El Estado sigue produciendo normas que traban el desarrollo, según el IEDEP (Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima), en el Congreso de la República hay 35 proyectos de ley que, en caso de ser aprobados, traerían más problemas que soluciones.

Según el IEDEP dichos proyectos atentarían contra la estabilidad jurídica y la competitividad, lo cual pondría en riesgo las inversiones, que son el motor que impulsa el crecimiento económico pro-pobre que se viene registrándose en el país.

Los 35 proyectos, según el reporte, fueron presentados o actualizados entre enero y marzo de este año, siendo el más riesgoso, a juicio del IEDEP, el que propone modificar el artículo 206 de la Constitución, con el propósito de facilitar cambios constitucionales sin los exigentes requisitos actuales, de usos y prácticas en democracias avanzadas.

Otro proyecto plantea modificar el artículo 71 de la Constitución con el objeto de eliminar la excepción que permite que inversionistas extranjeros puedan operar dentro de los 50 kilómetros de zonas de frontera, en casos de necesidad pública declarada conforme a ley.

El IEDEP también cuestiona un proyecto de ley que pretende ampliar una vez más el plazo de ocupación ilegal de varios terrenos que han sido invadidos en la región Lambayeque, el cual ya había sido ampliado en el 2007.

Hay además otros dos proyectos sumamente nocivos: El primero pretende exonerar del pago del IGV a la importación de vehículos que usen gas natural, y el segundo plantea que las universidades estatales entreguen títulos a nombre dela Nación mediante cursos acelerados pagados.

Tal como lo hemos señalado antes, lamentablemente en el Congreso de la República subsisten  corrientes populistas que buscan ganar votos fáciles promoviendo Normas Contra-Propósito que, con declaraciones de supuestos beneficios a los ciudadanos, generan efectos contrarios a los propósitos anunciados. Ver nuestro artículo: Legislando para espejismos.

En vista de que muy pocas instituciones acogen el descontento ciudadano contra esta clase de normas, Lampadia ha ofrecido este espacio virtual para que los ciudadanos nos hagan llegar las informaciones y opiniones que tengan al respecto, con el fin de procesarlas y difundirlas. (Enviar aportes a contacto@lampadia.com, con la referencia NORMA CONTRA-PROPÓSITO).

Después de dos semanas de incertidumbre e intenso debate, el gobierno, a través de Petroperú, anunció la cancelación del proyecto de compra de los activos de la empresa Repsol. De esta manera, ha prevalecido la razón.

Lamentablemente es muy fácil romper la confianza, pero muy difícil construirla y, más difícil aún, recuperarla. Toca ahora, a tirios y troyanos, superar esta situación.

A continuación presentamos el comunicado de Petroperú.

Las declaraciones del domingo del Presidente Ollanta Humala, a un solo medio, no lograron calmar los ánimos y justificadas críticas que ha desatado la decisión del gobierno de evaluar la compra de los activos de Repsol. Si bien el jefe de Estado pretendió bajar el voltaje informando que Petroperú compraría la refinería La Pampilla, los grifos y la envasadora de gas Solgas en calidad de socio minoritario de un “inversionista privado”, la reacción de la sociedad ha mostrado que el país no está para aventuras populistas.

El presidente de la Confiep, Alfonso García Miró, habló con base y firmeza luego del pronunciamiento presidencial. Señaló que el jefe de Estado no lo había convencido y que “nos habíamos salido de la hoja de ruta”, enfatizando que la eventual compra de los activos de Repsol “confirma la decisión política del Estado en interferir en un mercado donde trabajan los privados”.

El sábado pasado el gobierno  publicó el Decreto Supremo 012 de Energia y Minas, sin la firma del ministro de Economía, mediante el cual reglamenta la ley 28840, de julio del 2006, precisando la figura de los encargos especiales, que facilitaría la compra de los activos de Repsol. El artículo 3 del reglamento establece que  estos encargos serán dictados solo por el Ejecutivo mediante Decreto Supremo. Es decir, para comprar los activos de Repsol no se necesitaría ya  una ley expresa del Congreso.

El reglamento tiene otras perlas: ratifica la exclusión de Petroperú del ámbito del Fonafe, del SNIP y de las normas generales de adquisiciones del Estado. Además señala que los trabajadores de la petrolera estatal no serán considerados funcionarios públicos.

El Estado a su “mínima expresión”

El presidente Humala sostiene que se requiere una economía “más equilibrada” entre la experiencia estatista de los setenta y “la reducción del estado a su mínima expresión” actual. ¿Qué tipo de equilibro puede desearse entre el modelo estatista que desquició nuestra economía y empobreció al 60% de los peruanos, y el modelo de economía de mercado que trajo al Perú un círculo virtuoso de reducción de la pobreza, la desigualdad y la desnutrición infantil?  El Presidente ha dicho que quiere un Estado “fuerte”, pero parece estar atrapado por la ideología. El modelo que redujo al Estado a su “mínima expresión” fue el estatismo del pasado, en tanto que el Estado del siglo XXI, el que abrazó la economía de mercado es probablemente el más fuerte de nuestra historia. (Ver algunas cifras).

El estatismo de los años setenta hizo añicos al propio estado, lo redujo a polvo. El estado llegó a perder control sobre la moneda nacional por la hiperinflación. El déficit fiscal, el crecimiento de la deuda pública, la caída de la presión tributaria convirtieron al Estado en un No-Estado. No solo no controlábamos nuestra moneda sino que ya no ejercíamos el monopolio de la violencia con la irrupción del senderismo y otros grupos armados.

Las reformas económicas de los años noventa nos permitieron reconstruir el Estado desde sus  escombros. No solo han mejorado todos los indicadores económicos y sociales, incluso hemos recuperado la confianza en el futuro y el entusiasmo con el porvenir. Donde no hemos avanzado al mismo ritmo es en el Estado, pero no por ser pequeño y débil, sino por ineficiente e indolente. El Estado peruano tiene hoy capacidades de regulación que nunca existieron, empezando por una Sunat muy poderosa y otras instituciones como Indecopi y los reguladores de servicios públicos. Sus carencias no tienen que ver con los procesos productivos, ni de bienes, ni de servicios, se deben a los atrasos en educación, salud, infraestructuras, y a las debilidades institucionales en seguridad y justicia.

En una reciente entrevista, Roxana Barrantes, directora general del Instituto de Estudios Peruano (IEP), publicada en el diario Gestión, sostiene que en el Perú la desigualdad no es solo económica sino también territorial, porque, según ella, “Lima crece a un ritmo diferente al de otras zonas”. Esta reflexión parece provenir de un prejuicio antes que de un estudio de la realidad peruana. Lima ya no es el Perú. Los últimos 20 años han cambiado nuestra geografía económica y social.

Para sorpresa de muchos, hoy la inversión, la economía, el empleo y los ingresos crecen más en las regiones que en Lima. Por ejemplo, durante la última década, el empleo y los ingresos han crecido el doble en provincias, más en las zonas rurales que en las urbanas y más en la sierra y la selva que en la costa.

Para muestra varios botones:

• Crecimiento económico: Siete regiones del interior crecieron por encima del promedio nacional de 6.4% entre el 2001 y el 2011, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática: Cusco (8.9%), Ica (8.8%), Madre de Dios (7.3%), La Libertad (7%), Ayacucho (6.9%), Arequipa (6.7%) y San Martín (6.6%). Como se ve la mayoría de ellos superaron a Lima (6.8%).
• Empleo: De una muestra de 30 ciudades, reportada por el Ministerio de Trabajo el 2011, en 14 se registró un incremento del empleo superior a la capital: Piura (16.3%), Sullana (16.1%), Puno (15.6%), Huaraz, (10.8%), Talara (10.2%), Cajamarca (8.2%), Arequipa (8.1%), Puerto Maldonado (7.9%), Huánuco (7.3%), Tacna (7.3%), Ayacucho (6.7%), Pisco (6.6%), Trujillo (6.3%) y Cusco (5.5%). El empleo, que en Lima aumentó solo el 5.4%, es el canal más efectivo para reducir la pobreza y la desigualdad.
• Ingresos: En ingresos por el trabajo, los incrementos en provincias también han sido significativos, llegando en Moquegua 1,564 soles mensuales de promedio, en Arequipa a 1,259,  en el Callao a 1,189, y en Tacna a 1,136, mientras que, en Lima, el ingreso promedio alcanza los 1,368 soles mensuales. Sin lugar a dudas, otro Perú.

En cuanto a la desigualdad, el coeficiente de Gini nos dice que el Perú ha logrado reducirla de 0.545 en 1999 a 0.452 en el 2011, de acuerdo a los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe -CEPAL- y del Banco Mundial. Algunos negacionistas de izquierda han recalculado su propio coeficiente Gini, al que ponen en un nivel actual de 0.6, sin embargo han debido reconocer que durante los últimos 10 años la reducción del mismo ha sido de 12%.

Si bien aún hay tareas pendientes para acortar las distancias entre los peruanos y establecer una agenda nacional de cara al futuro, es de esperar que los estudiosos se alejen de los buenos deseos y de los prejuicios y se acerquen a los indicadores de la realidad, pues solo con ellos se podrán construir bases sólidas para dicha agenda.

Lima, 5 nov (Lampadia).- Si bien es cierto que la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, el gabinete Jiménez y el propio Ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, han reconocido responsabilidad política en la revuelta del jueves 25 de octubre en La Parada, en los hechos, quienes han cargado con la culpa de la improvisada clausura del Mercado Mayorista, que causó 4 muertos, 108 heridos y diversos saqueos son el general Aldo Miranda, jefe de la VII dirección Territorial de la PNP, y otros cinco coroneles.

Los oficiales han sido separados de sus respectivos cargos y enfrentan el riesgo de ser acusados penalmente de las muertes ocurridas. Como se ve, la pita, otra vez, se rompió por el lado más débil.

Para todos ha quedado claro que el 25 de octubre se organizó un monumento a la improvisación: elección de un jueves en la tarde con miles de comerciantes y transeúntes en calles aledañas, ausencia inteligencia, falta de plan operativo y escaso número de efectivos. Sin embargo el sábado siguiente sucedió todo lo contrario: hora adecuada, inteligencia, plan y número de efectivos suficientes.

¿Cómo explicar una diferencia abismal en solo 48 horas? Había, pues, plan, inteligencia y efectivos. Es evidente que alguien presionó para la acción del jueves. Si alguna culpa, pues, tienen los oficializados es haberse dejado presionar. Diversos analistas han señalado que el objetivo de los dirigentes del municipio limeño era ocultar la noticia de ese día: se habían conseguido lasa 400 mil firmas para convocar el proceso de revocatoria de la alcaldesa.

De allí la necesidad de establecer responsabilidades políticas. En el caso del ministro del Interior debería considerarse la renuncia y, con respecto al director de seguridad ciudadana del municipio, Gabriel Prado- encargado del operativo del jueves-, se impone la separación del cargo.

¿Exceso de celo con el titular de Interior y la administración municipal? De ninguna manera. El deficiente manejo de los conflictos sociales ha generado censuras y renuncias de ministros, caídas de gabinetes y otras sanciones políticas. Durante el régimen toledista, recordemos los sucesos de Ilave que motivaron  la censura del ministro Fernando Rospigliosi en el Legislativo; durante el Baguazo, la ministra Cabanillas fue removida del cargo como una manera de subsanar el error. Con el régimen nacionalista los gabinetes Lerner y Valdes sucumbieron en medio de las acciones pre- insurreccionales contra el proyecto minero Conga en Cajamarca. Es decir, este tipo de sucesos siempre producen efectos, ya sea por mecanismos constitucionales o por la presión de la opinión pública.

¿Por qué, entonces, ahora no hay consecuencias para los responsables del fracaso en La Parada? Se reconocen responsabilidades políticas, pero se niegan a las renuncias o separaciones del cargo. Más aún, cuando a quienes se les pide explicaciones pertenecen a la izquierda que siempre ha exigido dimisiones ministeriales, ha cortado cabezas y ha promovido el derribo de gabinetes en medio de los conflictos sociales.

El municipio de Lima no solo fracasó durante el operativo del jueves 25 de octubre. También se equivoca desde meses atrás. Los funcionarios ediles  se negaron al traslado de los comerciantes de La Parada al mercado de Santa Anita arguyendo diversas razones, cuando la mayoría de ellos estaba de acuerdo. Esa negativa solo se explica por la voluntad de desmerecer a la anterior gestión limeña. Luego se dinamitaron todos los puentes del diálogo hasta convertir a los dirigentes mayoristas en enemigos de la administración actual. ¿Cómo los entusiastas promotores del nuevo mercado mayorista se convirtieron en opositores acérrimos del traslado? Solo se puede explicar por la impericia y la soberbia política. La izquierda siempre exigió agotar el diálogo. ¿Qué pasó en este caso?

Los errores de los políticos en la democracia se sancionan, ya sea en las urnas, mediante las renuncias o en las separaciones del cargo. A diferencia de cualquier otro sistema político de la historia, en la democracia el yerro en política tiene su sanción. De lo contrario estaríamos viviendo el gobierno de los reyes y noblezas intocables que -como gobiernan por designio divino- jamás se equivocan.

Lo acontecido con el ex embajador Nicolás Lynch, quien le otorgó audiencia en la embajada peruana en Argentina a los representantes del Movadef, debería ser una voz de alarma para que a futuro el presidente de la República tome precauciones antes de nombrar a sus representantes políticos en el extranjero.

El señor Lynch trató de justificar la audiencia a los defensores de Sendero Luminoso bajo el pretexto de que “él no está para juzgarlos”, de que la embajada peruana en Argentina es “la casa de todos los peruanos” y de que no se le puede culpar por tan solo recibir una carta. Una pena que el ex funcionario no haya sido consciente de la verdadera naturaleza de su cargo, que es, claramente, mucho más que una mesa de partes del Estado Peruano en Argentina: todo embajador es el representante político del presidente en el país donde desempeña sus funciones.

Por eso, así como sería censurable que el señor Ollanta Humala recibiese a los representantes del Movadef en Palacio de Gobierno como si fueran interlocutores válidos de nuestra democracia, lo es también que el señor Lynch le haya dado audiencia en su embajada.

El Movadef, no lo olvidemos, es un organismo de fachada de Sendero Luminoso que pretende que se saque de prisión a Abimael Guzmán presentándolo en el exterior como un preso político. ¿Es que acaso el señor Lynch no sabe, no puede o no quiere distinguir entre movimientos políticos que son auténticamente democráticos y agrupaciones que, como el Movadef, pretenden destruir y socavar la democracia y sus principios? ¿O cree que los peruanos consentiríamos que el Gobierno que él representaba hasta ayer se debería sentar a dialogar con los enviados de aquel grupo responsable de las muertes de miles de nuestros compatriotas?

Las responsabilidades que se derivan de toda esta extraña situación, por otro lado, no solo comprometen al ex embajador. Y es que su evidentemente erróneo comportamiento mereció que se ordenara su reemplazo desde el momento en que informó sobre dicha reunión en enero. Por eso, llama la atención la inacción de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores que, al menos, debió instruir inmediatamente a nuestras delegaciones diplomáticas en lo obvio, para que sus embajadores y demás funcionarios no se reunieran con los representantes del Movadef o agrupaciones similares y reaccionaran cada vez que en los países donde opera esta agrupación prosenderista se quiera sorprender a la opinión pública a través de un discurso mentiroso, como aquel de que ‘Gonzalo’ es un prisionero político.

¿Qué sucede? ¿Acaso para la cancillería no queda muy claro que nuestros embajadores deben salir a defender la democracia y desmentir un discurso que deforma la realidad? Realmente llama la atención esta falta de reacción en defensa de lo más sagrado que tiene el Perú, el derecho de nuestro pueblo a vivir en libertad y democracia plena, una libertad y una democracia que fueron ferozmente agredidas por las huestes de Sendero Luminoso.

El Gobierno, por lo menos, tuvo una reacción correcta, aunque tardía, formalizando de manera inmediata la renuncia del señor Lynch, impartiendo “nuevas y rigurosas instrucciones” a sus embajadas de oponerse a las campañas del Movadef y disponiendo que sus representantes “eviten toda interlocución con dicha organización”. Ojalá que, por lo menos, este incidente sirva para que el Gobierno inicie una estrategia política agresiva en el exterior y desenmascare ante la opinión pública internacional al Movadef, mostrándolo como lo que realmente es: la careta del movimiento terrorista más sanguinario que ha conocido el Perú.

Finalmente, solo queda recordarle al señor Lynch que, muy a su pesar, los peruanos no tenemos por qué compartir nuestra casa –aquí o en el extranjero– con los representantes de un grupo de asesinos que desprecian nuestra vida y nuestra libertad. Detrás del rechazo a su actuar como embajador –a diferencia de lo que él y otros quieren hacer creer– no existe una persecución ideológica. Lo que hay es la legítima preocupación como bien ha resumido el ex alcalde de izquierda de Villa El Salvador y víctima del terrorismo Michel Azcueta: Que si el Gobierno no respondiera al Movadef, “todos los peruanos lo pagaríamos”.

Las últimas actividades del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) en Argentina han puesto en alerta roja al gobierno sobre la expansión iniciada por la fachada política del grupo terrorista Sendero Luminoso, responsable de la muerte de miles de peruanos en los últimos 32 años.

La República accedió a información que maneja el gobierno respecto al crecimiento de este grupo prosenderista creado en el 2009 que busca su legitimación, a través de la infiltración en los distintos aparatos sociales.

Los reportes indican que este movimiento prosenderista aglutina a la militancia, articula el trabajo partidario y amplía su ámbito de acción e influencia, con el fin de captar nuevos adeptos en el ámbito político.

Esto a fin de permitir a Sendero Luminoso resurgir de manera legal en la vida proselitista con el único fin de exigir la libertad de su líder Abimael Guzmán.

Por eso no es extraño que hayan participado desde marchas “en apoyo” a Cajamarca, como en plantones en embajadas peruanas donde incluso llaman  asesino al Presidente peruano.

Sus actividades, desde su creación en el 2009, han ido en aumento, y eso se demuestra en sus 75 bases a nivel nacional.

BASES AQUÍ Y ALLÁ

La estructura orgánica de Movadef está asentada en Lima, pero desde allí mueve sus piezas con  total libertad en provincias.

Para ello se tiene conformado un Comité Organizador integrado por Manuel Fajardo Cravero y Alfredo Crespo Bragayrac, secretario y subsecretario general del Movadef, respectivamente.

Debajo de ellos están el secretario de Prensa y Propaganda, Oswaldo Esquivel Caycho; el secretario de Organización, Fernando Olórtegui Crispín; el secretario de Economía, Juan Carlos Ríos Fernández; y el subsecretario de Economía, Carlos Gamero Quispe.

 Según la información obtenida por este diario, esta cúpula ha logrado constituir 11 comités regionales en actividad, principalmente ubicados en el sur y el centro del país.

En el norte cuentan con comités de adoctrinamiento ideológico en etapa incipiente, que suman 12. Esto sumado a las 52 bases, entre provinciales y distritales, a nivel nacional.

Y si bien en las últimas semanas se han revelado actividades del Movadef en distintos países, la verdad es que solo tienen bases constituidas en Argentina, Chile, Bolivia, Francia y Suecia.

La cabeza del Movadef en Argentina, por ejemplo, es Rolando Echarri Pareja, un cusqueño de 51 años que estuvo preso por delito de terrorismo en 1989. Actualmente tiene vigentes cuatro órdenes de captura, tres en Cusco y una en Lima que datan entre los años 2005 y 2009.

Sobre la reunión en Buenos Aires –difundida por Youtube– este diario pudo conocer que no fue directamente con las Madres de Mayo, sino con la corriente denominada “La línea fundadora”, dirigida por Nora Cortiñas.

“Nosotros recibimos todos los días gente en la oficina, en Plaza de Mayo, o en charlas. Y no tenemos ningún interés en tener contactos, ni clandestinos, ni secretos, con nadie. Si colgaron algo en internet, es cosa de ellos”, dijo Cortiñas a José Rodríguez Ramos, nuestro  colaborador en tierras argentinas.

Por su parte, la base chilena del Movadef está liderada por July Palomino Masgo, tesorera de la ONG “Secretaria Ciudadana de Migrantes en Chile”, creada en el 2008. Ella está acompañada por César Mamani Valverde, quien fuera detenido en 1992 por senderista.

En el extranjero, sus distintas bases están encargadas de buscar financiamiento y entablar contacto con movimientos afines, con el fin de dar la impresión de apoyo internacional.

EN LAS UNIVERSIDADES

El gobierno también ha detectado la presencia activa del Movadef en cinco universidades, donde incluso se han identificado a las cabezas líderes, quienes permiten el ingreso de Alfredo Crespo para debates y seminarios sobre el senderismo.

En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), por ejemplo, María Rimarachín Pingo, de 23 años. En la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta se ha identificado a Manuel Gallardo Young, en  la Universidad del Callao a Fair Abimael Quezada Trujillo, y en la Universidad Federico Villarreal a Luis Cóndor Nieves. Todos han sido identificados por la Dircote en movilizaciones senderistas.

En provincias están Fredy Ochoa Prado como representante en la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Además de otros como Abrahan Cauna Toma (Puno), Pedro Marcelo Cruz Romero (Áncash), Javier Edilberto Gonzales Soto (Junín), y Antonio Albán Ipanaqué (Piura).

GREMIOS SOCIALES

También está la infiltración del Movadef en sindicatos y gremios, organizaciones sociales.

Lo más conocido hasta la fecha era el alcance en el Sutep-Conare con Efraín Condori Ramos y Alberto Alvizuri Fernández, así como en el Sute-Ayacucho con Cleto Falcón Pantigoso.

Hay presencia senderista, según el informe policial, en gremios como la Federación de Productores Agropecuarios del VRAE, a través de Nelson Palomino y Ronald Ávila Fernández. Igualmente sucede en la Asociación de Afectados de la Violencia Política del VRAE (ASAVIP) con Walter Aguilar Córdova.

Igualmente se han detectado coordinaciones en el Frente Único Nacional de los Pueblos del Perú con Jorge Del Carpio Lazo, el Frente de Defensa de los Intereses de Huanta con Carlos Eduardo Cárdenas Urday y el Frente de Defensa de Ayacucho con Rubén Uscata  Saccatoma.

Esta es la verdadera expansión de un Movadef que busca una estructura política que encubra sus acciones desestabilizadoras. Neutralizar esta amenaza es una tarea que trasciende lo policial.

CRONOLOGÍA

Crece de a pocos. Desde su creación en el año 2009, el Movadef ha intensificado sus reuniones, marchas y protestas tanto a nivel nacional como internacional. Acá un recuento.

Noviembre del 2009

Se produce la creación del Movimiento de Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) de la mano de Alfredo Crespo y Manuel Fajardo, abogados de Abimael Guzmán.

Mayo del 2010

Organización de la Primera Convención Nacional, donde se dan las primeras bases para la exigencia de la liberación del máximo líder senderista recluido en la Base Naval del Callao.

Noviembre del 2010

Se desarrolla el Primer Congreso Nacional del Movadef y con ello se determina iniciar la pronta recolección de firmas para inscribirse como partido político ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Enero del 2011

El grupo pro senderista organiza el Primer Congreso del Comité Ejecutivo Nacional, en Villa El Salvador. Este evento consiguió congregar a poco más de 200 personas con ideología senderista.

Abril del 2011

Concentración y movilización en el interior de la Universidad Nacional de San Marcos (UNMSM). Tras esto, la Dircote pudo detectar a varios senderistas en la actividad del Movadef.

Julio del 2012

Alfredo Crespo irrumpió en la presentación del libro  Profetas del odio. Raíces culturales y líderes de Sendero Luminoso, del sociólogo Gonzalo Portocarrero, en la Universidad Católica.

Setiembre del 2012

Presencia de integrantes del Movadef en la marcha del Sutep y Conare Sutep. Reunión de militantes presidida por Manuel Fajardo Cravero, en su local partidario de la Av. Perú 2488 – SMP.