Fausto Salinas Lovón
Desde Cusco
Para Lampadia

El destino del dinero que aportamos a los fondos obligatorios para nuestra jubilación debe ser decidido por nosotros mismos. Esto es algo elemental, es el derecho de cada uno a gozar del beneficio de su propio trabajo y esfuerzo. Sin embargo, lo elemental no es común para políticos, periodistas, académicos y algunos empresarios, que siempre encuentran la forma y la justificación para que sean “otros” y no los aportantes quienes decidan qué hacer con ese dinero.

En este afán de que otros decidan sobre lo que es suyo o mío (porque seguramente usted que lee también aporta a la ONP, a una AFP o al Régimen Militar Policial), han aparecido las famosas “comisiones”, normalmente de políticos y académicos para decidir sobre este tema. Otros decidiendo lo que es suyo.

La idea de encargar el destino de las pensiones de jubilación a una “comisión” no es exclusiva del Perú. Chile tuvo en el 2015 a la ecléctica Comisión Bravo. No es nueva (PPK creó la Comisión de Protección Social a inicios de su gobierno), ni es buena (Lampadia: 14.10.2020. Se viene un camello para el manejo de las pensiones). Es una práctica corriente, al punto que ahora, dos comisiones del Congreso se disputan el protagonismo en este tema: La Comisión de Economía que aprobó ayer otro retiro de fondos y la Comisión Especial que preside la congresista Carmen Omonte que plantea quitarnos una parte de nuestros aportes para entregarlos al Estado.

El problema de fondo que hay detrás de todo esto es que las “comisiones” olvidan lo elemental:

• El derecho inalienable de toda persona a gozar del beneficio de su propio trabajo y esfuerzo.
• “Nadie gasta mejor el dinero que uno mismo”. (Milton Friedman. Premio Nobel de Economía 1976).

En la Matriz del Gasto del pensamiento de Friedman hay cuatro modos de disponer el dinero. El más eficiente (I) es el que gasta su propio dinero en beneficio propio. El menos eficiente (IV) es el que gasta el dinero de otros, en beneficio de otros.

El destino de las pensiones debiera ser definido en el casillero (I) de esta matriz, como definimos el destino de nuestro sueldo después de impuestos, de nuestros ahorros, de nuestra herencia o de nuestro tiempo. A los políticos no les interesa ese cuadrante, allí no hay votos, aplausos, ni prebendas. A los políticos y a las comisiones que ellos conforman, les gusta que todos los recursos estén en el casillero (IV), donde ellos gastan el dinero de otros, en beneficio de otros, con la abierta posibilidad qué entre los otros, estén ellos mismos: los políticos. En el casillero (IV), el más ineficiente, donde no se ahorra en el gasto, ni se maximiza en el beneficio, están los gastos públicos del Estado, la seguridad social estatal y es donde las “comisiones” quieren llevar el destino de sus ahorros para las pensiones. Para lograrlo nos dicen que “ellos lo pueden hacer mejor que nosotros”. Que ellos lo deben hacer por el “bien común”. Que los políticos lo hacen para que seamos “solidarios”.

¡Solidaridad! ¡Cuántos abusos se cometen en tu nombre! Olvidando que la solidaridad es un acto libre que se estimula y alienta y no el pretexto para la confiscación del esfuerzo ajeno.

La Comisión Omonte del Congreso de la República, que deberá presentar su informe a inicios de noviembre ya anunció más de lo mismo:

• La estatización del sistema con el pretexto de un “Sistema Integrado” de tres pilares, en un lenguaje muy influenciado por las ideas de la Comisión Bravo. Estatización en el sentido de que el Estado será el amo, dueño y señor de su dinero, en mayor o menor medida según definan el debate y las encuestas, pero al fin y al cabo el Estado como protagonista.
• Su aporte ya no irá a su fondo (individual en la AFP o nominal /de reparto en la ONP).  Se partirá en dos fondos: uno suyo y otro común.
• Ese fondo común será manejado por una AFP estatal. Si, una AFP que manejarán los políticos. Ellos, los que están en las comisiones, que luego se reciclan y pasan del gobierno al congreso, de asesores a congresistas, de congresistas a asesores, de candidatos a funcionarios, de ministros a viceministros, de asesores a directores.  Otra vez los políticos llevando su dinero al casillo IV de la Matriz de Gastos.

En noviembre de 2017: Cuidado con las propuestas de las comisiones. Lampadia. ya se advirtió lo que venía y se mostró que las comisiones no enfrenten el problema en serio, que sólo buscan poner más dinero en manos del Estado. No se avanzado en nada de eso.

¿Qué hacer para recuperar el destino del producto de nuestro trabajo? ¿Esperar de manos cruzadas viendo que los políticos se llevan su dinero? Ciertamente No.  

Es tiempo de actuar. Aquí algunos caminos para comenzar a pensar:

Legales: La propiedad es inviolable, el ahorro está garantizado por el Estado y el acceso a las pensiones es libre según nuestra Constitución, hay que defenderlo utilizando los caminos constitucionales. Amparos, Acciones de Inconstitucionalidad y Medidas Cautelares en defensa de estos derechos deberán activarse ya, antes de que sea tarde.

Políticos:  La reforma previsional no puede ser decidida por “comisiones” sino por los ciudadanos. Los peruanos deben decidir el destino de sus fondos, el Referéndum puede ser el remedio frente a una iniciativa que se apropie de los ahorros previsionales. No votar por políticos que quieran pasar su dinero a manos del Estado también.

Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

En el Perú tenemos instituido legalmente el derecho a la “protección de datos”, lo que en condiciones normales suena muy razonable, pero “el demonio está en los detalles” y ahí comienzan los problemas.

Para empezar, es importante tener claro que esta ley asume el principio de la buena fe. No obstante, en el PERÚ de nuestros días, encontramos demasiados casos en que los ciudadanos toman ventaja de los resquicios que ofrece la ley, para tomar ventaja o cometer ilegalidades y ese es un asunto que exige pronta solución.

Por ejemplo, hoy en día que estamos enfrentando el problema del COVID-19, se aplica el concepto de protección de datos que, permite poner en riesgo la vida de muchos ciudadanos cuando alguien contagiado no toma las precauciones.  Por estos días se publicó en la prensa que, una persona mayor debidamente evaluada y cuyo contagio estaba confirmado, había salido a los mercados haciendo caso omiso a las medidas de seguridad y protección social que debía haber adoptado. En este irresponsable acto, este señor puso su interés individual por encima del interés de la sociedad y puede que haya contagiado a muchos que han interactuado con él, tal como ha ocurrido en repetidas oportunidades, pero con gente que desconocía su mal. Más grave aún el caso de una ex ministra de salud de este gobierno que, sabiendo que su prueba de COVID-19 había resultado positiva, siguió interactuando con sus colaboradores en el trabajo y cuando se hizo pública la información, reaccionó acusando a la prensa por no respetar su privacidad. ¡Tamaña barbaridad viniendo de una ex ministra de salud!

Claro, en este caso se preguntará el lector; ¿qué quiere que haga, le pongo un letrero luminoso para identificarlo? Desde luego que no, pero debemos pensar en una solución. En países civilizados a esos ciudadanos que han dado resultado positivo en la prueba COVID-19, se les pone una pulsera que los identifique como contaminados y si no respeta el aislamiento tienen prisión inmediata, pero aquí no pasa nada.

Un caso no tan patético como este, pero igualmente ilegal y dañino para la sociedad (por haberse convertido en tendencia), es el que viene ocurriendo constantemente con el seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR). Para quienes no lo saben, este seguro no sólo cubre la incapacidad ocasionada por los accidentes de trabajo, sino también aquellos casos de menoscabo originado por “enfermedades profesionales”, tales como; sordera, lumbalgia, silicosis, neumoconiosis, etc.  Esto por supuesto que es correcto, no obstante, ocurre que con apoyo de una mafia de médicos del sector público y de la seguridad social que, ciertamente obtienen un beneficio económico, certifican enfermedades inexistentes que, permiten al trabajador gestionar una pensión por invalidez permanente.   El punto es que, como la compañía no recibe esa información, el sujeto continúa trabajando y cobrando como correspondería, si no fuera porque ya tiene una pensión permanente de invalidez que lo jubilaría.

Como podemos apreciar, nuestra legislación no conecta unos regímenes legales (en este caso laborales), con el de seguros y pensionario, pues incluso hay casos que han obtenido una pensión de jubilación por enfermedad y paralelamente reciben la pensión de jubilación proveniente de su AFP, dos pensiones de jubilación.

Nuevamente, en cualquier país civilizado del mundo, si un trabajador solicita activar su póliza de seguros por este concepto, la compañía de seguros tiene la obligación de comunicar a la empresa en la que labora que, este trabajador ha “siniestrado” su póliza.   En tal caso, la empresa estaría en el derecho u obligación de tomarle  un examen detallado que certifique la condición médica de su trabajador y quedaría claro que ya no podría trabajar si se constata tal enfermedad profesional o bien que está sano y en ese caso, al margen de las sanciones a los que han participado en el fraude, se anula el derecho a tal pensión.

Pero no, en nuestro país el trabajador puede obtener un “certificado médico” que asevere un menoscabo a su salud, siniestrar la póliza SCTR y la empresa no tiene derecho a enterarse siquiera de quién está impactando su seguro, consecuentemente no tiene derecho a verificar la enfermedad y la “ley de protección de datos” protege al  tramposo.

Ya que en el Congreso están con tantas ganas de legislar, ¿por qué no acogen este tema y ponemos las cosas en orden de una vez por todas? Lampadia

Fernando Muñoz Nájar Perea
Para Lampadia

Nuestros políticos, en su mayoría, tienen siempre el mismo comportamiento populista. Aquí precisaremos algunos conceptos y cifras y haremos una propuesta de una reforma de pensiones que podría resolver el problema de los independientes, que son la gran mayoría de la población. Alejándonos del pensamiento de esos políticos que tratan de ganar popularidad a costa del dinero de los trabajadores en los Fondos de Pensiones, causándoles daño en su futura pensión.

Revisemos las propuestas de los políticos en las últimas crisis:

• En la crisis del 2008 se propuso: que las AFP paguen.
• En el Niño Costero se propuso: que las AFP paguen.
• En el Corona Virus se propone: que las AFP paguen.

Y cuando llegue el día de la jubilación le dirán:

Que Dios te pague la pensión, porque tú ya la gastaste.

Y el congresista “amigo” le dirá:

¿por qué la gastaste?, tú tienes la culpa.

Cada día es más urgente hacer una “reforma de pensiones”, que incluya en los colegios un curso dedicado a enseñar la necesidad de las pensiones de jubilación. Así se eliminarán las propuestas “salvadoras” de las crisis para regalar los fondos de las AFP a sus propietarios, quienes además son una pequeña porción de la población.  

Para las etapas de crisis deben crearse seguros de desempleo, utilizar los fondos de emergencia, etc. Las propuestas ya han desvirtuaron la finalidad de la CTS, ahora quieren hacerlo con las AFP. Utilizan la engañosa frase “las AFP no te quieren dar tu plata”. Sucede que el dinero es del trabajador y lo recibe cuando se jubila, es así de sencillo. Cualquier cosa diferente es mentira y aceptarla le costará muy caro al trabajador.

Antes de analizar la propuesta de una posible reforma precisemos algunos conceptos, que luego de 27 años de funcionamiento de las AFP no se han entendido, en especial respecto del dinero del Fondo de Pensiones en las AFP:

• El dinero del Fondo NO es de las AFP, es de cada trabajador. Ahorrado con esfuerzo, con el sacrificio de sus ingresos mensuales en toda su vida laboral. Es un robo al trabajador utilizarlo para otro fin.
• El dinero del Fondo es de propiedad del trabajador, y si este fallece, constituye herencia al igual que una casa, un auto o cualquier bien. La AFP NUNCA se queda con un sol del trabajador.
• El dinero del Fondo tiene como objeto lograr una pensión de jubilación para el trabajador. Que al cumplir 65 años tendrá una expectativa de vida de 87 años, en promedio, deberá vivir de su pensión 22 años. Es claro entonces que NO es para solucionar crisis, NO es para cuando se cae la economía del país, tampoco para fenómenos del clima, ni para problemas de epidemias. Tampoco para viajar o comprar autos. Hay que repetirlo, para esos fines están la CTS, los seguros de salud, ahorros, etc., y los supuestos fondos de contingencia del Estado.
• Ese dinero es INTANGIBLE según la ley que creó el SPP. Pero ese término no lo entienden los congresistas, ni los presidentes de turno y menos la prensa roja.
• El rendimiento del Fondo del trabajador va a la cuenta del mismo trabajador, la AFP NO puede tocar un sol de ese dinero. La AFP se sostiene de las comisiones que cobra, no de las utilidades del Fondo del trabajador. Para hacer clara la diferencia existen dos contabilidades separadas la de la AFP y la del Fondo.
• El dinero del Fondo está invertido 55% en el Perú y 45% en el extranjero, por dos razones: i) para una amplia diversificación de la inversión la cual produce mayor rentabilidad para el trabajador y ii) porque en el Perú NO hay suficientes instrumentos financieros de largo plazo en donde invertir. Más claro, no hay obras de infraestructura nuevas hace tiempo, o hay muy pocas y son de lentísimo inicio, porque nuestros gobiernos no las han realizado.  
• El dinero del Fondo normalmente tiene fluctuaciones, que van de acuerdo a la economía del país y del mundo. Es natural que se reduzca y que luego recupere con creces. Como sucedió en la crisis del 2008, en que inicialmente se redujo por pérdidas en la bolsa, pero meses después se recuperó con creces. Para eso está bien invertido y controlado por la SBS día a día. Igual sucede hoy con el problema del Corono virus.

Veamos la composición de la Población Económicamente Activa (PEA) o en edad de trabajar, dividiéndola en dependientes e independientes, según estén o no en una planilla de sueldos de una empresa:

Revisemos ahora cuántas son las personas que están en una AFP y cuántas en la ONP (cuyas pensiones son bastante reducidas) y que porcentaje del total de la PEA representan:  

Preguntas que surgen luego de ver las cifras:

¿Por qué no se hace un sistema para los 13 millones de trabajadores que no tienen acceso a ningún sistema? ¿No es el grupo más grande sin derecho alguno a pensiones y salud?

¿Por qué nadie menciona que la ONP deja sin pensión a un tercio de sus aportantes? ¿Ignorancia de lo que pasa en la ONP? ¿tal vez porque es empresa pública y siendo pública no tiene importancia que deje en la calle a miles de peruanos? 

¿Por qué en cada crisis se pretende arreglar el problema del Perú dando dinero de su propio Fondo a los trabajadores afiliados aportantes a las AFP?, Si son solo el 18.2% de la PEA? (aportantes 3,2 MM / PEA 17.6 MM)? ¿Es por odio hacia el sistema de AFP?

Revisemos también cuántos son los pensionistas en las AFP, que actualmente son beneficiarios del dinero de su Fondo:

Estas casi 180 mil personas viven de su pensión actualmente y hay más de tres millones en camino de recibir su pensión al cumplir los 65 años, si es que los congresistas se lo permiten, si no, al jubilarse tendrán que vivir en la miseria o en la incertidumbre, como la mayor parte de los trabajadores peruanos.

Una propuesta responsable para los trece millones de independientes

Es esta una importante coyuntura para hacer cambios en favor de la población, cambios dirigidos a dotar de beneficios a los que no los tienen y que hasta hoy el Estado no ha sido capaz de brindarlos.

La propuesta es la siguiente:

Crear un fondo para pensiones y salud, dirigido a los casi 13 millones de trabadores independientes, utilizando una porción del IGV y del ISC que paga cada uno de ellos, trasladándola, a una cuenta individual a su nombre.

Con el dinero de esa cuenta se pagará su seguro de salud y se creará un Fondo para su futura pensión.

Esta propuesta tiene la ventaja de que el independiente no tendría que pagar un sol, su aporte sale de los impuestos que hoy paga. La mayoría de independientes desconoce cuánto es lo que paga por IGV y por el ISC día a día.

La ley que se propone debe prohibir que el ciudadano retire, tome prestado el dinero o lo use para un concepto diferente. Deberá también especificar penas privativas de libertad para toda persona que incentive, plantee o trate de cambiar su uso. Evitando de esa forma que políticos inescrupulosos de siempre propongan utilizar ese dinero para ganar votos, causando miseria en la etapa de jubilación de los trabajadores y/o desapareciendo el servicio de salud.

La administración del Fondo que se crearía se licitaría a instituciones privadas y públicas, de reconocido prestigio. Debería estar a cargo de la SBS.  

El procedimiento sería sencillo, el trabajador se identificaría con su número de DNI al adquirir un bien o un servicio, la SUNAT separaría una porción del IGV que se depositaría directamente en la cuenta individual administrada por el Fondo de independientes.

La finalidad del Fondo de Independientes será único y exclusivo:

• Pagar el seguro de salud que el trabajador libremente escoja y
• Crear un fondo dirigido a su pensión de jubilación que también iría a la administradora que el trabajador escoja libremente.   

Considerando que la recaudación del IGV y el ISC en el año 2019 ha sido de 42,600 millones de soles, un monto casi igual al del impuesto a la renta, sería muy razonable que una porción se utilice directamente para brindar salud y pensiones al trabajador que paga esos impuestos.

Se entiende que esta facilidad estará dirigida exclusivamente a los trabajadores independientes. Una ventaja adicional es que permitiría a la SUNAT identificar a las personas con un nivel alto de consumo que no tributan.

Fuentes:

• SBS para datos de las AFP.
• Sunat para datos tributarios.
• ONP no hay información exacta.

Las cifras han sido respetuosamente redondeadas para facilitar su comprensión.

Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El primero en romper la disciplina y la unidad de comando en la lucha contra el virus, ha sido el Congreso, al aprobar la ley que permite a los aportantes al sistema privado de pensiones disponer del 25% de sus fondos. Lo ha hecho pese a la oposición del gobierno, del MEF, del BCR, de la SBS y de todos los entendidos en la materia, solo por ganarse el aplauso inmediato sin interesarle las consecuencias. Condenable oportunismo político en el que han caído todas las bancadas con la excepción responsable, hay que decirlo, del Partido Morado.

Perjudica a los propios beneficiarios

Porque es imposible que no entendieran las razones por las que esa medida es perjudicial y contraproducente. Primero, para los propios supuestos beneficiarios. Estos, claro, podrán retirar sus fondos, aunque muchos en realidad no necesiten hacerlo, pero ese 25% que retiren significará una cantidad de soles mucho menor a la que recibirían si los retirasen en otro momento, cuando el fondo estuviera en un valor normal. Ahora han perdido valor, precisamente debido a la pandemia. Pero cuando ésta se supere lo recuperará y con creces, como ha ocurrido en todas las ocasiones anteriores. Allí la gente se dará cuenta de todo lo que perdió al acceder a la manzana envenenada que le regaló el Congreso.

El 25% que retiren los afiliados –o el 100% que retiren los que ganan por debajo de S/ 4,300- perderá más valor aun porque el precio de los bonos del tesoro y de las acciones en los que se ha invertido los fondos caerá todavía más a consecuencia de la cantidad de bonos y acciones que las AFP tendrán que vender para devolver a los aportantes. Es decir, doble perjuicio para los afiliados a las AFP. Un engaña muchachos.

Es perjudicial, en segundo lugar, para la gran cantidad de pequeños accionistas de las empresas listadas en bolsa -muchos de los cuales seguramente tienen su fondo de pensiones-, pues al desvalorizarse sus acciones perderán cuantioso capital. Perjuicio por partida triple para esos ciudadanos.

Perjudica la lucha contra el coronavirus

Y perjudica, en tercer lugar, a la propia lucha contra el coronavirus, pues le resta recursos. Al desvalorizarse tremendamente los bonos del Estado, al gobierno le va a resultar mucho más caro endeudarse para financiar el sobregasto que entraña combatir el coronavirus y recuperar luego la economía, porque al haber mucha oferta de bonos y poca demanda, tendrá que ofrecer una tasa de interés mucho más elevada para conseguir que el mercado compre.

Es decir, la ley socava puniblemente los esfuerzos del país para ganar esta guerra.

Razones estructurales

• Ahorro nacional

Hay otros argumentos más estructurales por las que esta ley es vergonzosa. La razón por la que el Perú, a diferencia de los demás países de América Latina, puede destinar ingentes recursos -S/90,000 millones- a esta lucha, se debe precisamente al ahorro nacional acumulado, por primera vez en la historia nacional, en los últimos 30 años. Y parte sustancial de ese ahorro -que se vuelve inversión- es precisamente el fondo de pensiones, que había alcanzado los S/150,000 millones. No se puede empezar a dilapidar el ahorro nacional con el pretexto de auxiliar a personas la mayor parte de las cuales están cubiertas porque reciben un sueldo en las empresas en las que trabajan, y las que no van a poder retirar hasta S/2,000 gracias a un decreto supremo.

• Bomba de tiempo fiscal

En realidad, esta ley no es sino un paso desintegrador más en el camino que inició la populista ley que permitía a los afiliados retirar el 95.5% de sus fondos acumulados al cumplir la edad de jubilación, que desnaturalizaba la razón de ser del ahorro forzoso. Si este ya no sirve para tener recursos en la jubilación, carecía de sentido su existencia misma. De modo que más temprano que tarde -pronosticamos- algún político propondrá eliminarlo.

El problema es que probablemente lo que propondrá no será eliminar el ahorro forzoso, sino el sistema privado de pensiones, el sistema de cuentas de ahorro previsionales individuales (que no es lo mismo que las AFP).  No sería de extrañar que en la campaña electoral que se viene, que amenaza con ser una competencia muy populista, algún candidato ofrezca devolver todos los fondos acumulados en las cuentas individuales.

Lo que no se dan cuenta es que las cuentas de ahorro previsional individuales son justamente la garantía de que no habrá contingencia fiscal futura, porque en ese sistema la pensión no depende del presupuesto nacional sino del ahorro previsional personal.

Destruir este concepto –el de las cuentas individuales- equivale a montar una verdadera bomba de tiempo fiscal, que haría inviable el Estado peruano. Un acto de traición a la patria, porque comprometería el futuro del país.

Salvo que sí se elimine la aportación obligatoria como tal, el ahorro forzoso, para todos, como reclaman algunos liberales en nombre de la libertad individual. Con ello ya no habría, en teoría, contingencia fiscal. Pero eso es, precisamente, teórico. No toma en cuenta la existencia de la política. En ausencia de ahorro forzoso, y ante la constatación de que muchos no ahorraron para su vejez (como lo demuestra la economía del comportamiento) o invirtieron mal, los políticos ofrecerán una versión recargada de pensión 65 universal. Todos los mayores de 65 al presupuesto público, con una “pensión digna”. La receta perfecta para el hundimiento nacional.

• Reforma integral

Por esta misma razón es que es indispensable ir a una reforma integral del sistema de pensiones en su conjunto, porque la mayor parte de los peruanos carece de afiliación a un sistema pensionario y existe entonces el riesgo de que esa mayoría termine refugiada en una pensión estatal infinanciable en el largo plazo. Es necesario incorporar a todos los peruanos, pero en un sistema de cuentas previsionales individuales -organizado o no por AFPs-, aunque pueda haber una pensión mínima que en algunos casos pueda requerir un subsidio solidario.

Lampadia ha formulado una propuesta para alcanzar ese resultado (que todos aporten a su cuenta previsional un porcentaje del IGV que pagan cuando compran algo). Un esquema universal, voluntario y formalizador, que permite superar buena parte de nuestras limitaciones. Es lo que hay que discutir. Mientras tanto el Ejecutivo está en la obligación de observar esta ley y realizar todos los esfuerzos para introducir responsabilidad en el Congreso. Lampadia

Las crisis de deuda de los sistemas públicos de pensiones aún siguen siendo un problema de las arcas fiscales, inclusive en el mundo desarrollado. Un reciente artículo publicado por The Economist, que compartimos líneas abajo, da cuenta de cómo el financiamiento de las pensiones de los burócratas en EEUU se ha vuelto insostenible ante el incremento de la esperanza de vida, las planillas gubernamentales, entre otras razones.

Y es que, como nos hemos extendido en numerosas oportunidades (ver Lampadia: Lo importante es lograr cobertura universal, El IGV y las pensiones, ONP: Inclusión o Exclusión) el problema de estos fondos es el factor intrínseco de sus estructuras de carácter común, siendo los sistemas de capitalización individuales privados largamente superiores no solo por los retornos que proveen, producto de las inversiones en los mercados de capitales efectuadas, sino también por sus consecuentes altas tasas de reemplazo en relación a los sistemas públicos.

En un contexto de envejecimiento global, que se prevé golpeará con fuerza ya no solo a los países  de ingreso alto sino también al tercer mundo en los próximos años, se hace imperativa la eliminación de estos esquemas, puesto que dependen, fundamentalmente, de un aporte creciente de jóvenes para financiar a la población en edad de jubilación, que además son cada vez, una menos proporción.  El traspaso de los pensionistas a los sistemas de capitalización individual, en los que es posible hacer un tracking de los aportes durante toda la vida laboral a diferencia de las bolsas de fondo común, acabaría progresivamente con los enormes forados fiscales de los sistemas públicos. Creemos que esta es la única solución a este gran problema que acontece en todas las sociedades del globo. Lampadia

El agujero de pensiones multimillonario de EEUU
Las pensiones públicas son lamentablemente insuficientes

El punto de crisis llegará pronto

The Economist
16 de noviembre, 2019
Traducido y comentado por Lampadia

Muchos trabajadores del sector privado ya no los tienen. Pero la mayoría de los empleados del sector público en EEUU todavía tienen derecho a un beneficio valioso: una pensión vinculada a su salario final. Un problema de larga data es que los estados y las ciudades, que financian sus planes de manera diferente al gobierno federal, han sido negligentes al reservar suficiente dinero para cubrir estas promesas.

El agujero negro resultante se está volviendo cada vez más alarmante. Aunque el mercado de valores estadounidense ha alcanzado niveles récord, el fondo de pensiones promedio del sector público tiene un déficit mayor en términos porcentuales que en 2000 o al comienzo de esta década. En algunos estados y ciudades, los esquemas tienen menos del 50% de financiación; Illinois tiene seis de los peores.

El costo de las promesas de pensiones ha aumentado porque las personas viven más tiempo, por lo que terminan sacando más provecho del pozo. Algunos estados y ciudades han respondido tratando de evadir sus obligaciones y reducir los beneficios que obtienen los jubilados, pero los tribunales a menudo han decidido en contra de ellos, dictaminando que un contrato es un contrato. Como resultado, los estados, las ciudades y otros organismos públicos se ven obligados a canalizar cada vez más los planes de pensiones. Después de haber aportado el equivalente al 5.3% de sus facturas de nómina ordinarias en 2001, los empleadores del sector público ahora pagan, en promedio, el 16.5% anual.

Incluso esas contribuciones no han sido suficientes. Los políticos a menudo no han pagado tanto como recomiendan los actuarios. En 2009, los actuarios para el esquema de “Maestros de Illinois” pidieron al estado toser US$ 2,100 millones; pagó solo US$ 1,600 millones. Para 2018, la factura anual había aumentado a US$ 7,100 millones, pero el Estado pagó solo US$ 4,200 millones. El agujero en el esquema de pensiones se profundizó a US$ 75,000 millones en 2018, o alrededor de US$ 6,000 por cada ciudadano en el estado. Y eso es solo para los maestros.

El problema aún podría empeorar. Los planes de pensiones son vulnerables a una recesión del mercado y muchos quedaron tambaleándose después de la crisis financiera mundial de 2008-09. Incluso si los mercados no caen, sufrirían en un largo período de rendimientos lentos. Eso parece plausible dado que los rendimientos de los bonos del Tesoro a 30 años son solo del 2.4% y las valoraciones de las acciones estadounidenses se extienden en relación con su promedio histórico. Algunos esquemas apuestan por “activos alternativos” como fondos de cobertura y capital privado para llenar el vacío. Pero los retornos de los fondos de cobertura han sido decepcionantes durante la última década, y la industria de capital privado no es lo suficientemente grande como para absorber US$ 4 trillones de activos de pensiones del sector público.

Y hay un problema final: la contabilidad de los esquemas. Al calcular cuánto necesitan reservar hoy, todos los esquemas financiados deben calcular cuánto es probable que paguen en el futuro. Esto significa usar una tasa para descontar el costo de los pagos de pensión de mañana. Cuanto mayor sea la tasa utilizada, menor será el costo. Los planes de pensiones del sector público pueden usar la tasa de retorno de la inversión asumida como su tasa de descuento, a pesar de que todavía tendrán que pagar pensiones, ya sea que obtengan ese rendimiento o no. Naturalmente, esto ha llevado a un cierto optimismo sobre los rendimientos futuros: muchos suponen un 7-7.5% al año.

En el sector privado, una promesa de pensión se considera una deuda y debe descontarse a los rendimientos de los bonos corporativos, que se encuentran en niveles históricamente bajos. Esto hace que las pensiones parezcan más caras y explica por qué muchas compañías han cerrado sus planes de salario final. Si el sector público tuviera que usar el mismo enfoque, su índice de financiamiento promedio sería mucho más bajo que el 72% de hoy y el agujero resultante, actualmente en US$ 1,600 millones, en total sería mucho mayor.

Los organismos públicos tendrán que aumentar aún más sus contribuciones. Un estudio realizado por the Centre for Retirement Research descubrió que en los estados más afectados, Connecticut, Illinois y Nueva Jersey, los costos de las pensiones en 2014 ya representaban el 15% de los ingresos totales. Eso desencadenará una restricción en las finanzas públicas, ya que otros gastos deben reducirse o los impuestos deben aumentarse. Cualquiera será especialmente difícil para las personas más jóvenes y los trabajadores del sector privado, que no obtienen los mismos beneficios.

La crisis de las pensiones ha estado retumbando durante años, pero algunos estados y ciudades pronto entrarán en una espiral descendente, en la que los costos de las pensiones conducen a malos servicios públicos o aumentos de impuestos, lo que a su vez alienta a los trabajadores y las empresas a mudarse y que luego reduce el impuesto base, haciendo promesas aún menos asequibles. Cuando eso sucede, algunos estados y ciudades caerán en un agujero negro. Lampadia

Recientemente, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso emitió un dictamen a favor del Proyecto de Ley N°3060/2017-CR presentado en agosto del 2018, que permite a todo afiliado al Sistema Privado de Pensiones (SPP), no menor de 45 años, el retiro íntegro de los aportes, siempre que acredite encontrarse desempleado por un período mínimo de 12 meses. Ello aún cuando entidades de vasto prestigio técnico del sector público -como el MEF y la SBS- e importantes gremios del sector privado –como la Asociación Peruana de Empresas de Seguros y la Asociación de AFP- mostraron su rotundo rechazo a dicho proyecto de ley.

Una vez más el Congreso quiere inducir de manera irresponsable y demagógica -al igual que con el proyecto de ley que permitió el retiro anticipado del 95.5% de los fondos desde el 2016- un mayor deterioro y – por qué no decirlo – un desmoronamiento de un sistema que ha demostrado ser, en el ámbito de su cobertura, de los más eficientes a nivel mundial – reporta la cuarta rentabilidad real a 15 años más alta a nivel mundial, además ser largamente superior a la de otros productos financieros como los depósitos a plazo, fondos mutuos, entre otros – y cuyas comisiones cobradas se encuentran entre las más competitivas de la región (ver Lampadia: Lo importante es lograr cobertura universal). Asimismo, como indicaría recientemente Giovanna Prialé, presidenta de la Asociación de AFP, los ahorros administrados por el sistema representan la principal fuente de ahorro interno en el Perú, la cual asciende al 22% del PBI.

Sin embargo, aún con todos estos atributos que saltan a la vista, nuestros políticos insisten en destruir un sistema de cuentas individuales que, a la fecha, ya protege a 7 millones de peruanos de una situación económica adversa –que puede desembocar en pobreza – en la etapa posterior a la jubilación.

Peor aún, el Congreso no puede pretender llevar a cabo la promulgación de dicha ley, si, como señaló Jaime de Althaus recientemente, en el Perú son pocos los que cuentan con pensiones –solo 1 de cada 4 peruanos que trabajan aportan al SPP- , además de la inminente bomba fiscal que heredaremos ya no solo con la ONP –cuya deuda para con sus aportantes asciende a medio PBI- sino con los peruanos que, en ausencia de ahorro previsional, no podrán contar con recursos una vez entrados a la jubilación.

En ese sentido, reiteramos que el centro del debate de la reforma previsional no debe ser más el retiro anticipado de los fondos –como ha estado pretendiéndolo hacer el Congreso en los últimos años – sino el incremento de la cobertura, de manera que nuestro país pueda tener un verdadero sistema de pensiones formalizador, voluntario y sobretodo, universal. Esto se puede hacer a través de aportes individuales de canjes parciales de los pagos del IGV (ver Lampadia: El IGV como aporte al Fondo de Pensiones y formalización del empleo).

Urge pues, hacer un llamado al Congreso a desechar dicho proyecto de ley. Esta impronta populista no puede concretarse, en pos del bienestar de nuestros futuros pensionistas y jubilados. Ellos merecen un sistema que pueda garantizarles una buena calidad de vida, inclusive en los últimos años de su existencia. Siempre velaremos por ello. Lampadia

Mientras el mundo real produce cambios que inviabilizan los sistemas de pensiones de reparto y piden más años de aportes pensionarios, dado el aumento de la esperanza de vida, nuestros políticos siguen organizando falsos regalitos populacheros como jubilaciones a menores edades.

Esperamos que las reflexiones siguientes les ayuden a reflexionar, o por lo menos a darles vergüenza cuando hacen propuestas contraproducentes. 

El envejecimiento de la población y la baja tasa de natalidad causarán problemas en el sistema de pensiones de jubilación. El desafío principal es que las personas viven más tiempo y, mientras que es un gran logro que el Perú tenga una mejor expectativa de vida, podría generar una situación inviable para los sistemas de jubilación de reparto en el país, ONP y Pensión 65.

¿Cuál es el problema a nivel global? Si bien la dramática expansión de las expectativas de vida es uno de los logros de la humanidad, lo que una vez fue solo una década de subsistencia en los planes de ahorro y pensión, a menudo se ha convertido en dos o más décadas. Al mismo tiempo, el número de trabajadores jóvenes que los reemplazaron se ha reducido, poniendo en duda el sostenimiento de los modelos de los sistemas de pensiones de reparto.

Rafael Puyol, el Director del Observatorio de Demografía del Instituto de Empresa Business School, realizó una presentación titulada El envejecimiento de la población y el futuro de las pensiones, en un evento organizado por la Asociación de AFP y la Universidad Privada de Ciencias Aplicadas.

En el evento, el experto explicó que el bono demográfico se inicia en América Latina en la década del 70 y prevé que puede durar 50 años, lo que significa que ya se estaría acabando en aproximadamente una década. Por lo tanto, el sistema de jubilación de reparto (establecido en Alemania en el siglo XIX por Otto von Bismarck) ya no es viable porque fue pensado para una población cuyas expectativas de vida activa no superaban los 40 años y debían jubilarse a los 70 años. 

¿Y en Perú? Nuestro país refleja las mismas tendencias generales. Su tasa de fecundidad es de 2.4 hijos por mujer, una reducción muy marcada desde los años 70 cuando el promedio era de 6 hijos, y, según el INEI, en los últimos 14 años, la población mayor a los 65 años pasó de 7% a 12%, mientras que la participación de los menores de 15 años bajó de 37% a 26%.

“La tasa de fecundidad en el Perú está en declive. Según el World Population Prospects del 2017, esta será de 2.12 hijos por mujer entre el 2025 y 2030, y de 1.84 entre el 2045 y 2050, con lo cual el Perú estará por debajo de la tasa de reemplazo; es decir, que el número de los nacidos será menor a de los fallecidos”, afirmó Puyol.

De hecho, Puyol inició su conferencia haciéndose la pregunta más básica: ¿cómo definimos el envejecimiento? Mientras que durante mucho tiempo se definía el envejecimiento de la población cuando cruzaban el umbral de los 65 años, eso está cambiando. Dado el exponencial crecimiento de la esperanza de vida de la población en el mundo, el porcentaje de personas que supera ese umbral crece continuamente. Así que el experto propone que esta definición es obsoleta y que, más bien deberían usarse un umbral móvil en vez de uno fijo, basado en la esperanza de vida al nacer.

Según Puyol, estas tendencias hacen inviable mantener mucho tiempo o volver al sistema de reparto (la Oficina de Normalización Previsional se rige bajo este sistema). Los instrumentos de capitalización, con una pensión básica para las personas sin recursos, es mucho mejor procedimiento. Al menos, el modelo europeo puede servir de ejemplo de lo que es necesario evitar. Esto significa que, en el 2050, el Perú no tendrá la cantidad suficiente de trabajadores en actividad para cubrir las pensiones de los jubilados, cuyo número seguirá subiendo por el aumento en las expectativas de vida.

Entonces, ¿qué debemos hacer?

Lo que propone Puyol es que abandonemos el sistema de reparto y que sigamos la tendencia de los sistemas individuales de capitalización “porque van a ser los únicos [sistemas] que permitirán que un trabajador (con la ayuda del Estado mediante bonificaciones y otros instrumentos fiscales) pueda planificar su futuro”.

Advirtió que dichos sistemas de capitalización requieren la ayuda del Estado mediante bonificaciones u otros instrumentos fiscales que permitan incrementar el fondo de capitalización del trabajador y así financiar su jubilación. Lampadia

Muchos han venido elogiado a Chile como uno de los primeros en adoptar un sistema de pensiones más sostenible. Ahora, según el Índice Global de Pensiones de Melbourne de Mercer 2018, nuestro país vecino tiene el mejor sistema de pensiones de Latinoamérica y el octavo a nivel mundial. El Perú fue incluido en el estudio por primera vez y nos encontramos en el puesto 16 de un total de 34 países con una calificación de C+.

El Índice Global de Pensiones de Melbourne es la comparación más completa a nivel mundial de sistemas de pensiones globales. Este año destacan en la región Chile (69.3), Colombia (62.6) y Brasil (56.5). El índice utiliza tres subíndices: Adecuación, Sostenibilidad e Integridad; para medir cada sistema de ingresos de jubilación con más de 40 indicadores.

Con la medición de 30 países y el 60% de la población mundial, la novena edición del Índice Global de Pensiones de Melbourne Mercer tiene el objetivo de incentivar a los países con sistemas de pensiones insostenibles a aprender de los países líderes. De lo contrario, corren el riesgo de crear problemas de equidad intergeneracional y jubilados decepcionados, frente a los que deberán tomar medidas aún más drásticas en el futuro.

La siguiente tabla muestra el valor general país por país, junto con el valor para cada uno de los tres subíndices: adecuación, sostenibilidad e integridad. Cada valor de índice representa una puntuación entre 0 y 100.

El ejemplo de Chile

Según el índice, el sistema previsional chileno tiene un total de 69.3 puntos, ubicándose dentro del top ten en el listado de 34 países analizados. “Chile, a diferencia de otros países, tiene un sistema muy sustentable, es decir, hoy no tiene el Gobierno un gran pasivo para financiar las pensiones como son los sistemas de reparto que suceden en otras naciones. Ejemplo de estos sistemas son los países europeos, como España, Italia o Francia, que otorgan buenas pensiones, pero que no son sustentables en el tiempo”, dijo Diego Guaita, CEO de Mercer Chile.

A pesar del alto puntaje, el informe advierte que el sistema chileno presenta desafíos que deben corregirse, puesto que se mantuvo en la categoría B del ranking, definiéndolo como un “sistema que tiene una estructura sólida con numerosas características positivas, pero tiene áreas de mejora que lo diferencia de un sistema de categoría A”.

El estudio enfatiza que el modelo nacional debe modernizarse, elevando el porcentaje de cotización obligatoria, incrementando la edad de retiro y promoviendo la participación del adulto mayor en la fuerza laboral.

Recordemos que Chile fue un precursor mundial de la privatización de la seguridad social. Según su página web, el objetivo del Sistema de Pensiones de Chile es “proveer ingresos de reemplazo para los trabajadores que dejan la vida activa o laboral y cubrir los riesgos de invalidez y de muerte del trabajador (sobrevivencia), de manera de proteger al afiliado y a su grupo familiar”.

El actual sistema de pensiones consiste en que los ciudadanos depositan sus ahorros de jubilación en cuentas individuales manejadas por entidades privadas del sector financiero, conocidas como Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). El rendimiento de esos fondos determina el monto de la pensión a que cada individuo tiene derecho cuando llega el momento de su jubilación.

Sin embargo, todos los países son víctimas de campañas que se apoyan en mentiras, falsedades y distorsiones. A pesar de ser uno de los mejores sistemas de pensiones, hace dos días, el movimiento NO+AFP (en referencia a las Administradoras de Fondos de Pensiones), convocó a la ciudadanía a expresarse de distintas formas en su rechazo al sistema previsional y el enfrentamiento con la policía dejó a 12 detenidos. Como dice José Piñera, retornar a un sistema de reparto sería expropiar a 10 millones de chilenos al peor estilo kirchnerista.

¿Cómo está el Perú?

En el caso del Perú, obtuvimos un puntaje de 62.4 y una calificación de C+, con algunas características positivas, pero el informe también advierte de importantes riesgos y/o deficiencias que requieren de atención. Mercer, propone las siguientes medidas para incrementar nuestro puntaje:

• Introducir un nivel mínimo de apoyo para las personas de edad más pobres.
• Aumentar la cobertura de los empleados en los planes de pensiones ocupacionales, aumentando así el nivel de contribuciones y activos.
• Permitiendo a las personas retirarse gradualmente mientras reciben una pensión parcial

Como hemos afirmado en Lampadia, evidentemente, la mayor debilidad del sistema es la cobertura de los sistemas pensionarios que solo cubren al 25% de la población. Sin embargo, ni el Estado, ni los operadores del sistema privado de pensiones, muestran el más mínimo interés de enfrentar esta deficiencia estructural. Por ello, insistimos en nuestra propuesta de pasar el esquema a uno basado en el canje, voluntario, de pagos por IGV, a cuentas individuales. Ver: El IGV y las Pensiones.

Peor aún, lo que funcionaba razonablemente bien, la proporción de población que estaba afiliada al sistema privado de pensiones, está quedando paulatinamente descubierta, en la medida que los ciudadanos optan por retirar sus fondos en un 95.5% al momento de la jubilación y dedicando el dinero a fines no previsionales.

El autor del informe y Senior Partner de Mercer, David Knox, reitera en este informe que el impacto del aumento de la esperanza de vida y el bajo rendimiento de las inversiones están teniendo efectos significativos a largo plazo en la capacidad de muchos sistemas de todo el mundo de brindar suficientes beneficios de retiro, tanto en la actualidad como en el futuro. De hecho, en el informe plantea que actualmente, la mayoría de las naciones están lidiando con los efectos sociales, económicos y financieros del envejecimiento de la población.

Las AFP fueron las generadoras de capital interno de largo plazo. Por eso, es importante que tomemos las medidas adecuadas para que los peruanos logren llegar a tener un respaldo previsional. Lampadia

Lamentablemente, en el Perú, muchas veces hacemos las cosas a medias, y luego, en vez de arreglarlas, las terminamos de malograr. Este es justamente, el caso del Sistema Privado de Pensiones (SPP).

• Se hizo a medias, porque se mantuvo un sistema estatal de reparto que estafó a miles de peruanos con topes bajos de pensiones, la pérdida de los aportes de los que acumularon menos de 20 años de cotizaciones, y con bajos rendimientos de las inversiones del operador estatal, la ONP, a cargo del Sistema Nacional de Pensiones (SNP).
• Se hizo a medias, porque, tanto el SPP como el SNP, se basaban en aportes de las planillas de los trabajadores, o sea, solo cubrían a los trabajadores formales, dejando fuera al 75% de los trabajadores.

• Se terminó de malograr, porque en vez de unificar los sistemas hacia uno basado en cuentas individuales sin pérdidas de aportes por menos de 20 años, se atacó políticamente al sistema privado, no se fijó una pensión mínima en el SPP, y se atrajo más trabajadores al SNP, para estafar a más peruanos.
• Se terminó de malograr, porque no se enfrentó la mayor deficiencia de ambos sistemas, la falta de cobertura de los trabajadores independientes. Teniendo como hacerlo, llevando la fuente de los aportes de la renta de las planillas de los trabajadores, a canjes parciales de pagos de IGV, para todos los trabajadores. Ver en Lampadia: Sobre formalización, pensiones e IGV.
• Se terminó de malograr, porque el Estado dio el mal ejemplo de no abonar las retenciones de sus trabajadores a sus cuentas pensionarias individuales y de reparto.
• Se terminó de malograr, porque al no haber incluido en un sistema previsional a todos los trabajadores, se creó el espacio político para que los políticos populistas buscaran réditos políticos desprestigiando el SPP, y, finalmente, desbaratándolo, al permitir el retiro del 95.5% de los fondos privados al alcanzarse la edad de jubilación.

La situación actual, determina un sistema insostenible fiscalmente, porque no solo se mantiene el déficit de la ONP en el SNP, también se tendrá que crear algún esquema de protección previsional, cuando se haga patente la pérdida de protección de los afiliados al SPP, luego de que se hayan agotado los fondos retirados bajo la norma del 95.5%.

Sin embargo, como estamos en el gobierno de los economistas (PPK, Fernando Zavala, Mercedes Aráoz, Alfredo Thorne y Claudia Cooper), se esperaba el diseño de un nuevo sistema de pensiones, que cubriera a todos los trabajadores, con pensiones basadas en aportes individuales.

Pero increíblemente, según trascendidos, el gobierno está por hacer público un esquema de pensiones vergonzoso, que adolece gravemente de los siguientes defectos:

• Ha sido diseñado en secreto, a espaldas de los ciudadanos, y se mantiene bajo siete llaves.
• El nuevo esquema se olvida, se zurra, en los independientes, que no están considerados en ninguna forma.
• Se estaría descartando definitivamente, la posibilidad de usar los canjes de pagos de IGV, que podrían cubrir al universo de trabajadores.
• Se le encargaría a la SUNAT, la recaudación de los aportes individuales, con una jugosa comisión de por medio.
• Se encargaría el manejo de todo el sistema a la ONP, el brazo estatal de pensiones, que antes de cuidar los aportes personales de los trabajadores, cubriría sus costos. Costos de un monopolio estatal, el peor de todos los monopolios, pues actuaría por la libre.
• Finalmente, los fondos individuales de los trabajadores, irían a operadores privados para que gestionen la inversión de los mismos.
• Esto implicaría que los fondos individuales pasen varios días entre la recaudación por parte de la SUNAT, hasta su inversión efectiva, a cargo de algún operador de inversiones.
• El rendimiento de las inversiones, regresaría a la ONP, ya sea para que se encomiende otra gestión de inversiones, o para pagar las pensiones a los afiliados. Más días de rentabilidad perdidas.
• Se supone que la selección de los gestores de las inversiones, se haría mediante licitaciones manejadas por la ONP.

¡Dios nos libre de que semejante elucubración se convierta en ley!

En Lampadia, llamaremos a este entuerto: el NEO-SPP.

NEO-SPP por: Sistema Patético de Pensiones.

Ver la operatividad del NEO-SPP en el siguiente gráfico:

Levantemos nuestras banderas, no podemos permitir que el gobierno disponga de la suerte de los fondos previsionales, de propiedad de cada afiliado, poniéndolos en manos de entidades gubernamentales, cuyos objetivos y compromisos están muy lejos de la necesidades y aspiraciones de los ciudadanos, máxime, si al mismo tiempo se abandona a los independientes, a su propia suerte.

En el empeño de la reforma en ciernes, primero se estuvo coqueteando con la idea de un funcionario del BID, Santiago Levi, de usar los canjes de IGV, pero para aportes a un pozo colectivo que determinaba pasar a un sistema de reparto. Un esquema inspirado en una visión fiscalista más que previsional, y que lamentablemente, algunos economistas peruanos, confundieron con la propuesta de Lampadia, de mantener las cuentas individuales, la esencia de la gran reforma previsional de los años 90, que se extendió por el mundo como uno de los mejores aportes sociales y fiscales de los tiempos modernos.

Otra idea que anda compitiendo con lo expresado anteriormente, es la del llamado: ‘Matching’. Incentivar a los trabajadores a hacer aportes de doble impacto, pues el Estado aportaría otro tanto, doblando el aporte del trabajador. Una solución insuficiente para superar el gran reto del sistema pensionario, la afiliación de los independientes, quienes, ya sabemos, tienen una gran resistencia a disponer recursos hoy (así sea en menor proporción), para beneficios futuros.

El nuevo Sistema de Pensiones tiene que incluir a los independientes, entre los que están los ciudadanos menos favorecidos. Su diseño debe basarse en ese objetivo. No podemos darles la espalda.

Lamentablemente, por lo visto hasta ahora, ni el gobierno, ni las AFPs, tan lejanas de sus afiliados por esa competencia de atributos patrimoniales, que capturó el enfoque publicitario del sistema durante muchos años, muestran la más mínima preocupación por servir y proteger a la gran mayoría de trabajadores peruanos, los independientes, la clase media emergente, ese pulmón social y económico de la nueva economía peruana.

El siguiente gráfico muestra el esquema propuesto por Lampadia, que se basa en aportes y pensiones individuales, originadas mediante canjes VOLUNTARIOS, de una fracción de los pagos por IGV, que hagan los ciudadanos mayores desde los 18 años de edad.

• Diez Soles aportados a los 18 años, generan un valor de S/. 240 a los 65 años, con un rendimiento promedio de 7% anual.

Como se aprecia en el gráfico, todos los trabajadores tendrían el incentivo de canjear sus pagos de IGV por aportes a sus cuentas de pensiones individuales. Cada trabajador elegiría su AFP, pudiendo cambiarla a su decisión. Las inversiones se harían bajo las regulaciones que el Estado vea convenientes, en los mercados peruanos y globales, produciendo las mejores pensiones posibles, incluyendo una pensión mínima, de ser el caso.

Entendemos que nuestras ideas, no son necesariamente las únicas buenas, lo que nos resistimos a entender, es que no se consideren cuando se buscan cambios para salir de perdedores; y que, en el Perú del siglo XXI, se siga decidiendo la suerte de los ciudadanos a puertas cerradas, entre gurús y gobernantes lejanos del sentir ciudadano. Lampadia

Todas los sistemas previsionales de reparto públicos, se basan en los ingresos de una generación futura, para cubrir las pensiones de los jubilados actuales. Una suerte de esquema Ponzi, o pirámide del tipo de las grandes estafas como ‘Clae’.

Un esquema de Ponzi se define como “una estafa de inversión en la cual algunos primeros inversionistas son pagados con el dinero puesto por los posteriores inversionistas con el fin de alentar más y mayores riesgos”. El modelo es insostenible porque para mantenerse requiere un universo infinito de nuevos participantes.

En el caso de las pensiones de reparto, además de las tradicionales ineficiencias de los sistemas administrados por los estados, con la evolución de la demografía, en la que la tasa de reproducción ha bajado sensiblemente, no es posible evitar un déficit estructural de los modelos previsionales de reparto.

Por ello, los beneficios del sistema de aportes individuales a cuentas privadas, en las que cada trabajador construye la base de su propia jubilación, han probado largamente ser una de las reformas más importante de la seguridad social en el mundo. Esto no significa que no sea necesario hacer ajustes, como los que debería conllevar la mayor esperanza de vida.

Lamentablemente, cuando se enfrenta la necesidad de hacer ajustes, se corre el riesgo que los políticos desandados en cuanto a los beneficios de los ciudadanos, se vayan por la tangente.  Como en Chile, donde se hizo evidente que la mayor esperanza de vida requería más años de aportes, y el descalabro del modelo.

En el caso del Perú, evidentemente, la mayor debilidad del sistema es la cobertura de los sistemas pensinarios que solo cubren al 25% de la población. Sin embargo, ni el Estado, ni los operadores del sistema privado de pensiones, muestran el más mínimo interés de enfrentar esta deficiencia estructural.

Por ello, en Lampadia insistimos en nuestra propuesta de pasar el esquema a uno basado en el canje, voluntario, de pagos por IGV, a cuentas individuales. Ver: El IGV como aporte al Fondo de Pensiones y UNIVERSALICEMOS LA CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL – ONP: INCLUSIÓN O EXCLUSIÓN. Lampadia 

Generaciones superpuestas

Pateandola lata por un camino sin fin

El resumen final de nuestra serie sobre grandes ideas económicas examina los costos (y beneficios) de pasar el proyecto de ley a la próxima generación

The Economist
31 de agosto, 2017
Traducido y glosado por Lampadia

En la primavera de 1899, William Miller persuadió a tres miembros de su grupo de oración de Brooklyn a que invirtieran su dinero con él, prometiéndoles retornos sobrenaturales. Pagaría un dividendo del 10% por semana, más una comisión por cada nuevo inversionista que pudieran contratar. Pronto, William “520%” Miller estaba atrayendo a multitudes de depositantes a su puerta.Tan “grande fue el agolpamiento”, dicen por ahí, que su escalera finalmente se desplomó. Miller atribuyó su éxito a “información privilegiada”. Pero su método real lo hizo famoso 20 años más tarde el hombre que lo perfeccionó, Charles Ponzi.

Los esquemas Ponzi, como el de Miller, pagan un retorno a los primeros inversionistas con el dinero recaudado de los posteriores. Cuando se quedan sin nuevas contribuciones, se derrumban. Un plan tan generoso como el de Miller no puede durar mucho tiempo. Pero, ¿qué pasaría si las promesas fueran menos extravagantes y los intervalos de reembolso menos estrictos? ¿Y si, por ejemplo, un plan pidiera dinero a los inversores en sus años más jóvenes a cambio de un pago en su vejez? Sobre esa escala del tiempo, un esquema de Ponzi no necesita limitar sus esfuerzos del reclutamiento a la gente viva cuando comienza. Puede reembolsar a los contribuyentes de hoy con dinero de futuros participantes que aún no han nacido. Y puesto que la próxima generación nunca es probable que sea la última, la cadena podría, en principio, continuar indefinidamente. Salvo una catástrofe, nacen nuevos posibles clientes cada día.

Esta lógica intergeneracional está detrás de las pensiones de “reparto” (PAYG, por sus siglas en inglés) comunes en muchos países. Las personas contribuyen al plan durante su vida laboral, y reciben un pago en la jubilación. Muchas personas imaginan que sus contribuciones se guardan o se invierten en su nombre, hasta que alcancen la edad de jubilación. Pero ese no es el caso. Las contribuciones de los trabajadores de hoy pagan las pensiones de los jubilados de hoy. El dinero se transfiere entre generaciones, no a través del tiempo.

El Seguro Social de los Estados Unidos, por ejemplo, es en gran parte por reparto. Por esta razón, sus críticos a menudo lo comparan con un esquema Ponzi para desacreditarlo. Pero la comparación también puede funcionar de otra manera. Si el Seguro Social (un venerable derecho que ha ahorrado a millones de personas de la penuria) tiene algún parecido con un esquema de Ponzi, entonces tal vez los principios de Ponzi no siempre son tan diabólicos como su nombre lo sugiere.

En algunos casos, esos principios podrían redundar en beneficio de todos. Uno de esos escenarios fue bosquejado por Paul Samuelson del Instituto de Tecnología de Massachusetts en 1958. Su experimento de pensamiento es más fácil de entender cuando se da el ejemplode una isla (a lo largo de líneas sugeridas por Laurence Kotlikoff de la Universidad de Boston). La isla de esta parábola alberga árboles de cacao inusualmente altos, personas hambrientas y casi nada más. Sólo los jóvenes pueden trepar a los árboles y recoger la fruta, que se debe comer rápidamente antes de que se estropee en el sol. Y sólo dos generaciones (jóvenes y viejas) están vivas al mismo tiempo.

En esta isla, los ancianos no tienen forma de protegerse. Son físicamente incapaces de recoger fruta. No pueden comprar fruta de los jóvenes, porque no tienen nada que ofrecer a cambio. Tampoco pueden vivir de las vainas de cacao salvadas de su juventud, porque su reserva se habrá podrido cuando sean mayores. No hay activos duraderos, imperecederos que puedan servir como un vehículo para su ahorro.

La solución, por supuesto, es un esquema intergeneracional de Ponzi. Los jóvenes dan fruto a los viejos en el entendimiento de que la próxima generación hará lo mismo para ellos cuando crezcan frágiles. En efecto, los jóvenes prestan a sus padres y cobran el reembolso de sus hijos. Al hacerlo, sirven como un vínculo entre dos generaciones que no coexistirían de otro modo.

Las grandes mentes se superponen

El esquema funciona, señaló Samuelson, sólo porque “siempre están llegando nuevas generaciones”. Si la reproducción hubiese dejado de existir, la última generación no obtendría nada del esquema. Sabiendo esto, no pondrían nada. Pero su falta de contribución también privaría a la penúltima generación de un pago, no dejándoles ninguna razón para participar. Cualquier ruptura anticipada en la cadena provoca que todo se desacople. Si el esquema no puede terminar nunca, no puede incluso comenzar.

El trabajo de Samuelson fue seminal, pero no totalmente original. Un modelo similar fue descrito en 1947 por Maurice Allais, que entonces trabajaba en una oficina de estadísticas mineras en París, pero su contribución tuvo la “desgracia de ser escrita en francés”, como ha señalado un erudito. La ‘interminabilidad’ de estos modelos juega estragos con gran parte del sentido común económico. Los economistas saben que las limitaciones presupuestarias eventualmente se unen y que las cuentas deben ser resueltas al final del día. Pero, ¿y si el final nunca llega?

Tales parábolas pueden parecer demasiado artificiosas para ser iluminadoras. Seguramente los isleños se benefician de un esquema de Ponzi sólo porque la historia les niega arbitrariamente cualquier manera de ahorrar para su futuro. Si los jóvenes pudieran adquirir un activo duradero, podrían cuidar de sí mismos en su vejez vendiéndolo para las cosas que necesitan. En lugar de comer fruta de cacao, los isleños podían plantarla para cultivar un nuevo árbol, que luego podrían alquilar o vender a los jóvenes escaladores cuando se retiraran.

En la mayoría de los casos, este tipo de ahorro e inversión realmente sirve mucho mejor a la gente. La acumulación de capital amplía la capacidad productiva de la economía, creando así riqueza, a diferencia de los esquemas de Ponzi, que simplemente lo difunden. Ahorrar e invertir el valor de la tienda y añadir a ella, convirtiendo una fruta de cacao en un árbol entero. Por lo tanto, los jubilados pueden esperar obtener más de su inversión de lo que ponen inicialmente.

En algunos casos inusuales, sin embargo, otros factores pueden pesar en favor del esquema de Ponzi. En primer lugar, el ahorro y la inversión pueden producir rendimientos que disminuyen drásticamente. Si una sociedad está deseosa de transferir recursos al futuro, acumulará un gran stock de capital, lo que puede reducir el retorno de más inversiones. Pienseen un huerto con demasiados árboles, cada uno toando parte de la luz de otro y absorbiendo su suelo.

Una segunda consideración es la demografía. Una población creciente crea un esquema de pirámide natural. Cada cohorte de participantes recibirá el dinero aportado por una generación posterior, mayor. Por lo tanto, ellos también pueden sacar más provecho de lo que ponen. Las generaciones futuras también pueden estar mejor que sus predecesores. Pueden beneficiarse de fuentes de avances económicos (como la mejora de la tecnología), más allá de la simple acumulación de capital. Esta marcha del progreso debería permitir que un esquema de Ponzi pague un retorno positivo a los inversionistas incluso si el esquema toma solamente un porcentaje constante de los ingresos de cada generación. Gracias al crecimiento económico, el 10% recaudado de los ingresos de los jóvenes de hoy valdrá más que el 10% recaudado en el pasado de la generación más pobre de sus padres.

Para hacer las cosas concretas, supongamos que la población de un país crece un 1% al año y los ingresos por persona crecen un 4%. En este caso, un esquema Ponzi puede ofrecer un rendimiento anual de aproximadamente 5% indefinidamente, simplemente tomando una proporción constante de los ingresos de cada generación. Si la economía ya tiene un gran stock de capital, el rendimiento del ahorro y la inversión podría ser menor que eso, especialmente teniendo en cuenta el riesgo involucrado. Tal economía sufriría lo que los economistas llaman “ineficiencia dinámica”. En estas circunstancias, un esquema intergeneracional de Ponzi puede ser sostenible y deseable.

Una pensión de reparto es sólo el ejemplo más obvio de tal esquema. La deuda del gobierno puede desempeñar un papel similar (una posibilidad que entretenía Peter Diamond del MIT en un artículo de 1965 sobre las ideas de Samuelson). Si el gobierno no quiere extraer contribuciones de la seguridad social de los jóvenes, puede vender bonos a largo plazo. Cuando estos bonos maduran, el gobierno puede pagarlos vendiendo una nueva ronda de bonos a la siguiente generación, más rica.

Una tercera forma más anárquica de transferir recursos de los jóvenes a los viejos es una burbuja especulativa. En una burbuja, la gente paga sobre las probabilidades de un activo, como una casa, en la creencia de que los inversores posteriores pagarán un precio más alto todavía. El sobrepago equivale a una contribución a un esquema de Ponzi, reembolsado no por las ganancias del activo subyacente, sino por sobrepagos de inversores posteriores. Si cada generación es colectivamente más rica que la anterior, entonces el precio del activo puede seguir aumentando incluso si cada comprador absorbe sólo el mismo porcentaje de sus ingresos (ascendentes).

La teoría del joven-tonto

Todos estos mecanismos tienen efectos secundarios. La deuda del gobierno puede eliminar la inversión productiva. Las burbujas pueden hacer lo mismo. Pero en una economía que sufre de ineficiencia dinámica, este desplazamiento es algo bueno. Esta economía ha acumulado demasiado capital. Requiere grandes inversiones para mantener este gran stock de maquinaria, equipos, edificios e infraestructuras en línea con la economía. Los jóvenes se sienten tentados a añadir aún más capital en un esfuerzo por transferir recursos a su futuro, los seres viejos. Sin embargo, debido a que los rendimientos son tan bajos, es más eficiente para ellos transferir recursos directamente a las personas de edad avanzada (contribuyendo a la seguridad social, comprando bonos del gobierno o pagando demasiado por los activos de los ancianos), entendiendo que los jóvenes de mañana harán lo mismo para ellos.

Bajo ciertas condiciones, entonces, los principios de Ponzi son eficientes y no son maléficos. Pero, ¿se encuentran esas condiciones en el mundo real? Una manera de buscarlos es comparar las tasas de interés (que representan la rentabilidad del capital) y las tasas de crecimiento del PBI (que reflejan tanto el crecimiento de la población como el aumento del ingreso por persona). Una prueba alternativa, más rígida (que funciona bien bajo ciertas suposiciones) es comparar la inversión y los beneficios. Si la inversión nacional es mayor que las ganancias, un país está arando más en su capital que lo que gana. Es como si los isleños estuvieran replantando toda la fruta que recolectan de los árboles adicionales que han cultivado (menos cualquier fruta que necesiten para compensarse por su trabajo) además de unos cuantos más. Los esfuerzos de la economía para ahorrar e invertir para el futuro están sobrecargando las herramientas disponibles para ahorrar.

Los economistas solían confiar en que la mayoría de las economías estaban en el lado correcto de esta prueba, ganando mucho más en ingresos de lo que invirtieron. La investigación reciente es menos definitiva. François Geerolf de la Universidad de California en Los Ángeles cree que Japón sufre de ineficiencia dinámica. Y no puede descartar la posibilidad de que todos los países del G7 (y otros nueve) sufren de manera similar. Si es así, las implicaciones son provocativas. Ellos asumen que la deuda pública del G7 está absorbiendo dinero que de otro modo se gastaría en aumentar aún más el stock de capital sobrecargado. En la medida en que los ingresos de este préstamo del gobierno se destinan a la atención médica y pensiones, los ancianos se benefician de manera desproporcionada. Tal vez, entonces, la deuda pública del G7 está desviando esfuerzos infructuosos para proveer para el futuro en proveer para los ancianos en su lugar.

Varios estudiosos, entre ellos Qian Liangxin de la Universidad de Anhui, también señalan que China a menudo se dedica más a su capital que lo que gana. En la etapa de desarrollo de China, esto no puede ser algo malo, porque la relación capital-intensidad de la economía está todavía en flujo. Pero la combinación de crecimiento rápido y retornos reprimidos sobre el ahorro puede ayudar a explicar por qué China es tan propensa a las burbujas especulativas, especialmente en la propiedad. Los chinos en edad de trabajar pagan en exceso por casas, muchas de las cuales están vacías, suponiendo que las venderán a precios más altos, no a un mayor tonto necesariamente, sino a uno más joven, más rico.

El esquema proto-ponzi de William Miller duró menos de un año. Sus bancos (incluyendo el Hide and Leather National Bank of Nueva York) cerraron sus cuentas y los periódicos lo persiguieron. Él huyó a Canadá antes de que la policía lo alcanzara. Pero nunca se le acabaron los inversionistas. Aun cuando escapaba del país, muchos sobres dirigidos a su sindicato se amontonaban en la oficina de correos, llenos de contribuciones de la siguiente generación de creyentes. Lampadia

Presentación de Pablo Bustamante Pardo, Director de Lampadia, en el evento: “Hacia un Sistema de Pensiones Inclusivo”, organizado por la y UPC, el lunes pasado.

El Perú fue uno de los primeros países en el mundo, en adoptar un sistema previsional de capitalización individual, que permite superar la trampa de los quiebres de financiamiento que han perseguido a todos los países desde la instauración de los sistemas de pensiones estatales en 1883, por iniciativa de Otto von Bismark, el ‘Canciller de Hierro’ de Prusia y unificador de Alemania.

En 1980, José Piñera ideó un sistema de pensiones contributivo de capitalización individual. Desde entonces, el Sistema Privado de Pensiones (SPP) ha sido adoptado por muchos países, que han encontrado en él, la posibilidad de ofrecer pensiones sostenibles que no absorban parte importante de los siempre escasos recursos públicos.

Como toda creación humana, este sistema tiene que irse adaptando en el tiempo a cambios estructurales, como, por ejemplo, el incremento de la esperanza de vida. Una realidad demográfica que afecta todos los esquemas pensionarios, que eventualmente debería llevar a incrementar los años de trabajo. Sin embargo, las políticas populistas propician jubilaciones más tempranas.

Más allá de las necesidades de hacer ajustes, el SPP es una clara expresión de capitalismo popular, que liberó a los jubilados del Estado, de su condición de rehenes de la politiquería de las izquierdas de las ‘ideas muertas’. Razón por la cual, el sistema fue víctima de largas campañas de desprestigio y formación de mitos, que, en el caso del Perú, terminaron por desdibujarlo ante la opinión pública.

Veamos donde estamos:

En el Perú, el talón de Aquiles de los sistemas pensionarios, tanto del SPP, como del Sistema Nacional de Pensiones (SNP), administrado por la ONP, es que su cobertura solo alcanza a los trabajadores del sector formal. Esto deja fuera de los beneficios previsionales al 75% de la PEA.  

Una buena solución a esta deficiencia es el canje parcial de pagos por IGV, por aportes individuales al SPP. Veamos:

Propuesta para el canje de IGV por aportes individuales

En enero del 2014 Lampadia propuso usar parte de los pagos de IGV como aportes individuales a fondos privados de pensiones de todos los peruanos sin excepción.

Este mecanismo permitiría formalizar el empleo y dar acceso a pensiones privadas al 100% de los trabajadores. Ver en Lampadia: El IGV como aporte al Fondo de Pensiones y formalización del empleo.

Con el aporte de una parte de los pagos por IGV a cuentas individuales se podrían obtener los siguientes resultados:

• Registrar y formalizar a toda la clase trabajadora, pues sería muy extraño que alguien dejara de canjear su IGV por ahorro previsional privado bien remunerado.
• Establecer un sistema universal de pensiones al que se podría aportar desde los 18 años y que podría permitir acumular un fondo adecuado, por lo menos para una pensión base o mínima de buen nivel, dado el período de aportes de 47 años (18 a 65) con el efecto de la tasa de interés compuesta. Por ejemplo, un aporte de 10 soles después de 47 años con un rendimiento de 7% anual generaría 240 soles, y en 24 años, el promedio del período sugerido de aportes, 51 soles por cada 10.
• Se podría disminuir la evasión de pagos del IGV.
• Se podría cerrar la ONP y poner coto al forado fiscal que hoy representa.
• Se podría ir eliminando las inafectaciones al IGV y tener un sistema plano y universal.
• Aumentaría la recaudación de IGV, lo que podría compensar (total o parcial) los puntos que se usen en los canjes.

En Lampadia asumimos que el nivel de canje debería estar entre 3 a 5 puntos de los actuales 18 puntos del IGV. Sin embargo, es evidente que habría que hacer los cálculos adecuados en función de los períodos de aporte y demás factores vinculados. También será necesario ver como se establece una pensión mínima que podría lograrse mediante aportes complementarios del Estado, adicionales a lo que el trabajador pueda haber acumulado por su cuenta.

Lamentablemente, esta propuesta no fue nunca recogida por la Asociación de AFPs ni por las empresas individualmente. La verdad es que nunca manifestaron ningún interés en siquiera conversar del tema. El gobierno de PPK tampoco se allanó a analizar la propuesta. Ver en Lampadia: Agarremos el toro por las astas – Sobre formalización, pensiones e IGV. (Julio, 2016).

Pero, además de la gran exclusión, se generó una dolorosa discriminación con quienes se propició se mantuvieran en un sistema contributivo de reparto estatal, el SNP, que los castigó con una serie de maleficios. Veamos:

Uno de los castigos más importantes a los afiliados de la ONP es el requerimiento de mantener aportes de más de 20 años para poder recibir una pensión, que como veremos más adelante, afecta a muchos trabajadores.

Desde un punto de vista social y económico, el SNP, es cada vez más insostenible, pues con el aumento de la esperanza de vida de nuestra población, habría que cubrir pensiones durante más años, con un sistema que ya arrastra un importante déficit de financiamiento. Ello determina que un país pobre como el Perú, con mil necesidades insatisfechas, con brechas económicas y sociales que no alcanzamos a cubrir (en educación, salud, e infraestructuras, entre otras), tenga que dedicar recursos fiscales crecientes para sustentar el pago de pensiones. Algo que, de no corregirse, incapacitará al Estado para solventar sus necesidades y determinará continuos retrasos en los ajustes de los montos de pensiones, o, en otras palabras, menores pensiones.

Otro castigo del sistema de reparto del Estado, es que genera menor rentabilidad con los aportes de sus afiliados, en comparación con la que obtiene el SPP, que duplica el rendimiento de sus inversiones.

A julio del presente año, las pensiones de jubilación, de invalidez y de sobrevivencia que ofrece el sistema privado son también, claramente mejores de las que aporta el sistema estatal.

Como indicamos líneas arriba, si un afiliado al sistema estatal no acumula 20 años de aportes, no solo se queda sin pensión, además, pierde todos los fondos que haya aportado. No se le devuelve ni un Sol. Según el IPE, dos tercios de los afiliados a la ONP, no recibirán pensiones y perderán todo lo aportado. Algo abusivo e inaceptable, que se sigue fomentando, al promover las afiliaciones al SNP de la ONP.

Pero, por otro lado, la situación actual, de debilidad de la imagen del SPP, de pensiones, no es gratuita. En ello han confluido varios elementos: 

• Falta de cobertura

75% de la PEA, los trabajadores que no son parte de la formalidad, están excluidos de ambos sistemas pensionarios, y eso determina una falla estructural.

Como se explica líneas arriba, una buena solución a esta deficiencia es el canje parcial de pagos por IGV, por aportes individuales al SPP.

• La publicidad de las AFPs y su relacionamiento con los afiliados

Es muy lamentable que los operadores del sistema, hayan privilegiado una competencia de atributos patrimoniales, accionarios, y hasta inmobiliarios, antes que difundir los beneficios del sistema de capitalización individual.

• Falta de transparencia

No se logró tangibilizar y hacer más cercano a los afiliados, el SPP.

• Políticos irresponsables

Lamentablemente, las debilidades y falencias del sistema, como la insuficiente cobertura, fueron aprovechadas por políticos irresponsables, que se permitieron jugar partidos de conveniencia política individuales de corto plazo, a costa de los beneficios de largo plazo del conjunto de la sociedad.

La aprobación del retiro del 95.5%, contó con la anuencia de Keiko Fujimori, por un cálculo político muy equivocado. Así mismo, más allá de los impulsores de la norma, retratados en la imagen anterior, debe singularizarse la vergonzosa actuación del entonces presidente del Congreso de la República,  Luis Iberico, que promulgó la ley por insistencia, sin haber buscado previamente, espacios serios de debate.  

Pero, el puntillazo al SPP fue la absurda norma promulgada durante el gobierno del nacionalismo, que permite que los pensionistas de SPP, al cumplir 65 años, puedan retirar hasta el 95.5% de su fondo individual. Algo, que tal como se advirtió, dejará sin acceso a pensiones a la gran mayoría de afiliados del sistema, pues, como ya se ha comprobado desde la incepción de la ley, los fondos que se retiran (por la gran mayoría de afiliados), no se reservan para sustentos pensionarios.

Factualmente, se puede afirmar, que, con esta medida, el 75% de los peruanos no está cubierto por los sistemas pensionarios (SPP y SNP), y los afiliados al SPP, en más de 90%, tampoco tendrán pensiones. Esto genera una tremenda amenaza para la salud fiscal del Estado, pues, ante la carencia de pensiones y el consiguiente drama social que se generaría, el Estado se verá, eventualmente, compelido a universalizar algún sistema, como Pensión 65, a todos los peruanos. Algo inmanejable desde el punto de vista fiscal, y que condenaría a los peruanos a tener pensiones miserables.

Los argumentos de los políticos populistas que forzaron el tema del 95.5%, se caen por su inconsistencia. Ver en Lampadia: La reforma de las pensiones. Uno muy llamativo es el caso de los jubilados viudos en Japón, que prefieren ir a la cárcel, que vivir con sus pensiones de reparto. Ver: Ancianos japoneses prefieren la cárcel a pobres pensiones.

En resumen:

• El SNP es una suerte de estafa a los peruanos que se ha propiciado, se mantengan en el sistema de reparto estatal, y se debe propiciar su traslado al SPP.
• El SPP debe ser reparado de inmediato para corregir los perniciosos impactos del retiro del 95.5% de los fondos individuales a los 65 años de edad.
• Debe desecharse el absurdo (y secreto) proyecto del gobierno de PPK, basado en la creación de un monopolio estatal para manejar buena parte del sistema de pensiones.
• El SPP debe ser universalizado, cambiando la base de contribuciones de todos los ciudadanos, a un mecanismo de canje parcial de pagos por IGV, por aportes individuales al SPP.  

Lampadia

El gobierno dice que está trabajando en el diseño de una reforma integral de la protección social, cuyo objetivo sería que las personas estén amparadas  cuando se enfermen, cuando pierdan el empleo y cuando dejen de trabajar en la madurez. La manera clásica, bismarckiana, de acceder a esos beneficios ha sido por medio del empleo formal, que es el que permite acceder a un seguro social de salud, a una pensión de jubilación y a una indemnización o seguro por despido.

Pero en el Perú el empleo es mayoritariamente informal. Por lo tanto, una reforma integral debe comenzar por facilitar la formalización del empleo, es decir, por la reforma laboral, pero debe complementariamente buscar formas de aseguramiento o protección que no dependan únicamente de las relaciones laborales formales y que cubran a los trabajadores independientes, carencia que ha sido el Talón de Aquiles del Sistema Privado de Pensiones (SPP), dando pie una serie de ataques populistas.

Pues en nuestro país ni siquiera el empleo formal asegura una protección social efectiva. Por ejemplo, la atención de Essalud es muy deficiente. Muchos días para conseguir una cita y meses para obtener turno para una intervención quirúrgica. Esto se debe fundamentalmente a problemas de gestión, pues en los dos hospitales concesionados mediante APPs de ‘bata blanca’, el nivel de servicio es muy bueno y al mismo costo de las atenciones directas. Pero también se debe al reducido número de aportantes debido a la alta informalidad. Es un círculo vicioso. Pero un factor importante es el populismo legislativo, que eliminó las aportaciones correspondientes a las gratificaciones. Y, mucho más grave aún, eliminó en buena cuenta las  pensiones del SPP con la ley que permite retirar el 95.5% de los aportes realizados al momento de la jubilación.

El resultado de esta ‘iluminada’ ley promovida por los peores congresistas de la historia peruana, ha sido que coincidentemente el 95% de las personas que se jubilan en el SPP retiran de manera inmediata todo el fondo que han acumulado. Es decir, renuncian a recibir una pensión mensual por el resto de sus vidas. Algo absolutamente previsible, dada la naturaleza de los seres humanos, advertido a los legisladores e ignorado con desfachatez por todos ellos.

En efecto, esta ley se aprobó en los estertores del gobierno anterior, en abril del 2016 y, según información brindada por la Asociación de AFPs, ya desde el mes siguiente, mayo de ese año, solo el 1% de las personas que se jubilaron decidieron convertir su fondo en una pensión hasta el final de sus días. El 95% optó por retirar el 95.5% de su ahorro pensionario y alrededor de un 4% decidió alguna combinación de ambas opciones.

Lo más probable es que esta ley termine siendo un boomerang contra el fisco, porque no es que los que retiraron su fondo lo hayan invertido en algo mejor. A partir de los datos existentes, la Asociación de AFP concluye que probablemente el 60% de los fondos retirados se fueron a alguna forma de consumo. El monto de dinero retirado por las personas supera el 1% del PBI del 2016, pero “los depósitos realizados por las personas naturales a diciembre 2016 en el sistema financiero, ascienden a un total de S/107,976,790, solo mayor en S/2 mil millones a lo registrado en el 2015; este incremento representa el 40% de lo que los afiliados al SPP retiraron de sus fondos de pensiones (S/5,836 millones)”, precisa la nota.

Lo que queda claro es que en el Perú el empleo formal ya no asegura una pensión. El resultado de esta irresponsable ley es que el porcentaje de personas con pensión en el Perú, que era apenas de 30%, ¡se reducirá a 10%! ¿Qué vamos a hacer dentro de 20 o 30 años? ¿Todos pasaremos a pensión 65? ¿Cómo se sostiene eso?

Es evidente, entonces, que una parte fundamental de la reforma de la protección social debe contemplar la derogatoria de la ley del 95.5%, quizá permitiendo retirar del fondo propio solo aquello que esté por encima de una pensión mensual básica a determinarse.

El sistema de pensiones como tal requiere una reforma que permita integrar el sistema público y privado dentro de un esquema de capitalización individual. El gobierno estaría pensando en centralizar la gestión  administrativa de las pensiones en una entidad (pública o privada) que maneje las cuentas y las relaciones con los clientes, de modo que las AFP se concentren solo en el manejo de las inversiones. Otro disparate, pues se crearía un monstruo administrador con capacidades monopólicas y sin lugar a dudas, con una muy mala calidad de servicio.

Algo que deberíamos tener claro a estas alturas, es que los mejores sistemas de pensiones existentes, son los basados en capitalizaciones individuales. El que el gobierno no se pronuncie hasta ahora sobre esto, es solo producto de la cobardía de los funcionarios que temen las reacciones políticas de los enemigos del sistema privado de acumulación individual y que prefieren  sorprender al país con un nuevo esquema que se aprobaría entre gallos y media noche.

El reto más importante del sistema de pensiones es que cubra adecuadamente a los trabajadores independientes e informales. Para ello se hace necesario poner en práctica mecanismos que incentiven el ahorro pensionario de los independientes, de aquellos que no tienen una relación laboral formal. En Lampadia hemos propuesto repetidas veces que las personas puedan destinar una parte del IGV que pagan cuando compran algo, a su cuenta individual en una AFP. Lo que, de paso, ayudaría a formalizar las empresas vía el pedido de facturas a los comerciantes y proveedores. Una alternativa, pobre, que se estaría estudiando es establecer aportes automáticos y obligatorios en los recibos de agua, luz y telefonía.

Por otro lado, según los trascendidos, el equipo del gobierno que está diseñando el nuevo esquema, habría adoptado la filosofía del consultor del BID, Santiago Levi, que propone dejar los impuestos directos como el de la renta, para basar los aportes en los impuestos indirectos como el IGV. Una idea positiva en cuanto a la ampliación de la cobertura del sistema, pero con una gran falla, pues postula que la recaudación vaya a un gran pozo para crear un sistema de reparto, con pensiones igualitarias.

La propuesta de Lampadia, de enero 2014, consiste en usar parte de los pagos de IGV como aportes individuales a fondos privados de pensiones de todos los peruanos sin excepción. Ver: Sobre formalización, pensiones e IGV.

Este mecanismo permitiría formalizar el empleo y dar acceso a pensiones privadas al 100% de los trabajadores.

Con el aporte de una parte de los pagos por IGV a cuentas individuales se podrían obtener los siguientes resultados:

• Registrar y formalizar a toda la clase trabajadora, pues sería muy extraño que alguien dejara de canjear su IGV por ahorro previsional privado bien remunerado.
• Establecer un sistema universal de pensiones al que se podría aportar desde los 18 años y que podría permitir acumular un fondo adecuado, por lo menos para una pensión base o mínima de buen nivel, dado el período de aportes de 47 años (18 a 65) con el efecto de la tasa de interés compuesta. Por ejemplo, un aporte de 10 soles después de 47 años con un rendimiento de 7% anual generaría 240 soles, y en 24 años, el promedio del período sugerido de aportes, 51 soles por cada 10.
• Se podría disminuir la evasión de pagos del IGV.
• Se podría cerrar la ONP y poner coto al forado fiscal que conlleva, así como Pensión 65 (¿?)
• Se podría ir eliminando las exoneraciones e inafectaciones al IGV y tener un sistema plano y universal.
• Aumentaría la recaudación de IGV, lo que junto con el ahorro generado al cerrar el déficit de la ONP, podría compensar (total o parcialmente) los puntos que se usen en los canjes individuales.

En Lampadia asumimos que el nivel de canje debería estar entre 3 a 5 puntos de los actuales 18 puntos del IGV. Sin embargo, es evidente que habría que hacer los cálculos adecuados en función de los períodos de aporte y demás factores vinculados.

También será necesario que se establezca una pensión mínima que podría lograrse mediante aportes del Estado que complementen lo que el trabajador pueda haber acumulado por su cuenta.

No vaya a ser que el gobierno nos sorprenda con un sistema equivocado o mediocre, que no haya podido ser debatido en la sociedad civil. El congreso anterior, bajo la presidencia del irresponsable Luis Iberico, puede haber apurado,  en su undécima hora, barbaridades, pero hoy, estos temas deben ser cuidadosamente analizados por todos los estamentos que tengan la capacidad de aportar. Lampadia