Jaime de Althaus
Para Lampadia

Sostuve el 10 de octubre en El Comercio que la grave situación económica y social generada por la pandemia debía terminar generando una polarización o sinceramiento ideológico en la campaña electoral, en detrimento de las posiciones de centro. Y eso es lo que ha ocurrido.

Quienes se enfrentan en la segunda vuelta representan casi paradigmáticamente los dos modelos en pugna: el estatismo y el totalitarismo político (anulación de la libertad de prensa)[1] encarnado en Castillo, y el modelo de mercado contenido en la Constitución del 93, encarnado en Keiko Fujimori.

Por supuesto, hay más que eso. Pasaron a la segunda vuelta las opciones de izquierda y derecha que tenían o alcanzaron arraigo popular. Podríamos decir que Castillo recoge el voto que en el pasado hubiese ido a Alberto Fujimori, que desarrolló una relación personal con los sectores andinos y marginales. Ese capital fue casi totalmente dilapidado por Keiko, pero ha logrado rescatar algo de él. En la segunda vuelta deberá activarlo.

Los resultados que comentamos reflejan las características particulares que ha tenido esta elección:

1. La muy grave crisis sanitaria y económica, que ha sido un terreno fértil para la oferta populista y radical, pero también para quien pueda dar alguna garantía de recuperar el crecimiento económico. Lo primero explica el voto por Castillo, que es un voto de rechazo o castigo de los menos integrados al sistema a los señalados como culpables o como enemigos del pueblo, sean estos grupos monopólicos, empresas privadas o políticos corruptos o ineptos responsables del desgobierno y la desatención del Estado. Lo segundo explicaría las votaciones por Keiko Fujimori, López Aliaga y de Soto.
2. El hecho de que quienes pasaran la segunda vuelta lo hicieran con una votación bastante baja. Salvo en alguna medida el fenómeno Castillo, no hay candidatos que ilusionen ni entusiasmen. No quedan líderes. La clase política ha sido diezmada y casi desaparecida por los procesos LavaJato, que en algunos casos tuvieron un contenido persecutorio y plebiscitario que ha resultado muy destructivo, y por la anarquía de los últimos cinco años. Por eso quienes obtienen la primera, tercera y cuarta votación son outsiders.

Y ese es el lado débil de Keiko Fujimori. Ella forma parte del cuadro político repudiado, con la carga particular en su caso de un antifujimorismo que es la identidad política –negativa- más grande del Perú. En teoría, sin embargo, Keiko Fujimori ya pagó con la cárcel no por delitos que no cometió, sino por tremendos errores políticos que no son causal de prisión tampoco, pero sí estimularon una justicia plebiscitaria que canalizó el enorme antifujimorismo existente precisamente. Es decir, el antifujimorismo ya cobró cuentas, como las ha cobrado también con la condena excesiva a Alberto Fujimori. Si el análisis racional funciona, esas prisiones deberían amainarlo.

Quizá el pase a la segunda vuelta de Keiko Fujimori pueda ser leído como un llamado a superar el anti. Ante el peligro nacional que representa la otra candidatura, no queda más remedio. De hecho, candidatos de varios partidos han expresado que su prioridad será darle gobernabilidad a un próximo gobierno que busque recuperar la economía dentro de los cauces de la economía social de mercado. Es un punto de partida para un acercamiento que le permita a la candidata allanar resistencias en la segunda vuelta y armar luego una coalición de gobierno, que debería ir trabajándose desde ahora. Se trata de pensar en el país.

Pues, de otro lado, parece muy difícil que la mayor parte de la población se incline en la segunda vuelta por el candidato que propone destruir todo lo avanzado, pese a todo lo que falta. Pero encarna un sentimiento, que hay que leer y reconocer.

Ahora bien, el que nuestra democracia haya sufrido una depredación casi total de líderes políticos no es solo producto del caso Lavajato y de la confrontación política del último quinquenio, sino también de un problema estructural: el sistema de partidos y el funcionamiento de la democracia no atraen a la élite académica, profesional y empresarial del país. Hace mucho tiempo que los mejores ya no ingresan a la política establecida. La gran lección de este proceso electoral, entonces, es que es urgente reconstruir la política. Eso significa:

• En el corto plazo, la capacidad de construir una coalición de gobierno en el próximo Congreso. Eso depende exclusivamente de la voluntad y capacidad política de los líderes políticos. Tendrían que superarse a sí mismos, como hemos escrito antes. Lo que ya habría empezado a ocurrir, al tenor de las primeras declaraciones.

• En el mediano plazo, aprobar de una vez las reformas que permitan:
  • Que sea atractivo ingresar a los partidos políticos. Aprobar la propuesta de think tanks partidarios por impuestos.
  • Que servir en el Estado sea prestigioso. Para eso es indispensable instaurar la meritocracia en el aparato público.
  • Que el Ejecutivo tenga gobernabilidad, lo que implica que la insistencia en leyes observadas por el Ejecutivo se apruebe con los 2/3 de los congresistas, y que el Congreso sea elegido en segunda vuelta porque es imposible gobernar con un congreso muy fragmentado.
  • Que los candidatos a la presidencia puedan ser candidatos al Congreso, para que el Parlamento se convierta en un foro político de alto nivel donde estén los líderes políticos que, de paso, aseguren la disciplina de sus bancadas.
  • Que el Congreso tenga mayor legitimidad, lo que supone distritos electorales uni o bi nominales para que exista una verdadera relación de representación entre los electores y sus representantes.

Que esta segunda vuelta sirva también para construir todos estos consensos. Lampadia

Fausto Salinas Lovón
Desde Cusco
Para Lampadia

El temor al pase de Verónica Mendoza (VM) a la segunda vuelta en las elecciones del 11 de abril está llevando a muchos, antes que por amor, por espanto, a cambiar sus preferencias por candidatos viables de derecha, que sumen los votos necesarios para dejarla fuera del balotaje[i]

Sin embargo, no es a ese eventual fracaso (que esperamos se produzca) al cual nos referimos. Queremos ir más atrás.

En el 2006, el chavismo más achorado y de polo rojo, alentado por el propio Chávez y no por su caricaturesco sucesor, derramó millones de petrodólares para la campaña de Humala a fin de que gane las elecciones y ambos puedan rendirle juntos honores a “su general” Velasco, el inepto dictador que ambos admiraban y que Chávez había conocido cuando fue cadete militar de paso por el Perú. Un viejo zorro de la política como Alan García pudo ponerse entre él y Lourdes Flores y asestarle el primer fracaso al chavismo en el Perú.

En el 2011, el segundo fracaso del chavismo se dio cuando Mario Vargas Llosa y Alejandro Toledo, para citar sólo las dos caras visibles de este viraje, garantizaron los modales democráticos de Humala para que este le gane a Keiko Fujimori, a cambio de que se olvide de su propuesta chavista de “Gran Transformación” y la sustituya por la “Hoja de Ruta”, donde los cambios de constitución, la reelección indefinida, las estatizaciones, las nacionalizaciones y el control de los poderes políticos quedaban de lado. Otra cosa es que esta Hoja de Ruta sirviera como ticket de entrada al gobierno de la argolla de izquierda caviar que se mantiene hasta hoy; sin embargo, valgan verdades, los caviares no son chavistas, hasta lo condenan.

En el 2016, la tercera derrota de la nueva representante de la franquicia chavista, VM, vino directamente de las urnas. Más del 70% del electorado votó contra las propuestas de la candidata chavista y esta no pasó a la segunda vuelta. Esto lamentable y paradójicamente no significó un triunfo de la derecha y sus ideas, ya que la misma argolla de la izquierda caviar supo mover los hilos, enconar a PPK y KF y mantener el control de buena parte del aparato estatal. El chavismo quedó derrotado, aun cuando algunos de sus cuadros como Zamora o Ugarte manejan hasta la fecha la salud, con las lamentables consecuencias que vemos.

En el 2020, la franquicia chavista, pese a haber contribuido con letras, verbo, gritos y piedras a la caída del Congreso de mayoría fujimorista, no pasó la valla en las elecciones complementarias y no llegó al Congreso de transición. Va el cuatro fracaso.

Este domingo, podemos estar ante el quinto fracaso, que seguramente sería el último de la franquiciante Mendoza, aunque seguramente no sea el último intento del chavismo de abrir sucursal en nuestro país. Habrá Castillos, Cerrones, Santos, Cáceres Llicas, Antauros o cualquier otro que quiera vestir esa camiseta y porfiar por la destrucción del Perú en las siguientes elecciones. Sin embargo, qué pasaría si VM pasa segunda vuelta. ¿Este sería el primer triunfo del chavismo en el Perú? Muchos creerán que sí. Yo pienso que no. Aquí las razones.

• Si pasa la segunda vuelta es porque se quitó el polo chavista, se vistió de verde, fue a la peluquería, se pintó los labios, tragó el sapo que no quiso deglutir en 6 años y tuvo que reconocer que Venezuela es una dictadura y Maduro un dictador corrupto.
• Si VM pasa lo habrá hecho porque se destiño.
• Si pasa será porque les dijo a sus electores que no les expropiará nada.
• Si pasa, no será con más del 15% de los votos válidos, bastante menos de lo que tuvo el 2016 cuando era abiertamente chavista.
• Si pasa será porque buscó el voto de centro, porque le robo los electores a Guzmán y a Vizcarra.

Obviamente, hay quienes no creemos en la sinceridad de esta distancia frente al chavismo y vemos esto más bien como un disfraz.

¿Su proverbial lealtad hacia Nadine, Ollanta, Arana o Yehude nos llevaría a pensar que su lealtad hacia el elector le impediría tamaña felonía?

Sea de verdad o de mentira el cambio, lo cierto es que de cara al elector, VM habría avanzado renunciando a la camiseta del chavismo, lo cual ya es de por sí un quinto fracaso. Con mayor razón si no pasara ningún candidato de derecha a segunda vuelta, ya que en ese caso VM tendrá que derechizarse más de lo que PPK se caviarizó el 2016 para conseguir el triunfo.

Esto no quiere decir que debamos bajar la guardia y dejar de impedir, con nuestros votos y con nuestras ideas, que la señora Mendoza y sus ideas queden fuera del balotaje. Sólo quiere decir que los fracasos a veces pueden tener otra apariencia. Lampadia

Fausto Salinas Lovón
Desde Cusco
Para Lampadia

Los tres últimos sondeos a dos semanas de las elecciones, pese a sus diferentes resultados, no pueden esconder algunas tendencias:

• Johny Lescano no ha superado el techo del 15% de votos y ha detenido su crecimiento.
• Rafael López Aliaga asciende en todos los sondeos respecto a su votación anterior.
• Verónica Mendoza se halla muy lejos de su votación del 2016 y, salvo en la encuesta del IEP, no se acerca al 10% de votos.
• Hernando de Soto sube. Keiko Fujimori no supera el 8%
• Pedro Castillo le roba votos a Verónica Mendoza.
• Los candidatos gobiernistas Guzmán, Salaverry y Forsyth pagan el precio de la inepcia gubernamental, inclusive en la encuesta de IPSOS.

La votación por las opciones de derecha es mayoritaria frente a la votación por las opciones de izquierda, siendo este el tema del cual queremos ocuparnos hoy.

Según CIT la suma de la votación por Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori o Hernando de Soto supera los 30 puntos. Según el IEP el 26% y según IPSOS, la encuestadora que mantiene a flote a George Forsyth, 19%.  Salvo lo dicho por IPSSOS, los votos por la derecha se hallan por encima de los votos que suman Lescano, Mendoza y Castillo, los tres principales candidatos de la izquierda, que según CIT llegan al 21%, según IPSOS al 24% y según IEP al 25.3 %

Pese a que la votación es mayoritaria por la derecha, este sector no tiene asegurado su sitio en la segunda vuelta y puede quedarse fuera por su división.

El sitio de López Aliaga no es seguro como no lo es ni el de Lescano. Su viabilidad en segunda vuelta es aún más incierta.

• Por ello, en ¿Es tiempo del Otro sendero?
  https://www.lampadia.com/analisis/politica/es-tiempo-del-otro-sendero expresé mi opción por Hernando de Soto, una candidatura poco entusiasta pero con mejores posibilidades en segunda vuelta.
• En La Hora de Keiko, el valor de una renuncia, exhorté a la declinación de la señora Fujimori para fortalecer una candidatura de derecha con más posibilidades que la suya https://www.lampadia.com/analisis/politica/el-valor-de-una-renuncia y,
• Finalmente, en El Poder del voto, las alianzas y los endoses (Lampadia 26.03.21) https://www.lampadia.com/analisis/politica/el-poder-del-voto-las-alianzas-y-los-endoses analizo los efectos de los alianzas en la fragmentación electoral que vemos, tanto en la derecha como en la izquierda.

Hoy, a menos de dos semanas de las elecciones la suerte va quedando echada, todo lo que se puede decir está dicho y la historia juzgará a quienes, en sus afanes menores, se aferran a sus escasas preferencias y no suman.

¿La historia volverá a mostrarnos como una derecha ciega, al igual que en el 2016, es mayoritaria pero derrotada?

¿Es este su inevitable destino?

Estamos cerca de saberlo. También cerca de actuar y cambiar ese sino tan absurdo. Lampadia

Fausto Salinas Lovón
Desde Cusco
Para Lampadia

En la primera vuelta de las últimas elecciones generales, el 67% de los votantes apostó por la derecha, por el modelo constitucional y el mercado. Quería despegue económico, no cambio de modelo.  Si agregamos el 11% de votos centristas, tenemos que el 78% no estaba a favor de los cambios constitucionales y de modelo económico propuestos por la izquierda, que el país ya experimentó con los desastres de Velasco en los 70´s y con Alan García en los 80´S.  Sólo el 22% quería eso y lo busca hasta ahora.

PPK y Keiko Fujimori desperdiciaron ese nítido mandato de las urnas y, lejos de unirse como algunos lo sugerimos en abril de 2016, se enfrentaron hasta destruirse, en la mayor estupidez política que se haya visto en la historia política reciente del Perú, azuzados por la izquierda y la mafia caviar que gobierna el país enquistada en ministerios, vice ministerios, secretarias generales, direcciones generales y consultorías. Al final, PPK y Keiko Fujimori terminaron presos y el felón Vizcarra concentró el poder, desbordándolo en una fanfarria intervencionista que en el último año ha destruido el PBI y no ha podido contener la pandemia.

PPK y Keiko Fujimori no se han destruido solos. Sus cortes los han acompañado en este despropósito. La “gran prensa” ha auspiciado, muy bien pauteada, este desangre. La historia los juzgará.

Hoy, PPK y Keiko Fujimori son dos cuadros de tristeza arrimados a alguna de las paredes de la escena política peruana. El primero es un cadáver político y la segunda es la candidata que perdería en segunda vuelta hasta con la candidata de Maduro. La mayoría de peruanos preferirían ver al Perú convertido en Venezuela antes que votar por ella.

Los errores políticos se pagan.

¿Podrían hacer algo para enmendar su grave error y la deuda con el mandato popular que hoy busca alternativas?

PPK está sólo, su corte lo ha abandonado, carece de partido y de futuro. Podría reconocer la estupidez, tal vez eso le otorgue un mejor sitio en la historia que el rincón que se ha ganado.

Keiko Fujimori podría renunciar. Declinar su postulación presidencial para dar paso a una candidatura viable como la de Hernando de Soto y conservar o inclusive acrecentar su caudal parlamentario, para aportarlo a una alianza de gobierno de derecha o centro derecha que nos saque del hoyo. De Soto necesitará ciertamente una base política en el Congreso que no puede conseguirla con su movimiento y que no debería tomarla prestada de la izquierda. Mantenerse en la liza electoral sería un error más que termine de pintar de oscuro el color de su epitafio político. Una renuncia en cambio, a su edad, puede inclusive darle la oportunidad de liderar una bancada que construye, que aprende de sus errores y que se lava la cara.

Las mezquindades y egoísmos de los dos líderes de la derecha pintaron el quinquenio que termina. Nuevamente esas mezquindades y egoísmos de los líderes de turno nos pueden poner en una paradoja peor, ya advertida en ¿Es tiempo del Otro Sendero? Lampadia 05.03.21.

No se puede cometer el error otra vez. No hay derecho a dejar que el 22% de los peruanos, ahora representados por Lescano y Mendoza, le impongan a la mayoría de los peruanos, su visión y sus despropósitos.

Ha llegado la hora de Keiko. No la hora que ella espera. Ha llegado la hora de mostrar el valor de una renuncia oportuna. Veremos si está a la altura del desafío. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La encuesta del IEP publicada ayer confirma el ascenso de Yonhy Lescano y coloca a Verónika Mendoza en segundo lugar, aunque prácticamente empatada con los tres que le siguen:

Si estas tendencias se confirman en la encuesta de Ipsos que debe salir el 14, es posible que una parte de quienes pensaban votar por Hernando de Soto u otros candidatos se inclinen al final por Keiko Fujimori o Rafael López  Aliaga (que ha tenido un crecimiento muy veloz) para evitar que la segunda vuelta quede copada por candidatos de izquierda.

Pero hay acá un error de percepción, porque lo que pasa es que muchos no ven a Lescano como un candidato de izquierda. Según esta encuesta, la intención de voto por el candidato de Acción Popular está igualmente distribuida entre quienes se identifican a sí mismos como de izquierda, centro y derecha. Más claro aún, resulta que Lescano recibe una intención de voto proporcionalmente más alta en el sector AB que en C y D/E.

La marca de Acción Popular, asociada al centro político, disfraza el izquierdismo de Lescano. En el sector AB Lescano es conocido como defensor de los consumidores, pero es probable que aún no se conozca la verdadera naturaleza de sus propuestas. Cuando ello ocurra, podría perder votos en el AB (y también en los demás niveles) y entre los que en esta encuesta se auto califican como de derecha. Esos votos podrían ir a López Aliaga –que, además, tiene techo para crecer en sectores populares, aunque su extracción social no le ayude- o a Keiko Fujimori.

De hecho, las contradicciones entre el discurso del candidato presidencial (y el propio plan de gobierno) y el discurso de algunos candidatos al Congreso ya ha aparecido.

• Lescano propone nueva Constitución cambiando el capítulo económico, por ejemplo, para que los recursos mineros extraídos no sean de las empresas mineras sino del Estado. Es decir, la nacionalización a la boliviana de los recursos naturales, el modelo Evo Morales[1] (lo que, por supuesto, alejará toda inversión minera, como ha ocurrido con el gas en Bolivia).
• Y también que el BCR ponga controles o topes a las tasas de interés de los bancos.
• El plan de gobierno, por su parte, propone “desglobalizar la economía”, una suerte de retorno al proteccionismo de los 70, entre otras medidas.  

Pero la candidata al congreso María del Carmen Alva, sobrina de Javier Alva Orlandini, aclaró el sábado en El Comercio[2] que probablemente no haya consenso en la bancada para una nueva constitución y que si bien se requiere modificar la parte política, el capítulo económico no se va a modificar. Agrega, “nosotros estamos de acuerdo con la economía social de mercado, esto no se va a modificar… Y el rol subsidiario del Estado, tampoco”.

El candidato Pedro Morales también ha remarcado que AP cree en el rol subsidiario del Estado y en una economía social de mercado, de modo que no debe cambiarse el capítulo económico de la Constitución.

En cuanto a la nacionalización a la boliviana de la minería, Alva señaló claramente que “esta es una idea debatible, y se verá en el próximo Congreso si tiene consenso. Acción Popular está a favor de la inversión minera, … Nosotros queremos una minería responsable, … Acción Popular no va a presentar ninguna norma que desaliente la inversión privada, de ninguna manera… Acción Popular es un partido de centro, que cree en la inversión privada y extranjera, …”.

Precisó también que “Acción Popular no va a plantear control de precios de ninguna manera…, sino que así como existe Osinergmin y Osiptel, que son reguladores, ver la posibilidad de crear un regulador autónomo del Minsa…, que vea la calidad de las medicinas que se compran y que los precios no se disparen”.

Aquí hay una confusión que sí es común tanto a Lescano como a muchos de sus candidatos. Morales, por ejemplo, sostiene que “la educación, vivienda, salud, sobre todo los servicios básicos, se han convertido en un negocio y el Estado no hace nada”. Pero hacer empresa en educación, vivienda y salud es bueno, no es malo. Ayuda a ampliar y mejorar los servicios. Y no puede haber empresa sin utilidades. Las utilidades no son malas. Son el motor de la inversión. No se puede creer en la economía de mercado y en el principio de subsidiariedad, y proscribir la inversión privada de esos sectores. Es una contradicción. Y la manera de asegurar que no haya precios excesivos, es la competencia.

Más bien quien es muy malo dando esos servicios, es el Estado. Allí está el problema, no en el sector privado. Lo que debe plantearse es una reforma profunda de los servicios públicos, introduciéndoles precisamente elementos de gestión empresarial, meritocracia y gestión por resultados, lo que implicará enfrentarse a grupos de interés enquistados. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Los fiscales Vela y Pérez han usado la amplia plataforma mediática de la que disponen para acusarme de que yo he pasado a los ataques personales contra ellos e incluso a difamarlos, y a demandar mi retiro del Consejo Consultivo de la Junta Nacional de Justicia.

No puedo entenderlo de otra forma que como una intolerancia a la crítica que desnuda la falla esencial de algunas de sus actuaciones, porque lo que yo he venido haciendo es atacar no a las personas sino a los argumentos que les han llevado a criminalizar los aportes de campaña y a pedir prisiones preventivas de tres años sin acusación y por hechos que no son delito, algo incompatible con una democracia y un estado de derecho.

Presumo que fui invitado a formar parte del mencionado Consejo Consultivo de JNJ debido al libro que publiqué el 2016 titulado “La Gran Reforma de la Justicia y la Seguridad”, editado por la editorial Planeta. Mi preocupación y mis investigaciones sobre la reforma del sistema judicial para alcanzar una institucionalidad de alto nivel en el país, vienen de mucho antes de que se desatara el proceso llamado anticorrupción que ha llevado a plantear las reformas que ahora se empiezan a aplicar. Y previamente, el 2011, Planeta me publicó el libro “La Promesa de la Democracia”, que concluye en una propuesta de reformas políticas, 8 años antes de que se empezaran a discutir y aprobar.

Lo que a mí me interesa, es una democracia y un estado de derecho que funcionen. Por eso, carece de verdad la acusación difamatoria de “falta de imparcialidad” o de tener “simpatías evidentes”, sugiriendo que esas simpatías son contrarias a la lucha contra la corrupción o que se identifican con algún partido, y que por eso no debería estar en el Consejo Consultivo.[1] Yo protesté cuando se les dio prisión preventiva sin acusación y por esos mismos hechos a Ollanta Humala y Nadine Heredia. Lo mismo hice, y por más razones aún, porque ni siquiera había sido gobierno, cuando se hizo lo propio con Keiko Fujimori.

Mi posición no tiene color político. Tiene el color de la defensa de los derechos fundamentales y de las condiciones mínimas de existencia de una democracia. Como ha sostenido el propio Luis Pásara, un partido político no es ni puede ser considerado una organización criminal, y no hay democracia constitucional en el mundo en el que se precondene a prisión preventiva a políticos por tres años sin acusación. Es la violación absoluta no solo del derecho a la libertad sino a la presunción de inocencia, y lleva a la destrucción de la oposición política. 

Por eso, exijo a los fiscales que rectifiquen esa imputación.

La lucha anticorrupción terminará deslegitimándose si se convierte en patente de corso para atropellar derechos humanos, si deriva en justicia plebiscitaria o en arma de la venganza política –como advertía Max Hernández- o en instrumento de satisfacción de la demanda popular por víctimas sacrificiales. El principal resultado hasta ahora ha sido, efectivamente, la satisfacción de esa demanda y la demolición de partidos con cierto arraigo en un país sin partidos. Algunos sostienen que eso ha tenido un lado positivo como válvula de escape, pero esa es una posición cínica. El editor de América Latina de The Economist, Michael Reid, lo señalaba de alguna manera el sábado en El Comercio: “…no se puede vivir siempre de una agenda anticorrupción. Un intento de hacerlo traería el defecto de que la gente piense que todos los políticos son malos y corruptos; y no podría haber democracia en esas circunstancias”.

No se puede negar el impulso que el equipo especial le ha dado a la lucha anticorrupción, pero, como dice el propio Reid, “los fiscales han centrado su atención en los políticos más que en los empresarios”. Han desarrollado un trabajo muy prolijo –muy por encima del estándar nacional, hay que admitirlo- para demostrar formas de ocultamiento de donaciones que, sin embargo, siendo cuestionables y violatorias de la ley, no eran delito y siempre se han dado en la política peruana. Un gran esfuerzo, sí, pero para criminalizar la política.

Hay que acabar con la falta de transparencia en el financiamiento de la política, es verdad. Para eso están las leyes que se han aprobado, aunque se hayan ido al otro extremo. Pero la justicia tiene que ser independiente. No puede ser ejecutora del designio popular. Designio popular alimentado, por lo demás, por las propias investigaciones o por quienes casi todos los días filtran deliberadamente información sobre casos de disfraz de aportes como si fueran actos criminales, encendiendo la indignación popular.

Lo que parece cercano al delirio es la acusación que me hace Vela de haberlos difamado de manera encubierta en mi columna del viernes en El Comercio, insinuando que han recibido dinero de Odebrecht. Pero lo que yo escribí fue todo lo contrario, que esa versión era un mito al que había que ponerle coto. Cito textualmente: “…también se construye el mito de que los fiscales han sido comprados por Odebrecht, y ya han sido denunciados. Nada de esto es sano. Debe ponérsele coto”. Es decir, los defendí de la corriente de opinión que piensa que trabajan para Odebrecht. Los fiscales pueden estar equivocados en sus tesis penales y en forzar la figura del lavado de activos para criminalizar donaciones de campaña, desertificando la política peruana, pero no creo que sean deshonestos.

Sería bueno que Rafael Vela se rectifique también en esa acusación. Lampadia

José Ugaz S.M.
Para Lampadia

La decisión de disponer una nueva detención preventiva contra Keiko Fujimori a sólo dos meses que fuera liberada de la anterior, ha vuelto a poner sobre el tapete la naturaleza y uso de esta medida temporal de privación de la libertad.

Por un lado, los fiscales que la solicitan con frecuente regularidad, sostienen que es indispensable para el desarrollo de sus investigaciones sin que éstas sean puestas en riesgo por la fuga de los investigados o por prácticas obstruccionistas, y por otro, los imputados, afirman que se la está utilizando como una condena anticipada o como un método de presión para hacerlos confesar sus delitos.

Es ampliamente conocido que la detención preventiva sólo se puede aplicar cuando concurren los siguientes tres elementos:

1. Fundados y graves elementos de convicción que vinculen al investigado con el delito (sospecha fuerte o vehemente)
2. Peligro de fuga u obstaculización de la justicia
3. Prognosis de pena (condena posible superior a 4 años de prisión

Sin embargo, ello no ha amenguado la reacción de quienes denuncian que se viene aplicando arbitraria y abusivamente.

Ante esta polémica, la Corte Suprema, mediante Acuerdo Plenario 01-2019, adoptado en el 11 Pleno Jurisdiccional, ha confirmado los principios que deben orientar esta medida. Partiendo de la afirmación de la presunción de inocencia y de la libertad como regla general en todo proceso penal, la corte ha reiterado que la detención preventiva debe ser excepcional (sólo aplicable cuando al juez no le queda otra opción menos gravosa, como el arresto domiciliario) y proporcional (que comprende el principio de necesidad, es decir que sea indispensable para asegurar la buena marcha de la investigación).

En el caso de Keiko Fujimori, es evidente que el primer pedido de detención de la fiscalía estuvo justificado, pues contaba con evidencia irrefutable que acreditaba que su entorno cercano y abogados, estuvieron aleccionando testigos para mentir, lo que resulta un claro caso de obstrucción a la investigación.

Sin embargo, luego que fue liberada por orden del TC tras 13 meses de prisión, la fiscalía volvió a pedir su encarcelamiento preventivo, lo que ha sido admitido por el juez, quien le impuso 15 meses adicionales.

La pregunta es si esta segunda rigurosa medida es adecuada. Habiendo transcurrido 3 años y 10 meses de investigación preparatoria, y conforme lo han ido informando los fiscales, ésta parece estar lo suficientemente madura como para proceder a la siguiente etapa y decidir si se formaliza acusación o no. El Ministerio Público sostiene que ya tiene un caso consolidado, y por lo que se sabe, parece ser así.

Por otro lado, tras 13 meses de detención, la fiscalía, conforme se ha hecho público, ha recogido suficientes testimonios y documentos que demostrarían su teoría del caso, por lo que no hay razón aparente de devolverla a prisión para evitar que perjudique la prueba, pues ésta ya no corre peligro.

Desde esa perspectiva, el juez, siguiendo los criterios establecidos por la Corte Suprema y cumpliendo con los principios de excepcionalidad y proporcionalidad, si consideraba que subsistía algún riesgo de entorpecimiento o fuga, ha podido aplicarle una medida cautelar alternativa menos severa (arresto domiciliario), atendiendo a que el grueso de la prueba está asegurado y que con ese tipo de arraigo su presencia está asegurada hasta que se produzca el juicio y la sentencia.

Esta segunda decisión de arresto victimiza a la imputada y debilita la posición de la fiscalía, que, para un sector de la opinión pública, parece no tener cuándo terminar el caso y más bien estar promoviendo una persecución excesiva contra la investigada.

Por la salud de la investigación, corresponde formalizar la acusación si, como parece, hay suficiente prueba. En ese caso, es probable que Keiko Fujimori deba permanecer en la cárcel muchos años, pero ello será sustancialmente diferente pues obedecerá a una sentencia judicial que establezca su responsabilidad y le aplique una condena. Lampadia

Humberto Abanto Verástegui
Para Lampadia

La decisión de enviar nuevamente a la cárcel a Keiko Fujimori convirtió en simples declamaciones las grandes declaraciones jurisprudenciales de nuestros altos tribunales sobre la prisión preventiva. Si el derecho se mide, más que por su validez -o sea, que produzca debidamente-, por su eficacia -esto es, que surta efectos en la vida real-, la verdad es que, en el Perú, la prisión preventiva es una pena adelantada, no es excepcional, satisface las necesidades de la investigación, no requiere peligros concretos y se basa en meras conjeturas, no necesita descartar cuidadosamente la aplicación de otras medidas alternativas ni su plazo debe ser, además de legal, razonable.

Si, en opinión del juez, existen elementos probatorios suficientes de la probable culpabilidad de alguien, automáticamente se deducirán los peligros procesales y se le confinará en un penal, no importa lo que digan la Constitución, los tratados internacionales, la ley nacional y la jurisprudencia. Aquí es así y punto.

El juez ha dicho que existen suficientes elementos para creer, en alto grado de probabilidad, que Jaime Yoshiyama Tanaka -sí, se pronunció sobre él sin intervención de su defensa- recibió dinero de Odebrecht, sabiendo o debiendo presumir su origen ilícito, y que lo hizo por instrucciones de Keiko Fujimori o con el conocimiento y consentimiento de ella. ¿Cuál es el dato empírico? La declaración de Jorge Barata. ¿Cómo se corrobora? Con la simulación de aportes. Empero, el juez no explica por qué los aportes lícitos de los grupos Romero, Rasmuss y Rodríguez, y el hecho de que excedieran el límite legal de aportes de campaña, no sustentan la simulación para ingresarlos formalmente a la contabilidad partidaria. No percibió que dicha omisión invalidaba la premisa menor de su razonamiento.

En orden a los peligros procesales no ha sido mejor. Keiko Fujimori tiene peligro de fuga porque, pese a tener recursos suficientes, alquila vivienda en lugar de comprar una. En serio, ¿el juez no sabe que del ejercicio regular de la libertad -comprar o no comprar es eso- no se puede derivar consecuencias negativas para ninguna persona porque la Constitución lo prohíbe?

Los peligros de enturbiamiento no son mejores. Todos se deducen de actos de terceros, dichos no corroborados y sucesos inactuales. El TC advirtió que, si no se encadena razonablemente los actos de terceros a la actuación del imputado, no sustentan obstrucción. No le importó al juez. Todos sabemos que los dichos de aspirantes a colaboradores eficaces sin datos de corroboración son simples sindicaciones carentes de todo poder de formar convicción. Tampoco le importó. Menos explicó en qué pueden obstaculizar César Hinostroza y Pedro Chávarry hoy. El juez no parece saber que el peligro debe ser actual y hasta inminente.

Creó una institución procesal: La adición de la prisión preventiva. Ella es una sola en nuestro sistema y solo admite su prórroga mientras esté vigente el mandato que la impone. El juez, sin embargo, dijo que dictaba 15 meses de prisión preventiva que se adicionaban a los 13 ya sufridos por la imputada. ¿Para qué? Para no restar la prisión injustamente sufrida de la que iba a imponer. ¿Es razonable que el arresto domiciliario se abone al cómputo de la pena efectiva, pero que la carcelería provisional arbitrariamente sufrida por el imputado no se compute para la prisión preventiva que se le impone, sino que se adicione? No, no lo es.

Finalmente, despreciable y ruin es la broma macabra de supuestos defensores de derechos humanos y juristas del horror acerca de que ganar el habeas corpus en el TC fue un error de Keiko Fujimori. La repetición de un error judicial no invalida el ejercicio del derecho a la protección judicial de los derechos fundamentales. Al contrario, debería mover a ampliar el ámbito operativo de la represión de actos homogéneos, desde la perspectiva de la unidad del Poder Judicial, para impedir que una repartición judicial reincida en la misma afectación de un derecho fundamental que otra cometió, cuando hay una sentencia firme que así lo declara. El agraviado no debería ser obligado a transitar por un nuevo proceso, el desafuero debería fulminarse de inmediato.

La lucha contra los desafueros judiciales que vulneran la libertad personal ha sufrido un duro revés. Es causa, sin embargo, más temprano que tarde se ganará y la historia pondrá en su lugar a los que batallaron por ella y a los que aplaudieron los atropellos. Solo es cuestión de tiempo y de mantenerse firme en la fe democrática y la defensa de los derechos y las libertades. Lampadia

César Nakasaki
Abogado penalista
Para Lampadia

El nuevo encarcelamiento de Keiko Fujimori, a 61 días de salir en libertad, es inconstitucional e injusto.

La prisión preventiva es constitucional y justa cuando se cumplen presupuestos de:

1) sospecha fuerte del delito imputado;
2) pena privativa de libertad superior a 4 años;
3) peligro procesal;
4) proporcionalidad;
5) razonabilidad;
6) motivación cualificada de auto de prisión; y
7) debido proceso cautelar.

Todos tienen que concurrir para que detención judicial sea constitucional y justa.

En el caso de Keiko Fujimori no hubo debido proceso cautelar porque el juez Zúñiga no fue imparcial: ya había decidido dar prisión preventiva antes del inicio de audiencia. El juez tiene el sesgo de decidir a favor de la fiscalía en casos emblemáticos o mediáticos, no porque tiene la razón, sino porque el procesado inspira repudio, es condenado mediático por ciertos grupos de poder.

Siendo víctima de prisión preventiva arbitraria como sentenció Tribunal Constitucional, los principios de proporcionalidad y razonabilidad prohíben que Keiko Fujimori vuelva a sufrir una segunda prisión preventiva. La detención judicial arbitraria genera consecuencias: deber de medidas de compensación a la víctima y pérdida de legitimidad cautelar del fiscal, que debieron ser objeto del debate y decisión de la más larga audiencia de prisión preventiva de la historia judicial.

El fiscal tiene legitimidad para pedir el encarcelamiento del procesado siempre que respete la Constitución y la ley procesal, pero si provoca una privación de libertad inconstitucional pierde legitimidad, ya no puede solicitar cárcel; sólo le queda acusación, juicio y sentencia condenatoria para que regrese a prisión sea por declaración de culpabilidad.

La víctima de prisión preventiva arbitraria tiene derecho a medidas de compensación que pueden ser de naturaleza penal, procesal o económica. La procesal es prohibición de sufrir una segunda prisión preventiva. Otro problema de la prisión preventiva de Keiko Fujimori es la indebida determinación del peligro procesal, este es el fundamento de la medida cautelar, la única justificación para que pierda libertad la persona que la Constitución exige que tenga trato de inocente.

Prueba suficiente y pena probable, que es lo más fuerte que tiene Fiscalía pese a no existir aún jurisprudencia sobre si donaciones electorales con simulación relativa de donante y monto por condición del donante, constituyen delito de lavado de activos, no son suficientes para justificar prisión preventiva. Solo peligro procesal de fuga u obstaculización de actividad investigativa o probatoria son la justificación constitucional de prisión preventiva, a pesar del trato como inocente que exige derecho humano de presunción de inocencia.

El proceso penal fue creado para garantizar que sólo el culpable pierda libertad y el inocente no sea afectado. La negación de arraigo a Keiko Fujimori es arbitraria porque el juez no consideró que estuvo presa y recién hace 2 meses salió de prisión, de modo que, como cualquier ser humano, intenta reorganizar su vida personal, familiar y laboral. El juez fija peligro de fuga en un caso tan avanzado con criterios de peligro concreto, jamás abstracto. El juez establece peligro de obstaculización de la actividad investigativa arbitrariamente porque sólo debió examinar qué peligro al proceso produjo KF en los 2 meses que estuvo libre. La primera prisión preventiva neutralizó el peligro que el fiscal postuló para que se otorgue. El juez no podía basarse en ningún hecho anterior al primer ingreso a la cárcel.

El peligro de obstaculización se termina estableciendo con lo único nuevo que es un video de diálogo mudo de un abogado, no defensor de Keiko Fujimori, con un testigo en la escalera de los despachos del Equipo Especial. No esta prohíbo el diálogo de abogado y testigo, sí que lo induzca a no testificar o hacerlo falsamente, e inducir es convencer, no conversar, ni siquiera rogar, sí amenazar, comprar.

Los actos de defensa, no expresamente prohibidos por la ley, no deben ser utilizados para construir peligro procesal. Keiko Fujimori está nuevamente en prisión porque es la presa de caza en la guerra con Fuerza Popular. Segundo encarcelamiento en revancha por sentencia del Tribunal Constitucional, grave por el mensaje para que éste no se meta con el trabajo de los fiscales, pues sino los investigan penalmente como a los magistrados Sardón y Ramos, pese a que la Constitución lo prohíbe. Hoy se empieza a criticar o temer interponer habeas corpus siendo el más potente recurso jurídico para recuperar libertad.

¡Veremos qué pasa con la apelación, porque el camino a la libertad de Keiko Fujimori es el más difícil y cuesta arriba!!! Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Los fiscales anti corrupción tienen detractores y defensores. Entre estos últimos el apoyo se ha vuelto más matizado y se puede glosar así: “no cabe duda que los fiscales del grupo especial Lava Jato han realizado una gran labor, le han dado un gran impulso a la lucha contra la corrupción, aunque han cometido algunos errores que deberían corregir o moderar para que sus logros no sean cuestionados”.

¿Es verdad que han realizado una gran labor? La realidad ha definido dos grandes áreas de investigación: los sobornos a autoridades y funcionarios por obras públicas -que es lo grave-, y los aportes de campaña, que no eran delito, por más que fueran ocultos e indebidos. En ambos casos la información sobre los receptores de coimas y donaciones vino principalmente del Brasil. ¿Cuál fue el mérito de los fiscales peruanos?

Si bien los fiscales realizaron algunas gestiones propias en el área de sobornos, como veremos, la “gran labor” que sí hicieron se concentró principalmente en el área de las donaciones de campaña. Esa labor ha consistido en convertir en delito algo que no lo era, forzando la figura del lavado de activos. Como ya hemos demostrado en otras columnas y como sostiene la mayor parte de penalistas, no se puede confundir las modalidades de disposición de los aportes de campaña, que eventualmente se usan en el lavado de activos, con este delito, cuyo contenido y finalidad es completamente diferente.

En eso, sin embargo, los fiscales han sido obsesivamente diligentes: en investigar todas las formas de pitufeo e identificar quiénes aportaron a nombre de otros y en buscar colaboradores eficaces que señalaran incluso supuestas acciones de obstrucción de la justicia.

En eso han sido aplastantes. Han desplegado una actividad febril para descubrir modalidades de ejecución de un delito que no existía. Más allá de las intenciones o los propósitos, el hecho concreto resultante es que se inventa un delito para encarcelar y perseguir a opositores políticos. Quizá el único delito imputable en todo esto sea el de declaración falsa, que recién la fiscalía ha incluido.  

Buena parte de aura heroica y justiciera de la lucha contra la corrupción viene de estas imputaciones y prisiones preventivas contra políticos que recibieron donaciones de campaña, sobre todo contra Keiko Fujimori. Inversamente, la destrucción de la imagen de la lidereza de Fuerza Popular se debió a la manera como día a día se mostraban testimonios de nuevas formas de ocultar donaciones que ella supuestamente había ordenado, presentándolas como delito. Por eso ella es percibida hoy como el personaje más negativo del país, según encuesta de IPSOS. Y por eso la población rechaza que haya sido liberada, pues las filtraciones mediáticas de los “hallazgos” de la fiscalía han convencido a la población de que efectivamente ella es corrupta.

Por cierto, la revelación de esos hechos se superpuso a la conducta de su bancada en el Congreso, para configurar una combinación mediática demoledora en la opinión pública. Así, la lucha anti corrupción se convirtió, entonces, casi en sinónimo de acusaciones contra la lidereza de Fuerza Popular y otros miembros de su agrupación, y rechazo al comportamiento de su bancada, lo que a la postre, de paso, facilitó la disolución del Congreso, que fue sentida como un acto de justicia y un gran alivio. 

En lugar de priorizar la demostración de las modalidades de ocultamiento de los aportes de campaña, el equipo especial Lavajato debió concentrarse principalmente en los casos de sobornos a autoridades y funcionarios por obras públicas. En este campo, su logro principal y muy positivo sin duda, ha sido haber conseguido la colaboración eficaz de Josef Maiman para corroborar las denuncias de Barata sobre los cuantiosos sobornos al ex presidente Alejandro Toledo.

César Azabache apunta además lo siguiente: “Los montos subieron de 29 millones de dólares a más de 80 millones en un juego en pared revelaciones de Brasil / hallazgos fuera de control (en el Perú hay colaboradores brasileños no controlados por Curitiba, como por ejemplo en el caso de la carretera Chacas)”. Y agrega que el equipo ha conseguido fuentes propias en lo del Club de la Construcción, donde tendría alrededor de 5 colaboradores eficaces peruanos. 

Pero casi todo ha venido del Brasil. Por eso, el acuerdo de colaboración con Odebrecht, muy cuestionado por el bajo monto de la reparación civil y que tenga que pagarse en 15 años, es visto por los defensores del equipo Lavajato como un logro importante.  Carlos Rivera, del IDL, señala: “Si bien en este momento la fiscalía ha logrado diversos elementos de corroboración en los casos más importantes, sin la información de Brasil difícilmente lograrían avanzar. Las decisiones se tomaron allá y la plata salió de allá. Por eso la declaración de Odebrecht como organización criminal y el acuerdo de colaboración es fundamental”.

Sí es cierto que el equipo Lavajato es laborioso -pese a que se demora demasiado en acusar o no lo hace, cometiendo el abuso del recurso a las prisiones preventivas-, y es distinto, en el sentido de que ingresa a la arena política y ejerce un liderazgo mediático. Con frecuencia filtra informaciones y confesiones, para generar presión de la opinión pública sobre los jueces. Ese alto perfil público no tiene precedentes. Pero sería bueno que se use para perseguir a los verdaderos delincuentes. Lampadia

Fausto Salinas Lovón
Exclusivo para Lampadia

Luego de que el banquero Dionisio Romero Paoletti revelara que aportó 3´650,000 dólares de su dinero a la campaña presidencial de Keiko Fujimori el 2011 para impedir que el chavismo llegara al poder en nuestro país y otros empresarios revelaran aportes económicos menores para esa campaña y para la defensa del modelo económico vigente, se han escuchado comentarios de diverso tipo.

Para la izquierda, como era de esperarse, estos aportes eran el precio que pagaban los ricos para comprar leyes, políticas y prebendas.

Para los “políticamente correctos”, esos que se ubican en los lugares comunes que construye la media, son razón suficiente para retirar sus ahorros del BCP, compartir posts sobre el tema o hacer cruzadas morales contra los productos de las empresas involucradas.

Para los juristas, se tratan de aportes de campaña simplemente, usuales en todas las campañas políticas, que no estaban prohibidos por la legislación electoral de ese momento y cuya omisión en el registro electoral del partido beneficiado, constituye una infracción electoral susceptible de sanción administrativa. Hoy en día, aportes de este tipo tienen otro tratamiento legal y podrían ser considerados como delito.

Sin embargo, lo que más llama la atención es la posición de algunos otros empresarios y en particular de la actual presidenta de Confiep, para quien los empresarios que han hecho estos aportes “debieran dar un paso al costado”.

No señora León, los empresarios que aportaron para una opción política contraria al chavismo y los empresarios que aportaron a la CONFIEP para que esta defienda en el 2010 la libre empresa, el estado de derecho, la libertad económica y en general el modelo económico que ha permitido reducir la pobreza mejor que nunca en la historia del Perú, impulsar el crecimiento económico sostenido del país y reinsertarnos al mundo, no deben dar un paso al costado, deben dar un paso al frente y ser emulados por sus pares.

Desde el 2003 habían llegado a toda Sudamérica los millones del castro chavismo para capturar el poder y luego saquearlo con jugosos contratos de obras públicas faraónicas en manos de empresas del Cartel de Sao Paolo. Evo y Correa no llegaron al poder por bendición de Dios en Bolivia y Ecuador, respectivamente. El 2005 se vio el despliegue económico del nacionalismo en la campaña política que obligó a los peruanos a votar por Alan García para evitar que llegue la “Gran Destrucción”. El 2007 ya se conocía la maleta incautada en Aeroparque al venezolano Antonini Wilson con 790,550 dólares para la campaña de Christina Kirchner, que puso en evidencia el modus operandi del financiamiento político venezolano. El 2008 ya se conocía el financiamiento político de Caracas a todos los partidos del Foro de Sao Paolo. Para el 2011 la señora Verónica Mendoza ya había viajado a Venezuela, junto con Nadine y Ollanta para pedir la bendición y el apoyo de Chávez, como lo confirman las agendas en las cuales, según el peritaje de Andrés Begazo, escribía Verónica Mendoza (diario Perú 21. 20.03.2016).

Para el 2011 ya habían llegado al Perú muchos millones de dinero venezolano para imponernos un cambio de modelo económico y virar nuestro país hacia el rumbo venezolano o nicaragüense. Según consigna el Diario Perú 21 (16.05.2017), serían 16 millones de dólares los recibidos por Ollanta Humala para este fin del venezolano Levay Reyes y del cubano Perazo Gonzales.

En este contexto, haber aportado a la campaña política que buscaba frenar (cosa que no logró), la llegada del chavismo al gobierno, no es algo por lo que haya que dar un paso al costado. Es algo por lo cual hay que dar un paso al frente.

Los aportes de las empresas peruanas no impidieron que Humala llegue al poder. Eran enanos frente al aporte chavista que se hizo evidente en un despliegue logístico y de propaganda que se vio en todo el país. Hubieran sido igualmente inocuos si quien pasaba a la segunda vuelta hubiera sido PPK o Toledo en lugar de Keiko Fujimori el año 2011, ya que la maquinaria chavista había penetrado el tejido político del país, regiones, alcaldías y su victoria era inevitable.

Las empresas y los empresarios tienen, como todos los ciudadanos, el deber y el derecho de participar en los asuntos y la vida política del país. Si tienen dinero y este proviene del éxito obtenido en el funcionamiento de un modelo económico que permite el crecimiento, la generación de empleo y la reducción de la pobreza, sin duda el deber es aún mayor. Otra cosa muy distinta es si piden algo a cambio y si esto se les concede, como sucedió con las empresas brasileras. Eso no es aporte, es prebenda o dádiva y habría que investigar, para erradicar el mercantilismo.

Sin embargo, al final de todo lo que importa es saber si el Perú, ante una nueva encrucijada como la del 2011, volverá a contar con sus empresarios y su aporte. Eso es precisamente lo que quieren conseguir. Desarmar las opciones a favor del modelo y dejarlo desguarnecido, en manos del aporte chavista, del narcotráfico o del aporte, esta vez del Foro de Puebla.

Si yo tuviera los millones del señor Dionisio Romero, sin duda hubiera aportado eso y más para salvar a mi país del comunismo que viene bajo muchos ropajes. Empresarios que aportan a la política, no den un paso al costado, den un paso al frente. Y no solo aporten dinero, aporten ideas, experiencia, éxito y súmense a la lucha para defender el país. Lampadia

EDITORIAL DE LAMPADIA

Si el Tribunal Constitucional tomara en cuenta el Acuerdo Plenario de la Corte Suprema sobre la prisión preventiva recientemente publicado, tendría que ordenar la liberación inmediata de Keiko Fujimori, así como ordenó, sin tener ese documento a la mano, la liberación de Ollanta Humala y Nadine Heredia luego de que el ex presidente y su esposa sufrieran ocho meses de prisión preventiva injustificada.

En una democracia no se puede encarcelar a un líder de la oposición sin que siquiera haya acusación y sin justificación suficiente. En el caso de Keiko Fujimori, esa situación se prolonga ya más de un año.

Como quiera que privar a un ser humano de su libertad es lo más duro después de la muerte, el Acuerdo Plenario de la Corte Suprema recuerda que el Código Procesal Penal (CPP) condiciona la posibilidad de la aplicación de la prisión preventiva a dos condiciones concurrentes: a) Sospecha de delito grave y b) Peligrosismo procesal (periculum libertatis). En realidad, basta con desvirtuar la posibilidad de la existencia de un delito grave (la primera condición) para desvirtuar el valor de las supuestas acciones de “peligrosismo procesal” (peligro de fuga y obstrucción a la justicia), porque no si no hay delito esas acciones pierden sentido.

Y ese es el tema. Pues, como sabemos, en todas las investigaciones en curso contra políticos y partidos, incluyendo la de Keiko Fujimori, ante la imposibilidad de acusar por financiamiento ilegal de campañas, que no era delito, los fiscales han forzado la figura del lavado de activos. Por lo tanto, la verdadera cuestión para efectos de la prisión preventiva es determinar si el financiamiento de partidos, ilegal o no, constituye lavado de activos. Pues una cosa es dar una apariencia de origen lícito a bienes dinerarios originados en delitos graves, y otra cosa es recibir dinero para financiar campañas políticas.

El lavador no se apropia del dinero, simplemente lo lava. Es decir, disimula o borra su origen ilegítimo, pero no se apropia de él. Le permite al delincuente mantener el fruto de sus delitos. En el caso del financiamiento ilegal de campañas políticas, el partido recibe el dinero en donación y lo usa.

El Decreto Legislativo 1106, vigente en el momento en que habrían sucedido las transferencias a Nadine Heredia, Jaime Yoshiyama y otros, tipificaba el lavado de activos de la siguiente manera: “El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso…” y, “el que adquiere, utiliza, guarda, administra, custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso…”.

De estos enunciados se deduce que la finalidad del lavador no es apropiarse del dinero o usarlo por ser propio sino evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso. En el caso de las campañas electorales, si se oculta o disfraza su origen, no es porque lo presuma ilícito, sino porque la empresa o el propio partido no quieren que se sepa por razones empresariales o políticas.

Si es cierto que los partidos políticos recibieron, se apropiaron y usaron dinero de Oderbrecht y de otras empresas, ello sencillamente no es lavado de activos. Esas conductas recientemente han sido tipificadas en el artículo 359-A del Código Penal como financiamiento prohibido de organizaciones políticas. Pero cuando esos hechos ocurrieron, ello no constituía delito alguno.

Es hora, por lo tanto, de poner fin a las prisiones preventivas abusivas en las que no se cumple la primera condición necesaria: sospecha de delito grave. Aquí no hay delito, por lo menos en ese extremo. Si pudiera haberlo en virtud de algún supuesto enriquecimiento personal a partir de la donación, sin declaración de esos ingresos al fisco, por ejemplo, es otra cosa. Pero no es ese el fundamento de las prisiones preventivas cuyo abuso estamos viendo. Lampadia