Las declaraciones del domingo del Presidente Ollanta Humala, a un solo medio, no lograron calmar los ánimos y justificadas críticas que ha desatado la decisión del gobierno de evaluar la compra de los activos de Repsol. Si bien el jefe de Estado pretendió bajar el voltaje informando que Petroperú compraría la refinería La Pampilla, los grifos y la envasadora de gas Solgas en calidad de socio minoritario de un “inversionista privado”, la reacción de la sociedad ha mostrado que el país no está para aventuras populistas.
El presidente de la Confiep, Alfonso García Miró, habló con base y firmeza luego del pronunciamiento presidencial. Señaló que el jefe de Estado no lo había convencido y que “nos habíamos salido de la hoja de ruta”, enfatizando que la eventual compra de los activos de Repsol “confirma la decisión política del Estado en interferir en un mercado donde trabajan los privados”.
El sábado pasado el gobierno publicó el Decreto Supremo 012 de Energia y Minas, sin la firma del ministro de Economía, mediante el cual reglamenta la ley 28840, de julio del 2006, precisando la figura de los encargos especiales, que facilitaría la compra de los activos de Repsol. El artículo 3 del reglamento establece que estos encargos serán dictados solo por el Ejecutivo mediante Decreto Supremo. Es decir, para comprar los activos de Repsol no se necesitaría ya una ley expresa del Congreso.
El reglamento tiene otras perlas: ratifica la exclusión de Petroperú del ámbito del Fonafe, del SNIP y de las normas generales de adquisiciones del Estado. Además señala que los trabajadores de la petrolera estatal no serán considerados funcionarios públicos.
El Estado a su “mínima expresión”
El presidente Humala sostiene que se requiere una economía “más equilibrada” entre la experiencia estatista de los setenta y “la reducción del estado a su mínima expresión” actual. ¿Qué tipo de equilibro puede desearse entre el modelo estatista que desquició nuestra economía y empobreció al 60% de los peruanos, y el modelo de economía de mercado que trajo al Perú un círculo virtuoso de reducción de la pobreza, la desigualdad y la desnutrición infantil? El Presidente ha dicho que quiere un Estado “fuerte”, pero parece estar atrapado por la ideología. El modelo que redujo al Estado a su “mínima expresión” fue el estatismo del pasado, en tanto que el Estado del siglo XXI, el que abrazó la economía de mercado es probablemente el más fuerte de nuestra historia. (Ver algunas cifras).
El estatismo de los años setenta hizo añicos al propio estado, lo redujo a polvo. El estado llegó a perder control sobre la moneda nacional por la hiperinflación. El déficit fiscal, el crecimiento de la deuda pública, la caída de la presión tributaria convirtieron al Estado en un No-Estado. No solo no controlábamos nuestra moneda sino que ya no ejercíamos el monopolio de la violencia con la irrupción del senderismo y otros grupos armados.
Las reformas económicas de los años noventa nos permitieron reconstruir el Estado desde sus escombros. No solo han mejorado todos los indicadores económicos y sociales, incluso hemos recuperado la confianza en el futuro y el entusiasmo con el porvenir. Donde no hemos avanzado al mismo ritmo es en el Estado, pero no por ser pequeño y débil, sino por ineficiente e indolente. El Estado peruano tiene hoy capacidades de regulación que nunca existieron, empezando por una Sunat muy poderosa y otras instituciones como Indecopi y los reguladores de servicios públicos. Sus carencias no tienen que ver con los procesos productivos, ni de bienes, ni de servicios, se deben a los atrasos en educación, salud, infraestructuras, y a las debilidades institucionales en seguridad y justicia.
