El Congreso de transición cree estar trabajando por los más pobres, pero está sembrando más informalidad y más exclusión, al final, más pobreza. Legislando contra el mercado, ese supuesto monstruo voraz, está condenando a los ciudadanos más pobres a una vida de limitaciones y angustias.

Veamos tres ejemplos:

El Agro

La derogatoria y dación de un nuevo régimen agrario, donde se pretende intervenir el mercado salarial, condenará a los agricultores más pequeños a salir del mercado; pues no alcanzan a contar con la tecnología más moderna, ya sea por que no cuentan con las mejores variedades (que requieren más inversión), o porque no tienen los sistemas de riego más eficientes, o no tienen suficiente conocimiento de los mercados internacionales, o por tantos otros factores de competitividad en este sector de la agricultura moderna, que requiere mucha tecnología. Por otro lado, también se está condenando a desaparecer a los sembríos de menor rentabilidad, como los de granadas, ciertos cítricos, o tal vez hasta los espárragos y arándanos.

Además, se está instalando un incentivo anti empleo, al empujar a las empresas a mayores niveles de automatización.

La agricultura peruana está a medio desarrollarse. Con la agricultura moderna, solo se ha incorporado al mercado al 15% del empleo del sector. Además, hay un desarrollo muy positivo en la sierra rural, con programas como el de Sierra Productiva, pero de alcance muy limitado, dada la falta de apoyo de sucesivos gobiernos. Ver en Lampadia: REVOLUCIONES PRODUCTIVAS EN EL CAMPO.

Estando a medio camino, en vez de impulsar un mayor desarrollo, los congresistas están destruyendo lo avanzado.

En conclusión, tendremos más informalidad y más exclusión en el agro.

El crédito

Con la fijación de topes a las tasas de interés, se está expulsando a los ciudadanos y empresarios más pequeños fuera del sistema financiero hacia el financiamiento informal de los prestamistas.

Se dice con error que los empresarios más pequeños, que no logran salir de la informalidad, tienen muy baja productividad. En verdad, en buena parte, muchos de ellos, al tener que recurrir al crédito informal de muy alto costo, pierden una gran parte de la riqueza que generan, alimentando a los prestamistas informales. Además de ello, están obligados a pagar coimas a los inspectores de distintas instituciones públicas.

Así, entre intereses usureros de los prestamistas informales y las coimas, pierden mucho de lo que generan. En los últimos años, muchos de ellos, con gran esfuerzo, han venido accediendo al sistema financiero, principalmente a través de las microfinancieras, ya sean Cajas, Edpymes, Cooperativas, o de la banca especializada. Con esta norma insensata, ese proceso de bancarización será abruptamente truncado, y lo que es peor, muchos que ya están en el sistema, correrán el riesgo de salir de el.

Según el BCRP (El Comercio), la tasa de interés promedio de los prestamistas informales, según una encuesta realizada a Mypes es de 20% mensual, equivalente a 792% anual. Más aún, “los cobros son diarios y el incumplimiento de los pagos tienen mecanismos de cobro delincuenciales”. Hoy, más que nunca, después de la pandemia, necesitamos un sistema financiero sólido y dinámico.

En conclusión, tendremos más informalidad y más exclusión en el crédito.

Deducción fiscal de intereses hasta el 30% de las utilidades.

Increíblemente, el inefable Congreso, contrariando el proyecto del ejecutivo que establecía que la deducción de intereses tuviera un tope solo para las empresas que tuvieran utilidades mayores de 44 millones de soles, ha decretado abusivamente, para el año 2021, el año de la pos-pandemia, en el que la mayoría de empresas estará al borde de hacer pérdidas o estará perdiendo plata, que solo se pueda considerar como gasto por intereses un 30% de sus utilidades.

Evidentemente, esto afectará gravemente a las empresas medianas y chicas, encareciendo sus costos financieros.

Esta norma del Congreso es una prueba clara de que los congresistas están haciendo daño adrede a los empresarios más pequeños.

Análisis

Todas estas normas se están imponiendo en contra de advertencias expresas por parte de las instituciones especializadas del Estado, como el BCRP, la SBS y el MEF. Así como de tardíos reproches de gremios empresariales.

En general el país asiste pasivamente al desmantelamiento progresivo de nuestra joven economía de mercado. El mundo académico brilla por su ausencia en momentos tan álgidos, excepto, por supuesto, de aquellos que hace tiempo renunciaron al rigor académico en pos de ideologías estatistas, como es el caso de la PUCP y más recientemente, de la Universidad del Pacífico.

En este aspecto, también deja muchísimo que extrañar, la actuación de la gran mayoría de los medios de comunicación. Por ejemplo, en el caso del tema agrario, no han hecho una sola investigación seria del tema y cada vez se extiende más la insensata costumbre de muchos periodistas, que cuando entrevistan a un empresario, su pregunta más importante e incisiva es ¿Cual es su autocrítica?

Quitémonos la venda de los ojos, todo esto no es casualidad. Es producto de una hábil manipulación de un activo grupo de congresistas que tienen una agenda anti mercado, ya sea producto de ideologías atrabiliarias o simplemente, de agendas políticas de corto plazo; que terminan arrastrando a la mayoría, que carecen de una visión política del Perú.

Muchas veces hemos hablado en Lampadia sobre la debilidad institucional de la sociedad civil en el Perú. Hemos reclamado muchas veces la necesidad de contar, por ejemplo, con think tanks que defiendan la economía de mercado y la modernidad. Curiosamente, a raíz de los acontecimientos de desorden político en Chile, donde tienen muchos think tanks y centros de pensamiento liberales poderosos, en el Perú se ha dicho que eso no le sirvió de nada a nuestros vecinos. Sin embargo, hay que mirar un poco más. Los think tanks chilenos, siendo muy buenos en análisis y propuestas de políticas públicas, fallaron sorprendentemente en su llegada a la opinión pública. Por ejemplo, el Centro de Estudios Públicos (CEP), el de mayor raigambre, solo tiene 24,181 seguidores en Facebook y 75,427 en twitter. Por su lado, la más combativa Fundación para el Progreso, dirigida por Axel Kaiser, tiene 280,000 seguidores en Facebook, también insuficiente.

Entonces pues, tenemos que insistir en crear una potente presencia de la sociedad civil en think tanks y gremios que se comprometan con difundir y defender, ante la opinión pública, la economía de mercado como la mejor aliada de la democracia y de la búsqueda del bienestar común. Otra vez tenemos que gritar ¡Acción! ¡Acción Ahora! Lampadia

Alejandra Benavides
Para Lampadia

En estas últimas semanas se han hecho conocidos los importantes resultados de una ley agraria que generó riqueza y bienestar para todos (especialmente para los de su área de influencia), y que hace un mes fue derogada producto de violencia y extorsión, y el aprovechamiento político de congresistas anti-peruanos. Hoy se deberá discutir en el pleno del congreso el nuevo proyecto de ley propuesto por la Comisión de Economía. Este proyecto decantará en la paralización de la inversión en el agro, así como en mayor desempleo e informalidad. Sin embargo, un impacto que no se ha tocado, es la descentralización, producto del crecimiento de actividades como la agroexportación, que son realizadas en distintos departamentos del Perú, impulsando a más personas fuera de la congestionada Lima.

Entre los años 2012-2017, Ica es el tercer departamento con migración positiva neta entre solamente 8 departamentos de 24, con migración positiva neta de 10,200 personas en ese período (identificadas formalmente, informalmente deben ser más). Esto significa que más personas han visto una oportunidad en este departamento, que no sólo ofrece trabajo todo el año y mayores ingresos, sino que ofrece una calidad de vida mejor en lo educativo, acceso a bienes y servicios, vivienda e infraestructura.

Hoy, la región Ica cuenta con más de 100 colegios, con 2 colegios Innova Schools y con tres universidades operando con licencia de SUNEDU, y una universidad en proceso de construcción, Universidad Tecnológica del Perú (UTP) del Grupo Interbank, también licenciada. Esto permite que ingenieros, técnicos y gente de otras profesiones (inclusive sin profesión) vean más atractivo migrar a Ica y tener la tranquilidad de poder dar a sus hijos una educación buena y un futuro mejor. Por otro lado, hace que el departamento sea más atractivo para profesionales de la educación, fomenta mayor competencia y mejora el estándar general.

En cuanto al acceso a bienes y servicios, hoy, el departamento de Ica alberga grandes supermercados (más de 10 supermercados de distintas marcas: Tottus, Plaza Vea, Metro, Makro, Maxi), cadenas ferreteras (Promart, Sodimac, Maestro), tiendas por departamento (Oeschle, Falabella, Estilos), y otros lugares de recreación (Plaza del Sol, Coneypark, entre otros), que permiten dinamizar la economía del departamento. Esto, no sólo por la inversión que significa construir dichos establecimientos y los recursos necesarios para su operación, sino que genera miles de puestos de trabajo, y acceso a mejores productos y servicios (y precios) para quienes viven en la región.

Por otro lado, en Ica es donde ha habido mayor oferta de vivienda social, que permite que las personas puedan cumplir el sueño del hogar propio. De la oferta de modalidad Vivienda Nueva a nivel nacional, Ica concentra 30% (más de 5,300 viviendas) de la oferta de viviendas, seguido por Lambayeque y La Libertad. Esto permite que las personas puedan tener una casa propia pagando desde S/.200 al mes, alineado a sus ingresos. El resultado no es sólo una casa propia, sino un activo propio y una futura herencia. 

Esperemos que los congresistas que realmente quieren a sus departamentos, entiendan que una ley como la que proponen hoy – además de violar las bases de un modelo de libre mercado, significará más pobreza y el retroceso de un proceso de descentralización tan necesario en nuestro país. Lampadia
Referencias

https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/poblacion-y-vivienda/

https://gestion.pe/economia/fondo-mivivienda-alcanzo-su-pico-de-desembolsos-de-creditos-en-noviembre-noticia/

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El 20% de incremento (no remunerativo) en la remuneración mínima vital establecido en el proyecto de ley de régimen laboral agrario aprobado en la Comisión de Economía, que hoy debe verse en el pleno, podría sacar del mercado a más de 2,000 pequeños agroexportadores y a muchos productores no exportadores. Los grandes, entonces, comprarán a los pequeños y la concentración de la tierra se agravará. Una parte significativa de los 500 mil trajadores formales con derechos perderá su empleo formal y las posibilidades de acceder a un trabajo formal en el campo se alejarán cada vez más.

En resumen, esta ley agravará el dualismo estructural y la desigualdad social. Pero el problema es más amplio. En realidad, este no es sino un caso más de muchos en los que se manifiesta una falla de nuestro sistema de representación: los partidos en el Congreso hacen clientelismo político acogiendo demandas de los sectores organizados o de políticos que representan a sectores laborales formales, con lo cual lo que se logra es incrementar el costo de la formalidad, agravando la exclusión de las mayorías. Es un círculo vicioso.

Y en la medida en que la informalidad es menos representable porque no está organizada, no tiene partidos que la representen. Con este congreso la falla se ha hecho más notoria: ante el calendario electoral, la competencia por bolsones electorales identificables se hizo notoria.

¿Tiene solución este problema de representación? El célebre libro de Daron Acemoglu y James Robinson, “¿Por qué fracasan los países?”, explica que fracasan justamente cuando carecen de instituciones políticas y económicas inclusivas. Una formalidad muy cara es una institución excluyente, “extractiva”, como la llaman los autores, porque extrae rentas del resto de la sociedad en favor de los protegidos, e impide su inclusión en los beneficios de la formalidad.

Pero el libro no nos ayuda a responder la pregunta. Su tesis es que hay un círculo virtuoso entre instituciones políticas inclusivas e instituciones económicas inclusivas. Las primeras favorecen el avance de las segundas y previenen desviaciones de estas. Pero en el Perú tenemos, en principio, aunque con fallas, instituciones políticas inclusivas: votación universal, división e independencia de poderes y pluralismo político. Quizá demasiado pluralismo: un exceso de partidos y bancadas en el congreso. 

El análisis de Acemoglu y Robinson no toma en cuenta las realidades del populismo y el clientelismo, que generan instituciones económicas y sociales extractivistas o rentistas, excluyentes, dando ventajas a determinados sectores organizados. Para conseguir votos se extiende beneficios eventualmente rentistas a sectores organizados que los demandan. Esto se agrava cuando en la sociedad hay un mercado dualismo formal-informal, porque los beneficios a sectores formales organizados ahondan la brecha con la informalidad y dificultan la formalización.   

Mejor equipado para entender esto está Mancur Olson (1982)[1], para quien la democracia tiende a facilitar la consolidación progresiva de las “coaliciones distributivas” o grupos de intereses estrechos que se organizan para capturar rentas de la sociedad, lo que lleva a una reducción del crecimiento y del bienestar social, a la “esclerosis” económica, si es que no hay un claro liderazgo político que contrapese ese proceso.[2]

El problema es que en el marco de un dualismo formal-informal muy marcado, las “coaliciones distributivas” no tienen contrapeso en la sociedad porque, como decíamos, los usuarios no están organizados. La democracia es un sistema de contrapesos entre poderes del Estado, pero no entre grupos de interés que, por lo tanto, tienden a ganar privilegios crecientes a costa del bienestar público. Sobre todo cuando hay políticos que tienen clientelas particulares de ese tipo. El único contrapeso posible es la opinión pública, que es más fuerte en una democracia que en un régimen autoritario, o partidos que asuman la representación de los mayoritarios sectores informales emergentes, o el liderazgo político presidencial, cuya tarea debería consistir en despertar la conciencia de los sectores desorganizados y perjudicados con los privilegios de las coaliciones distributivas, a fin de conseguir su respaldo.

Es posible, sin embargo, mejorar el sistema de representación para que los informales y las clases emergentes tengan voz. Nos referimos a circunscripciones electorales pequeñas, uninominales, de modo que los electores sepan quién es su representante y puedan tener comunicación directa con él, lo que aumentaría la probabilidad de que los intereses de ese sector se expresen y se defiendan de leyes excluyentes.

Además, considerando nuestra realidad, ayudaría mucho que sea obligatorio, en los proyectos de ley que se presentan, un acápite de análisis de impacto en la informalidad. Pero un análisis serio.

Asimismo, integrar representantes de la microempresa en proporción al 70% que representan en el Consejo Nacional de Trabajo. Para volverlo inclusivo.

Algo tenemos que hacer para el círculo vicioso generador de informalidad no se trague al país. Lampadia

Rafael Belaunde Aubry
Para Lampadia

Los vendedores ambulantes y los canillitas, los lustrabotas y los jardineros, los lavacarros callejeros y la mayoría de taxistas son informales, no delincuentes.  La informalidad es consecuencia de la falta de oportunidades laborales formales y esa carencia de oportunidades se deriva del “peaje” que el Estado impone para apropiarse de una porción de la riqueza generada por quienes aun no superan la economía de subsistencia. Por eso, a muchos marginados no les queda más remedio que enfrentar su infortunio cobijándose en la informalidad.

En regiones alejadas de los centros urbanos la minería informal es un refugio para desposeídos.

El informal minero, sin más capital que una lampa y un pico, una pequeña concesión minera y una enorme dosis de perseverancia, puede llegar a salir de la pobreza o incluso convertirse en empresario, para angustia de los recelosos de la movilización social. Por eso, los sectores emergentes informales siempre han sido satanizados por los conservadores…de privilegios.

Cuando las exigencias de la formalidad rebasan la lógica, cuando son arbitrarias e inalcanzables, la informalidad resulta legítima porque el derecho de los individuos a la supervivencia es superior a cualquier prerrogativa del Estado. Si lo que éste pretende es usar a la minería informal como chivo expiatorio para exorcizar los fantasmas que acosan a la formal tal vez logre desaparecerla, pero sólo a costa de mucho mayor exclusión.

Así como la naturaleza le mezquinó al Perú las grandes posibilidades agrícolas con que dotó a otros países, la providencia le asignó enormes recursos minerales que contrarrestan aquellas limitaciones. Las personas aprovechan los recursos mineros en la medida de sus posibilidades. Cuando se trata de grandes diseminaciones, mediante los tajos abiertos que implementan las grandes empresas. Cuando se trata de vetillas comparativamente insignificantes, mediante explotaciones artesanales.

La pequeña minería subterránea impacta mucho menos en el ambiente que la grande porque el valor intrínseco contenido en cada tonelada es muchísimo mayor en aquella que en ésta. Para que una tonelada sea aprovechable por un minero de socavón artesanal esta debe contener US$ 1,000 de mineral aprovechable. En la gran minería veinte veces menos es suficiente.

Argumentar contra el aprovechamiento de pequeños volúmenes altamente mineralizados es desaprovechar una oportunidad sólo atractiva para un minero artesanal y es una afrenta contra el derecho de los emergentes a ganarse la vida.

La minería aluvial es caso aparte. Su tremendo impacto no es producto de la informalidad sino de la incompetencia del Estado que, luego de haberla promovido, ni siquiera fiscaliza adecuadamente el uso del mercurio. Incluso prohíbe el dragado de lechos auríferos, lo cual implica un fomento tácito a la deforestación. Países del primer mundo con los Estados Unidos o Canadá permiten la minería aluvial adecuadamente fiscalizada.

En síntesis, el Estado debería comenzar por diferenciar depredadores de simples informales y a legislar pensando también en los humildes, no sólo en los poderosos. Eso implicaría:

1.- Reducir el tamaño mínimo de la concesión minera a 25 hectáreas (en lugar de las cien actuales).

2.- Simplificar los requisitos de la Declaración de Impacto Ambiental para hacerla compatible con los alcances de la explotación de que se trate. Si la actividad es subterránea, el mineral es procesado en plantas metalúrgicas formales, y si la actividad extractiva se desarrolla en lugares áridos o alejados de zonas agrícolas o urbanas, no tiene sentido exigir los costosísimos estudios con los que se agobia al minero.

3.- El Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) debería ser una declaración jurada firmada por cualquier arqueólogo, no sólo por quienes figuran en la nómina mercantilista y onerosa de los privilegiados.        

4.- Eliminar el Certificado de Operación Minera (COM), o en su defecto, disponer que sea documento suficiente para ejercer actividad minera a pequeña escala, eliminándose entonces el permiso de inicio de actividades. Otra traba absurda es que el COM debe ser de exploración o de explotación, distingo absurdo para la problemática artesanal, pues en ese ámbito la exploración, el desarrollo y la explotación son actividades indiferenciadas.

5.- Prohibir el uso de cianuro y de mercurio fuera de plantas autorizadas, las mismas que deben necesariamente contar con sistema de retorta para el mercurio y depósitos de relave impermeabilizados tanto para el cianuro como para el mercurio.

6.- Flexibilizar la compra, el transporte, el almacenamiento y el uso de cantidades poco significativas de explosivos pues no se debe exigir a un minero artesanal transportar cantidades insignificantes en convoyes custodiados por la fuerza pública. Hoy existe un intenso tráfico ilegal de explosivos generado a la sombra de las trabas insalvables.

7.- Instalar plantas de procesamiento y/o facilitar su instalación en lugares estratégicos para servir y fiscalizar a la minería artesanal y para desincentivar el uso de quimbaletes que, salvo para fines de gravimetría, debiera quedar proscrito en un plazo prefijado.

8.- Reducir los límites del área protegida de las Líneas de Nazca a la pampa en donde efectivamente se encuentran las líneas, pues el área protegida incluye plantas de beneficio, aeropuerto, ciudades, etc. Así, en el área liberada las decenas de mineros ahora informales podrían formalizarse.

Es oportuno indicar que la reserva de las Líneas de Nazca ocupa más área que la comprendida entre Ancón y Pucusana, y entre La Punta y Chosica. Es decir, un área mayor que la de las provincias de Lima y Callao juntas. Las líneas en sí ocupan un fragmento minúsculo de la reserva y no han sido siquiera cercadas por el ministerio de cultura.

De haberse aplicado similar criterio en torno al cerro Baúl en Moquegua o a la Cueva de Toquepala (importantes sitios arqueológicos) esa mina, Cuajone, Quellaveco y los Calatos estarían dentro de área protegida y serían inviables. El trato diferenciado entre Moquegua y Nazca es una clara muestra de la discriminación contra los emergentes.  

9.- Crea áreas de reserva en Puno (en torno a La Rinconada), en la zona de Chala, Rio Ocoña, y en las otras zonas de concentración de informales, en base a las áreas que reviertan al Estado. Dichas áreas se pondrían a disposición de mineros artesanales carentes de titularidad minera formal, los que serían reubicados, empadronados, y debidamente fiscalizados y asesorados por el INGEMMET.

10.- Crear un sistema de concesiones particular para el llano amazónico a efectos de reducir aun más la extensión mínima de la concesión a 10 hectáreas, incrementando el DV a US$ 20 por hectárea por año en la amazonia. Esto se justifica debido a que el impacto minero en los depósitos aluviales en zonas profusamente vegetadas es muy superior al causado por las explotaciones subterráneas en zonas áridas y poco propicias para la agricultura. Ese Derecho de Vigencia serviría para crear un fondo destinado a la reforestación.

11.- Adecuar las multas por incumplimiento de obligaciones burocráticas como la Declaración Anual Consolidada, (DAC), a niveles no confiscatorios y fijar plazo razonable de prescripción (1 o 2 años) para los procesos de fiscalización. La actual espada de Damocles es un instrumento de amenaza y extorsión de burócratas inescrupulosos y muchos fiscalizadores pierden tiempo analizando incumplimientos antiguos respecto a concesiones abandonadas hace años y en las que nunca se realizó actividad extractiva o exploratoria.

A efectos de cumplir con el precepto constitucional que estipula que el Estado protege a la pequeña minería, deben modificarse las absurdas legislaciones de menor jerarquía que la desincentivan. Hay que entender que la función del Estado es servir a la sociedad, no a la burocracia dirigista ni a las ONGs que responden a designios foráneos. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Lo que ocurrió la semana pasada en Ica puede ser un juego de niños al lado de lo que puede venir esta semana y la siguiente si es que el gobierno no da normas transitorias que en buena cuenta restablezcan los derechos anulados al derogar la ley de promoción agraria.

En los bloqueos de la semana pasada se movilizaron mil o 2 mil o 3 mil personas, la mayor parte jóvenes desempleados o personal enganchado sin derechos. Pero como podemos ver en el siguiente cuadro, al 2019 había casi 450 mil trabajadores laborando formalmente dentro del régimen laboral agrario. Esos se han quedado sin ley. Hoy, cuando lleguen a trabajar, se llevarán la sorpresa de que el jornal básico o mínimo ya no es de 39 soles sino de 31, porque las gratificaciones y la CTS ya no se agregan al jornal (remuneración integral) sino que se pagarían semestralmente. Porque ya no hay ley.

Además, ¿con qué modalidad van a contratar las empresas si la norma ha desaparecido? La calle es brillante, sobre todo cuando el gobierno la deja actuar. Y el Congreso, su fiel amanuense.

Podemos entonces imaginar el volumen de la protesta que podría desatarse a partir de hoy, un conflicto generado por la derogatoria del régimen de promoción agraria sin que se haya aprobado una nueva ley. El Congreso se ha dado 15 días para hacerlo.

Mientras tanto el gobierno debe urgentemente emitir un decreto supremo o de urgencia autorizando a las empresas a otorgar la remuneración integral en el jornal durante ese periodo, si el trabajador así lo solicita. Una remuneración integral voluntaria. Así debería ser en general. Al final, el Congreso deberá aprobar un régimen muy parecido al actual si es que quiere que la actividad siga prosperando y entregando derechos a trabajadores formales.  

Es obvio que una nueva ley que introduzca rigideces y costos excesivos solo servirá para dar marcha atrás en la historia y reinformalizar lo que se había formalizado. Pues esos 450 mil trabajadores formales acogidos al régimen agrario no son solo los de las agroexportadoras. La ley es para el sector agrario en general. Por eso es este sector el que más ha formalizado el empleo en los últimos 20 años.

La otra pregunta es qué va a pasar desde hoy con los trabajadores de las empresas que supuestamente contratan informalmente, a través de enganchadores. Si la Sunafil esta vez va a ir a esas empresas y no a las que contratan formalmente como suele hacer, tendrán que incorporar en planilla a sus trabajadores. ¿Tienen las oficinas para ello? De todos modos, acá hay una pregunta anterior: se supone que las empresas agro exportadoras deben tener certificaciones de empresas certificadoras internacionales para poder llegar a los mercados del norte. Reciben visitas de inspecciones. Incluso de sindicatos. ¿Cómo es posible que empresas que contratan informalmente puedan pasar esas inspecciones? Hay algo que está fallando en esta información. Lampadia

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

En su edición de medio día de ayer, 2 de diciembre, América Televisión (AT) sacó un informe mentiroso y distorsionador de la realidad. Una vergüenza para el periodismo.

Ver: Canal 4 / América Noticias – Edición Mediodía / 2020-12-02

El informe de AT empieza y termina con una gran mentira: el 96% de trabajadores en el sector agroexportador es informal, a pesar de tener un crecimiento de 50 veces en 30 años.

Pero la realidad es otra. El régimen agrario ha permitido la creación de empleo formal en el sector rural.

La gran mayoría de los trabajadores de la agroexportación son formales.

Además, AT muestra al economista Ñopo, que sacó un gráfico que comparaba el crecimiento de las exportaciones (volumen), con la evolución de los salarios (precio). Una distorsión grave para el investigador de Grade, pues compara papas con camotes.

Después AT habla peyorativamente de la ley ‘Chlimper’ para referirse a un régimen que ha permitido un desarrollo económico y social extraordinario.  

AT muestra a Marisa Glave afirmando que solo se han beneficiado las grandes empresas y criticando el régimen tributario. Veamos:

Después, AT dice que el trabajador gana menos que lo estipulado en la ley. Otra mentira. Veamos:

El trabajador de las agroexportaciones tiene los mismos beneficios e ingresos mínimos que los del régimen general. Pero los trabajadores del agro moderno ganan mejor que lo establecido por la ley y mejor que en otros sectores de la economía.

Hoy día Ica tiene la mayor productividad laboral y el menor índice de pobreza del Perú.

Con políticos como los que tenemos en vitrina y con medios de información que distorsionan la opinión pública y más bien crean ‘opinión mediática’, estamos en una situación bien difícil.

Lamentablemente, este tipo de periodismo se presenta hoy día en muchos medios. Las empresas periodísticas tienen que preocuparse por capacitar a sus periodistas en economía y en el respeto a los valores fundamentales del periodismo como veracidad y objetividad.

Desde la sociedad civil tenemos que multiplicarnos para compensar las narrativas anti mercado, anti modernidad y anti patrióticas. Lampadia

Alejandra Benavides
Para Lampadia

Hoy, ser empresario formal en el Perú es ser un idiota. Mientras la informalidad campea alegremente en nuestro país, moviéndose por debajo del radar del Estado y evadiendo el pago de impuestos y cargas laborales, hay un pequeño porcentaje de empresarios formales que deben pagar impuestos, por lo menos una renta mínima vital (RMV) y beneficios sociales a sus empleados. Además, se exponen al acoso de entidades supervisoras y la SUNAT. Básicamente, cargando en sus hombros la responsabilidad de llenar las arcas del Estado.

En el último ranking Doing Business, quedó demostrado que somos un país que pone trabas a la formalización. El Perú es el país Nº133 de 190 países en dificultad para abrir un negocio – toma casi 30 días en registrar un nuevo negocio y más de 8 procedimientos. Demora 140 días en conseguir una licencia de construcción y 19 procedimientos, así como casi 70 días en poder contar con electricidad y 6 procedimientos adicionales.

Además de la tortura de formalizar un negocio y la carga administrativa que esto genera, los empresarios deben cumplir con el pago de impuestos y obligaciones laborales. En el régimen general, las empresas deben pagar 29.5% de impuesto a la renta, que se paga de manera adelantada con pagos a cuenta mensuales, correspondientes a 1% en promedio de las ventas mensuales (cálculo de un coeficiente de renta/ventas del año anterior) – independientemente de si al cierre de año tenga pérdidas o no, además de 18% de IGV. Los costos laborales (sobre las remuneraciones) para el empleador en este régimen llega a 45%, mientras que para una MYPE llega a 27%.

Bajo el régimen especial agrario, las empresas formales pagan 15% de impuesto a la renta. La remuneración mínima diaria (RD) es s/.39.19 (corresponde a la RMV en términos diarios), un incremento de 8% sobre la RD del 2019. El costo que asume el empleador bajo este régimen corresponde a 35% sobre la RD – incluye asignación familiar, dominical (si trabajan de lunes a sábado corresponde el pago de un día adicional), ESSALUD y vacaciones. Dicho costo se va a ir incrementando paulatinamente con el incremento correspondiente a ESSALUD, que ya pasó de 4% a 6% en 2020, conforme a la modificación de la extensión de este régimen por 11 años adicionales hasta el 2031, y deberá situarse en 9% a partir de 2029.

A la fecha, casi el 80% del Perú vive en la informalidad. Sin embargo, un régimen más ad hoc como el agrario ha permitido mayor desarrollo en el país y en especial, en las regiones donde opera. Mientras que el promedio de informalidad en el país es 80%, en las regiones con mayor actividad agroexportadora la informalidad se ubica alrededor del 60% (Ica 50%) y la remuneración promedio en ese sector es 50% más que una RMV. Asimismo, en dichas regiones la pobreza se ha reducido en 60% entre 2004 y 2017, siendo Ica la región con menor pobreza en todo el Perú con alrededor de 3%. Además, es un sector altamente supervisado, no sólo por SUNAFIL sino también por las certificadoras, que a través de sus certificaciones (SMETA, GlobalG.A.P, entre otras) permiten que los productos de estas empresas sean aceptados en los mercados internacionales.

Con estos indicadores objetivos, en vez de cambiar lo que sabemos que funciona ¿No sería más inteligente cuestionar el régimen general y MYPE? Deberíamos impulsar la creación de más empresas y dejar de exprimir a los pocos formales, para dinamizar la economía y el mercado laboral – resultando en mayor demanda de empleos y por lo tanto presionando los sueldos al alza. De paso, se ampliaría la base tributaria, eventualmente dando más dinero al fisco – eso que les encanta a nuestras correctísimas autoridades.

Referencias:

https://agraria.pe/noticias/se-redujo-la-informalidad-del-sector-agricola-en-la-ultima-d-20631

https://gestion.pe/economia/sectores-acuicola-y-forestal-pagaran-menos-impuesto-a-la-renta-con-nueva-ley-de-promocion-agraria-noticia/?ref=gesr

https://elcomercio.pe/economia/peru/agricultura-se-redujo-la-informalidad-del-sector-en-la-ultima-decada-regimen-agrario-ministerio-de-trabajo-ministerio-de-agricultura-laboral-noticia/?ref=ecr

https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/p/peru/PER.pdf

https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/peru-cuenta-con-un-nuevo-regimen-laboral-agrario-desde-el-1-de-enero-de-2020

https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2018/junio/ri-junio-2018-recuadro-1.pdf

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Las agrupaciones humanas y los Estados, sólo funcionan cuando existe institucionalidad y una buena gobernanza.  En el Perú, el Estado emite normas muy estrictas, pero que se aplican a un universo sumamente restringido y esto es verificable en todos los ámbitos y actividades de la sociedad, tales como; la construcción, cuidado   ambiental, tributario, laboral y últimamente sanitario, entre otros.

En el Perú tenemos el reino de la “informalidad” (hasta eufemismo tenemos para la ilegalidad). Cuando uno quiere construir siguiendo las normas, el sometimiento a las dictaduras regulatorias municipales, es proverbial.  La exigencia de parámetros arquitectónicos para obtener una licencia de construcción, las exigencias de normas de defensa civil y otros, son inagotables.  Pero vayamos a cualquier dependencia del propio Estado y encontraremos que no se cumplen, ni los aforos, los espacios entre escritorios, las características de las puertas y ventanas, el acceso a ascensores y rutas de escape, rutas a los estacionamientos y sus espacios. ¿Cómo lograron la licencia de construcción y el permiso de Defensa Civil? Probablemente por un milagro. Si revisamos la construcción de viviendas en la ciudad de Lima (aquí no más para no ser exquisitos), encontraremos que no cumplen parámetro alguno. Sólo como ejemplo, encontré en La Molina, una vivienda de dos pisos, construida en dos etapas, que como no tenía espacio para construir una columna, no se le ocurrió al constructor (no creo que sea ingeniero) mejor opción que ponerla, eso si bien centrada, a un metro de distancia frente a la puerta principal de acceso que da a una esquina.  Ahí sí, no pasa nada.  Obviamente, no me voy a poner exquisito con la mayoría de construcciones de Lima, producto de la auto construcción.

En lo laboral, más del 70% y ahora cerca del 80% o no tiene contrato, o le renuevan el mismo por periodos mensuales, máximo, trimestrales.  Del Estado no digo nada, pues para ellos se inventó el CAS, ¿qué es eso?  Mira yo no sé, pero son el mayor número de trabajadores y los que menos derechos tienen. De los términos y conceptos; gratificaciones de un sueldo en julio y diciembre, pago de CTS, vacaciones, etc. “desconocen mayormente” y no les son aplicables. Pero vayamos a una empresa que pretende manejarse legalmente y encontraremos exigencias de SUNAFIL, que ni siquiera son aplicables a los propios trabajadores e inspectores de esa institución.

De la aplicación de normas tributarias, ni hablar.  Como la SUNAT supervisa a menos del 20% de la actividad económica del Perú, cada día se pone más exigente y creativa, para no reconocer gastos deducibles para fines del pago de impuesto a la renta, llegando al cobro de doble tributación (al que recibió el ingreso y tributa, pero también al que pretendió deducir dicho gasto, pero no se lo permiten). Ni hablar del cambio de interpretación de las normas tributarias en el tiempo y, como hay incentivos salariales para los revisores de SUNAT relacionados a la fiscalización, las interpretaciones legales se vuelven alucinantes y la persecución al contribuyente, va más allá de las sentencias del Tribunal Fiscal, dado que, si la SUNAT pierde en esa instancia, va al poder judicial.  Pero si “el administrado” (como le gusta a la burocracia llamar al ciudadano) hace lo mismo, se valdrán de la prensa para decir que éste judicializa sus procesos de fiscalización.  No sólo eso, sino que ejerce influencia y presión sobre las sentencias judiciales, incluyendo las del Tribunal Constitucional, que uno creyera, es el garante de la aplicación de las normas legales. ¿Qué pasa con el cerca de 80% de ciudadanos que no declara ni paga impuestos?  Ah no, eso no.  Eso cuesta demasiado trabajo y rinde muy poco… pero, ¿cómo así la SUNAT “no ve la plata” donde todos la vemos?  Vamos a Los Olivos, Puente Piedra, por mencionar sólo dos distritos con “plata como cancha”, y encontraremos que ahí está la plata, casas con derroche de lujo interior, centros comerciales con venta de autos de “alta gama”, discotecas con equipos de sonido y luces, que ya quisieran tener San Isidro o Miraflores, pero ahí ciertamente, no hay revisiones exhaustivas de declaraciones juradas de impuestos, ni algo que se parezca. ¿Cómo nos podemos explicar ese fenómeno? ¿No voy a chocar con “mi causita”?

Y ahora último, a raíz del COVID, se han impuesto normas sanitarias y control de aforo al transporte, que por supuesto sólo se aplican al transporte formal.  Hace unos días observaba los vagones de la Línea 1 del metro y los veía transitar vacíos. ¿Se volvieron locos? No, les han impuesto un aforo de 18% y ciertamente, eso me dejó la percepción que se trasladaban vacíos, mientras al mirar al nivel inferior del tren (la pista), ahí se transporta a ómnibus lleno y el aforo no es un limitante. ¿Qué pasó?

¿No será que, esos ómnibus o micros, son negocios con participación de congresistas o amarres municipales?

No pretendo aburrir con muchos más ejemplos, pero tenemos un Estado que a todo le aplica un doble estándar, que le impone normas y restricciones draconianas a unos, mientras convive con cuatro quintas partes de la población, sin ninguna regla y que se ha vuelto invisible para la fiscalización de cualquier estamento del Estado.

Debemos iniciar un serio proceso de racionalización y fijación de reglas universales a ser aplicadas por el Estado peruano.  El mal del que adolece, se está convirtiendo en una fuente de desgobierno incontrolado, pues mientras para la mayoría no aplica reglas, para un pequeño grupo (entre 20% y 30% de la población), es un rígido cancerbero que nos impide desarrollarnos.

El doble estándar, destruye ciudadanía y el concepto de institucionalidad y el riesgo mayor, es que cada vez más ciudadanos y empresas vean de “desaparecer del radar” del Estado, para dejar la legalidad y formalidad que todos debemos construir.

Debemos, en cambio, establecer reglas que sean de cumplimiento razonable para el ciudadano promedio y la empresa de mediano tamaño, trabajar en su aplicación y cumplimiento generalizado, para de ahí en adelante, ir aumentando de forma gradual la exigencia. Siempre con una medición cuidadosa de sus impactos, progresos y efectos económicos, sociales y fiscales.

De nada nos sirve pretender reglas muy exigentes, si la mayoría no las cumple; sea por incapacidad o porque la relación costo/beneficio de su aplicación, les hace preferir su incumplimiento. En teoría económica se demuestra fácilmente, que existe una clara relación entre el “beneficio” de incumplir la ley, versus la probabilidad de que te encuentren en falta y te penalicen. El delincuente, el evasor y hasta el chofer de combi lo saben y lo tienen muy claro, por eso tanta combi con papeletas por cientos de miles o millones de soles, siguen circulando, tanta evasión tributaria abierta se mantiene y tanto servicio laboral fuera de la ley se brinda.

¡No hagamos “como que somos estrictos”, si sabemos que, en la realidad, nos es imposible controlarlo! Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 20 de septiembre de 2020
Para Lampadia

Decir que hay peruanos – informales – que no pagan impuestos, no es cierto. Todos los peruanos contribuimos tributariamente al erario nacional. No importa la edad, profesión, condición económica, o lugar de nacimiento. Todo peruano que compra un paquete de galletas o un balón de gas; todo peruano que echa gasolina – o petróleo – a su moto, carro, o camión; todo peruano que usa un celular, enciende un foco de luz en su casa, o se toma una cerveza, paga impuestos.

Claro que hay informalidad – y evasión tributaria – pero no al 100%. Es imposible que un peruano pueda sobrevivir sin adquirir un bien o un servicio que haya evadido todos los mecanismos recaudadores del Impuesto General a las Ventas (IGV) de la SUNAT. No hay forma.

Entonces, como contribuyentes que somos, y en contraprestación por los impuestos que le pagamos al Estado, los peruanos tenemos el derecho – y el deber – de exigirle buenos servicios de agua, limpieza pública, salud, educación, seguridad, justicia… en fin, todo lo que el Estado – supuestamente – debe brindarnos. Incluso, infraestructura como carreteras, hospitales, escuelas, etc. Si no ¿para qué están los municipios, los gobiernos regionales, los ministerios, la policía, y el poder judicial… entre otros?

Aclarado el punto de que el Estado está para servirnos – porque de nosotros sale el cuero para las correas – debemos ser mucho más exigentes en cuanto a la eficiencia y moralidad en el Estado. No puede ser que – con nuestros impuestos, y en plena pandemia – el Estado haya contratado a Richard Swing… “para motivar a funcionarios del Ministerio de Cultura”. Por sólo mencionar un caso emblemático del pésimo uso de nuestros impuestos por parte del Estado.

Porque – como sabemos – el Estado está atiborrado de amigos, cuñados, familiares, y recomendados de miles de autoridades que utilizan al Estado para favorecer a personajes que no sirven para nada; y – peor aún – que no tienen ningún mérito académico, profesional, laboral… más allá de ser amigo – o allegado – de la autoridad que los contrata. ¡Habiendo tanta gente capaz y honesta!

El hecho es que más o menos desde el 2005 – y está documentado en las cuentas del Ministerio de Economía y Finanzas – el gasto del Estado en contrataciones administrativas, consultorías, y todo lo demás – fuera de los ámbitos de Salud, Educación, Seguridad, y Justicia – ha subido de S/. 5,000 millones anuales, a cerca de S/. 35,000 millones por año. O sea ¡7 veces! Incluso, el 2020 – el año en curso… el año de la pandemia – el presupuesto público en esas partidas es el más elevado de toda la serie. ¡No hay derecho que malgasten así nuestros impuestos!

Pero ahí no acaba la cosa. ¿Qué proponen algunos políticos para cubrir el déficit fiscal que – obviamente – se ha disparado ante la brutal caída de la recaudación tributaria, producto de la cuarentena? ¡Aumentad los impuestos!

La pregunta es ¿acaso no hay espacio para reducir algunos gastos en el Estado… tipo Richard Swing? ¿Porqué nadie habla de ello? Incluso – ¡qué desconcertante! – muchos economistas y académicos plantean lo mismo: “hay que subir los impuestos… no queda otra”.

Pues a mi me parece una falta de respeto hacia los contribuyentes – que como expliqué al comienzo de esta nota – somos todos. Me parece una gran irresponsabilidad no tocar el tema de la súper burocratización del Estado durante los últimos 15 años. Me parece pésimo que el presupuesto público del próximo año – 2021 – no contemple ningún ajuste burocrático en dependencias estatales que están por las puras… y que nos cuestan un montón de plata.

“No se puede” dicen algunos políticos cuando se le toca el tema. ¡Falso! La respuesta que no se atreven a decir es “no nos conviene”. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Hoy lunes hay una reunión sobre el “Pacto Perú” propuesto por el presidente de la República. Ya hemos dicho que es casi un contrasentido buscar un pacto en el momento en que los partidos están compitiendo en una carrera electoral, aunque si vamos a insistir en ello habría que hacerlo no sobre temas sobre los que estamos de acuerdo, como son varios de los propuestos, que sería perder el tiempo, sino sobre cómo resolver los dos grandes temas estructurales que impidieron dar una respuesta satisfactoria a la pandemia: el sistema salud y la alta informalidad. Es decir, como incluir a los peruanos en el Estado social (Salud) y en el Estado legal (formalidad). Daríamos un salto cualitativo como nación y como república.

Pero mientras tanto, y para que el Pacto Perú no parezca una evasión lúdica, lo urgente es un pacto con el Congreso, para encauzar constructivamente esos impulsos legislativos que amenazan con socavar seriamente las posibilidades de recuperación económica y las bases del crecimiento futuro. Un Pacto que aterrice en una agenda legislativa conjunta y vinculante, algo que no fue planteado por el Primer Ministro Walter Martos en su discurso de investidura.

De hecho, vemos que el presidente Vizcarra ha incluido en la reunión de hoy del Pacto Perú el tema de la devolución de los fondos a aportantes al sistema público de pensiones administrado por la ONP. Quizá el gobierno quiere arreglar por medio del Pacto Perú lo que no ha podido resolver en relación directa con el Congreso. Recién el viernes pasado, a último minuto, el Premier Martos acudió al Congreso junto con la ministra de Economía para presentarle al presidente del Congreso una alternativa al dictamen que se iba a aprobar en el Congreso ese día. Se ha logrado postergar unos días el tema, pero no cabe duda que el Congreso volverá con lo suyo si antes no se llega a un acuerdo.

El Pacto Perú no es el escenario para definir subsidios o apoyos a la población en el corto plazo, y menos para administrar soluciones populistas en beneficio, por añadidura, de sectores de la población relativamente favorecidos. Debe ser un pacto para acordar soluciones de mediano plazo, de difícil negociación, a los problemas estructurales del país. Y en este momento lo urgente, como decíamos, es más bien el pacto entre el Ejecutivo y el Congreso para definir una agenda legislativa vinculante que incluya medidas que ayuden a una estrategia sanitaria inteligente y a la recuperación económica nacional, y unas reformas políticas que permitan una mejor elección y ayuden a la gobernabilidad del próximo gobierno. En suma, para darle perspectiva y tranquilidad al país, reduciendo la incertidumbre generada por las perforaciones populistas y evitar que se terminen de desactivar todos los mecanismos que aseguran la solidez del crecimiento económico.

Dicha agenda legislativa conjunta, por lo demás, es un mandato del art. 29 de la ley del reglamento del Congreso, como hemos dicho tantas veces. No hay sino que cumplir la ley.

Ahora bien, si no se llegara a un acuerdo por ninguna vía y el Congreso aprobara la ley de la devolución de los aportes a la ONP, el gobierno tendría, obviamente, que observarla, pues el artículo 79° del Constitución dice claramente que “Los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos”.  Además, el art. 12º establece que “Los fondos y las reservas de la seguridad social son intangibles”. No se pueden tocar. La inconstitucionalidad es tan flagrante que los congresistas podrían ser acusados por infracción constitucional, si no estuvieran protegidos por la inmunidad.

Pero el Congreso, irreductible en el error y en la infracción ilegal, insistirá y la promulgará. El gobierno entonces tendrá que plantear ante el TC una demanda de inconstitucionalidad, pero en la medida en que el TC se tomará cuando menos 4 meses en resolver, la pregunta es qué puede hacer el Ejecutivo para no aplicar una ley evidentemente inconstitucional.  

Puede intentar dilatar el tiempo demorándose en reglamentar, y formulándole consultas con Congreso acerca de cómo financiar un monto que no está en el presupuesto, por ejemplo. Pero al final tendrá que tomar la decisión de no aplicar la ley por varias razones. Primero, por la sencilla razón de que no hay partida presupuestal para ella. Se trata de una imposibilidad práctica. Cualquier disposición en la ley señalando que la devolución de aportes se financiará reasignando, por ejemplo, dinero de otras partidas, tampoco sería constitucional porque el art. 80º de la Carta Magna dice: “Los créditos suplementarios, habilitaciones y transferencias de partidas se tramitan ante el Congreso de la República tal como la Ley de Presupuesto”. Eso significa que la iniciativa en una reasignación presupuestal debe venir también del Ejecutivo.

Segundo, más importante aún, porque, como señala Jorge Trelles, el Artículo 46° de la Constitución establece que “Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes”. Es obvio que el Congreso está asumiendo una función que no le corresponde. El MEF, por lo tanto, no estaría obligado a aplicar la presunta ley

No solo eso. Acto seguido ese mismo artículo dice: “La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional. Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas”

La única salida sería que el Ejecutivo envíe un proyecto de ley para hacer los pagos, pero no como una devolución de aportes que ya se gastaron en pagar a los jubilados, es decir, que no existen, y que no es posible por la intangibilidad, sino como un bono adicional a los que ya se han dado pero esta vez para los aportantes a la ONP. Es decir, para gente que en muchos casos sigue trabajando y tiene ingresos, y que está en el sector formal que, como sabemos es privilegiado en el Perú. Así somos. Lampadia

Rafael Venegas
Director Independiente de Empresas; Senior Advisor de Spencer Stuart
Para Lampadia

Hace unas semanas publiqué un artículo denominado ¨Análisis FORD del Perú¨ en el cual resumí lo que a mi parecer son las tres principales Fortalezas, Oportunidades, Riesgos y Debilidades del Perú como país. Aunque para esto conté con algunas sugerencias de mi entorno, solicité adicionalmente la participación de los lectores que estuvieran interesados en aportar ideas. Para eso cree especialmente una dirección de correo electrónico la cual puse a su disposición. La idea era enriquecer el análisis original tomando en cuenta la mayor cantidad de sugerencias y así llegar a un resultado mas consolidado que le de mayor validez al análisis.

La verdad es que tuve un buen nivel de feedback el cual agradezco. Además, de paso pude constatar que el correo electrónico está en vías de extinción, ya que recibí mucho mas sugerencias y comentarios vía redes digitales.

En general el feedback fue en su mayoría de confirmación del análisis presentado o sugerencias que en casi todos los casos eran variaciones sobre los mismos temas. También recibí varios valiosos comentarios, todo lo cual me sirvió para elaborar el análisis consolidado. Esto no es sorpresivo ya que al hacerse el ejercicio forzando el enfoque (máximo tres ítems por categoría) se consiguen consensos en los temas realmente importantes. Como era de esperarse, dado el mal momento que vivimos, las Debilidades fue la categoría mas aludida.

Lo que si fue nuevo, es que hubo un elemento muy comentado por considerarse crítico para el análisis y que yo no lo tome en cuenta. Se trata de EL PERUANO. El motivo por el cual no lo consideré, a pesar de estar de acuerdo que es crítico, es porque a mi parecer no califica dentro de una sola categoría, sino que podría estar en todas. Este tema merece un análisis FORD independiente y es algo que trataré de hacer en un próximo artículo. Será algo complicado, pero interesante. Vayan pensando.

En cuanto al propósito, los comentarios estuvieron 100% de acuerdo y sin ninguna duda. ¨Bienestar para la población y progreso para el país¨, que también se puede peruanizar como ¨Bienestar para el peruano y progreso para el Perú¨.  No hay duda de que este es el propósito que debe tener cualquier gobernante bien intencionado de cualquier país del mundo. Esto es un derecho que deben exigir los votantes y un deber de los que pretendan ser gobernantes.

Entrando a la consolidación del Análisis FORD, en el caso de las Fortalezas y después del feedback, no me quedan dudas que hay dos que son muy claras. La primera son las grandes riquezas naturales que tenemos a lo largo y ancho de nuestro territorio, incluyendo el mar que baña nuestro enorme litoral. La segunda es nuestra increíble geografía plagada de bellezas naturales, monumentos históricos y cultura ancestral.

El reconocer y aprovechar correctamente las fortalezas, es la base para cualquier plan de desarrollo y progreso exitoso. En ese sentido, en nuestro caso se desprende claramente que la Minería, la Pesquería, el Agro (industria y exportación) y el Turismo deberían ser la base de nuestra economía, ya que no solo generan muchas divisas para el país, sino también una gran fuente de trabajo directo e indirecto para muchísimas personas. Es decir, mayor bienestar para el peruano y mayor progreso para el Perú.

Por tanto, si el gobierno quisiera aprovecharlas para cumplir con su propósito, debería brindar todas las facilidades a los inversionistas interesados en desarrollar estas industrias, para que así se consiga este desarrollo mas rápido. Esto es lo que haría cualquier gobierno que tiene claro el propósito de bienestar y progreso para su país. Sin embargo, en el nuestro sucede todo lo contrario. La burocracia estatal y la política irresponsable y populista, llena de trabas el camino y hace muy difícil conseguir el desarrollo de estas industrias, desperdiciando así estas oportunidades. Enormes oportunidades perdidas por culpa directa de unos cuantos irresponsables abusadores de poder. Esto se ve claramente en el análisis de Debilidades.

Como mencioné antes, la categoría en que recibí la mayor cantidad de sugerencias y comentarios fue la de Debilidades. Esto hizo mucho mas complicado resumirlas en solo tres. La primera es sin duda la corrupción que impera en todos los niveles, pero principalmente en el sector burocrático del estado. Esto a su vez genera la tremenda informalidad que supera fácilmente el 70% de la economía y que sin duda aumentará debido a la crisis que vivimos actualmente. Aquí se aplica claramente el comentario de la historiadora y diplomática peruana Carmen Mc Evoy, ¨El Perú no es corrupto, hay personas corruptas a las que les dimos el poder¨.

La segunda debilidad es la inestabilidad en los ámbitos jurídico, legal, político y de orden interno. Estos, contrarios a su razón de ser, generan una gran inseguridad a la población y a las empresas en todos los sentidos y por ende un malestar generalizado.

Estos dos grandes grupos de debilidades tienen la misma raíz, la falta de ética y moral de una parte de la población, especialmente de los que ostentan algún tipo de poder y hacen mal uso de este. Lamentablemente este tema ha venido creciendo mucho en los últimos tiempos y así seguirá dada la impunidad reinante, que es generada a su vez, por la corrupción, esta vez en frente judicial. Tal como apuntó alguna vez Alfredo Bryce Echenique ¨El Perú es un país con muchas leyes, pero sin ley¨.     

La tercera gran debilidad, en la que también hubo consenso, es el gran déficit en infraestructura a nivel nacional. Esto a pesar de tenerse una enorme cantidad de proyectos viables y necesarios encarpetados por no contar con las autorizaciones burocráticas. Este es otro frente, que si fuera bien administrado generaría muchos puestos de trabajo y un gran desarrollo para el país. ¡Nuevamente Bienestar y progreso!

En resumen, por un lado, no aprovechamos las oportunidades que nos ofrecen nuestras claras y potentes fortalezas y por el otro nuestras debilidades siguen creciendo impunemente, poniendo en riesgo irresponsablemente la salud de nuestro país.

¡El mundo al revés! Pareciera que nuestros gobernantes tuvieran como propósito ¨Malestar para los peruanos y retroceso para el Perú¨ envés de ¨Bienestar para los peruanos y progreso para el Perú¨.

S.O.S. Necesitamos urgentemente una verdadera reforma política, del estado y de justicia para poner fin este abuso irresponsable de gente que no merece estar en las posiciones en las que están. Tenemos buenas armas, que son nuestra voz y nuestro voto.

¡Hagamos valer ambas! Lampadia

La Cuadratura del Círculo es un espacio producido por IIG – Infraestructura Institucionalidad y gestión, con la colaboración de Lampadia como media partner.

Presentamos el siguiente video sobre el mensaje presidencial y el país en crisis.

Participan Fernando Cillóniz, Jaime de Althaus y Gonzalo Prialé.

Las opiniones vertidas en este programa no necesariamente representan la opinión institucional de IIG sobre los temas tratados.