Jaime de Althaus
Para Lampadia

Una de las razones por las que la alianza entre Pedro Castillo y Vladimir Cerrón será difícil de romper es la misma por la que el gobierno reparte puestos en ministerios, organismos reguladores y empresas públicas a personas que no reúnen los requisitos profesionales establecidos: reciprocidad y, en muchos casos, complicidad.

Se trata de empresarios populares, constructores, transportistas y otras personas que apoyaron y financiaron la campaña y que han hecho sus pequeñas o medianas fortunas contratando con gobiernos regionales y locales y en algunos casos lavando dinero procedente del narcotráfico o de la minería ilegal en empresas de diverso tipo, incluidas constructoras, transportistas, etc., precisamente. 

El caso de los Dinámicos del Centro es el de la utilización directa de un gobierno regional y gobiernos locales desde adentro, para obtener recursos ilegales.

En ciertos casos lo que tenemos son dineros de origen oscuro que ingresaron a la campaña, y Pedro Castillo debe retribuirles con puestos públicos, o con contratos. Debe tenerlos contentos para que no se escape una infidencia o una delación.

• De allí la permanencia del ministro Silva en Transportes, pieza clave en este esquema de reciprocidad cómplice.
• Y la del ministro Geiner Alvarado en Vivienda, menos notorio pero dedicado en parte al mismo encargo.
• Tampoco escapa a este sistema la designación de Ricardo Soberón en Devida, que ha ofrecido todo lo que los dirigentes del Fepavrae, que sin duda colaboraron con la campaña, demandan.
• El actual ministro del Interior, Alfonso Chávarry, fue uno de los directores del exministro Barrenzuela, aquel que prometió eliminar la erradicación y empadronar a todos los cocaleros.

Como sabemos, el crecimiento económico de los últimos 30 años ha generado esta burguesía popular, por lo general informal y en algunos casos originada en actividades ilegales. Parte importante de ella prosperó capturando -sea como alcaldes, funcionarios, proveedores o contratistas- los gobiernos regionales y locales que, como consecuencia del crecimiento económico y de una mala ley, tuvieron como nunca ingentes recursos que se convirtieron en un apetitoso botín laboral y presupuestal. Esto fue un círculo vicioso porque esos funcionarios impusieron peajes y pago de comisiones para otorgar licencias de funcionamiento o de construcción, encareciendo aun mas la formalidad. Y lo podían hacer impunemente porque los ingresos de los gobiernos regionales y locales no son localmente recaudados, sino que vienen transferidos desde el gobierno central, como maná que cae del cielo. No hay entonces ciudadanos fiscalizadores del uso de los impuestos que pagan. Y entonces las autoridades se convierten en reyezuelos clientelistas que no le rinden cuenta a nadie.

En reciente entrevista en El Comercio a Carlos Meléndez, el periodista le recuerda el diagnóstico que el politólogo había formulado en un podcast: que tras el shock del 90 vino un crecimiento, pero con reglas de la selva… “Así nació el capitalismo popular que halagan los defensores del modelo; así también se fue precarizando nuestra calidad de vida, como critican sus detractores”. Y le pregunta: ¿Castillo no es precisamente una consecuencia de esto? Y lo que respondió fue esto:

“El llamado ‘milagro peruano’ no fue solo de los tecnócratas, fue un milagro de la gente. Nuestras élites en realidad no vienen de lo que esperarían los ‘Chicago Boys’, una clase media que ha llevado a sus hijos a la universidad y estos se convierten en los CEO de las grandes transnacionales, sino en una ‘lumpenburguesía’ –es un término de Hugo Neira– que compra títulos en universidades que no pasan por la Sunedu, y que evaden impuestos a la Sunat. Nuestro shock neoliberal no previó que podía surgir la representación de este informal con plata. Aunque esto suene marxista, la clase política es el resultado de lo que pasó en la economía en los últimos 30 años. Y el ‘output’ político de una sociedad informal es el populismo.”

Es verdad, pero lo que hay que señalar acá es que el carácter informal de esta burguesía no es consecuencia del “modelo”, sino de la manera como el Estado se descentralizó y cómo reguló las actividades económicas, imponiendo requisitos, obligaciones y costos que expulsaron a estos empresarios emergentes de la formalidad. Tuvimos los polos opuestos de un sector formal hiperregulado y, del otro lado, la ley de la selva, efectivamente, consecuencia de esa sobrerregulación. Un Estado legal y socialmente excluyente que, sin embargo, ofreció arcas abiertas sin fiscalización ciudadana a los sectores emergentes y a las pocas elites regionales o locales que había que, con excepciones, las aprovecharon no para mejorar los servicios sino como medio de acumulación económica.

Lo que necesitamos es una reforma profunda de la formalidad y de la descentralización. Si queremos construir una república de ciudadanos.  Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 7 de enero de 2022
Para Lampadia

Que no se haga la víctima. Y menos, el santurrón. Su credibilidad está por los suelos. El cuento del humilde maestro de escuela primaria de Chota, ha quedado totalmente desvirtuado. Resulta que hacía tiempo, Castillo había dejado de enseñar para dedicarse a tiempo completo – y con sueldo pagado por el Estado – al sindicalismo radical y a la política activa. Y el cuento del valiente y abnegado rondero cajamarquino, igual. De rondero, Castillo no tenía nada. – Nunca fue rondero – sostienen indignados los mismos ronderos cajamarquinos.

Incluso, su pasado campesino también resultó ser falso. La torpeza en el manejo del arado jalado por aquella yunta de bueyes que le pusieron para la foto, lo dejó en ridículo. Castillo se la quiso dar de campesino labrador, pero no le ligó. Los bueyes hicieron de las suyas, mientras que el campesino presidente no ataba ni desataba. El show reveló que Castillo jamás había agarrado un arado en su vida. 

Otra mentira. ¡Con qué imaginación salió con el cuento del terrateniente con quien él – siendo niño – tenía que compartir la cosecha de la parcela de su padre! Pues resulta que Castillo nació en 1969. Es decir, cuando la Reforma Agraria de Velazco expropiaba las tierras de todos los terratenientes del país. ¡Plancha quemada! Jamás existió la cosecha compartida entre el niño Castillo y el terrateniente abusivo. Más bien, lo que sí existió fue la mentira presidencial en mención… una más.   

El hecho es que con tantas falsedades de por medio, la “palabra de maestro” ha quedado hecha añicos; y la figura del presidente humilde, provinciano, mestizo, y que se viste a la usanza rural – con su sombrero más – resultó ser un descarado montaje teatral. Puro show. Un show politiquero de la peor especie. Un show montado ex profesamente para esconder una gran mañosería, propia de un tipo muy corrupto y cínico. Tan corrupto y cínico como los peores personajes de la política peruana. Tanto como su mentor Vladimir Cerrón y la mafia coimera y chantajista de los Dinámicos del Centro del Gobierno Regional de Junín.

Como bien escribió Dante Bobadilla en una nota que no sé cómo llegó a mis manos, Pedro Castillo resultó ser otro pillo y de los peores. Su silencio frente a tantos ampayes, lo delata. Reuniones nocturnas con gente de mal vivir, cambio de sombrero por gorra para pretender pasar inadvertido ante la prensa, miles de dólares en efectivo escondidos en un baño de Palacio de Gobierno, bolsas que entran llenas y salen vacías de la casa del Pasaje Sarratea en Breña, mensajes descaradamente comprometedores desde su WhatsApp personal, reuniones palaciegas con proveedores del Estado que luego ganan millonarias licitaciones como únicos postores, adulteraciones del Registro de Visitas a Palacio de Gobierno…  

¿Una más? La lobista sinvergüenza y de cascos ligeros, que organiza y paga una fiesta infantil – con show y todo – en el mismísimo Palacio de Gobierno por el onomástico de la hija del presidente. ¿Qué tal?

Eso – y mucho más – en cuanto a los delitos flagrantes cometidos por el presidente Castillo. Pero igual de grave – o peor – es el desgobierno y caos que reina en todos los ámbitos de la vida de los peruanos: carreteras bloqueadas; equipos y vehículos quemados; instalaciones productivas destrozadas; narcotraficantes, terroristas y gente mafiosa ocupando altos cargos gubernamentales; delincuencia y criminalidad desbocadas… ¿y el Gobierno? No pasa nada. ¿Y el presidente Castillo? No se oye padre.

El hecho es que las repercusiones económicas de tanta podredumbre palaciega son como son: inflación y devaluación aceleradas, desempleo e informalidad crecientes, quiebra de miles de micro y pequeñas empresas, caída estrepitosa del valor bursátil de las empresas peruanas, degradación de la calificación crediticia internacional del país, fuga de capitales y talentos…

Efectivamente, se estima que US$ 15,000 millones – y hasta más – han salido del país, de cuentas de ahorros de miles de personas que desconfían del presidente Castillo y su Gobierno. Asimismo, cada vez más jóvenes peruanos – talentosos y trabajadores – están yéndose a otros países para vérselas como puedan, ya que el Perú – su país de origen – no tiene nada qué ofrecerles. 

Así están las cosas, señores. Y ojo al piojo… ¡vamos de mal en peor! ¿Qué hacer? Pues tomar al toro por las astas. Comprarnos el pleito de la vacancia presidencial. No queda otra. Actuar como corresponde ante la podredumbre moral del presidente Castillo. Apoyemos masivamente al Congreso de la República, a la Procuraduría General del Estado, al Ministerio Público, a las Fuerzas Armadas y Policiales, y a aquellos periodistas y ciudadanos valientes que están en la línea de la vacancia presidencial, para que procedan en tal sentido. 

No seamos ingenuos. Parafraseando al Congresista Bermejo: dejémonos de pelotudeces democráticas. El problema del presidente Castillo no es social, racial o cultural… su problema es moral. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La situación del empleo y los ingresos ha empezado a desmejorar nuevamente desde que empezara a mejorar como consecuencia del rebote luego de la pandemia. Lo que estamos viendo en el último trimestre móvil es que la población adecuadamente empleada, que venía recuperándose, ha vuelto a caer comparando con el mismo trimestre del 2019. Lo podemos ver en el cuadro siguiente: 

Al mismo tiempo, la población subempleada se ha vuelto a incrementar, de 23.9% a 29.8%. Los subempleados son los que ganan menos que el salario mínimo o trabajan menos que 8 horas. Y, correspondientemente, el ingreso promedio ha vuelto a retroceder.  

Por eso es que la proporción del empleo informal no cede y ha llegado al 78.2%, un porcentaje altísimo, como podemos ver en el siguiente gráfico:

Pero lo que hay que notar es que esto ocurre al mismo tiempo que la economía ya ha rebotado por encima de los niveles del 2019. Es decir, la economía se ha recuperado, pero el empleo adecuado y formal no se recupera. Y la razón es la misma por la que tenemos una proporción de informalidad laboral por lo menos 20 puntos más alta de lo que deberíamos considerando nuestro nivel de desarrollo: el altísimo costo de la formalidad, una legislación que impone unas cargas que solo la gran empresa puede soportar.

Puede sonar iluso plantear este tema en un gobierno como este, cuya Agenda 19 no hace sino agravar la exclusión del pueblo informal. Pero ha convocado al Consejo Nacional del Trabajo. Ese espacio podría cumplir un papel revolucionario en favor del empleo y de la inclusión del pueblo emergente si se diera un diálogo sincero y honesto en el que participen representantes no solo de las empresas grandes sino de las mypes, que requieren a gritos una normatividad laboral posibilitante. La ministra de Trabajo, Betssy Chávez pasaría a la historia si se llevara a trabajadores y empresarios a un retiro de modo que no salgan hasta que no hayan llegado a un acuerdo. Pero eso es soñar. Lampadia

Alejandra Benavides
Para Lampadia

La semana pasada, Mirtha Vásquez y Pedro Castillo solicitaron al Congreso facultades por 120 días para delegar en materia fiscal, financiera y de reforma tributaria – esta última que Pedro Francke considera servirá para “cerrar las enormes brechas sociales en temas como educación, salud y agua potable, de manera responsable, para lo cual resulta necesario obtener mayores ingresos”. En blanco y negro, el ministro asume que las “brechas” son producto de aquellos que pagan “muy poco” en impuestos, ignorando las variables fundamentales que explican estas “brechas” y que tienen que ver con falta de gestión y burocracia estatal:

1. baja ejecución en inversión pública y de mala calidad,
2. gasto corriente del Estado,
3. alto grado de informalidad producto de barreras burocráticas, costos de la formalidad y desconfianza.

Los gastos del Estado se han incrementado sostenidamente en los últimos 10 años, mientras que nuestro PBI ha crecido ociosamente. El Estado ha crecido y se ha llenado de grasa, mientras que el sector privado (formal e informal) se ha contraído, y muchos ahora sólo sobreviven, en vez de crecer. Mientras que nuestro PBI al cierre de 2020 es exactamente el doble del PBI del 2006 (15 años después), el gasto corriente (no financiero) ha crecido 2.6 veces vs 2006 y en el caso de remuneraciones, estas han crecido 2.4 veces vs 2006. El Estado ha crecido de manera desproporcional al crecimiento del país.

Por último, la pandemia ha incrementado los índices de informalidad, por lo que sólo 22% del empleo en el Perú es formal (sólo ese % es el que declara y paga impuestos), y aproximadamente 20% de empresas son formales. Y, la reforma tributaria que plantean sólo traerá más informalidad. Esta considera:

• Incrementar las tasas de impuesto a la renta (para empresas y personas naturales)
• Incorporar en la aplicación del IGV a las pólizas de seguro de vida
• Incorporar en la aplicación del ISC a las soluciones líquidas que se usen para vaporizar en sistemas electrónicos de nicotina (vaporizadores de nicotina)
• “Perfeccionar” el régimen minero, cambiando mínimos, márgenes y elevar tasas marginales
• Suprimir régimen especial de impuesto a la renta (RER) y régimen MYPE Tributario
• Ampliar funciones y servicios del Banco de la Nación, y permitir que brinde productos y servicios (es decir, créditos) a mypes y personas comprendidas en los programas sociales del estado
• Elevar el tope de multas que puede poner la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS)

Según el ministro, esta reforma logrará recaudar s/.12 mil millones al año adicionales. Francke piensa en el Estado como Todopoderoso, que puede mover piezas a su antojo y moldear el futuro. No cree en que el crecimiento es el motor más importante para una economía en desarrollo, y tampoco quiere hacer el trabajo duro (que claramente es más difícil que hacer leyes). Desconoce (o se ciega por su ideología) de las dinámicas de mercado y el comportamiento de los agentes, y por ende no ve que sus propuestas sólo generarían mayor evasión y ahuyentará las inversiones (además de que ya somos un país más riesgoso).

El ministro está planteando reformas en función a su hígado, su ideología, sus frustraciones y complejos – como quedó en evidencia en sus tristes declaraciones sobre autos de lujo. El Congreso no puede otorgar estas facultades pues sería como darle una bomba a un terrorista. Lampadia

Referencias

https://rpp.pe/politica/gobierno/pedro-francke-justifica-pedido-de-facultades-al-congreso-para-legislar-en-materia-tributaria-no-es-un-cheque-en-blanco-noticia-1366041

https://elcomercio.pe/economia/contraloria-hay-2445-obras-paralizadas-por-mas-de-s18360-millones-noticia/

Transparencia MEF: https://apps5.mineco.gob.pe/bingos/seguimiento_pi/Navegador/default.aspx

https://gestion.pe/opinion/editorial/editorial-de-gestion-informalidad-desbordada-empleo-inei-economia-noticia/

https://elcomercio.pe/economia/peru/pedido-de-facultades-legislativas-cuales-son-las-medidas-tributarias-que-aplicaria-el-ejecutivo-pedro-castillo-mirtha-vasquez-pedro-francke-impuesto-a-la-renta-igv-banco-de-la-nacion-noticia/?ref=ecr

Mientras sucede
Milagros Leiva
Para Lampadia

“No gobernaré desde la Casa de Pizarro porque creo que tenemos que romper con los símbolos coloniales para acabar con las ataduras de la dominación que se ha mantenido vigente durante tantos años. Cederemos este Palacio al nuevo Ministerio de las Culturas para que sea usado como un museo”

Existió ese día. 28 de julio del 2021. En su primer mensaje a la Nación el presidente Pedro Castillo y su sombrero inseparable sacaban el primer conejo sorpresa: no despacharía en Palacio. Vladimir Cerrón y todos los seguidores del lápiz aplaudieron excitados. Limitado e improvisado, el nuevo gobernante se fue a vivir a Breña y despachó en penumbra. Lamentablemente para sus seguidores hoy se ha confirmado que Palacio seguirá siendo Palacio y que su anuncio fue un simple show para las galerías. Un show que supo a trago amargo por la improvisación, pero que auguró muy bien lo que sería este gobierno.

“El Gobierno del Perú ha nombrado al señor Richard Rojas García como Embajador en Venezuela. A su vez, el Gobierno de dicho Estado ha nombrado al embajador Alexander Yánez Deleuze como su Jefe de Misión en Lima”. Comunicado Oficial 022-21.

Cómo olvidar este día. 15 de octubre del 2021. Richard Rojas, el hombre jefe de campaña, el que había acompañado sin descanso durante nueve meses a Castillo, el que según narración propia fue quien dio la idea de no sacarse jamás el sombrero, podía dormir feliz. ¡Era embajador! Qué importaba que Panamá no hubiera aceptado sus credenciales, que importaba que el mundo diplomático observara estupefacto su nombramiento; Rojas cantaba “Alma llanera” a todo pulmón. El problema es que no contó con la astucia del fiscal que lleva su mismo nombre. Investigado como uno de los dinámicos del Centro, Richard Rojas tuvo que someterse a la audiencia donde el Poder Judicial le sentenció impedimento de salida por seis meses. Perú Libre habló de venganza, él apenas articuló palabra y el ministro de Justicia Aníbal Torres salió en defensa del sombrero palaciego y restó importancia diciendo que Rojas no había sido nombrado embajador (¿quiere decir que los comunicados de Cancillería son mamarrachos?) y que jamás existió resolución con firma presidencial. En cristiano: otro escándalo.

“Mi agradecimiento a Ricardo Belmont por sumarse al equipo del #GobiernoDelBicentenario. Su experiencia profesional y política estará al servicio del Perú, asumiendo la asesoría del Despacho Presidencial. Lograremos un buen trabajo, pensando siempre en el desarrollo del país”.

Existió este otro día. 18 de octubre del 2021. Ricardo Belmont sale y agradece al presidente haberlo elegido asesor, anuncia inversiones inimaginables, critica a la prensa, se ríe de los caviares. Pedro Castillo tuitea feliz. Escribe casi una pastilla para levantar la moral mientras cinco dinámicos están fugados y un reglaje a políticos y periodistas empaña su gobierno. Tres días después del tuit, el mismo Belmont que luchó por ser presidente en más de una oportunidad sale de Palacio y dice que no tiene resolución que mostrar, que el nombramiento como asesor solo ha sido de palabra. En resumen: Castillo seguirá sin asesor oficial, por ahora. Mañana quizá llamen a Andrés Hurtado, el popular Chibolín.

Si algo hemos aprendido en estos ochenta y seis días de gobierno es que reina el desmadre y la informalidad. Que cualquier nombramiento que no calce puede tener la explicación más surrealista y que cualquier escándalo será siempre una buena cortina para tapar la mediocridad. Para muestra los tres conejos que acabamos de recordar. La pregunta final es una sola: ¿Castillo es consciente de sus metidas de pata o sus conejos aparentemente improvisados son simples maniobras para distraer y ocultar que en efecto no está preparado para gobernar? Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La gran constatación es que la izquierda ganó la batalla cultural. Esta verdad es más fuerte aun en Chile, un país que estuvo a punto de pasar a la categoría de país desarrollado y que ahora involuciona penosamente. Lo que la intención de voto en nuestro país demuestra, es que el discurso de que los ricos se quedan con la riqueza y las transnacionales se la llevan fuera dejando al pueblo sumido en la pobreza, y que el modelo “neoliberal” solo ha beneficiado unos cuantos, es una prédica antigua que ha prendido fuertemente en esta época de pandemia y ha conquistado incluso las plumas más sublimes del periodismo nacional.

Hablamos de la batalla cultural. Pero ni siquiera ha habido batalla. Los beneficios sociales del crecimiento económico de los últimos 30 años parecían tan obvios que nadie se molestó en percatarse de que en las aulas públicas quienes enseñaban habían sido formados en esa escuela ideológica. Ningún maestro fue jamás capacitado en economía social de mercado. El empresariado y los partidos de centro y derecha abandonaron la cancha.

Lo increíble y paradójico es que la triunfante ideología de izquierda es la causante de los males que denuncia. Nosotros hemos señalado hasta el cansancio que algo que el modelo económico no pudo resolver es el problema de la informalidad y tampoco el problema de la mala calidad de los servicios públicos. Y la causa en ambos casos es la misma: un Estado patrimonialista y dominado precisamente por una cultura de derechos laborales que encubre redes y grupos de interés que han capturado el Estado.

Gestiones e ideologías de esa naturaleza producen una profusión de normas, exigencias, requisitos y cargas que solo pueden ser absorbidas por la gran empresa, obligando a la pequeña y a la micro empresa, y también a parte de la mediana empresa, a operar parcial o totalmente en la informalidad. Según el ranking de competitividad de Foro Económico Global, somos unos de los países del mundo donde el peso regulatorio de Estado es más insoportable y asfixiante. 

Esa es una de las causas más importantes de la alta informalidad, y evidentemente no se le puede echar la culpa de ella a la libertad económica.  Es al revés. La libertad económica ha sido crecientemente recortada, y por eso la informalidad.

La otra causa es la baja productividad. Pero se alimentan. El Estado no puede jugar el papel de empoderar tecnológicamente a las mypes precisamente porque es profundamente ineficiente, y lo es debido a leyes clientelistas que han impedido la implantación de la meritocracia y de la gestión de rendimiento en las instituciones públicas –salvo excepciones como las islas de excelencia. Y es un círculo vicioso: entidades públicas capturadas por argollas, gremios o grupos de interés crean cada vez más peajes a la actividad privada para beneficiarse con poder y con fuentes de ingreso.

El Estado es una trinchera ideológica y política de la izquierda, y por eso es muy difícil introducir reformas modernizadoras en el servicio de salud pública. El presupuesto de la salud se multiplicó por 7 en términos reales en los últimos 20 años, pero no hubo una mejora proporcional del servicio. Es decir, el modelo le dio recursos a la salud pública, pero estos se perdieron en mala gestión y corrupción.

Ahora abundan los artículos en los medios acerca de las razones por las que mucha gente, sobre todo en los sectores populares, quiere votar por Pedro Castillo. Identifican por supuesto fallas del modelo que en realidad no son fallas de la parte económica del modelo, sino de la parte político-institucional. Esto no lo dicen. Menos aún explican que la opción por Perú Libre agravará más aun las exclusiones. Pues una propuesta que agrande el intervencionismo, incluso empresarial, del Estado, recorte grados de libertad económica y ahuyente la inversión, solo producirá más pobreza y más informalidad. Díganlo cuando menos. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Es increíble cómo van cayendo uno a uno todos los principios básicos del crecimiento económico y del desarrollo institucional. Vale preguntarse por qué el Perú no puede mantener una disciplina conceptual y un esfuerzo acumulativo continuo más allá de cierto tiempo. Corrigiendo los errores, pero manteniendo y hasta mejorando el rumbo.

Una hipótesis es que la pandemia produjo tal impacto que relajó todos los preceptos. El populismo y el clientelismo estuvieron siempre agazapados, pero saltaron sobre su presa con el pretexto de la situación creada por el COVID 19.

El caso más reciente en el que el país apenas pudo mantener un esfuerzo constructivo –débil por lo demás- de 7 años, ha sido el de la implantación de la meritocracia en el Estado vía el tránsito al régimen de la ley de Servicio Civil. Un proceso complejo que requería de voluntad política y que quizá debió simplificarse. Ahora pasó a la historia con la ley insistida por el Congreso que elimina el régimen CAS y convierte a todos los CAS en empleados permanentes sin meritocracia y con estabilidad absoluta. Adiós el proyecto nacional de construir un Estado meritocrático.

En el caso de los pilares del crecimiento económico pudimos mantener milagrosamente una continuidad de 30 años. Pero ese ciclo estaría llegando a su fin. El Congreso le ha infligido golpes que podrían ser terminales. La estabilidad macroeconómica, pilar fundamental, ha sido socavada con leyes que incrementan el gasto fiscal permanente en casi 6 puntos del PBI al mismo tiempo que reducen la recaudación fiscal con leyes que dañan motores económicos, reduciendo el crecimiento potencial.  

Principios básicos como la libertad de precios y la libertad económica han sido afectados.

Se ha abierto el camino al intervencionismo estatal en la economía. Y ya sabemos a dónde conduce eso. Pablo Bustamante ha recordado que, a diferencia de Chile, Colombia y otros países de la región, el Perú tuvo una caída profunda en la pobreza económica en los 70 y 80 debido al estatismo proteccionista. (Ver en Lampadia: Desarrollo interruptus). Si hubiésemos seguido la línea continua de crecimiento abierto y de mercado que con breves interrupciones teníamos desde comienzos del siglo pasado, hoy estaríamos por encima de Chile. Pero caímos en el profundo pozo del intervencionismo estatal que, paradójicamente, redujo el Estado a su mínima expresión a fines de los 80.

Parece que vamos a volver a caer, como si no hubiésemos aprendido nada. Lo que hemos tenido en los últimos 30 años ha sido justamente un proceso de reconstrucción del Estado y sobre todo de crecimiento económico sano y competitivo, limitado en la última década por regulaciones crecientes que fueron restaurando una suerte de intervencionismo estatal de baja intensidad. Es que, confiando en que el modelo es potente, se les cuelgan cada vez más obligaciones, requisitos y cargas a las empresas, hasta que ya casi no pueden caminar. Por eso lo que el modelo no pudo resolver fue la alta informalidad. Para resolverla, había que restablecer los grados de libertad económica conculcados y empoderar tecnológicamente a los pequeños.

Lo que se viene podría ser peor. Si Yonhy Lescano es elegido presidente, lo que tendríamos, según sus promesas y su plan de gobierno, sería el puntillazo final a los principios básicos del crecimiento y a sus motores principales. Comenzando por la minería, que será nacionalizada a la boliviana, y sus contratos renegociados. No vendrá más inversión minera, así como en Bolivia nunca llegó más inversión gasífera, lo que la dejará sin reservas en 10 años.

Se consolidará la intervención en el sistema de precios con la obligación al Banco Central de poner topes a las tasas de interés, lo que alejará el crédito formal de los pequeños, expulsándolos al agiotismo y cortando el avance a la inclusión financiera y a la formalización económica.

Más grave aún: se afectará la autonomía del Banco Central, sustento de la estabilidad macroeconómica del país.

El principio de subsidiariedad de la actividad empresarial del Estado –base también del crecimiento- será dejado de lado. Se crearán empresas públicas en sectores “estratégicos” como la aeronáutica y seguramente el gas, y convertirá al Banco de la Nación en un banco comercial público, tal como ha anunciado. 

Además, se empezará a introducir formas de protección rentista a sectores productivos (industriales, agricultores), como también ha prometido.

En suma, un retroceso a una forma menos radical del estatismo de los 70 y 80.

En lugar de eliminar sobre regulaciones y restablecer libertad económica y más competencia para devolverle velocidad al crecimiento, y de reformar el Estado para tener servicios públicos eficientes, se ofrece lo contrario. La ruta al abismo nuevamente. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 26 de febrero de 2021
Para Lampadia

En el 2018, Lampadia publicó un artículo mío titulado “Ideas para acabar con el fracaso estrepitoso del Estado”. Lo repito… palabras más palabras menos.

Hablemos a calzón quitado. Los sistemas de abastecimiento de agua potable – en todo el país – son un fracaso estrepitoso. Lo mismo sucede con los sistemas de tratamiento de aguas servidas.

• Los sistemas de limpieza pública – o recojo de basura – también son un desastre.
• Los sistemas de tratamiento de residuos sólidos… peor. Por ello vivimos rodeados de moscas y ratas.
• El tráfico vehicular es otro fracaso estrepitoso. Congestión vehicular, contaminación ambiental, ruidos molestos, inseguridad vial, rompe muelles por las puras, violación sistemática de las reglas de tránsito… no hay un solo indicador favorable a este respecto.
• Y lo mismo se puede decir de los sistemas de planificación y desarrollo urbano. Invasiones de tierras promovidas por funcionarios corruptos. Autoconstrucción generalizada… sin ningún criterio urbanístico. Agua en cisternas. ¿Desagüe?… ¿qué es eso? Desorden total. El urbanismo en el Perú es otro fracaso estrepitoso.

Pero eso no es todo. La corrupción enquistada en casi todas las instituciones encargadas de emitir licencias o permisos se ha vuelto endémica. Me refiero a las licencias de construcción, licencias de funcionamiento, brevetes, licencias de circulación… y todas las demás. Gobiernos locales y regionales, y gobierno central… todos están metidos en la colada.

Los procesos de compras y contrataciones son más de lo mismo. Incluso las contrataciones de personal. Ese tango lo bailan empresarios y servidores privados, en pareja con funcionarios corruptos del Estado.

En materia laboral… aquel ominoso 70% – o más – de informalidad lo dice todo. Seamos sinceros. La Legislación Laboral peruana es otro fracaso estrepitoso. Y la lista continúa. La salud pública es un fracaso estrepitoso. El Congreso de la República… ¿qué quieren que les diga?

Por otro lado, el Sistema Nacional de Justicia ha quedado reducido a escombros. Sobre todo, después de los audios de la vergüenza de Los Cuellos Blancos. Y ¿las universidades bamba? Aquellas que – en vez de instituciones académicas – más parecen impresoras de títulos en serie. He ahí más fracasos estrepitosos.

Oh dios soborno… ¡cuántos fracasos estrepitosos nos has dejado! Has malogrado municipalidades y gobiernos regionales. Has manchado ministerios y universidades. Has quebrado empresas de agua potable. Has ensuciado nuestras ciudades y medio ambiente. Has destruido el Congreso y el Poder Judicial. ¡Hasta presidentes has embarrado! Oh dios soborno… ¡cuánto daño nos has hecho a los peruanos!

Simplificar y digitalizar – al máximo – todos los trámites y procesos de emisión de licencias. Depurar y racionalizar – al máximo – la maraña burocrática del Estado. Eliminar instituciones públicas que no sirven para nada… sobre todo ministerios y burocracias municipales distritales. La meritocracia debe primar en todos los procesos de contratación de funcionarios públicos.

Digitalizar todos los procesos de compras y contrataciones. Ninguna municipalidad, ningún gobierno regional, ninguna institución del Estado debe comprar ni contratar nada por sí sola. Una Red Interconectada de Compras y Contrataciones del Estado – 100% digital – se encargaría de ello. ¡Cero sobornos! ¡Cero discrecionalidad! ¡Transparencia total!

La legislación laboral debe ser flexible. Eso que parece ir en contra de los trabajadores, resulta que los favorece. El Ica hay pleno empleo, gracias a la flexibilidad laboral que establece la legislación agraria… la derogada y la actual. La flexibilidad laboral – además – formaliza y mejora las remuneraciones de los trabajadores. Repito. Los iqueños pueden dar fe de ello.

Hay que evaluar a los estudiantes graduados de todas las universidades del país. El que sabe… sabe. Así, la estafa de las universidades bamba quedaría desenmascarada en dicha evaluación.

Finalmente… la del estribo. Otra idea que no estaba en el artículo anterior. Que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y los Jurados Electorales Especiales (JEE´s) dejen de actuar como esos Jueces de Mesa deportivos, que – triquiñuelas más, triquiñuelas menos – descalifican a jugadores y equipos, o convierten en triunfadores a equipos que perdieron en la cancha.

Palabras más palabras menos, eso es lo que escribí en el 2018. Entonces, reflexionemos. ¿Qué ha cambiado en el Estado en los últimos 3, 5, 10 años? Nada. La vida… sigue igual. Lampadia

CONTROVERSIAS
Fernando Rospigliosi
Para Lampadia

Un estudio efectuado en 12 ciudades del mundo con altos niveles de informalidad, ha demostrado que los más golpeados en el planeta por la brutal e ineficaz cuarentena que impuso el Gobierno de Martín Vizcarra, han sido los informales limeños. (Fernando Vivas, “Lima, la peor de todas”, “El Comercio 24/2/21).

La cuarentena feroz y larguísima que decretó Vizcarra, con el aplauso incondicional de la coalición que lo respaldaba, fue un fracaso total, porque no evitó la expansión del virus –el Perú tuvo el más alto índice de mortalidad del mundo- y arrojó al hambre y la miseria a millones de personas.

Peor aún, el Gobierno de Francisco Sagasti insiste con las recetas que han demostrado manifiestamente su fracaso.

El estudio que cita Vivas se realizó entre informales en ciudades como Accra, Bangkok, Dakar, Dar Es Salaam, Delhi y México, entre otras.

En Lima “el 63% dice haber experimentado hambre en su hogar. Esa cifra es la mayor de las 12 poblaciones (le siguen, bastante lejos, Delhi y Dakar, con 35%). Antes, hablábamos de anemia y desnutrición, ahora hablamos de hambre.”

Las cifras específicas lo explican: “Los ambulantes ganaban en promedio S/46, y luego de la pandemia, S/7. Las trabajadoras del hogar cayeron de S/52 a S/12; los canillitas de S/36 a S/16 y los recicladores de S/42 a S/4. Esa pérdida, para remate, le quita al informal el mínimo capital que necesita para comprar su mercadería.”

Y Vivas concluye “Qué poco humanos fuimos condenándolos al hambre cuando su actividad ni siquiera está entre las más contagiosas. Y seguimos relegándolos.”

En realidad, que poco humanos fueron Vizcarra y sus cómplices para aplicar una política que se sabía estaba destinada al fracaso.

No soy epidemiólogo ni experto, pero era obvio que eso iba a suceder si seguía con un confinamiento estricto. A dos semanas de iniciado, cuando el Gobierno anunció su continuación, escribí: “La pregunta es si se podrá detener su propagación con la prórroga de la cuarentena. Lamentablemente todo indica que no. (…) El coronavirus ya se ha diseminado en muchos lugares del país y con los precarios recursos del sistema de salud peruano no es posible detenerlo.”

“Por eso quizá lo más adecuado sea una solución intermedia, manteniendo todas las medidas de aislamiento social posibles que ya se están aplicando sin paralizar la economía. Por ejemplo, prohibir las aglomeraciones, partidos de fútbol, conciertos, etc. En suma, en las condiciones concretas del Perú, prolongar la cuarentena no detendrá al virus porque faltan las otras armas para frenarlo (rastreo de contactos, pruebas masivas, etc.).”

“Y no se trata, como erróneamente dicen algunos, de privilegiar la economía y las empresas sobre la salud. En el Perú, con dos tercios de población informal, no hay manera de que millones de personas, precisamente las de menores recursos, sobrevivan con el país paralizado.” (“Una estrategia intermedia”, “El Comercio”, 28 de marzo 2020).

Parafraseando a Vivas, que poco humanos son Sagasti y sus cómplices condenando al hambre a millones de peruanos. Lampadia

Después de más de siete meses de vencido el plazo para regular el D.U. N° 002 – 2020, plazo que por cierto se otorgó la burocracia a sí misma, finalmente parece ser que en marzo se promulgaría el reglamento correspondiente, el cual regulará las condiciones básicas para abrir una escuela.

Según el proyecto de reglamento, que ya tiene más de cien páginas con los anexos, son seis condiciones. En principio parece razonable que sean pocas condiciones básicas, pero cuando uno lee con cuidado se percata que no tienen nada de básicas ni son seis. En verdad son centenares, ya que, con el pueril recurso de reunir la multitud de exigencias en seis grupos, exigen todo lo contenido en la normatividad existente y por existir. Es decir, en lugar de aportar a eliminar el híper controlismo, que no solo empuja a la informalidad y la reafirma, van a hacer imposible una escuela libre, innovadora y variada en su oferta. En pocas palabras, la realidad presente será aun peor.

Seguramente la burocracia del MINEDU afirmará que no les queda otra alternativa ya que tienen que cumplir y hacer cumplir las leyes vigentes, pero eso no es cierto. Está en su poder modificar y derogar la multitud de ataduras administrativas existentes y llevar la simplificación al Congreso cuando estas residan en leyes, pudieron además aprovechar con el D.U. N° 002-2020 y el DL N° 1476 para simplificar las cosas, en lugar de eso modificaron lo que les pareció necesario para controlar más a la escuela privada.

Lo que ocurre es que no quieren escuchar, siguen demostrando que no son alternativas lo que les falta sino vocación por destrabar, alentar la formalización y colaborar realmente con un buen proyecto pedagógico. Se necesita libertad de gestión para la escuela privada, menos consultorías y más fondos para la escuela pública que debe, además, recuperar su autonomía para poder ser una eficaz empresa pública de servicios.

Si la normatividad vigente es tan buena y las condiciones que exige el proyecto de reglamento son tan básicas, no se entiende por qué se otorga un plazo de tres años para adecuarse, con posibilidades incluso de extenderlo a cinco. Lo que va a suceder es que los colegios, mayoritariamente, no se van a acoger a esta intrincada normatividad porque es inútil para mejorar el servicio que brindan a sus estudiantes y además extremadamente onerosa. Es imposible asumir todos los costos que implica. El día que ya no se les permita funcionar más, cerrarán y veremos cómo ese estado ineficiente no podrá atender esa demanda con sus colegios que, abandonados cómo lo están ahora, por cierto, no cumplen con las condiciones mínimas para brindar un servicio educativo decente.

Este reglamento hace tan complicado abrir una nueva escuela que pareciera querer favorecer a los colegios existentes, aunque en verdad el sueño de la burocracia y sus asesores de ONGs ideologizados es desaparecer a los privados y que, así, todos nuestros chicos reciban la misma mala educación, nada de “privilegios”, todos deben ir a colegios que no tienen agua potable ni desagüe en muchos casos, menos rampas o ascensores. 

Ignora olímpicamente a la Ley de Centros Educativos Privados (Ley 26549), a la que ni siquiera menciona, salvo en el apéndice de las multas. Además, desprecia la Constitución, al pasar por alto los preceptos constitucionales que le dan autonomía y libertad de organización a la escuela privada, para terminar en son de burla, sin duda, hablando en un capítulo de las escuelas innovadoras, como si esto fuera posible con todos los parámetros existentes santificados y potenciados en este reglamento.

No contentos con exigir una gran cantidad de requisitos para cualquier trámite se premia el incumplimiento de la burocracia con el silencio negativo en contra del solicitante. El privado debe invertir en un trámite o proyecto educativo, pero si la UGEL no mueve un dedo para aprobarlo, en un plazo determinado se deberá asumir que ha sido rechazado, esto va a generar abusos y corrupción por supuesto.

Este reglamento no va a aportar nada, va a continuar la misma informalidad o será mayor aún, la burocracia tendrá más armas para fiscalizar a los colegios en lugar de apoyarlos. Fomentará que el MINEDU, a través de sus UGEL, en lugar de abocarse a lo que es su razón de existir, la escuela pública, la que pagamos todos los contribuyentes, asuma un rol policial y acosador sobre quien lo libera de un tercio de su labor. Si la educación pública fuera buena como el MINEDU sostiene, los padres no recurrirían a la oferta privada. Lampadia

La Cuadratura del Círculo es un espacio producido por Infraestructura Institucionalidad y Gestión – IIG, con la colaboración de Lampadia como media partner.

Presentamos el siguiente video sobre cambiar el capítulo económico empobrecerá al país.

Participa como invitado Alonso Segura, ex ministro de Economía y Finanzas, junto con Aldo Defilippi, Gonzalo Prialé y Sebastián Otero, asociados de IIG.

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

En la primera quincena de diciembre 2020, escribí el artículo: “¿Estamos seguros en el Perú?”. En él me refería al atrevimiento de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, de solicitarle a la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), un archivo “espejo” de toda la información que el sistema financiero le proporciona a ésta, así como de toda la comunicación sensible, manejada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). El punto es que, el Estado está infiltrado de delincuentes, en todos los poderes, a nivel de gobierno nacional y gobiernos sub-nacionales.

Ahora, mediante nuevo reglamento del MEF, se ordena a los bancos, la entrega mensual de los movimientos bancarios; saldos, ingresos y egresos, de al menos 1.7 millones de ciudadanos, aquellos que son formales, manejan sus operaciones de forma bancarizada y, además, por eso, se les cobra el ITF, con el único objetivo que la SUNAT pueda contar con la información de ingresos y egresos que tanto requiere para contrastar con las declaraciones juradas de ingresos y rentas. Creo que, en primera instancia, el Estado debe explicar qué pasó con la información proporcionada por el ITF, y de otro lado, de insistir con este requerimiento de información a la banca, cuando menos derogar el ITF, pues ya no le sirve de nada.

Con este nuevo pedido de información, aunque redundante, si lo que buscan es conocer los volúmenes de ingresos y egresos de los contribuyentes, la SUNAT quiere conocer también, cuál es tu patrón de gastos, a quién le pagas, a quien le compras, si apoyas económicamente a tus hijos, familiares y allegados o si eres ese mes, el gestor de un pandero. En esencia, estos 1.7 millones de ciudadanos, somos los nuevos rehenes del fisco, estaremos “bajo la lupa” del “gran hermano” y tendremos que estar dando explicaciones, de manera detallada y mensual, de cualquier movimiento de dinero que pueda no ser renta, pero que a ojos de SUNAT, debemos explicar de forma documentada.

Ya se ha repetido que, en el Perú, más del 70% y hoy cerca del 80% de la actividad económica es informal, pero lo cierto es, que de los cerca de 18 millones de ciudadanos que conforman la PEA (población económicamente activa), alrededor del 10% está bancarizado (1.7 millones) y sujeto a este nuevo escrutinio. Estos ciudadanos, hemos pasado nuevamente, a ser un grupo discriminado y sujeto al espionaje del que la gran mayoría (alrededor de 90%) está libre. En este punto, si alguien había previsto bancarizar sus actividades económicas, de seguro reevaluará sus opciones y diferirá su decisión.

Aquí surgen varias preguntas, como, por ejemplo; ¿Por qué quiere saber el Estado a quién compro y, en consecuencia, mi patrón de consumo? Si lo que el fisco requiere verificar son todos mis ingresos, ¿Por qué requieren conocer todos mis gastos? ¿Por qué tiene que saber si gasto, invierto o regalo mi dinero? ¿Alguien quiere desarrollar nuestra biografía económica? ¿Por qué debemos confiar en funcionarios de la SUNAT, que en su momento fueron capaces de filtrar información financiera de personas que tenían “RUC sensible”? Seguro algunos recordarán que la Declaración Jurada de impuestos de Vladimiro Montesinos, en su momento de mayor control del SIN, fue publicada por la prensa, con lo que se demuestra, que no es un tema de seguridad de los sistemas de información, sino de confiabilidad de los funcionarios.

Al escribir el artículo antes mencionado, no imaginaba que el lumpen que ha infiltrado al Estado, iba a tener la dicha de contar, como los de “Piedras Gordas”, con una base de datos depurada y de primera mano, para identificar a sus potenciales víctimas de secuestro y/o extorsión. ¿Quién garantiza nuestra seguridad y la de nuestras familias, de ahora en adelante? ¿Con qué derecho, unos funcionarios del MEF, pueden ir contra la Constitución y el pronunciamiento del Tribunal Constitucional?

Me temo que ahora sí se han excedido, puesto que esa información se debe abrir a la autoridad, sólo por mandato judicial (también por pedido del Fiscal de la Nación y Comisión Investigadora del Congreso), pero siempre que sea información relevante para un proceso de investigación de algún delito. No es correcto que, en un país como el Perú, con tantos casos comprobados de delincuencia infiltrada en los distintos estamentos del Estado, se permita disponer, como cosa de rutina, de información tan delicada y personal. Esa información, es parte de la intimidad financiera de los ciudadanos, que nadie debe violar, mucho menos, ser manejada y manipulada por “sabe Dios quién”, ni con qué potenciales intereses subordinados.

Siempre se repite, que el Perú es un país de discriminadores y muchos creen que es un tema étnico, socio-económico o de origen geográfico (de costa, sierra o selva), pero lo cierto es que el propio Estado es el que crea, a cada paso, condiciones que dividen y separan a los ciudadanos, que les trae obligaciones y derechos diferentes. Para unos cuantos de la Lima moderna, se imponen reglas de altos estándares, para los demás, hasta “toma de carreteras” sin consecuencia alguna. Si queremos incorporar más ciudadanos a la base de contribuyentes, desarrollemos legislación tributaria más sencilla y fácil de cumplir, eliminemos el vicio de las amnistías tributarias, nacionales y municipales. Dejemos de premiar por esa vía a los que incumplen sus obligaciones.

En esa línea, el gran cuento es que, esta disposición es una recomendación de los países de la OCDE, pero para los soñadores, los países miembros de la OCDE, no tienen el nivel de “economía subterránea” que tiene el Perú (80%), ni su Estado está infiltrado de delincuencia como el nuestro. Igualmente, el contribuyente de países OCDE, ve plasmado el pago de los impuestos que realiza en beneficios al ciudadano, vía; servicios de salud, justicia, educación, seguridad e infraestructura. En nuestro país, en cambio, se exige más recaudación a los mismos de siempre, el Estado gasta o invierte mucho menos de lo que debiera y lo que gasta lo gasta mal y con gran merma por corrupción. Lampadia