En noviembre pasado, el Ministro de Economía, Alonso Segura, lanzó uno de sus paquetes reactivadores cuyo corazón era un conjunto de medidas tributarias (reducción del impuesto a la renta personal, del impuesto selectivo al consumo y otros) destinadas a dejar en manos de los ciudadanos unos 4,500 millones de soles el 2015. La idea era  reactivar el consumo y por ende la economía. Por eso, no se entiende como la Sunat (la cual depende del MEF), haya prepublicado días atrás una nueva reglamentación para el fraccionamiento de las deudas con el fisco que endurece las condiciones para acceder a esta figura. Un contrasentido total, pues el ahorcar a los contribuyentes, especialmente a los más afectados por el menor crecimiento de la economía, va en contra de la política expansiva que impulsa Segura en representación del Gobierno.

Si se reducen los plazos máximos de fraccionamiento (de 72 a 48 meses), como se indica en el nuevo reglamento y, ahora este será condicionado al pago de cuotas iniciales y garantías (carta fianza o hipoteca), dependiendo del comportamiento del contribuyente, está claro que a las personas naturales y jurídicas con problemas les será más difícil salir de ellos, pues contarán con menor liquidez o no podrán acceder a un mecanismo facilitador de la recaudación y la formalidad.

Por si fuera poco, como se ha denunciado en varias oportunidades (la más reciente, por Rosa María Palacios), “la Sunat, ¡vivísimos ellos! no reciben solicitudes [de fraccionamiento],  porque no activan los formularios para solicitar el fraccionamiento hasta dos meses después de la fecha original de pago. ¿Mientras tanto? Te mandan resoluciones de cobranza coactiva a pagar en 7 días. ¿Qué te queda? Vaciar la cuenta del banco de la EIRL, que felizmente en mi caso, está vacía porque no tengo ingresos o romper el chanchito y pagar la deuda completa. Es decir, te quedas sin fondos o capital de trabajo”. Como señalamos líneas arriba todo lo contrario a lo que aspira la política de expansión del MEF.

La denuncia, obviamente no ha sido atendida. Para la Sunat la cosa es cobrar como sea, al mejor estilo del Sheriff de Nottingham (la némesis de Robin Hood). Incluso como este personaje de la Inglaterra medieval, torciendo la Ley acosta de los ciudadanos. Como bien ha señalado Palacios: “El Fraccionamiento de una deuda tributaria no es un dádiva, un regalo, o un premio. Es un derecho otorgado por la LEY (sí, en mayúscula, a ver si la señora Tania Quispe entiende) con el que la administración tributaria no puede hacer lo que le da la gana para cercenarnos ese derecho”.

Ante las críticas a este proceso, la Sunat acaba de anunciar una flexibilización de sus nuevas normas de fraccionamiento. Lamentablemente, lo único que ha hecho es discriminar entre los que tengan deudas menores a 38,500 soles (10 UIT) y los que superen dicho monto. Esto, que puede parecer aparentemente justo, en verdad sigue condenando a los pequeños y medianos empresarios a mayores dificultades financieras y  fomentando, indirectamente, la informalidad.

Además, como ha reportado el diario Gestión el 21 de abril pasado, de ahora en adelante “Solo los gastos ineludibles serán deducibles del Impuesto a la Renta”. Según la nota de Gestión: “La Sunat desconoce como gasto de las empresas los pagos de indemnizaciones contractuales o gratificaciones extraordinarias de trabajadores, ya que considera que pueden evitarse. (…) El fisco, dispone que para aceptar un gasto como deducible del pago del Impuesto a la Renta (IR), debe ser ‘ineludible o inevitable’. Es decir, cuando no exista otra posibilidad que solo efectuar el gasto. (…) Otro ejemplo ocurre cuando una empresa contrata con otra un servicio y luego, por discrepancias entre los contratantes, llegan a un arbitraje y la primera de ellas pierde el caso. (…) En este caso, la Sunat no aceptará el pago de la indemnización [ordenado por el laudo], ya que pudo evitarse si la empresa cumplía el contrato”. Este criterio contaría ahora con un presedente de la Corte Suprema, informa Gestión.

Aparte del abuso que representan estas medidas de la Sunat, lo que se persibe son enormes contradicción es en el Gobierno. Por ello, cabe preguntarse: ¿En el Ejecutivo se coordina la política económica? ¿La señora Tania Quispe, Superintendente Tributaria, no lee los periódicos? ¿El Ministro de Economía no se entera de este tipo de cosas? ¿Están realmente comprometidos con devolverle el crecimiento al país?

¿No sería bueno, por el bien del país; la imagen de las instituciones que tienen la suerte y responsabilidad de dirigir; e incluso, por su prestigio profesional que se sentaran a evaluar los objetivos a los que aspiran?.  Lampadia

La reciente propuesta (no propuesta) del gobierno para flexibilizar el empleo juvenil ha desatado una cantidad de reacciones que no pasan por los menores filtros de racionalidad. 

Análisis

• El Perú mantiene una altísima tasa de informalidad del empleo.
• Tenemos un de los sistemas laborales más rígidos del mundo.
• La formalidad es una barrera infranqueable para la mayoría de los peruanos, por los costos y dificultades que conlleva.
• Como consecuencia de lo anterior, muchos peruanos trabajan en condiciones de desprotección social.
• El establishment político, gremial y mediático, hace muy difícil una solución efectiva e integral a este problema. Tan es así, que a pesar de todo tipo de indicadores, ningún gobierno se ha atrevido a flexibilizar el sistema y, más bien, desde el año 2000, se ha producido una regresión de los parciales avances que se lograron en los años 90.
• Los más perjudicados con esta situación son los nuevos trabajadores, los que entran por primera vez al sistema laboral. Evidentemente, esta categoría abarca fundamentalmente a nuestros jóvenes.
• Ellos, antes de la susodicha norma, tenían tres opciones, en distintas proporciones. Muy pocos de ellos, tal vez el diez por ciento, podían conseguir empleo de calidad en empresas formales. Otros, la gran mayoría, se veía impelido a trabajar en empresas informales, recibiendo, algunos de ellos,  ingresos aún menores que el salario mínimo vital y sin protección social alguna. El tercer grupo, minoritario, los jóvenes desempleados, que por lo menos duplican el desempleo global, son parte de los “NINIs”, ni trabajan, ni estudian. A todas luces, una situación insatisfactoria.
• El gobierno, amarrado por sus propias camisas de fuerza, da un paso tímido, flexibilizando el espacio laboral juvenil y se desata la trocatinta.

Opciones

• Seguir como antes. Pocos empleos formales, muchos informales y unos cuantos NINIs.
• Aceptar, voluntariamente, trabajos formales bajo el nuevo régimen flexibilizado, con menos vacaciones y beneficios que tenían los pocos que con suerte entraban la formalidad.

La Grita Gremial y Mediática

• O todos o nadie.
• Más valen las plataformas políticas y los gestos de “indignación” del periodismo, que no pueden permitir que le quiten a los jóvenes, lo que en esencia no tienen.
• Si con esta reacción se retrocede, que importa. “Somos fundamentalmente surrealistas”.

Cuando Menos es Más

• Como dicen: si admiras una linda flor y te la llevas contigo, con mucho amor, su belleza se apagará pronto, un poquito menos de amor, le hará mejor.
• Si no puedes darles todo a tus hijos o a tus ciudadanos porque es mejor que ellos encuentren su camino, sin querer queriendo, los haces más ricos.
• Si no podemos dar trabajo formal con todo tipo de “derechos”, porque no podremos sustentarlo, no hacer nada es condenar a la mayoría a las peores condiciones de trabajo que hoy subsisten.
• Si tenemos que mejorar a las condiciones de algunos, tenemos que empezar por los jóvenes.

En este, y en otros casos, ¡menos puede ser más!
Pensemos con realismo, como se puede mejorar el ambiente laboral en la práctica, no solo en el papel. Lampadia

Por Diego Díaz Pastor

(Gestión, 07 de Noviembre del 2014)

La devastación causada por la minería ilegal en zonas de la selva peruana como Madre de Dios, donde se deforestaron miles de hectáreas de bosques nativos y contaminaron gravemente los recursos hídricos y la deforestación asociada a la tala ilegal, son amenazas contra el medioambiente. Esto ya que los bosques cumplen un rol central en la conservación de la biodiversidad que alojan y en la captura de carbono, función relevante en el escenario actual de calentamiento global.

Esto ha implicado un mayor interés de parte del Estado por implementar políticas que promuevan el uso sostenible de los recursos naturales, una mayor fiscalización sobre las actividades ilegales que podrían poner en riesgo dichos recursos y la protección de áreas naturales. Al respecto, el sector forestal engloba a un conjunto de actividades con impacto directo en el uso sostenible de los bosques: la tala de árboles y la extracción de productos no maderables en bosques nativos y plantaciones forestales; por lo que la dirección que tome en los próximos años debe ser de especial interés.

A pesar de su gran potencial – contamos con la segunda mayor superficie de bosques naturales entre los países de América Latina y la número nueve a nivel mundial – este ha quedado relegado a la producción de bienes de bajo valor agregado y a un alto nivel de informalidad / ilegalidad en su cadena de valor. De acuerdo al Ministerio de Agricultura (Minagri), la producción maderable alcanzó los 7.9 millones de metros cúbicos en el 2012, de los cuales aproximadamente el 89% fueron destinados a leña.

Diversos factores han dificultado el desarrollo del sector forestal, entre ellos destacan la deficiente infraestructura de transporte entre los centros de producción maderera y los principales mercados, y las dificultades de financiamiento para los agentes del sector, lo cual permitiría realizar inversiones que otorguen valor agregado a su producción. Asimismo, el fraccionamiento de la política del Estado, que otorgó competencias a los gobiernos regionales en materia de planificación y promoción del uso sostenible de los bosques, lo cual, sumado al exceso de trámites burocráticos y la limitada capacidad de supervisión de los organismos nacionales, habría fomentado la expansión de actividades ilegales en el sector.

Afortunadamente, en los últimos meses el Minagri ha venido trabajando en el reglamento

de la Ley N° 29763 “Ley Forestal y de Fauna Silvestre”, la cual busca fortalecer la institucionalidad forestal y mitigar los cuellos de botella que dificultan el desarrollo del sector. Esto incluye, entre otros, otorgar un enfoque ecosistémico a las concesiones forestales, la creación del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y la simplificación de los procesos administrativos.

Si bien la iniciativa es adecuada, esta no sería suficiente para otorgar el impulso que el sector necesita para alcanzar las optimistas metas planteadas por el Minagri hacia el 2021: US$ 1,500 millones de producción de madera de concesiones forestales, US$ 3,000 millones anuales de inversión privada en plantaciones forestales y 100 mil puestos de trabajo al año. La experiencia internacional ha mostrado que una política forestal coherente y estable y un buen clima para las inversiones no son suficientes para darle el impulso necesario a la inversión privada en plantaciones forestales comerciales. ¿Hay una falla de mercado?

Debido a los riesgos inherentes a la actividad –son inversiones de largo plazo con un período de maduración de mínimo cinco años para su aprovechamiento comercial– es necesario que el Estado diseñe intervenciones eficientes que permitan un mayor interés de los inversionistas por esta alternativa de desarrollo del sector. Diferentes regiones cuentan aún con importantes extensiones de tierras aptas para reforestación, de acuerdo al Minagri estas ascenderían a 9.5 millones de hectáreas. Si consideramos que actualmente sólo se han desarrollado aproximadamente 30,000 ha de plantaciones, es claro que el potencial de crecimiento en esta actividad es altísimo.

De acuerdo a la FAO (2004), existen incentivos directos e indirectos que pueden impulsar la inversión en plantaciones. Entre los directos se cuentan diversas formas de subsidios estatales a los insumos utilizados (semillas, fertilizantes, etc.), reposición de parte de la inversión inicial (Chile, Colombia y Ecuador reponen el 75% de los costos de plantación), facilidades para el financiamiento de largo plazo, entre otros. Los incentivos indirectos pasan por asegurar los derechos de propiedad de los inversionistas, promover la creación de clústeres industriales en los que se dé valor agregado a la producción forestal (maderas, pulpas, no maderables, etc.), mejoramiento de la infraestructura de transporte y fomento de la investigación.

En este sentido, el nuevo esfuerzo del Estado por modernizar la política forestal debe otorgar especial atención a la promoción de la inversión privada en plantaciones forestales, actividad en la que nuestro país tiene un gran potencial y que ha permitido un crecimiento exponencial del sector en países de Latinoamérica que ya han implementado intervenciones como las mencionadas previamente. El impulso de esta actividad es positivo a nivel económico y ambiental, entre los beneficios destacan: creación de empleo en zonas rurales, crecimiento de las exportaciones, mejoras en el bienestar de la población de las áreas de influencia de las plantaciones, protección y rehabilitación de suelos, incremento de la captura de carbono, reducción de las presiones sobre los bosques nativos y uso sostenible de los bosques.

Hace unos años atrás, las encuestas indicaban que uno de los principales reclamos ciudadanos era el empleo. La gente pedía trabajo. Hoy, esta exigencia no aparece en las encuestas. ¿Por qué? Porque con el crecimiento económico el empleo ha aumentado. Incluso, hay regiones como Ica, por ejemplo, con pleno empleo. Y no mal remunerado, los ingresos se han incrementado en las últimas décadas. Ahora la discusión gira entorno a la informalidad.

Distintas circunstancias han puesto a la informalidad laboral en el centro del debate. La polémica sobre la obligatoriedad de los aportes de los independientes a los sistemas de pensiones, la necesidad de hacer más competitiva la economía ante la evidente desaceleración que viene sufriendo y así como la publicación de estudios sobre el empleo formal (Ministerio de Trabajo – MINTRA).

De acuerdo a un informe del MINTRA solo el 29,5% de las casi 16 millones de personas que conforman la PEA ocupada tiene un empleo formal. Es decir un 70% se halla en la  informalidad. Según Jorge Toyama: “El empleo formal se concentra en el Estado, en las empresas de 10 a más trabajadores y en los independientes con educación superior. El Estado comprende a 1,4 millones de trabajadores, la mediana y gran empresa (con más de 100 trabajadores) a 1,5 millones, la pequeña empresa a 1,6 millones, y los independientes a solo 260 mil personas. En total, hay 4,8 millones de trabajadores formales. El sector informal, siguiendo el estudio del MNTRA, comprendería a 11 millones de trabajadores. Este sector percibe bajos ingresos [en promedio], no accede a la formalidad y especialmente tiene escasa cobertura en seguridad social: solo el28% de los trabajadores tiene un aseguramiento contributivo (Essalud y EPS)”.

Las cifras son elocuentes. Muchos sugieren o señalan abierta y erradamente que esta situación es causada por el modelo económico, al que acusan de descuidar el empleo. Nada más falso, son justamente las regulaciones y la escasa flexibilidad laboral lo que alienta este indeseable fenómeno. El Perú es uno de los países con mayor rigidez en el mundo en contratación y despido de acuerdo al  World Economic Forum. Ocupamos el puesto 14 de 144 (donde el primero es el más rígido)

Otros indican que es un sobrecosto. En Lampadia, no creemos que las vacaciones y gratificaciones deban considerarse sobrecostos. Cuando se emplea a una personal se lo hace por un paquete anual. Allí no está el problema. Como se ha señalado líneas arriba los inconvenientes radican en los costos de despido, en el regreso de la estabilidad laboral que incluye reposiciones destructivas de la productividad y hasta de instituciones como la policía, que tiene que reponer a delincuentes separados de sus filas, por órdenes judiciales. Toyama indica que “en otro países no se entrega al trabajador un seguro de desempleo e indemnización al mismo tiempo”.

Para colmo de males en los últimos años, tanto el Tribunal Constitucional como el Poder Judicial han reinstaurado con sus sentencias la más estricta estabilidad laboral, obligando a las empresas y al Estado a reponer a trabajadores despedidos. Y esto no es todo. El cese colectivo por razones económicas es imposible. En los últimos 13 años, el Mintra no ha autorizado ninguna solicitud de este tipo. Por tal motivo, como señala el citado especialista, es menos oneroso y fácil liquidar una compañía que reducir la planilla. Un contrasentido que atenta contra las principales generadoras de empleo: las empresas privadas. A diario, firmas cierran las puertas agobiadas por las regulaciones laborales que imponen multas, moras y obligaciones estratosféricas que las llevan a la quiebra.

Apenas una empresa se formaliza, los fiscalizadores laborales se acercan, piden libros y ordenan cómo deben ser las planillas (montos y formas de pago), imponen multas por omisiones de los años previos a la formalización (un contrasentido), asfixiando financieramente a las empresas que no consiguen superar lo que Pedro Olaechea ha llamado “el valle de la muerte” (el imposible paso de micro y pequeña empresa a categorías de mayor tamaño y formalización). Por eso en el país no tenemos muchas empresas medianas.

Esta trampa anti desarrollo es algo similar a lo que ocurre en Francia, en el que el número maldito es el 50. Las empresas no contratan al empleado número 50. Se quedan con 49, porque de lo contrario desencadenan casi tres decenas de regulaciones laborales que elevan sus costos al punto de representar inmensas pérdidas.

El sueldo mínimo vital, también se consideraun factor limitante para la formalización. De acuerdo a un estudio de Macroconsult, el actual nivel de la Remuneración Mínima Vital es demasiado alto para la realidad de las micro y pequeñas empresas. Según este informe: “el 39% de los trabajadores informales del sector formal y un 63% de los trabajadores informales perciben menos del salario mínimo (S/. 750)”.

Tiene sentido, recientemente los suizos votaron en contra de que se fijara un salario mínimo en su país (su actual tasa de desempleo es de 3.3%). Prefirieron la libre negociación como es hoy. El estado del bienestar europeo con sus rigideces laborales explica en buena medida que en España el desempleo juvenil supere el 55% de los jóvenes en edad de trabajo. Alemania se salvó de esto, porque antes de la crisis  reformó su sistema flexibilizándolo.

En nuestro país, la formalidad es como un gueto inverso, hecho para que nadie entre. Además, la institucionalidad creada alrededor de nuestras regulaciones hace que, por ejemplo, los gremios sindicales terminen defendiendo el privilegio de minorías y evitando la protección del gran conjunto de trabajadores.

Está comprobado que la sobreregulación afecta el normal desenvolviendo de los mercados y el laboral no es una excepción. Por tanto es urgente realizar cambios que no sólo nos hagan más competitivos. Para ello, el gobierno debe crear una formalidad más accesible, explicar a empleadores y a la población los beneficios de un sistema más flexible y establecer procesos de transición no punitivos. Ojalá no tengamos que afrontar una crisis económica con rigidez laboral, como en España. Lampadia

Informalidad

Últimamente se está discutiendo sobre el tema de la informalidad, muchas veces calificándola como un problema o como “un elefante que todavía no hemos sacado del closet” y hasta dándole un tinte delictivo. Otras veces se le confunde con actividades abiertamente delictivas como el narcotráfico asociado al terrorismo, la tala ilegal, la minería ilegal y el contrabando armado.

El 70% del empleo es informal según las cifras oficiales, pero eso no nos hace un país informal. El empleo adecuado llega al 65% de la PEA (se ha duplicado durante los años de crecimiento de la economía). Más allá del proceso histórico que dio origen a este fenómeno, es evidente que ha llegado el momento para superar esta situación que tiene más que ver una “formalidad excluyente” y con normas laborales que están entre las más rígidas del planeta.

Pero también tiene que ver con la naturaleza de los peruanos, con su vocación por ser independientes, empresarios o emprendedores. En el siguiente cuadro podemos ver que el 93% de la élite universitaria, recientemente convocada por IPAE al último CADE Universitario, desea ser empresario:

Ver aqui encuesta del CADE Universitario 2014

Otro ángulo de las recientes discusiones, es que se sigue creando mitos sobre la supuesta incultura, falta de respeto por las normas y tolerancia de los peruanos con la corrupción. Esto es solo producto de análisis superficiales que se entretienen en los aspectos negativos, sin mirar el conjunto de la sociedad e información que amplíe el horizonte de análisis. Por ejemplo, veamos un reciente editorial de El Comercio que comentamos en Lampadia, ver: Roban pero hacen obra.

El Comercio comentó: “Aún una tercera explicación puede tener que ver con la informalidad. Una especie de “a mí no me importa lo que ese señor haga con mis impuestos porque yo no pago impuestos”.  (…) Naturalmente, caben varias explicaciones más. Pero una cosa es segura en todas las opciones: esta desvalorización de – o este cinismo frente a– la decencia significa, por un lado, un problema para nuestra democracia. Pocos incentivos hay en nuestra política para que las personas realmente rectas entren en ella, (…) al menos como sociedad, (…) no parecemos tener mucho autorrespeto. (…) el hecho es que no aspiramos a tener como líderes a personas que podamos realmente respetar”.

En Lampadia agregamos. “¿Qué reflexión habría que agregar al comentario del editorial, sobre los peruanos (3´000,000) que viven en el extranjero? Ellos no se pasan las luces rojas; cumplen las leyes; son solidarios, pues remiten unos US$ 3 mil millones anuales a sus familiares en el Perú. Incluso, algunos de ellos llegan a ser alcaldes y representantes políticos, sin que nadie los tilde con él: “roban pero hacen obra”.

Lo que está muy mal en el Perú no es el ciudadano, sino el sistema: La estructura política, el sistema electoral, la desacreditación de los partidos políticos (que se la ganaron solos), una pésima regionalización, ausencia de un servicio civil meritocrático que se aleje del compadrazgo y el favor político de turno, un buen sistema de control que no debe ser un impedimento a las buenas decisiones públicas, superar los niveles de corrupción y la impunidad en los estamentos del Estado.

Veamos otros datos de la encuesta que hizo IPSOS en el CADE Universitario, que reflejan que nuestros jóvenes están listos para superar las limitaciones comentadas:

La informalidad debería ser analizada desde una perspectiva más amplia, tal vez desde el siguiente enfoque: “Formalidad Excluyente e Informalidad Limitante”.

Un apagón de 30 años

Algo parecido sucede cuando se compara al Perú con otros países sin reparar que acá se “apagaron las luces” durante 30 años (60s, 70s y 80s). Se prohibió la inversión privada en el campo, la minería, la pesca y hasta en el turismo. Se condenó a las regiones a la exclusión y se empobreció a todo el país: ciudadanos, empresas y Estado. Por esta razón es que tenemos agendas pendientes que todavía no hemos podido superar a pesar de los grandes avances de los últimos 20 años.

Tenemos una agenda pendiente que podríamos llamar “social”, pues abarca a la educación, salud, instituciones, infraestructuras, tecnología y pobreza. Pero también tenemos otra agenda pendiente, que podríamos llamar “productiva”, que explica el atraso productivo en la puesta en valor de nuestros abundantes recursos naturales en minería, pesca, energía, forestería y biodiversidad.

En resumen se puede decir que hablar de los problemas y oportunidades del Perú, requiere miradas amplias y profundas. Nuestro país está destinado a ser uno muy exitoso, sin pobreza y con bienestar general, solo tenemos que hacer las cosas relativamente bien. Por eso es muy importante hacer un esfuerzo para entenderlo y explicarlo mejor. Lampadia

Entrevista a Richard Webb

Por Juan José Garrido

(Perú 21, 21 de Septiembre del 2014)

Lampadia: Los conceptos vertidos por Richard Webb en esta entrevista plantean una agenda de reflexión sobre el Perú. ¡Extraordinarios!

Richard Webb es claro sobre lo que el país necesita en términos de manejo económico, y nos da un lúcido panorama sobre las acciones que el actual gobierno debería aplicar para que la situación mejore.* El ex presidente del Banco Central de Reserva considera que la informalidad ha disminuido con respecto a los ochenta y que se ha confundido adónde se quiere llegar con el camino que se transita para alcanzar el objetivo.

¿Cuál es tu balance de estos últimos 24 años?

Me parece que el único balance posible es que ha sido un periodo extraordinario. La salida de la crisis tan larga de los años 70 y 80, con una combinación de terrorismo, un Niño muy fuerte, crisis de la deuda e hiperinflación. Había muchos que creían que el Perú ya estaba condenado, no veían la posibilidad de salir, al menos de una forma significativa de esa situación. Creo que pocos se imaginaban lo que vino a partir de los años 90, esta extraordinaria recuperación. Mucha de la economía empresarial quebró o cambió de manos, llegaron capitales nuevos, de afuera y de nuestro país, donde han surgido nuevos empresarios. Esto también ha ocurrido a nivel de la pequeña empresa, y todo gracias a un marco institucional, normativo, muchísimo más favorable.

Este crecimiento tan vertiginoso y dinámico fue bastante desordenado; ocurrió en medio de una informalidad muy grande, de un Estado que no supo o no pudo administrar ese crecimiento…

No había Estado antes; yo diría que se reforzó al Estado. Y hubo Estado en el sentido de reglas de juego y varias instituciones, algunas nuevas, otras que existían, pero que eran poco efectivas, muy mal manejadas.

¿Para ti la informalidad ha aumentado o disminuido respecto a los 80?

Yo creo que ha disminuido. Además, a mí el término informalidad me parece desafortunado, ya que incluye desde el contrabando a la señora viejita que está sentada con una canasta de plátanos. Yo hablaría de una economía tradicional, donde incluiría al minifundista y a muchos de la pequeña actividad no agrícola que se da en el campo y pueblitos, el comercio del menudeo.

¿Y la contraparte sería el comercio ilegal?

Otro extremo sería lo ilegal. La viejita en la vereda también es ilegal, pero no pensemos en los extremos. Casi no hay empresas totalmente fuera de ley: las pequeñas empresas en cualquier pueblo y en cualquier distrito de Lima están registradas en los municipios y cumplen algunas normas; muchas veces tienen a uno o alguno de los trabajadores en planilla, pero a otros no. Hay un proceso de formalización que se viene dando y no es entendido. No creo que debamos verlo en blanco y negro. Me parece mala leche insistir en categorizar entre formal e informal. Si bien la oficina de estadística ha hecho un trabajo útil, hace más difícil que la gente entienda que, más que formal o informal, hay un mundo gris, donde casi no hay nada que sea 100% formal.

Perú aparece en el puesto 106 sobre 144 en protección de los derechos de propiedad. ¿Cómo hemos podido sostener tasas de crecimiento tan altas y por tanto tiempo si la propiedad está en permanente disputa? El caso Orellana, por ejemplo, es un problema de derechos de propiedad…

Todo está en registros públicos. El que esté allí y pienses que ya se acabó el problema está lejos de ser la realidad…

Lo que significa que podríamos haber crecido mucho más…

Mientras más claro y sólido y eficiente es el sistema de registro de propiedad, hay menos margen para robo, menos inseguridad, y por ende más eficacia.

¿Cómo mantendremos el crecimiento con instituciones tan precarias?

Se habla mucho de instituciones, pero las instituciones son muy adaptables y hay instituciones que no se ven, que son normas. El derecho de propiedad residencial en las ciudades aquí casi no está a nivel de registros públicos, a pesar de Cofopri. Mucho de lo que hizo Cofopri se ha deshecho después. La situación es de alta informalidad en el sentido legal. Sin embargo, uno no ve que eso haya impedido un tremendo dinamismo de inversión en vivienda, en negocios, en traspasos, alquiler, compra-venta. Toda la propiedad inmobiliaria que no está en registros públicos es la gran parte de Lima y en otros lugares, y funciona. Podría funcionar mejor si todo estuviera registrado, pero no ha sido un gran impedimento. Aquí se subestima la fuerza de las instituciones informales.

¿Crees que la clase política y empresarial (las élites) entienden las razones estructurales por las cuales el Perú ha crecido?

Es una cuestión de puntos de vista. Yo, porque he vivido épocas muy anteriores, lo veo como un gran entendimiento porque lo comparo con, por ejemplo, cuando empecé a trabajar. Me parece extraordinaria la comprensión que veo en la forma en que hablan los políticos, en los proyectos de ley. Uno quisiera que fuera mucho mejor, pero lo que veo, comparado a lo que teníamos antes, supone un cambio cultural enorme. Los grupos que empujan cosas como Repsol son pocas voces en el Congreso. No tienen verdadero eco a nivel gobierno.

¿Por qué crees que ha ocurrido este cambio cultural? ¿Por los desastres de los 80 o por un proceso de culturización paralelo?

Los dos factores grandes han sido el desastre propio, que ha sido extremo, y hay un cambio global… Este es otro mundo…

Pero en la región hay países que han ido a contracorriente, y las malas ideas transitan las fronteras muy fácilmente…

No creo, nosotros tenemos mucha más influencia que viene de Estados Unidos y Europa, además de China y los países asiáticos. Esos son referentes mucho más poderosos que Bolivia o Venezuela para el país y los peruanos.

Tú, que has estudiado mucho al Perú rural, ¿dirías que esto también se ve en esas zonas?

Sí. Lo que se ve son indicios de una cultura empresarial difícil de distinguir a la de las ciudades. Se dice que una foto vale mil palabras, y yo tomé una foto en Chumbivilcas, en Cusco, que para mí dice casi todo. Estábamos cruzando la puna y no había nada, y de repente un grupo de gente al lado de la pista y paramos (era una feria de la comunidad). Caminando, vi a una señora que estaba en el grass y me di cuenta de que tenía tres libros, y uno era de David Fischman, un gurú de la psicología empresarial. En medio de esta pampa, en una de las provincias más pobres, con mayor analfabetismo, esta mujer estaba leyendo cómo ser mejor empresario. A mi regreso, en Lima, encontré otro de los libros y lo compré. Decía lo mismo que David. En la puna, en el distrito más pobre, leen lo mismo que se lee en los distritos más ricos de Lima.

¿Eso sucede a partir de la conectividad?

Sí, ha sido desencadenante, ha abierto oportunidades. Cuando primero vi lo de los caminos, pensé que ahí se abría la posibilidad de traslado. En efecto, todo eso ha cambiado porque hay una mayor red capilar. Digamos, pequeñitos caminos donde entran carros. Esto claramente ha ayudado mucho más el movimiento de productos. Acobamba también estaba en el índice de los más pobres, pero está lleno de vehículos, que venían directo a Lima, a Huancayo, a Huanta y a la capital de la región Huancavelica. La gente está en movimiento, hay una explosión de movimiento de la gente, que ha tenido un impacto enorme en el mercado laboral. Las telecomunicaciones han dinamizado el mercado de servicios y de mano de obra. Y ahora hay celulares por todos lados.

En África están usando celulares para educación financiera y para modelar comportamientos en salud, educación, tips para lavarse las manos, cosas así… ¿Por qué crees que no ha sido parte de la oferta de servicios? ¿Por qué los programas sociales solo se basan en cosas materiales y no en articular soluciones de comportamiento, de cultura?

Creo que el Estado se ha dormido en eso. Es una frustración de muchos países y es curioso. Desde que esto tomó vuelo en Kenia y en Sudáfrica, muchos países han intentando replicarlo. Ha habido muchos intentos. Aquí se tiene que crear una plataforma tecnológica, institucional y empresarial, porque se necesita mucha interconexión entre bancos y entidades que manejan dinero. Tiene que haber compañías telefónicas y tiene que existir entidades del Estado. Además, aquí todo el mundo quiere ser el que maneja, el que dirige. Creo que eso es lo que ha hecho demorar. Y las entidades reguladoras quieren hacerlo bien y se demoran. Aunque, claro, esta es apenas solo una interpretación.

Una de las grandes restricciones para el desarrollo en el Perú es la ineficiencia del Estado. Hemos visto una migración de la educación pública a la privada y comenzamos a ver lo mismo en salud… ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Debería hacer menos tareas y de mejor calidad?

No tengo ninguna duda de que hay que aceptar el aporte de la empresa privada, las concesiones, las obras conjuntas, el trabajo con las ONG, el estímulo de la responsabilidad social empresarial. Todo esto definitivamente nos lleva a un accionar más de equipo.

Existe cierta reticencia en nuestro país porque se cree que el lucro está reñido con el interés social. Tenemos, por ejemplo, el rechazo de un tercio de la población a la privatización del agua…

Yo creo que está evolucionando en buena dirección. Hay una enorme aceptación ya de la actividad privada y de la lógica del trabajo conjunto.

¿Qué deberíamos mejorar en nuestro proceso de desarrollo?

Me parece que el confundir adónde uno quiere llegar con el camino. Cuando uno trata de definir un camino, mira a un país y mira a los países ricos, y dice: así es como tiene que ser. Pero uno puede llegar por distintos caminos. Para mí, cuando yo escucho este tipo de planteamiento, pienso en las mamás que están preocupadas porque su hijo parece chico y quiere impulso, que crezca, que dé un salto, cuando el crecimiento es algo orgánico. No podemos adivinar, es demasiado complejo. Lo mejor que podemos hacer es evitar que se dañe y dejar que el crecimiento siga su lógica. Hay que confiar más en la lógica de los organismos, y creo que esa es la lógica básica de una economía más liberal, que deja más espacio para que la gente vaya descubriendo y tomando sus decisiones. El Estado tiene que poner la plataforma básica para innovar e ir descubriendo lo que rinde. Eso incluye caminos, la red digital, seguridad, justicia, etc.

¿Cuál es tu visión del Perú en 10 o 15 años?

Es optimista. Mi idea básica es que se requiere un esfuerzo extraordinario para no crecer.

¿Esta disminución de la tasa de crecimiento en estos últimos dos años es inducida por los errores del gobierno o tenía que ocurrir?

Creo que se debe a factores más allá del gobierno. Me parece que el gobierno, en efecto, ha podido ser más proactivo por la demanda del gasto público y también debería hacer algunas reformas, como lo referente a la tramitología e ineficiencia del Estado, pero no creo que el que no se haya hecho explique que bajemos de un 7% a un 1%.

Las expectativas de la población dicen que vamos a estar igual o peor. ¿Crees que este gobierno tiene aún espacio para hacer reformas?

Yo creo que sí hay un espacio y hay un deber, una responsabilidad. Hay mucho que se puede hacer a nivel micro, atacar impedimentos específicos, pero también se necesita trabajar a un nivel conceptual más general. Ir pensando en un esquema de gobierno que permita más agilidad.

Estamos a año y medio de elecciones generales. ¿En qué se tiene que enfocar el próximo gobierno?

Reformas del Estado y calidad institucional. Para mí eso tiene que ser prioridad número uno, y la seguridad personal, seguridad ciudadana. Está claro que hay una pésima educación, pero aquí yo tengo ideas heterodoxas. Toda mi vida he sido profesor. Aunque no soy especialista en educación, creo que me ha convencido la crítica que está saliendo dentro de la especialidad educativa con relación a qué debe ser la educación. Me he quedado espantado con la mala calidad de los profesores y de lo poco que se entiende este problema a nivel de las élites.

Es, además, políticamente incorrecto decirlo. La gente no quiere culpar a los maestros…

El problema es de sistema más que de los maestros como profesionales. La esencia del problema es la mala gestión pública del maestro. Las reformas apuntan a mejorar la calidad del maestro con evaluaciones y a gastar más en infraestructura e incentivar mejorando el sueldo, pero el problema es que no se fiscaliza el trabajo. Los maestros son el ejército más grande del país, hay un problema de manejo de recursos humanos gigantesco. La mejor medida y comprobación de lo que estoy diciendo es que dos de cada tres o quizás tres de cada cuatro maestros, según el estudio que hice, tienen una chamba paralela que es más exigente, importante, prioritaria de la que hacen en la escuela pública, porque en la escuela pública no les pasa nada si no hacen bien su trabajo.

Es muy fácil criticar al Estado, pero criticamos poco a la actividad empresarial. ¿Cuál es tu percepción de la actividad privada?

Evaluar eso significa mirar los resultados y hemos tenido un dinamismo empresarial extraordinario en estos años. Ese es el trabajo del empresario y lo ha estado haciendo, el grande y el chico. Tendría que decir que es excelente la performance del empresariado.

Para algunos, el empresariado peruano ha cooptado al Estado y la agenda política nace en Confiep. ¿Cuál es tu lectura?

No soy analista político, pero uno ha escuchado esa crítica desde siempre. Siempre se dice eso, se podría comprobar con el país en otros tiempos. Yo he vivido otras décadas donde había grupos empresariales muy poderosos con mucha llegada a la agenda pública y me cuesta creer que ahora es peor que en otros momentos. Al contrario, mi impresión es que ahora es mejor, en parte porque el sector empresarial se ha vuelto más diverso, entre compañías extranjeras y nacionales, y se han desarrollado distintas actividades con distintos intereses. El mercantilismo es culpa del Estado más que de las empresas. Uno tiene que partir de que las empresas siempre van a estar buscando mejorar su situación y, si se puede lograr una ley más favorable, van a tratar de lograrlo.

¿Dirías que el empresariado peruano es ahora mucho menos mercantilista que antes?

No sé si mucho, pero menos sí. Una vez más, no es el empresario el mercantilista. Los empresarios siempre son mercantilistas, o quisieran serlo. La cosa es si se le deja ser o no. Ahora, hay pocos sectores donde se puede decir que esto es claramente mercantilista, pero no creo que se pueda generalizar. Para mí la industria que es claramente mercantilista son las AFP, porque el Estado ha creado el marco y les da el retorno, y ellos mismos lo manejan y lo protegen.

Si pensamos en el Perú del 2030 o 2040, ¿hacia dónde lo ves encaminado?

Creo que el país va a seguir desarrollándose, va a mejorar el nivel de vida, la calidad de vida, pero también la producción. Hay una marea tecnológica y económica en el mundo que nos levanta y parece que va a haber cambios extraordinarios que van a seguir viniendo de la tecnología que recién empezamos a imaginar, cambios en la producción, pero también en el manejo institucional, salud, seguridad y educación. Todos estos ámbitos tienen tremendas posibles mejoras gracias a las nuevas tecnologías. Y esto es mirando lo que es incipiente. A la vez, también me parece que hay peligros grandes que da miedo pensar que están ahí. El mundo sigue siendo muy peligroso. El control de las plagas, estamos viendo ahorita mismo, el efecto del cambio ecológico y el terrorismo. Todas esas son cosas gigantes, tremendas olas que habrá que ir pasando.

Entrevista a Miguel Vega Alvear. Presidente de Capebras Por: Alejandro Cavero Alva
(El Comercio, 04 de Septiembre del 2014)

Dedicado al ámbito empresarial y a la dirección de la Cámara Binacional de Comercio e Integración Perú-Brasil (Capebras), Miguel Vega Alvear recuerda sus tiempos en la Confiep y en el Movimiento Libertad, cuando había que consolidar el régimen democrático.

Nos encontramos con él en el Club Empresarial de San Isidro, donde nos cuenta que hoy estamos en un proceso de traslado del mayor volumen del comercio mundial del Atlántico al Pacífico. “En EE.UU. eso fue muy claro a fines del s. XIX e inicios del s. XX para unir el este con el oeste. Hay que hacer lo mismo en Sudamérica, para lo cual Brasil es fundamental”. De ese y otros temas vinimos a hablar.

Usted fue fundador de “Themis”, la primera revista de derecho hecha por estudiantes. ¿El derecho es autosuficiente para hacer cambios?

El derecho es una ciencia, pero también un instrumento de desarrollo económico, político y social que requiere valores éticos y culturales. El derecho anglosajón se basa en la confianza porque mentir es un delito grave. En el derecho latino, todo se reglamenta porque hay mucha desconfianza, y ello genera informalidad. Falta educación para cumplir la ley y simplificar el derecho.

Ha sido presidente de la Confiep. ¿Cuál debe ser la relación entre el Estado y el empresariado?

En la globalización se ha producido un fenómeno que no admite confrontación entre el Estado y el empresariado. La productividad y la eficiencia requieren la suma de esfuerzos. La labor de la Confiep es defender el futuro del Perú. Defendiendo el futuro uno asegura el presente. Y cumplir el rol del empresariado, que es la innovación. Quizá en siglos pasados los artistas y los intelectuales fueron la punta de avanzada de las sociedades, pero con el avance de la ciencia y la tecnología hoy son los empresarios.

Usted presidió la Confiep en un momento complicado, cercano a la época de la estatización de la banca.

Costó mucho trabajar sobre la herencia del gobierno militar, que fue inspirado además en este lema: “La revolución antes que el desarrollo”. El Perú fue alterado y paralizado en su proyección. Teníamos 15 mil leyes y los militares se fueron dejando 22 mil. En esas circunstancias, ante la confrontación de los que queríamos las reformas, nació el Movimiento Libertad, el cual cofundé.

¿Esa lucha sembró las semillas para el desarrollo del Perú?

Claro, fue como una vacuna. La democracia se recuperó para cambiar el Perú, pero como no se cambiaba, había que hacer algo.

¿Ve posible actualmente otro movimiento político liberal?

En parte, porque también hay que equilibrar el territorio e incorporar al sector rural. Hay más conciencia de los beneficios de una economía de mercado. Pero la libertad no es solo económica, sino también política. En el Perú y Latinoamérica nos falta consolidar  muchísimo esto último. Lo que va a cambiar al Perú es entender que ambas van de la mano.

¿Entonces, el activismo estaría en integrarlas?

Esa es la tarea. El Perú tardó 30 años –entre 1970 y el 2000– en duplicar su PBI. Del 94 al 2024 lo va a elevar ocho veces. Y el viejo Estado, la vieja burocracia no están listos para responder a este crecimiento. Si no reformamos el Estado, el país se ahogará. Hay que vivir en libertad económica y también política. Hay que trepar ya la montaña, y es evidente que el Estado no reformado termina siendo un factor negativo.

¿Por qué los jóvenes de hoy ya no se interesan en la política?

El voto preferencial destruyó los partidos. Las personas de mayor capacidad no necesariamente tienen el dinero o la fama para ganar. Mucha gente muy competente ve que la política está representada, en gran parte, por gente poco calificada. Refleja dónde hemos llegado.

Dirige la cámara binacional con Brasil. Somos vecinos, ¿pero estamos integrados?

De los casi 200 años de república casi todos los hemos vivido de espaldas. Estamos cambiando una realidad histórica de dos siglos. En los 10 años que ya se viene profundizando, la integración ha traído enormes beneficios para el Perú.

¿Cuáles son los principales obstáculos para la integración?

Brasil y Chile tienen Estado y tienen gobiernos. En el Perú ambos se superponen e impiden políticas de largo plazo para consolidar la integración. El Perú ha logrado, mal que bien, tener un sistema económico que perdura. Es hora de establecer políticas que atraigan la inversión de largo plazo. Institucionalizar el Estado y su relación con el gobierno.

¿El Perú utiliza su potencial amazónico?

La Amazonía representa apenas el 3% del PBI y ocupa el 60% del territorio. Hay un abandono real. ¿Se puede entender que Iquitos no tenga una carretera hacia la costa?

Recientemente el INEI publicó el estudio “Producción y Empleo Informal en el Perú” El documento destaca que entre 2007 y 2012 la informalidad en su conjunto bajó en 5.5 puntos porcentuales (de 79.8% a 74.3%).  Esta conclusión fue el pretexto para el reinició un viejo debate en el Perú: la naturaleza del sector informal. En dicho contexto es que el Ministro de Producción, Piero Ghezzi, declaró que la informalidad era “el gran elefante en el closet que no hemos tocado como país”. ¿Es esto cierto? ¿La informalidad es un lastre o, por el contrario, es una de nuestras potencialidades? 

Video: “Transformación de las ciudades”

Parafraseando a Jorge Basadre, la migración y la informalidad, dos procesos estrechamente ligados (como han demostrado José Matos Mar y Hernando de Soto, entre otros), son dos de las grandes transformaciones que ha tenido el Perú.

A comienzos de los años cuarenta del siglo pasado, señala Matos Mar, los provincianos “dijeron ‘vamos a vivir en ciudades, cambiemos el estilo de vida, dejemos los movimientos contestatarios porque con ellos no logramos nada’. [Posteriormente, la falta de inversión privada (inhibida por 30 años), la irrupción de Sendero Luminoso y el retiro del Estado], así, calladita la boca, comenzaron a migrar 8 millones de peruanos en 70 años.  Migraron e Inventaron sus fuentes de ingreso e impusieron el poder de su cultura, con los ingredientes de una cultura milenaria, que había domesticado este país durante más de 115 siglos.  Llegaron a la costa y dominaron Lima. Finalmente y a su estilo, construyeron barriadas, asentamientos humanos, pueblos jóvenes. Resistieron el cambio de Juan Velasco, aguantaron al terrorismo, lo soportaron y sufrieron, pero al final lograron conquistar Lima. Todos son emprendedores, informales, cambiaron la economía y crearon algo nuevo…  El Perú tiene ahora 30 millones de habitantes que son ciudadanos peruanos. Ahora hay un Perú que por primera vez está integrado…”. Pasaron de las invasiones a la construcción de los “conos”, para terminar en lo que ahora llamamos “las Limas” Norte, Sur, Este y Oeste.

Cuando llegaron a la costa, no encontraron nada. Ni el Estado, ni el sector formal podían absorber su fuerza laboral, sus capacidades y su inventiva. Tenían tres opciones: la mendicidad, la delincuencia y el terrorismo. Escogieron una cuarta: el emprendimiento, hacerse empresarios. Sin otra herramienta que su fuerza de voluntad, sus largas horas de trabajo, sus mecanismos de ahorro (fierro y cemento), su tenacidad y su capacidad para hallar oportunidades en lugares en las que otros solo veían carestías, los migrantes crearon, de la nada, un pujante sector productivo al que se le llamó informal. Fue el Instituto Libertad y Democracia (ILD), el que lo calificó de esa manera.

Como ha señalado recientemente Richard Webb, “a diferencia de otros estudios de la informalidad, ´El otro sendero´ elaboró una ambiciosa tesis explicativa, centrada en el exceso de legalismo y el déficit de la democracia. Además, su interpretación aterrizaba en el terreno del quehacer del gobernante mediante un estudio de los costos de las barreras burocráticas, dándole así un sentido práctico poco usual en el mundo de la academia”.

Desde mediados de los 80, los estudios sobre la informalidad han apuntado a reconocer el potencial económico de este sector y a criticar al Estado por no proporcionarle las condiciones para formalizarlo. Por ello, sorprende que hoy se le critique con un discurso largamente superado y se le quiera perseguir, ¿acaso vamos a nombrar otro general Patton para perseguirlos? (Ver: Sobre el combate de la minería ilegal).

La vilificación del informal tiene eco en algunos medios locales, que llegan a afirmar que dado que “la informalidad laboral, muestra un bajísimo porcentaje de caída en el país, esto significa que más de la mitad de los empleados trabajan de manera negligente”. Nano Guerra García critica fuertemente comentarios similares de Gonzalo Portocarrero, para quien también el individualismo del emprendedor es un defecto, y el emprendedor “(…) está vinculado con el agravamiento de la crisis moral”. Los informales son autosuficientes, emprendedores, arrojados y entusiastas. Se las han ingeniado para conseguir financiamiento de las formas más creativas, logran una alta rotación del dinero y una “productividad marginal del capital” de niveles inimaginables.  Estos no son defectos; son cualidades, que resaltan las virtudes liberales occidentales, y han sido compartidas por los  fundadores del capitalismo real e incluso por los grandes capitanes empresariales que formaron grandes fortunas en el mundo.

El trabajador informal no es negligente, sencillamente, se encuentra fuera del sistema formal que siempre lo dejó fuera. No es un criminal que busca ganar a costa de otros. No solo es una parte constructiva de la sociedad, es el gran impulsor de la nueva sociedad peruana, base y principal constituyente de lo que Rolando Arellano denomina “La Nueva Clase Media”.

Pareciera que hoy no se entiende el problema de la informalidad. Estas personas que han transformado el país gracias a su impulso, sufren por la maraña de regulaciones que inhiben la formalidad.   

Siguiendo a Matos Mar, el Gobierno “tiene que seguir el camino que han señalado los migrantes, tiene que completar la integración física, que significa hacer vías de comunicación, integrar a todos los pueblos, provincias y distritos con carreteras modernas, ferrocarriles, aeropuertos, puertos. Para integrar el país hay que dar trabajo, los gobiernos locales, regionales y el gobierno central deben contratar por lo menos un millón de personas rápidamente para que construyan la infraestructura”. Como también señala Richard Web en su libro “Conexión y despegue rural”.

Matos Mar agrega que “necesitamos de los empresarios nacionales, necesitamos a la familia Romero, Brescia, (al grupo) Gloria, y no solo a los diez o quince, sino a mil o cinco mil, y que no sean ‘pichiruchis’, nuestros grupos no llegan ni a los diez mil millones de dólares, mientras que los latinoamericanos están por cien mil millones, todavía somos peseteros, precarios. Entonces, hay que contribuir a enriquecerlos sí, pero hay que enseñarles a distribuir en beneficio de sus trabajadores, con un salario nuevo y formal”. De este proceso han surgido grupos como el de los Añaños, Topitop, el emporio de Gamarra, el clúster de ATEM y otros muchos.

Actualmente el paquete de reformas propuestas por el Gobierno nos da la esperanza que se haya cobrado conciencia del rol que tiene que cumplir el Estado. Este paquete de reformas promete recuperar el ritmo de inversión, desenredar la maraña regulatoria, e   invitar  a este pujante sector a la mesa del desarrollo duradero en formalidad.  

Antes que combatir la informalidad, hay que combatir la formalidad. Lampadia

La desconexión entre la oferta educativa y la demanda de mano de obra está generando un cuello de botella en el Perú al escasear la mano de obra calificada en los sectores que están impulsando el crecimiento económico. El Perú aún tiene un largo espacio para mejorar el flujo de información sobre el tipo de profesional que pide la industria, así como para aplicar políticas que incentiven la capacitación laboral en las empresas. Ambas medidas permitirían mejorar la productividad y el encuentro entre la oferta y la demanda por mano de obra. 

En el Perú se está generando un cuello de botella debido a la demanda de mano de obra que requieren la mayoría de sectores productivos. En particular, se aprecia la escasez de técnicos para la minería, construcción, la industria alimentaria y en la pesca. Así por ejemplo, a finales del 2012, el Director Nacional del SENATI declaró el déficit de técnicos industriales que no pueden ser cubiertos por las empresas asciende a 300 mil. Además, según APOYO Consultoría, el 50% de las empresas más grandes del país tiene dificultades para contratar mano de obra calificada.

Un reciente documento preparado por APOYO Consultoría y presentado en el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) analiza esta situación y plantea algunas medidas para mejorar el vínculo de la oferta de mano de obra calificada con la demanda de las empresas. Uno de los hallazgos interesantes del estudio es que el Perú se está dando una paradoja: no solo hay escasez de mano de obra, sino que también está sobrando. Este fenómeno se produce por la falta de sintonía entre la demanda de mano de obra y la oferta educativa, la cual está fallando al formar profesionales en carreras que ya no son las más demandadas por los sectores productivos. ¿Qué hacer al respecto? APOYO plantea algunas propuestas de mercado y de políticas para mejorar el capital humano.

Una de las medidas para “limpiar” el mercado se basa en perfeccionar la información disponible. Así por ejemplo, en Chile el Ministerio de Educación administra un “Buscador de empleabilidad e ingresos” que relaciona información de distintas instituciones educativas y carreras para informar a la ciudadanía sobre los ingresos esperados de culminar una carrera profesional o técnica y las perspectivas laborales que le esperan al egresado. Aplicar un mecanismo de este tipo en el Perú permitiría reducir el elevado porcentaje de profesionales insatisfechos con sus carreras, que en el caso del sistema universitario llega al 55% y en los institutos superiores, al 70%. 

Por otro lado, resulta vital impulsar el diseño y la aplicación de políticas y estrategias para expandir el alcance de la capacitación laboral y el desarrollo de habilidades  para la promoción del empleo. ¿Cómo incentivar la capacitación en las empresas, donde está el 90% del empleo? Una de las sugerencias es ampliar el alcance de la Ley N° 30056 para permitir que las empresas puedan incluir como gasto para efectos tributarios la inversión realizada en capacitar a su personal, sin el límite actual equivalente al 1% del gasto de planillas. Un incentivo más agresivo sería el permitir deducir una proporción adicional asociada al gasto incurrido en la capacitación del capital humano como escudo tributario. Políticas activas de este tipo generarían un círculo virtuoso en la economía al elevar la productividad del trabajo y, de paso, al dotar de mayor competitividad relativa al sector formal con respecto al informal.

No olvidemos que el Perú viene beneficiándose de su bono demográfico, y según las proyecciones del banco HSBC la PEA en el Perú crecerá un 40% adicional entre el 2012 y el 2050. Ello representa un aumento de más de 6.4 millones de jóvenes que trabajarán o buscarán trabajo en estos 36 años. Para aprovechar al máximo toda esta mano de obra ávida de empleos de calidad debemos promover medidas que fomenten la adaptación de la educación superior a las demandas futuras del mercado laboral, teniendo en cuenta los sectores donde se encuentra nuestro potencial productivo, así como la capacitación dirigida por las empresas.

Según el Ministerio de Trabajo, en la última década la calidad del empleo mejoró para 4.8 millones de trabajadores, de modo que un total de 10 millones de peruanos tenían un empleo adecuado (ver Diez millones de peruanos la hacen).  Este proceso económico positivo ha sido consecuencia del crecimiento económico, sin embargo, no debemos caer en la complacencia pues las políticas esbozadas permitirían reducir la escasez de mano de obra calificada y seguir aumentando el número de empleos productivos con mejores ingresos y condiciones laborales.

Lampadia

La duración del desempleo en el Perú es de 11.4 semanas en promedio, valor inferior a los estimados para economías desarrolladas. La persistencia del desempleo es contracíclica, y su corta duración estaría explicada también por las reducidas fricciones que se generan ante la alta informalidad laboral.  

Un reciente documento presentado por investigadores del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) analiza la dinámica de la duración del desempleo en la economía peruana -altamente informal-, con hallazgos que valen la pena comentar. Utilizando la Encuesta Permanente de Empleo (EPE), el estudio muestra que en el periodo 2002-3013 la duración del desempleo fue  de 13.1 semanas en promedio mostrando una clara tendencia decreciente. De esta manera, para el año 2013 la duración completa estimada se redujo a 11.4 semanas.

¿Qué determina la persistencia del desempleo en nuestra economía? Los autores encuentran una fuerte influencia del ciclo económico. Es decir, el desempleo tiende a ser más prolongado si la economía se encuentra en recesión que en el ciclo expansivo. Igualmente, la limitada cobertura de un seguro formal de desempleo –el cual incentiva la búsqueda de trabajo- y la informalidad laboral, que en la práctica ha eliminado las fricciones a la contratación y al despido (en un mercado con altas tasas de autoempleo y trabajo independiente), son factores importantes que explicarían la relativa corta duración del desempleo, en comparación a otras economías más avanzadas.

El caso peruano resulta interesante porque el mercado laboral está dominado por sectores como las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) y los independientes que son los que demandan menos regulaciones y fricciones, pues justamente son los que presentan las tasas más altas de informalidad. Como señala Elmer Cuba en una entrevista para Lampadia “no son la CONFIEP, ni la CGTP, los que representan ni siquiera la media, ni la mediana, del mercado laboral”, por lo cual es fundamental apuntar al grueso de quienes conforman la oferta y demanda de trabajo a la hora de diseñar regulaciones que apunten a formalizar y reducir los costos relativos de la generación de nuevos empleos.

Habría que señalar que el empleo adecuado se ha duplicado en la última década y el subempleo ha caído en 20%, al tiempo que el salario real por hora también creció a esta misma tasa, así lo señala Nikita Céspedes en un artículo publicado en Lampadia.

Semejante mejora en los citados índices laborales no tiene precedentes. Estos resultados son consecuencia directa del crecimiento económico sostenido experimentado en los últimos años, el cual ha reducido la tasa de desempleo a apenas 6%. Se debe tomar en cuenta que el Perú, todavía presenta altas tasas de informalidad laboral y se requieren políticas activas para dotar de mayor competitividad relativa al sector formal con respecto al informal. Lampadia