Recientemente, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso emitió un dictamen a favor del Proyecto de Ley N°3060/2017-CR presentado en agosto del 2018, que permite a todo afiliado al Sistema Privado de Pensiones (SPP), no menor de 45 años, el retiro íntegro de los aportes, siempre que acredite encontrarse desempleado por un período mínimo de 12 meses. Ello aún cuando entidades de vasto prestigio técnico del sector público -como el MEF y la SBS- e importantes gremios del sector privado –como la Asociación Peruana de Empresas de Seguros y la Asociación de AFP- mostraron su rotundo rechazo a dicho proyecto de ley.
Una vez más el Congreso quiere inducir de manera irresponsable y demagógica -al igual que con el proyecto de ley que permitió el retiro anticipado del 95.5% de los fondos desde el 2016- un mayor deterioro y – por qué no decirlo – un desmoronamiento de un sistema que ha demostrado ser, en el ámbito de su cobertura, de los más eficientes a nivel mundial – reporta la cuarta rentabilidad real a 15 años más alta a nivel mundial, además ser largamente superior a la de otros productos financieros como los depósitos a plazo, fondos mutuos, entre otros – y cuyas comisiones cobradas se encuentran entre las más competitivas de la región (ver Lampadia: Lo importante es lograr cobertura universal). Asimismo, como indicaría recientemente Giovanna Prialé, presidenta de la Asociación de AFP, los ahorros administrados por el sistema representan la principal fuente de ahorro interno en el Perú, la cual asciende al 22% del PBI.
Sin embargo, aún con todos estos atributos que saltan a la vista, nuestros políticos insisten en destruir un sistema de cuentas individuales que, a la fecha, ya protege a 7 millones de peruanos de una situación económica adversa –que puede desembocar en pobreza – en la etapa posterior a la jubilación.
Peor aún, el Congreso no puede pretender llevar a cabo la promulgación de dicha ley, si, como señaló Jaime de Althaus recientemente, en el Perú son pocos los que cuentan con pensiones –solo 1 de cada 4 peruanos que trabajan aportan al SPP- , además de la inminente bomba fiscal que heredaremos ya no solo con la ONP –cuya deuda para con sus aportantes asciende a medio PBI- sino con los peruanos que, en ausencia de ahorro previsional, no podrán contar con recursos una vez entrados a la jubilación.
En ese sentido, reiteramos que el centro del debate de la reforma previsional no debe ser más el retiro anticipado de los fondos –como ha estado pretendiéndolo hacer el Congreso en los últimos años – sino el incremento de la cobertura, de manera que nuestro país pueda tener un verdadero sistema de pensiones formalizador, voluntario y sobretodo, universal. Esto se puede hacer a través de aportes individuales de canjes parciales de los pagos del IGV (ver Lampadia: El IGV como aporte al Fondo de Pensiones y formalización del empleo).
Urge pues, hacer un llamado al Congreso a desechar dicho proyecto de ley. Esta impronta populista no puede concretarse, en pos del bienestar de nuestros futuros pensionistas y jubilados. Ellos merecen un sistema que pueda garantizarles una buena calidad de vida, inclusive en los últimos años de su existencia. Siempre velaremos por ello. Lampadia
