 % al 40 % durante el auge de las materias primas.

Un peligro es que haya una explosión financiera. Los diferenciales de riesgo de la deuda en la región son generalmente tolerables. Pero en algunos casos han aumentado y, en general, son ligeramente más altos que en los mercados emergentes de Asia (ver gráfico 2). Colombia claramente ha empeorado, mientras que Brasil está más alto de lo que solía ser. El conservadurismo fiscal de López Obrador ha ganado el cariño del país entre los inversionistas, particularmente en contraste con Brasil. Ayuda que México también esté cerca de los Estados Unidos y, por lo tanto, esté bien ubicado para la “recogida de amigos” de los empleos manufactureros en los Estados Unidos. Aun así, muchos analistas sospechan que México no se está beneficiando tanto como lo haría si López Obrador no hubiera comenzado su mandato bloqueando varias grandes inversiones. En Chile, los inversionistas locales son cautelosos: desde 2019 los chilenos, que tendían a invertir en casa.

Otro peligro es que las agendas de tendencia izquierdista puedan transformarse en luchas constitucionales, especialmente si están alimentadas por la desconfianza pública en el statu quo. En el caso más extremo, en Venezuela, Nicolás Maduro, el sucesor elegido a dedo por Chávez, ha pisoteado las instituciones democráticas. Casi 7 millones de ciudadanos han votado con los pies; los que se han quedado tienen cada vez más probabilidades de estar desilusionados con la democracia. En Perú, Pedro Castillo, un izquierdista elegido como presidente en 2021, fue expulsado de su cargo por su gabinete después de que intentó cerrar el Congreso antes de que pudiera ser destituido. (Varios líderes de izquierda, como López Obrador y Petro, simpatizaron con Castillo y argumentan que es víctima de un golpe de estado). Desde entonces, se ha producido el caos, con la mayoría de los peruanos clamando por una nueva constitución. [Un comentario de The Economist que es una vergüenza para su tradición de rigurosidad. Castillo dio un golpe de estado, posteriormente el Congreso lo vacó y solo una minoría de peruanos ‘clama’ por una nueva constitución].

De manera similar, tanto Petro como López Obrador muestran signos preocupantes de autoritarismo. Rafael Correa, un expresidente de izquierda de Ecuador, puede estar en el exilio, pero su partido ayudó a provocar una crisis constitucional allí.

Si estos políticos de izquierda fracasan, podría avivar aún más la desigualdad y el descontento. En Chile, Boric llegó al poder después de protestas enormes, y en ocasiones [¿en ocasiones???] violentas, en 2019. Estas fueron alimentadas en parte por la consternación ante la percepción de que, aunque el PIB había crecido en las últimas décadas, había beneficiado a las élites en lugar de a la gente común. [Claramente demostrado como una narrativa falsa] En realidad, la proporción de quienes vivían con menos de $3,25 al día (a precios de paridad del poder adquisitivo de 2017) había caído del 36 % en 2000 al 11 % en 2020, y el coeficiente de Gini de 55 a 44.

Y si son eliminados, sus reemplazos podrían ser peores. Las recientes elecciones constitucionales en Chile fueron ganadas por el partido de José Antonio Kast, un político ultraconservador que se postuló contra Boric en 2021. Kast es admirador de Augusto Pinochet, el ex dictador de Chile. Apela al creciente temor de los chilenos a la delincuencia. De manera similar, en Argentina, Javier Milei, un ultraderechista libertario, está ganando popularidad por sus puntos de vista extremos. Si los nuevos izquierdistas pierden apoyo, hay muchos populistas de diferentes tendencias políticas esperando para llevarse sus votos. [Un sesgo ‘ultraizquierdista’ extremo de The Economist para referirse a América Latina. Una vergüenza. ¿Debemos desconfiar de todas las publicaciones de esta, un día, muy seria revista?] Lampadia




La libertad de expresión en tiempos de la IA

Por: Maite Vizcarra
El Comercio, 4 de Mayo del 2023

“Ayer se celebró el Día Mundial de la Libertad de Prensa, piedra angular de las sociedades libres, y, si bien se suele identificar este asunto con la libertad de información –crearla–, lo cierto es que su correlato más importante es la libertad de pensar de manera amplia y libre”.

Dos tercios de los navegantes de Internet en el mundo residen, según el Open Data Institute (ODI), en países donde se censura la crítica al gobierno, y el 27% de los navegantes vive en naciones donde la publicación, difusión o apoyo de opiniones contrarias a la administración son delitos.

Estados tan distintos entre sí como Turquía, Brasil, Egipto, la India o Uganda han impedido a los usuarios la entrada a la web en alguna ocasión cuando la situación era negativa para sus mandatarios.

Es innegable que la tecnología digital ha supuesto un cambio dramático en muchas de nuestras facultades civiles, aunque la mayoría de las personas no termine de entenderlo del todo. Por ello, no es una exageración decir que saber usar la digitalización equivale a tener una suerte de superpoder. La digitalización amplía todo e Internet amplía el ancho de banda de la democracia a través de las libertades humanas redefinidas.

El ejercicio de la libertad de expresión no tiene por qué ser la excepción. Internet constituye hoy en día la fuente principal de difusión de ideas e informaciones, el mayor mercado del mundo para intercambiar ideas, opiniones y productos digitales de toda índole.

Ahora bien, este superpoder no discrimina y, por ello, también empodera a quienes buscan dañar el equilibrio y –definitivamente– lo que mejor caracteriza a las democracias modernas: el ejercicio amplio de facultades cívicas.

En esta línea, pensemos en el papel que jugó la empresa Cambridge Analytica en la victoria de Donald Trump en las elecciones estadounidenses del 2016 y que claramente limitó los derechos de muchos estadounidenses de votar libremente por su candidato a presidente. Y todo ello gracias a la información que se había recolectado a través de Facebook sobre los perfiles de millones de usuarios mediante técnicas basadas en inteligencia artificial (IA).

Conviene entonces preguntarse qué va a pasar concretamente con la libertad de expresión y con su correlato, la libertad de pensamiento, en tiempos de softwares conversacionales –como Chat GPT– y de la IA.

Una primera aproximación intuitiva nos hace pensar que esta tecnología nos puede ayudar a ‘limpiar’ mejor las redes sociales de troles y cuentas falsas usando algoritmos de identificación muy precisos con los que desenmascararemos a los manipuladores. Y eso ya lo ha hecho Elon Musk en Twitter, ahora que controla esa empresa. Sin embargo, este tipo de acciones también podrían limitar el intercambio de ideas al potenciar los sesgos, pues la presencia de falsos positivos –falsas percepciones de comentarios gravosos– es todavía una realidad en la IA.

A idénticas conclusiones llegaremos si analizamos el complejo fenómeno de las ‘fake news’, o noticias falsas, que inundan Internet y que conducen a la desinformación del individuo. O si pensamos en el poder que los robots ‘influencers’ –cuentas simuladas de personas usando inteligencia artificial– tienen entre sus seguidores quienes, según los expertos, son capaces de generar más confianza hacia ellos que hacia las personas reales.

Ayer se celebró el Día Mundial de la Libertad de Prensa, piedra angular de las sociedades libres, y, si bien se suele identificar este asunto con la libertad de información –crearla–, lo cierto es que su correlato más importante es la libertad de pensar de manera amplia y libre. Y es ahí donde aparecen las dudas sobre los modos en los que la IA puede influir en nuestra manera de pensar y ya no solo sobre lo que consumimos como información.

¿Hay alguna forma de salvarse de las manipulaciones y narrativas falsas? Pues sí. Ese es el papel de nuevos personajes en la red que poco a poco empezarán a perfilar más su contribución: personas que seleccionan, valoran o ponderan la información. Sí, personas expertas en ‘curar’ información. Y ojo que no se trata solo de periodistas, sino de especialistas en gestionar la información en la web. Búsquelos o conviértase en uno, pronto.




800,000 seguidores

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia 

Anoche superamos los 800,000 seguidores en el Facebook de Lampadia.  

Que grato es sentir el respaldo a nuestro esfuerzo por llegar a ustedes, estimados lectores, con análisis e información que los ayude a moldear un criterio informado sobre la realidad nacional e internacional.

La verdad es que los que producimos Lampadia, desde adentro y desde los aportes de nuestros colaboradores, lo hacemos porque tenemos vocación de país. Y así entendemos también, el que algunos ciudadanos nos lean y nos sigan.

Para mí, personalmente, es un privilegio ser peruano y tener la posibilidad de poner algunos ladrillos que contribuyan, en el día a día, al debate nacional, y a acumular un repositorio de las ideas de la prosperidad, que esperamos ayude a nuestros seguidores en sus propios análisis y en sus dialécticas políticas, amicales y familiares.

Todos tenemos que seguir bregando por convertir nuestro gran potencial de desarrollo económico, social e institucional, en la realidad que soñaron nuestros padres fundadores y defendieron nuestros héroes.

Cuando con mis amigos me refiero coloquialmente al potencial del Perú, les digo que, si hacemos las cosas bien, el problema del Perú sería evitar que todos los europeos quieran venir a vivir en este maravilloso territorio.

Cuenten con nuestro compromiso y esfuerzo, para mantener encendida nuestra antorcha (Lampadia en griego), como un fuego que ilumine y a veces queme. Muchas gracias. Lampadia




“Operación Lagarto”

Por: Aldo Mariátegui
Perú21, 27 de Marzo del 2023

“LR y un sector de la caviarada han iniciado una suerte de Operación Lagarto para limpiar a Vizcarra”.

-Animado por alguna encuesta, la mala memoria/estupidez del votante y la laxitud de la Fiscalía al retirarle ya tres cargos penales, La República y un sector de la caviarada han iniciado una suerte de Operación Lagarto para limpiar a Vizcarra y abrirle las puertas a una próxima postulación presidencial. Mohme y los suyos calculan que Vizcarra podría llegar a una segunda vuelta y ganar como el mal menor frente a un radical de izquierda o de derecha. Si presidentes que se fueron con popularidades en el subsuelo –como Leguía en 1912, Prado en 1945, Belaunde en 1968 y Alan en 1990– regresaron al poder, no es que tampoco que el cálculo de Mohme sea tan descabellado. Hasta les apostaría que Alberto Fujimori habría ganado en 2006, 2011 o 2016 si le hubieran dejado postular. Como están las cosas y siendo el Perú como es, hasta el mismo el mismo Ollanta Humala podría resucitar.

-Estuve otra vez por Lima por una pérdida familiar y nuevamente me llamó gratamente la atención el relevo y la movilidad sociales que uno que viene de afuera nota inmediatamente. Ignoro si el COVID-19 hundió a muchos de los limeños tradicionales, pero las caras y consumidores nuevos son definitivamente otros por todos lados. Por eso hablar ahora en Lima de “exclusión” y “discriminación” es demagogia barata. También comprobé que aquí siempre se critica toda obra solo por incordiar, hacerse los interesantes y mala leche, porque ese paso a desnivel del óvalo Monitor que hizo el exalcalde Jorge Muñoz alivia muchísimo el tráfico.

-Ciertamente, el Deutsche Bank no ha sido de los bancos mejor manejados de las grandes ligas mundiales, pero sus números no son malos como los del Credit Suisse o el SVB, por lo que es de esperar que los ataques especulativos contra este megabanco alemán cesen hoy y todos podamos respirar tranquilos, que lo último que nos falta es otra crisis financiera mundial como la de 2008. Ojalá también que Berlín reaccione tan rápido como DC y Berna para apagar el incendio.




Tergiversación del NYT

Por: Fernando Rospigliosi
Expreso, 20 de Marzo del 2023

Uno de los diarios más importantes del mundo, el New York Times (NYT), ha publicado un artículo donde tergiversa groseramente lo ocurrido en el Perú durante los últimos meses. Titula así el reportaje: «La policía y el ejército de Perú usaron fuerza excesiva contra manifestantes. Una investigación de The New York Times revela que las fuerzas de seguridad dispararon municiones letales contra civiles desarmados, en las protestas de diciembre y enero». (16/3/23).

En realidad, las fuerzas del orden respondieron a los ataques de turbas criminales que, si tenían la oportunidad, no vacilaban en asesinar o lesionar a militares y policías, como ocurrió con seis soldados en Ilave y un policía en Juliaca, además de los cientos de heridos, algunos de los cuales siguen graves.

Lo que NYT denomina taimadamente «civiles desarmados» son, en realidad, hordas de delincuentes que han atacado con violencia letal a militares, policías y civiles.

Quien agrede a un miembro de las fuerzas del orden está cometiendo un delito (en 2015 una mujer fue sentenciada a 6 años por pegar una bofetada a un policía). ¿Qué pena merecerían los criminales que los atacan a pedradas, hondazos y explosivos que pueden causar heridas graves o la muerte? No cabe duda que quien participa en una agresión de esa naturaleza está cometiendo varios delitos tipificados en el código penal, sancionados con prisión efectiva. Por tanto, son delincuentes, no «civiles desarmados».

De igual forma, atacar e incendiar comisarías, sedes judiciales (con policías y funcionarios en su interior), destruir aeropuertos e instalaciones mineras y centros comerciales, son delitos graves. Los que los cometen son delincuentes, término completamente ausente en el artículo del NYT, para quien son solamente «manifestantes», que participaban en «protestas» en las que las fuerzas del orden no hicieron uso «de fuerza razonable y proporcional».

Cuando una turba de 3,000 vándalos ataca con violencia a un destacamento de 30 militares o policías, en una proporción de cien a uno, o cuando son ochenta a uno, ¿es «proporcional» usar las armas? ¿O lo «proporcional» es dejarse asesinar como el policía José Luis Soncco?

Soncco no fue asesinado salvajemente por una horda de criminales según NYT, sino «murió» cuando una turba «quemó su vehículo».

Por supuesto, si Soncco hubiera hecho uso de su arma cuando fue atacado por los asesinos y abatía a uno o dos de ellos, poniendo en fuga al resto, de seguro aparecería en el reportaje del NYT como haciendo uso «desproporcionado» de la fuerza contra «civiles desarmados». Pero estaría vivo.

En EEUU, cuando un individuo se muestra agresivo con un policía portando un palo o un cuchillo, el policía le dispara y lo mata, sin contemplaciones. Y nadie lo acusa ni lo procesa. Pero el doble rasero del NYT no contempla eso, por supuesto. En el Tercer Mundo las fuerzas del orden siempre son asesinas y las turbas son «civiles desarmados».

Un reportaje infame, que finge ser objetivo, y que hace mucho daño al Perú.




Llamada de atención a la vanguardia – España

Por: Ismael Benavides

Estimado señor Albarrán,

Quien le escribe es Ismael Benavides, Peruano, ex Ministro de Economía, de Agricultura y de Pesquería del Perú, así mismo Diputado por la región Ica y profundo conocedor de mi país y su gente.

Es lamentable que su distinguido diario publique un artículo tan sesgado y falaz como el del citado periodista que desinforme maliciosamente a su lectoría!

Como muestra un botón de varias de las falsedades:

  1. Es falso que el Perú haya apostado todo a las materias primas. El sector que más ha crecido en el Perú es la agricultura. Hoy el sector exporta US$10 mil millones y emplea a millones de Peruanos y somos de los primeros exportadores mundiales de arándanos, aguacates, uvas, y otros productos frescos muy apetecidos por los consumidores de su país y otros. El Perú busca un desarrollo balanceado de Agricultura, Turismo, Energía e infraestructura, Minería, Pesca e Industria, integrado al mundo a través de las decenas de ventajosos tratados de libre comercio que hemos suscrito.
    La minería es la explotación de un recurso que la naturaleza le dio al Perú, y con lo cual exporta y genera divisas para importar el petróleo, que no tiene el Perú y otras materias primas para el consumo de nuestra población.
  2. Es falso que Cuzco tenga mineral de zinc, níquel y oro. Sus minas son principalmente de cobre, metal indispensable para los autos eléctricos que hoy exige la UE. También es falso que la mina más grande, Las Bambas sea propiedad de la Suiza Glencore, es propiedad de la empresa China MMG, además esa mina queda en la región Apurímac, no en Cuzco!.
  3. El Cuzco si tiene gas natural y lo explota un consorcio de 8 empresas, no 3 como dice Robinson. Cuzco efectivamente no tiene conexiones de gas domiciliario, como no tienen casi la totalidad de ciudades Peruanas, que más bien se abastecen de bombonas de gas. Si Cuzco no tiene gas directo del yacimiento de Camisea es porqué es un mercado pequeño y anti económico de servir por si solo, pero también porqué el gasoducto del sur del Perú que pasaba por Cuzco, iniciado en el 2014, sé paralizó por estar sobre valuado groseramente por actos de corrupción entre el Gobierno de izquierda de entonces (Humala), y las concesionarias (Odebrecht, ya conocida por corrupta, Graña y Montero, socia de corrupción de Odebrecht y Enagas de España). Hoy la Justicia Peruana lo tiene a su cargo.
  4. Es falso que Cuzco reciba poco o nada por las explotaciones de gas y las minas en su región. En los últimos 10 años Cuzco ha recibido más canon (50% del impuesto a la renta) gasífero, minero, y regalías que cualquiera de las 25 regiones del Perú, un promedio de US$720 millones al año para un total de US$7,200 millones. Sin embargo, las autoridades electas del Cuzco han sido incapaces de gastar eficientemente esos recursos, y han caído masivamente en actos de corrupción. ¡Hay decenas de obras inconclusas y un Gobernador Regional y decenas de funcionarios Cuzqueños presos e investigados!
  5. Es falso que la Constitución Peruana sea la única que incentiva a la inversión extranjera con contrato protegidos por la constitución muchas economías emergentes lo hacen. Además, ese procedimiento está validado por los Tratados de Libre Comercio suscritos por el Perú y en nuestras negociaciones con la OCDE. Gracias a ello el Perú hoy es el segundo proveedor de cobre al mundo.
    Más bien la Constitución del año 1993 es responsable por el crecimiento promedio de 4.3% anual en los últimos 30 años (el más alto de América Latina) y la reducción de la pobreza 60% a 20% actualmente.
  6. Finalmente, es muy aventurado hasta irresponsable poner a Bolivia, el país más pobre de Suramérica, con un ingreso per cápita menos de la mitad del Peruano, como un ejemplo de lo qué hay que hacer. Hoy después de 15 años de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), el modelo socio económico de Bolivia está entrando en una crisis profunda. Sus reservas de gas han caído 30% porque no hay nuevas exploraciones, tiene un déficit fiscal de 9% del PIB, infinanciable!, porque no tiene crédito externo y solo le quedan US$ 600 millones de reservas en el Banco Central, el Perú tiene US$78 mil millones!!.

Muchas gracias por su atención y espero que con esta información, su periodista rectifique su errado reportaje.

Un cordial saludo

Ismael Benavides

https://www.lavanguardia.com/internacional/20230304/8799801/saqueo-altiplano-peru-recursos-naturales-cuzco-lima.html




¡Coqui vive entre nosotros!

Por Enrique Ghersi
Expreso, 24 de Febrero del 2023

Jorge Morelli logró sumergirse hasta en los mitos andinos para encontrar fundamentos para la economía de mercado.

Jorge ‘Coqui’ Morelli fue mi profesor, muchas veces. La primera vez, en la Academia Trener. Enseñaba un extraño curso llamado “Mapas” consistente en fusionar la geografía con la historia.

Hablaba de Iliria, Panonia, la tierra del Preste Juan con una cultura y erudición que iban de la literatura a la más profunda filosofía.

Así lo conocí. Llegando a clase siempre con un mapa enrollable bajo el brazo. No eran tiempos de internet.

Luego, en la misma academia, me enseñó otro curso esotérico: “Textos”. Tenía por propósito asegurarse de que el alumno entendía lo que leía, dadas las grandes carencias de la educación peruana. No sé si tendría éxito en su empeño, pero disfruté como nadie leyendo a Borges, Foucault, Levy Strauss, Julio Cortázar.

Luego fue mi profesor en la universidad. Dictaba Introducción a la Antropología en Estudios Generales y había convertido el curso en un baluarte de lucha contra la izquierda. Era de los pocos profesores no marxistas enseñando ciencias sociales en la Católica de fines de los 70.

Después, quiso la vida que nos reencontráramos en Fredemo. Ambos habíamos hecho periodismo antes. El en Expreso, donde estuvo hasta el final; yo en La Prensa, pero no nos vimos mucho tiempo.

Organizado Fredemo, sin embargo, nos tocó estar con Coqui y Jaime De Althaus en la misma Comisión de Plan de Gobierno, la de Reforma del Estado. Y produjimos un documento que mantiene en total actualidad proponiendo las reformas que son necesarias para contar con un estado democrático y eficiente al servicio del pueblo.

Recuerdo las discusiones de aquél entonces en las que seguí aprendiendo de Coqui como en toda mi vida. Logró sumergirse hasta en los mitos andinos hasta encontrar ahí fundamentos para la economía de mercado.

Después quisieron las circunstancias que pudiera devolverle lo que me había enseñado asumiendo su defensa contra el odio caviar que lo sometió a juicio absurdamente sólo por su coherente posición política. Fueron en los últimos meses de lucha judicial cuando se desató lamentablemente la terrible enfermedad contra la que luchó simultáneamente con entereza y valor.

Coqui Morelli fue mi maestro a lo largo de mi vida. Me enseñó muchas y muy diferentes cosas. Pero sobre todo me enseñó a tener fe en el ser humano y la libertad. ¡Descansa en Paz!




El chatbot de cada día

Por: Maite Vizcarra
El Comercio, 23 de Febrero del 2023

“Con cierta paciencia, el ChatGPT podría haber escrito esta nota”.

La magia de la digitalización reside en imprimirle una velocidad expansiva a casi todo lo que se le aplique. Entre otras cuestiones, gracias a la digitalización, la divulgación de usos y costumbres se transfiere de manera más simple, alcanzando la calidad de ‘mainstream’ o de uso dominante. Así, hemos sido partícipes de tendencias globales que vienen, ven y vencen.

De esta manera, como una tendencia ‘mainstream’ es que ha empezado a acercarse la inteligencia artificial (IA) al Perú, gracias a unas imágenes virales en redes sociales –los famosos dinosaurios profesionales– que se autogeneran gracias a la aplicación de la IA y a la escritura simple de un par de comandos en un sitio web, a través del que empezamos a interactuar con esa tecnología.

Pero, más recientemente, se ha vuelto popular el uso del llamado ChatGPT –Generative Pre-trained Transformer– que es una aplicación de IA que procesa el lenguaje natural –el que hablamos– a través del uso de un chat –o sistema de mensajería de textos–. Se trata de una IA que ha sido entrenada con millones de textos de todas las materias para realizar tareas relacionadas con el lenguaje; es decir, se le entrega un texto y esta analiza e integra la información recibida para después poder compartir sus conocimientos con nosotros.

Si tiene la ocasión de ingresar al sitio web del llamado ChatGPT, tendrá una experiencia con la IA a través de una conversación en la que, gracias a sus algoritmos, esta podrá entender todo lo que le diga, ofreciéndole respuestas acordes con lo que espera y de una manera muy exacta. Aparte, además de poder pedirle que nos explique cualquier cosa, esta IA es capaz de generar textos o resúmenes a partir de una palabra o contexto, pudiéndole exigir el número de palabras exacto. Entonces, con cierta paciencia, el ChatGPT podría haber escrito esta nota.

Aun cuando la experiencia de esta IA está causando ya un revuelo global, por acercarse con gran fidelidad a la propia expresión humana, no podemos dejar de recordar que, desde hace ya un buen tiempo, la IA está presente en nuestras vidas, aunque de un modo menos subyugante. Es IA la charla que tenemos a través de algunos robots –chatbots– que empresas nacionales han incluido en sus números de WhatsApp con los que diariamente interactuamos vía listas de preguntas o menús. Pero también hay IA en nuestras cuentas de correo electrónico y en la forma tan ordenada en que este filtra la información que no nos interesa, mandándola al tacho de basura o de spam –bandeja de mensajes no deseados–. La próxima vez que ingrese a su cuenta de correo electrónico, verifique si tiene mucho menos spam del que piensa. Si es así, es gracias a la IA.

La IA ya convive con nosotros día a día y, aunque tendremos que esperar al mediano plazo –un par de años– para establecer realmente una interacción profunda con una aplicación tipo la voz de aquella mujer que enamora a su usuario en la película “Her”, el despliegue de esta tecnología tendrá un impacto enorme en el desarrollo de conductas excluyentes si no tomamos acciones rápidamente. Por ejemplo, a la fecha, las librerías de textos con los que se alimentan aplicaciones como ChatGPT corresponden mayoritariamente al idioma inglés, en menor proporción al español y casi de manera nula a lenguas como el quechua o alguna de las decenas de lenguas de nuestra Amazonía.

Las aplicaciones de IA en asuntos como la educación o el mercado laboral serán disruptivas, pero para que todos puedan beneficiarse de ellas es crítico que en alguno de los planes nacionales de competitividad se incluya el uso inclusivo de la IA, considerando también las lenguas nativas u originarias dentro de los llamados lenguajes naturales que alimentan los millones de textos y librerías que esta tecnología consumirá. De lo contrario, estaremos condenando a una nueva exclusión a un número relevante de ciudadanos.




“¡Que les den su Big Mac y ya está!”

Por Aldo Mariátegui
Peru21, 22 de febrero de 2023

“Y tampoco exageremos esa mentalidad de ‘misios indignados cuando antes aplaudimos derroches gigantescos, como la Refinería de Talara o los Panamericanos”.

-Paco Belaunde y otros de su época hasta se pagaban las gaseosas cuando presidían una de las dos cámaras. Me imagino que el buen Paco soltaría alguna de sus sabrosas frases de escuchar esto del bufet congresal. Tampoco es que me escandalice tanto que les paguen alimentos solo en los largos días de Pleno o les den Iphones. Son congresistas y no funcionarios públicos menores, así que merecen ciertas consideraciones. Y tampoco exageremos esa mentalidad de “misios” indignados cuando antes aplaudimos derroches gigantescos, como la Refinería de Talara o los Panamericanos. Ojo que los cronistas parlamentarios también tienen dos refrigerios allí en esos días. Lo que sí me sorprende es que esos bufet sean tan caros (80 soles) cuando son precisamente… ¡Bufet!

-Ya me parecía muy sospechosa tanta alharaca caviar con los cambios en la Sunedu. ¡Saltó la liebre del festín de consultorías suculentas y puertas giratorias! Estos presupuestívoros querían dinero más que el beneficio de los alumnos, además del poder que da controlar al sistema universitario (hasta Velasco lo intentó con el Conup). Ojo, eso no me hace tampoco simpatizar con el otro lado porque tampoco puedo aceptar que el controlador sea también el controlado.

-¿El juez César San Martín no debería inhibirse cuando a su Sala llegan casos patrocinados por el Estudio Ugaz, donde laboró por años? ¿Existe la JNJ?

PD: Muy reprobable que hayan ido a hostigar a RMP y a Gorriti en sus domicilios. Dicho esto, no me parece haber escuchado condena pública alguna de ninguno de los dos cuando, muchos años atrás, los antifujimoristas tiraban bolsas de basura en la casa de Martha Chávez o cuando una turba agresiva rodeó el edificio de Beto Ortiz (y de eso hace no mucho tiempo). Mohme mismo se quejó y hasta enjuició a algunos manifestantes que fueron a protestar afuera de su mansión sanisidrina, pero en su diario La República suelen celebrar hechos similares contra otros. Lo que es malo para un lado también lo es para el otro…




Mentiras desde Barbadillo

Por: Héctor Villalobos
El Comercio, 8 de Febrero del 2023

“La entrevista también confirmó que, en la febril mente de Castillo, él continúa siendo jefe del Estado”.

Una oda al cinismo. Un canto coral a la mitomanía. Un himno al embuste. Hace unos días, el “incomunicado” golpista Pedro Castillo se despachó a sus anchas desde el penal de Barbadillo en una extensa entrevista que fue difundida ayer por el portal español “El salto”. Lo que viene a continuación es un resumen de los principales desvaríos salidos de dicha conversación.

“Jamás intenté subvertir la institucionalidad peruana. Yo quería acercarme al pueblo. Fue un día de hacer eco para los nadies”. Insultando la inteligencia de más de 30 millones de peruanos que lo vieron temblar y balbucear en vivo y en directo, Castillo tuvo el desparpajo de negar ante sus complacientes interlocutores que el pasado 7 de diciembre anunció la ruptura del orden constitucional.

Lejos de reconocer que eso fue un golpe de Estado, Castillo atacó a quienes llaman a las cosas por su nombre: “Es un discurso que ha creado la derecha. Desconocen la realidad de las cosas, son tan ignorantes que se crean sus propias historias”. En la siguiente pregunta se le tendió una alfombra roja para victimizarse: “¿Es usted víctima de un complot? ¿Quiénes han organizado ese complot?”. “Sí, soy víctima de un complot”. Obviamente, la responsabilidad de ese delirante complot la tiene, según Castillo, la maligna derecha peruana que sirve a los intereses neoliberales e imperialistas. No hubo ni una mención a los innumerables casos de corrupción durante su gobierno, las investigaciones abiertas por la fiscalía y el festín de nombramientos de amigotes y compinches en los cargos públicos.

La entrevista también confirmó que, en la febril mente de Castillo, él continúa siendo jefe del Estado. “Considero que sigo siendo presidente del Perú. Como peruano, no reconozco a este gobierno genocida como representante del Perú”.

Ratificando la improvisación con la que se manejó su candidatura a la presidencia, Castillo admitió que a Boluarte solo la conocía de manera virtual y que fue Vladimir Cerrón quien la impuso como postulante a la primera vicepresidencia. “Ella no hizo campaña en la primera vuelta, la conozco presencialmente recién en la segunda vuelta”. Es decir, el candidato a ocupar el cargo más importante de un país no tenía la menor idea de quién era la persona que lo acompañaba en la plancha.

Otra parte del diálogo que llama la atención es el intento deliberado de Castillo por tratar de limpiar de cualquier responsabilidad penal a su ex primer ministro Aníbal Torres y a “todos los ministros que se encontraban ahí” durante el mensaje. “Fue mi decisión. De nadie más. Estaba nervioso, pero lo hice. Después del mensaje a la nación, Aníbal Torres estaba muy confundido, tenía un rostro desencajado, porque no comprendió por qué hice lo que hice”. Difícil imaginar a Torres con el rostro desencajado luego de ese discurso.

Un detalle que no debe pasar desapercibido es que la entrevista, según señala el mismo medio de comunicación, se realizó con notas hechas durante la visita que hizo a Castillo el abogado argentino y antiguo miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Eugenio Zaffaroni. Curiosamente, días antes de estar en la Dinoes, el magistrado se reunió con Torres.

La entrevista difundida ayer estuvo precedida por decenas de mensajes y cartas publicadas por el vacado expresidente en sus redes sociales. El INPE, mostrando una pasmosa lentitud en sus reflejos, anunció el inicio de un proceso disciplinario a Castillo. Demasiado tarde cuando sus mentiras ya han sido propaladas en el Perú y en el extranjero. Desde la prisión, el golpista ve cumplido su sueño de contar con una prensa alternativa globalizada.




La agitación política está desgarrando a Perú

Dos meses de protestas a menudo violentas amenazan la supervivencia de la democracia

The Economist
30 de enero de 2023

En las últimas semanas el grito de “¡Dina asesina! ¡Dina asesina!”. ha resonado por las calles de varios de los pueblos y ciudades más grandes de Perú. Es lamentable para la presidenta del país que su primer nombre rime con la palabra española para “asesino”. Dina Boluarte es la jefa de Estado legal y constitucional. Pero desde que asumió el 7 de diciembre al menos 58 personas han muerto durante las protestas, 46 de ellas civiles en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, según la Defensoría del Pueblo. Su nombre se ha vuelto tóxico y para muchos peruanos su gobierno ha perdido toda legitimidad.

Perú sufre una explosión de conflictividad callejera como la que se vio en Chile en 2019, en Colombia en 2021 y en Ecuador el año pasado. La del Perú ha sido especialmente violenta, sediciosa y peligrosa. También tiene una ventaja racial: la población indígena del país ha estado en desventaja durante mucho tiempo y ha estado al frente de las protestas. Lo que está en juego es si la democracia puede sobrevivir. La sociedad se ha vuelto tan polarizada que algunos peruanos hablan de una guerra civil inminente, aunque parezca descabellado.

Al menos diez personas han muerto como resultado de las acciones de los manifestantes en el bloqueo de carreteras. Decenas de carreteras, especialmente en la sierra sur, siguen bloqueadas y algunas grandes minas y el ferrocarril turístico a la ciudadela inca de Machu Picchu cerrados. Varios aeropuertos estuvieron fuera de servicio durante gran parte de enero. Los alimentos, la gasolina y el oxígeno para los hospitales se están agotando en algunas ciudades. La intimidación de los viajeros y las empresas que desafían los controles de carretera y las órdenes de detener el trabajo está muy extendida.

El centro de Lima es fantasmal detrás de las vallas protectoras erigidas por la policía, las tiendas de baratijas vacías de turistas. Casi todas las noches, los manifestantes intentan llegar al edificio del Congreso. Grupos de jóvenes armados con palos afilados, piedras, hondas y cócteles molotov atacan a la policía. El 28 de enero fue asesinado un manifestante, la primera víctima mortal en la capital.

El conflicto se desencadenó el 7 de diciembre, cuando Pedro Castillo, un presidente de izquierda elegido por estrecho margen en 2021, ordenó el cierre del Congreso y la toma del poder judicial. Esto fracasó y el Sr. Castillo fue arrestado. Se hizo eco de un “autogolpe” más exitoso en 1992 por Alberto Fujimori, quien gobernó Perú como un autócrata electo hasta el 2000. Por esa razón, muchos en la izquierda, así como los opositores conservadores de Castillo, inicialmente lo denunciaron. El Congreso votó rápidamente para destituirlo por 101 votos a favor, seis en contra y diez abstenciones, y nombró a la Sra. Boluarte, su vicepresidenta electa.

Pero Castillo y sus seguidores rápidamente transmitieron una narrativa alternativa en la que el perpetrador de un golpe se convirtió en su víctima. Dirigente de un sindicato de maestros y de ascendencia indígena, como presidente gobernó mal, nombrando más de 70 ministros diferentes, pocos de los cuales sobrevivieron más de unas pocas semanas. Según los fiscales, él y su círculo eran corruptos, aunque él lo niega. Colocó a muchos activistas de extrema izquierda mal calificados en puestos estatales. Sus defensores argumentan que la derecha y la élite limeña nunca lo dejaron gobernar. Sus oponentes afirmaron, sin pruebas, que había ganado de manera fraudulenta y de inmediato se dispusieron a intentar acusarlo.

Conservó el apoyo de alrededor del 30% de los peruanos, principalmente andinos, que se identifican con él. “Era un inútil, un corrupto, lo que quieras, pero era uno de ellos”, dice Carolina Trivelli, exministra de Asuntos Sociales. Ahora, según Alfredo Torres, un encuestador, alrededor de la mitad de los peruanos—y dos tercios en los Andes—creen su falsa afirmación de victimismo y piensan que Boluarte es una usurpadora que se ha aliado con la derecha.

Los manifestantes quieren la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y elecciones generales inmediatas. De hecho, una elección este año puede ser la única forma de restablecer la calma. Pero también quieren una Asamblea Constituyente para redactar una nueva constitución. Y quieren que el señor Castillo sea liberado, aunque esa demanda se está desvaneciendo. Gran parte de esto es muy popular. En una encuesta publicada el 29 de enero por el Instituto de Estudios Peruanos, un instituto de investigación, casi el 90% de los encuestados desaprobaba el Congreso y el 74% quería la renuncia de Boluarte. Estas demandas reflejan y aceleran el colapso del sistema político en un país que durante gran parte de este siglo parecía una historia de éxito latinoamericano.

En la década de 1980, como hoy, el Perú llegó a un punto muerto. Sufrió hiperinflación, una recesión económica y la insurgencia terrorista de Sendero Luminoso (Sendero Luminoso), un grupo fundamentalista maoísta fundado en Ayacucho, un pueblo en los Andes. A los ojos de muchos, Fujimori rescató al país. Su gobierno autoritario aplastó a los terroristas. Sus políticas de libre mercado, reflejadas en una nueva constitución en 1993, desencadenaron más de dos décadas de rápido crecimiento económico. El ingreso por persona aumentó a una tasa promedio anual de 3% entre 1990 y 2013, en comparación con un promedio latinoamericano de 1,7%. Mientras que alrededor del 55 % de los peruanos eran oficialmente pobres en 1992, en 2014 esa proporción había caído al 23 %, la reducción más rápida de la región. Lampadia

Pero Fujimori, quien cumple una sentencia de prisión por abusos a los derechos humanos en la misma prisión donde se encuentra recluido Castillo, también sembró algunas de las semillas del malestar actual. Su régimen practicó el soborno y la corrupción para salirse con la suya. No tenía tiempo para partidos políticos. Y de alguna manera debilitó al estado. El crecimiento económico y las políticas de libre mercado continuaron bajo gobiernos democráticos desde 2000. Pero la corrupción floreció y el sistema político decayó.

El crecimiento no fue acompañado por el desarrollo institucional. Tres cuartas partes de la fuerza laboral trabaja en la economía informal de empresas no registradas. En los últimos años, la actividad económica ilegal se ha expandido. Según Carlos Basombrío, ex ministro del Interior, hasta 200.000 personas trabajan como mineros ilegales, principalmente de oro y cobre. Los negocios ilícitos, incluida la minería y el narcotráfico, generan al menos 7.000 millones de dólares al año, calcula. Otros ponen la cifra mucho más alta.

La inestabilidad política se ha intensificado. Boluarte es la sexta presidenta desde 2016. Ninguna ha tenido mayoría legislativa. Seis de los nueve presidentes desde 2001 han sido acusados ​​de corrupción. El sistema de partidos se ha fracturado: los 130 miembros del Congreso están repartidos entre una decena de partidos. Muchos de estos son administrados como negocios por los titulares de su registro legal. Para muchos peruanos el Estado es una presencia tenue. Con una economía informal tan grande, “el papel de los partidos se vuelve irrelevante”, dice Carlos Meléndez, politólogo.

Las protestas “expresan el cansancio estructural con la política y la falta de respuestas del Estado” a los problemas de la población, dice Raúl Molina, asesor de Boluarte. Este cansancio es especialmente agudo entre la población mayoritariamente indígena de las zonas rurales del sur de los Andes. La pandemia también aumentó el estrés económico entre los peruanos más pobres. La tasa de pobreza aumentó al 30% en 2020 y fue del 26% en 2021.

Desde diciembre, la ira espontánea ha dado paso cada vez más a la acción organizada y coordinada de una serie de fuerzas de cuestionable pedigrí democrático. Estos comienzan con los partidos de la izquierda marxista que respaldaron a Castillo y tienen vínculos con Cuba y Venezuela. También incluyen a los remanentes de Sendero Luminoso, que se ha reorganizado como un partido de extrema izquierda, controla un sindicato de maestros y tiene una presencia particular en Ayacucho y Puno. Intentos coordinados de tomar aeropuertos en el sur de Sendero Luminoso, según Basombrío.

La población aymara del sur de Puno comparte lazos culturales con la gente del altiplano boliviano. Los ayudantes de Evo Morales, un expresidente boliviano de ascendencia aymara, han estado activos en el sur de Perú. Luego están los mineros ilegales, que parecen estar detrás de bloqueos de carreteras en varias áreas, incluida Madre de Dios en la Amazonía. Las autoridades dicen que los delincuentes comunes pueden estar detrás de los ataques incendiarios en 15 juzgados, 26 oficinas de la fiscalía y 47 estaciones de policía.

Los manifestantes “quieren generar caos y desorden y usar ese caos y desorden para tomar el poder”, dijo Boluarte el 19 de enero. De hecho, esa ambición parece estar detrás de la idea de una Asamblea Constituyente, un dispositivo utilizado por Morales y Hugo Chávez en Venezuela para asegurar el poder absoluto, con pocos seguidores en Perú hasta hace poco. Ahora las encuestas muestran que a alrededor del 70% le gusta la idea, quizás porque el Congreso es tan odiado. Un referéndum sobre una Asamblea Constituyente sería “muy peligroso”, según Luis Miguel Castilla, ministro de Economía en un gobierno de centroizquierda de 2011 a 2014. La economía se recuperó de la pandemia a pesar de Castillo, porque la constitución “impone mucho de candados”, dice.

Heridas autoinfligidas

La protesta es avivada por los errores garrafales de la Sra. Boluarte y un Congreso egoísta. Las primeras muertes fueron a manos del ejército y la policía cuando comenzaron las protestas en diciembre. La ira estalló nuevamente después de que 18 murieran en Juliaca, donde un destacamento de policía muy superado en número aparentemente entró en pánico. Quizás el mayor error del gobierno fue no ordenar una rápida investigación independiente sobre las muertes.

Boluarte es de las tierras altas y, a diferencia de Castillo, habla quechua, el principal idioma indígena. Fue funcionaria de nivel medio y es una neófita política. Ha designado algunos ministros competentes, pero ha cometido otros errores. “El gobierno está perdiendo la batalla de las comunicaciones”, dice Castilla. “El tema se ha convertido en excesos gubernamentales”.

Una elección anticipada parece la única salida. Pero el Congreso, cuyos miembros disfrutan de generosos salarios y beneficios, se ha estancado y el gobierno tardó en presionar por uno. La enmienda constitucional necesaria para una elección debe ser aprobada en primera lectura antes del 14 de febrero. No aproveche esta oportunidad y “Perú se convertirá en un caos”, dice un funcionario. Pero la izquierda insiste en vincular la elección a una Asamblea Constituyente. La derecha quiere elecciones el próximo año. Tocan el violín mientras el Perú arde.